Daniela Camus, veedora e interventora de Sierra Atacama, advirtió que la compañía incumplió el acuerdo de reorganización judicial aprobado en 2024, lo que podría derivar en una liquidación forzosa si lo solicita un acreedor o la propia interventora. La empresa opera un yacimiento de cobre cercano a Antofagasta y es controlada por Minera Salar Blanco (MSB), ligada al empresario Martín Borda, tras la muerte de Víctor Hugo Puchi. Sierra Atacama inició su reorganización judicial en 2024, declarando pasivos por $70 mil millones. Sus principales acreedores son Mitsui, Tanner y Recomin Servicios Mineros. La propuesta aceptada contemplaba pagos por $29.271 millones. Sin embargo, en junio pasado, la administración pidió convocar a una junta extraordinaria de acreedores para modificar el acuerdo, asegurando que el nuevo accionista detectó información relevante que había sido ocultada y que afectaba la correcta explotación de la mina. La justicia fijó para el 5 de septiembre una junta extraordinaria con el fin de votar la modificación, aunque la empresa presentó a fines de julio otra propuesta de reorganización, ahora por la deuda devengada tras el acuerdo de 2024. La abogada de Sierra Atacama pidió que ambas propuestas sean consideradas en conjunto, a fin de garantizar igualdad de condiciones para todas las partes. No obstante, la jueza Susana Tobar, del 4° Juzgado Civil de Antofagasta, rechazó la segunda propuesta, señalando que aceptar un nuevo plan alteraría la normativa que regula los procesos de reorganización judicial y vulneraría la determinación de quórums.
Daniela Camus, veedora e interventora de Sierra Atacama, advirtió que la compañía incumplió el acuerdo de reorganización judicial aprobado en 2024, lo que podría derivar en una liquidación forzosa si lo solicita un acreedor o la propia interventora. La empresa opera un yacimiento de cobre cercano a Antofagasta y es controlada por Minera Salar Blanco (MSB), ligada al empresario Martín Borda, tras la muerte de Víctor Hugo Puchi. Sierra Atacama inició su reorganización judicial en 2024, declarando pasivos por $70 mil millones. Sus principales acreedores son Mitsui, Tanner y Recomin Servicios Mineros. La propuesta aceptada contemplaba pagos por $29.271 millones. Sin embargo, en junio pasado, la administración pidió convocar a una junta extraordinaria de acreedores para modificar el acuerdo, asegurando que el nuevo accionista detectó información relevante que había sido ocultada y que afectaba la correcta explotación de la mina. La justicia fijó para el 5 de septiembre una junta extraordinaria con el fin de votar la modificación, aunque la empresa presentó a fines de julio otra propuesta de reorganización, ahora por la deuda devengada tras el acuerdo de 2024. La abogada de Sierra Atacama pidió que ambas propuestas sean consideradas en conjunto, a fin de garantizar igualdad de condiciones para todas las partes. No obstante, la jueza Susana Tobar, del 4° Juzgado Civil de Antofagasta, rechazó la segunda propuesta, señalando que aceptar un nuevo plan alteraría la normativa que regula los procesos de reorganización judicial y vulneraría la determinación de quórums.
