La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República luego que el organismo fiscalizador la incluyera en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), exigencia establecida por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia. La medida forma parte de un amplio proceso de fiscalización impulsado por el ente contralor, que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de diversas autoridades municipales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la Región de Antofagasta, la comuna de Sierra Gorda aparece junto a Arica como una de las administraciones comunales observadas por la falta de actualización de estos antecedentes. Según informó la Contraloría, a partir del 27 de mayo comenzaron a ser enviados los respectivos oficios a las autoridades involucradas. Mediante estos documentos se les notificó formalmente de la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y presentar toda la información requerida en la plataforma oficial dispuesta para estos efectos. Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta fundamental para resguardar la transparencia en el ejercicio de la función pública. A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, participaciones societarias, actividades económicas y otros antecedentes patrimoniales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La normativa establece sanciones para quienes incumplan esta obligación, contemplando multas que pueden fluctuar entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la ley considera medidas más severas en caso de persistir la omisión. Si una autoridad mantiene la irregularidad por un período superior a cuatro meses desde la aplicación de la primera sanción, se abre la posibilidad legal de iniciar procedimientos que podrían derivar incluso en la destitución del cargo. Frente a este escenario, los equipos jurídicos y administrativos de las municipalidades observadas trabajan para reunir los antecedentes requeridos y regularizar la situación dentro del plazo establecido por la Contraloría, evitando así la apertura de procesos sancionatorios. El caso ha generado atención en la Región de Antofagasta debido a que Sierra Gorda es la única comuna regional incluida en este proceso de apercibimiento, situación que ahora deberá ser aclarada ante el organismo fiscalizador dentro de los plazos legales establecidos.
Tras un aviso emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred), decretó Alerta Temprana Preventiva, debido a altas temperaturas que podrían azotar a sectores de tres comunas de la Región de Antofagasta. De acuerdo a la información de la DMC, se pronostican temperaturas que podrían alcanzar desde los 33 a 35°C, en zonas pampinas de las comunas de Sierra Gorda, María Elena y Antofagasta. La alerta se mantendrá vigente mientras continúen las condiciones de riesgo. Por lo mismo, la alerta permite reforzar el estado de vigilancia, por medio del monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo. Por su parte, Senapred además hizo un llamado a evitar la exposición al sol durante las horas críticas, entre 11:00 a 17:00 horas; y vigilar la temperatura corporal en grupos de riesgo, especialmente en niños y adultos mayores, quienes están más expuestos a deshidratación. #SENAPREDAntofa Se declara Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena por altas temperaturas. Más información en https://t.co/hpbM7GKRTY pic.twitter.com/iHOK2oiaDN — SENAPRED (@Senapred) May 24, 2026
Durante los últimos días, 308 comunas del país comenzaron a recibir los primeros pagos del royalty minero, marcando el inicio de una nueva etapa en el financiamiento municipal. En total, la Tesorería General de la República (TGR) ya ha transferido más de $113 mil millones correspondientes a las dos primeras cuotas, realizadas el 15 y 21 de abril. En este escenario, la Región de Antofagasta se posiciona como una de las principales beneficiadas. Solo por el Fondo de Comunas Mineras (FCM), las nueve comunas de la región recibirán más de $11.700 millones, a lo que se suman otros $2.431 millones del Fondo de Equidad Territorial (FET), destinados a reducir brechas entre municipios. Entre las comunas con mayores recursos destaca Calama, que recibirá más de $4.500 millones, seguida por Antofagasta con cerca de $2.140 millones. Estos montos permitirán impulsar proyectos de alto impacto local, enfocados en mejorar la calidad de vida de los habitantes. En Calama, el alcalde Eliecer Chamorro detalló que los recursos ya están siendo destinados a iniciativas concretas, como la construcción de plazas inclusivas, el desarrollo del Parque Poniente y proyectos de pavimentación. Además, anunció que un 20% de los fondos se destinará directamente a las comunidades del Alto Loa. Por su parte, en Sierra Gorda, la alcaldesa Adriana Rivera adelantó que los recursos se enfocarán principalmente en infraestructura, destacando la construcción de un edificio consistorial, obra esperada por más de dos décadas. También se proyectan parques urbanos, mejoras en vialidad y espacios recreativos. En Tocopilla y Mejillones, si bien aún se afinan los proyectos, ya se evalúan iniciativas en áreas como mejoramiento de plazas, multicanchas, alumbrado público y gestión de residuos. En este último punto, Mejillones prioriza la adquisición de equipamiento para fortalecer el retiro de basura y el cierre perimetral del vertedero municipal. A nivel nacional, las comunas que reciben mayores montos son Puente Alto, Calama, Maipú y Copiapó, consolidando el impacto de este mecanismo de redistribución de recursos. El royalty minero busca compensar las externalidades de la actividad extractiva y fortalecer la autonomía de los municipios, permitiéndoles responder de mejor manera a las necesidades de sus territorios. En la Región de Antofagasta, su implementación ya comienza a traducirse en obras concretas, con foco en desarrollo urbano, inclusión y bienestar social.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República encendió alertas respecto del uso de recursos municipales en distintas comunas del país, al revelar que varios municipios destinaron más dinero a celebraciones que a asistencia social dirigida a personas naturales durante los años 2024 y 2025. El documento, correspondiente al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, analizó el gasto público municipal y evidenció diferencias significativas entre los recursos destinados a actividades festivas y aquellos orientados a apoyo social directo. En la Región de Antofagasta, el informe pone especial atención en comunas de menor tamaño poblacional como Sierra Gorda y San Pedro de Atacama, donde el impacto del gasto por habitante resulta particularmente significativo debido a la baja densidad demográfica. En el caso de Sierra Gorda, la Contraloría identificó un gasto total de $297.290.560 en celebraciones durante el periodo analizado. Considerando que la comuna cuenta con 1.472 habitantes según datos del Censo 2024, el desembolso promedio alcanza los $201.964 por persona, ubicándola entre las comunas con mayor gasto per cápita del país en este tipo de actividades. El informe detalla que este promedio supera ampliamente el gasto promedio nacional en celebraciones municipales, estimado en $9.064 por habitante. De hecho, Sierra Gorda figura entre las comunas que sobrepasan con mayor amplitud esta referencia, junto a localidades como Río Verde, Camarones, Laguna Blanca y Torres del Paine. En paralelo, el reporte también identifica situaciones donde el gasto en celebraciones supera ampliamente los recursos destinados a asistencia social. Dentro de este análisis aparece San Pedro de Atacama, que durante 2024 registró una diferencia superior a $90 millones entre lo invertido en festividades y los fondos asignados a apoyo directo a personas naturales. La observación del organismo fiscalizador abre un debate sobre la priorización del gasto público municipal, especialmente en comunas donde las necesidades sociales suelen estar asociadas a territorios extensos, localidades aisladas y población vulnerable. Si bien las celebraciones comunales forman parte de las tradiciones y de la identidad cultural de los territorios, la Contraloría advierte que es necesario mantener un equilibrio en el uso de los recursos públicos, priorizando programas de asistencia social cuando las necesidades de la población así lo requieran. El informe también menciona a otros municipios del país que registraron altos niveles de gasto en celebraciones, como Alto Hospicio, Vitacura y Padre Las Casas, aunque en esos casos el monto total responde a comunas con mayor número de habitantes. En contraste, la comuna de Antofagasta aparece en el cuarto lugar a nivel nacional en gasto total en celebraciones con $472.415.085 en los años 2024 y 2025, pero al dividirse por su población el promedio es de $1.178 por habitante, una de las cifras más bajas dentro del listado analizado. El reporte de la Contraloría busca aportar transparencia al uso de recursos municipales y promover una discusión sobre la planificación presupuestaria local, especialmente en territorios donde el gasto per cápita puede alcanzar cifras considerablemente superiores al promedio nacional.
La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República luego que el organismo fiscalizador la incluyera en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), exigencia establecida por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia. La medida forma parte de un amplio proceso de fiscalización impulsado por el ente contralor, que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de diversas autoridades municipales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la Región de Antofagasta, la comuna de Sierra Gorda aparece junto a Arica como una de las administraciones comunales observadas por la falta de actualización de estos antecedentes. Según informó la Contraloría, a partir del 27 de mayo comenzaron a ser enviados los respectivos oficios a las autoridades involucradas. Mediante estos documentos se les notificó formalmente de la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y presentar toda la información requerida en la plataforma oficial dispuesta para estos efectos. Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta fundamental para resguardar la transparencia en el ejercicio de la función pública. A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, participaciones societarias, actividades económicas y otros antecedentes patrimoniales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La normativa establece sanciones para quienes incumplan esta obligación, contemplando multas que pueden fluctuar entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la ley considera medidas más severas en caso de persistir la omisión. Si una autoridad mantiene la irregularidad por un período superior a cuatro meses desde la aplicación de la primera sanción, se abre la posibilidad legal de iniciar procedimientos que podrían derivar incluso en la destitución del cargo. Frente a este escenario, los equipos jurídicos y administrativos de las municipalidades observadas trabajan para reunir los antecedentes requeridos y regularizar la situación dentro del plazo establecido por la Contraloría, evitando así la apertura de procesos sancionatorios. El caso ha generado atención en la Región de Antofagasta debido a que Sierra Gorda es la única comuna regional incluida en este proceso de apercibimiento, situación que ahora deberá ser aclarada ante el organismo fiscalizador dentro de los plazos legales establecidos.
Tras un aviso emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred), decretó Alerta Temprana Preventiva, debido a altas temperaturas que podrían azotar a sectores de tres comunas de la Región de Antofagasta. De acuerdo a la información de la DMC, se pronostican temperaturas que podrían alcanzar desde los 33 a 35°C, en zonas pampinas de las comunas de Sierra Gorda, María Elena y Antofagasta. La alerta se mantendrá vigente mientras continúen las condiciones de riesgo. Por lo mismo, la alerta permite reforzar el estado de vigilancia, por medio del monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo. Por su parte, Senapred además hizo un llamado a evitar la exposición al sol durante las horas críticas, entre 11:00 a 17:00 horas; y vigilar la temperatura corporal en grupos de riesgo, especialmente en niños y adultos mayores, quienes están más expuestos a deshidratación. #SENAPREDAntofa Se declara Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena por altas temperaturas. Más información en https://t.co/hpbM7GKRTY pic.twitter.com/iHOK2oiaDN — SENAPRED (@Senapred) May 24, 2026
Durante los últimos días, 308 comunas del país comenzaron a recibir los primeros pagos del royalty minero, marcando el inicio de una nueva etapa en el financiamiento municipal. En total, la Tesorería General de la República (TGR) ya ha transferido más de $113 mil millones correspondientes a las dos primeras cuotas, realizadas el 15 y 21 de abril. En este escenario, la Región de Antofagasta se posiciona como una de las principales beneficiadas. Solo por el Fondo de Comunas Mineras (FCM), las nueve comunas de la región recibirán más de $11.700 millones, a lo que se suman otros $2.431 millones del Fondo de Equidad Territorial (FET), destinados a reducir brechas entre municipios. Entre las comunas con mayores recursos destaca Calama, que recibirá más de $4.500 millones, seguida por Antofagasta con cerca de $2.140 millones. Estos montos permitirán impulsar proyectos de alto impacto local, enfocados en mejorar la calidad de vida de los habitantes. En Calama, el alcalde Eliecer Chamorro detalló que los recursos ya están siendo destinados a iniciativas concretas, como la construcción de plazas inclusivas, el desarrollo del Parque Poniente y proyectos de pavimentación. Además, anunció que un 20% de los fondos se destinará directamente a las comunidades del Alto Loa. Por su parte, en Sierra Gorda, la alcaldesa Adriana Rivera adelantó que los recursos se enfocarán principalmente en infraestructura, destacando la construcción de un edificio consistorial, obra esperada por más de dos décadas. También se proyectan parques urbanos, mejoras en vialidad y espacios recreativos. En Tocopilla y Mejillones, si bien aún se afinan los proyectos, ya se evalúan iniciativas en áreas como mejoramiento de plazas, multicanchas, alumbrado público y gestión de residuos. En este último punto, Mejillones prioriza la adquisición de equipamiento para fortalecer el retiro de basura y el cierre perimetral del vertedero municipal. A nivel nacional, las comunas que reciben mayores montos son Puente Alto, Calama, Maipú y Copiapó, consolidando el impacto de este mecanismo de redistribución de recursos. El royalty minero busca compensar las externalidades de la actividad extractiva y fortalecer la autonomía de los municipios, permitiéndoles responder de mejor manera a las necesidades de sus territorios. En la Región de Antofagasta, su implementación ya comienza a traducirse en obras concretas, con foco en desarrollo urbano, inclusión y bienestar social.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República encendió alertas respecto del uso de recursos municipales en distintas comunas del país, al revelar que varios municipios destinaron más dinero a celebraciones que a asistencia social dirigida a personas naturales durante los años 2024 y 2025. El documento, correspondiente al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, analizó el gasto público municipal y evidenció diferencias significativas entre los recursos destinados a actividades festivas y aquellos orientados a apoyo social directo. En la Región de Antofagasta, el informe pone especial atención en comunas de menor tamaño poblacional como Sierra Gorda y San Pedro de Atacama, donde el impacto del gasto por habitante resulta particularmente significativo debido a la baja densidad demográfica. En el caso de Sierra Gorda, la Contraloría identificó un gasto total de $297.290.560 en celebraciones durante el periodo analizado. Considerando que la comuna cuenta con 1.472 habitantes según datos del Censo 2024, el desembolso promedio alcanza los $201.964 por persona, ubicándola entre las comunas con mayor gasto per cápita del país en este tipo de actividades. El informe detalla que este promedio supera ampliamente el gasto promedio nacional en celebraciones municipales, estimado en $9.064 por habitante. De hecho, Sierra Gorda figura entre las comunas que sobrepasan con mayor amplitud esta referencia, junto a localidades como Río Verde, Camarones, Laguna Blanca y Torres del Paine. En paralelo, el reporte también identifica situaciones donde el gasto en celebraciones supera ampliamente los recursos destinados a asistencia social. Dentro de este análisis aparece San Pedro de Atacama, que durante 2024 registró una diferencia superior a $90 millones entre lo invertido en festividades y los fondos asignados a apoyo directo a personas naturales. La observación del organismo fiscalizador abre un debate sobre la priorización del gasto público municipal, especialmente en comunas donde las necesidades sociales suelen estar asociadas a territorios extensos, localidades aisladas y población vulnerable. Si bien las celebraciones comunales forman parte de las tradiciones y de la identidad cultural de los territorios, la Contraloría advierte que es necesario mantener un equilibrio en el uso de los recursos públicos, priorizando programas de asistencia social cuando las necesidades de la población así lo requieran. El informe también menciona a otros municipios del país que registraron altos niveles de gasto en celebraciones, como Alto Hospicio, Vitacura y Padre Las Casas, aunque en esos casos el monto total responde a comunas con mayor número de habitantes. En contraste, la comuna de Antofagasta aparece en el cuarto lugar a nivel nacional en gasto total en celebraciones con $472.415.085 en los años 2024 y 2025, pero al dividirse por su población el promedio es de $1.178 por habitante, una de las cifras más bajas dentro del listado analizado. El reporte de la Contraloría busca aportar transparencia al uso de recursos municipales y promover una discusión sobre la planificación presupuestaria local, especialmente en territorios donde el gasto per cápita puede alcanzar cifras considerablemente superiores al promedio nacional.
