La Corte Suprema ratificó la condena al representante de una planta transformadora de algas pardas de Mejillones, después de detectarse una serie de infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, las que fueron constatadas en una fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). En primera instancia, el fallo fue entregado por el Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, sin embargo, la defensa apeló ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó la resolución, por lo que la defensa insistió y presentó un recurso de casación en la forma ante la Corte Suprema, que finalmente ratificó la sentencia. El caso tiene su inició en abril de 2025, cuando los equipos fiscalizadores de Sernapesca desarrollaron una inspección al recinto y constataron inconsistencias en la cantidad del recurso existente, puesto que faltaban 5,98 toneladas de algas en estado seco, las que fueron comercializadas sin su acreditación de origen ilegal. No obstante, no es la única infracción. Puesto que también se detectó inconsistencias en su cantidad declarada, debido a que se evidenció la sobreproducción de 6,35 toneladas de huiro negro picado y de 0,25 toneladas de huiro palo picado, en ambos casos sin su acreditación de origen legal; como también no se encontraron 8,03 toneladas de huiro negro picado y 0,880 toneladas de huiro palo picado, comercializada también sin acreditación de origen legal. Finalmente, también se detectó producción sin información fidedigna, puesto que se encontraron 2,60 toneladas de producto que no contaban con su declaración de operaciones. En total se hallaron 9,21 toneladas de algas pardas producidas, elaboradas y almacenadas sin acreditación de origen legal; y 14,89 toneladas de los recursos y sus productos que fueron comercializadas sin acreditar su origen. En este escenario, el Juzgado de Letras de Mejillones condenó a la planta al pago de una multa, la que fue ratificada por el máximo tribunal, sin perjuicio de revocar la condena por procesar recursos hidrobiológicos sin acreditación de origen legal, ordenando el pago de una multa de 3.001,4 UTM, es decir, superior a los $ 215 millones.
La Dirección Regional de Sernapesca anunció la presentación de acciones legales tras dos casos graves de afectación a la fauna marina protegida en la región de Antofagasta, específicamente a la muerte de una ballena jorobada en Mejillones y a una serie de ataques contra lobos marinos en Antofagasta. En primera instancia, la primera denuncia se interpuso en el Juzgado de Garantía de Mejillones, ante el varamiento de un ejemplar juvenil macho de ballena jorobada, que el pasado 19 de julio fue encontrada en el balneario Hornitos. El cetáceo presentaba un enmalle severo con una red de pesca, lo que le provocó lesiones profundas, hemorragias y una fractura en su aleta pectoral. De acuerdo a lo relatado por el organismo, la evidencia sugiere que la ballena estaba viva al momento del enmalle. Por otra parte, la segunda denuncia fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, luego de detectar a ejemplares de l obo marino común con heridas graves, atribuibles a la acción humana. Los casos fueron detectados en el sector del Terminal Pesquero y el Muelle Histórico, donde entre abril y julio, se detectaron dos ejemplares con lesiones oculares severas, uno de los cuales perdió la visión de un ojo. Además, un animal fue hallado con una herida abierta en el abdomen provocada por un elemento cortante; y un otro adulto fue encontrado con un corte profundo en el lomo. En este escenario, la directora regional de Sernapesca Antofagasta, Pilar Irribarren, confirmó que a través de las denuncias esperan que se investiguen los hechos y se puedan identificar a los responsables de los casos. Hemos solicitado una orden amplia de investigar al Ministerio Público, para que ordene las diligencias pertinentes a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (BIDEMA) de la PDI, con el fin de identificar a los responsables de estos hechos ocurridos. Cabe recordar que estas especies se encuentran protegidas por la Ley General de Pesca y Acuicultura, medidas como la veda extractiva nacional y convenios internacionales como CITES, cerró.
La Corte Suprema ratificó la condena al representante de una planta transformadora de algas pardas de Mejillones, después de detectarse una serie de infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, las que fueron constatadas en una fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). En primera instancia, el fallo fue entregado por el Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, sin embargo, la defensa apeló ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó la resolución, por lo que la defensa insistió y presentó un recurso de casación en la forma ante la Corte Suprema, que finalmente ratificó la sentencia. El caso tiene su inició en abril de 2025, cuando los equipos fiscalizadores de Sernapesca desarrollaron una inspección al recinto y constataron inconsistencias en la cantidad del recurso existente, puesto que faltaban 5,98 toneladas de algas en estado seco, las que fueron comercializadas sin su acreditación de origen ilegal. No obstante, no es la única infracción. Puesto que también se detectó inconsistencias en su cantidad declarada, debido a que se evidenció la sobreproducción de 6,35 toneladas de huiro negro picado y de 0,25 toneladas de huiro palo picado, en ambos casos sin su acreditación de origen legal; como también no se encontraron 8,03 toneladas de huiro negro picado y 0,880 toneladas de huiro palo picado, comercializada también sin acreditación de origen legal. Finalmente, también se detectó producción sin información fidedigna, puesto que se encontraron 2,60 toneladas de producto que no contaban con su declaración de operaciones. En total se hallaron 9,21 toneladas de algas pardas producidas, elaboradas y almacenadas sin acreditación de origen legal; y 14,89 toneladas de los recursos y sus productos que fueron comercializadas sin acreditar su origen. En este escenario, el Juzgado de Letras de Mejillones condenó a la planta al pago de una multa, la que fue ratificada por el máximo tribunal, sin perjuicio de revocar la condena por procesar recursos hidrobiológicos sin acreditación de origen legal, ordenando el pago de una multa de 3.001,4 UTM, es decir, superior a los $ 215 millones.
La Dirección Regional de Sernapesca anunció la presentación de acciones legales tras dos casos graves de afectación a la fauna marina protegida en la región de Antofagasta, específicamente a la muerte de una ballena jorobada en Mejillones y a una serie de ataques contra lobos marinos en Antofagasta. En primera instancia, la primera denuncia se interpuso en el Juzgado de Garantía de Mejillones, ante el varamiento de un ejemplar juvenil macho de ballena jorobada, que el pasado 19 de julio fue encontrada en el balneario Hornitos. El cetáceo presentaba un enmalle severo con una red de pesca, lo que le provocó lesiones profundas, hemorragias y una fractura en su aleta pectoral. De acuerdo a lo relatado por el organismo, la evidencia sugiere que la ballena estaba viva al momento del enmalle. Por otra parte, la segunda denuncia fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, luego de detectar a ejemplares de l obo marino común con heridas graves, atribuibles a la acción humana. Los casos fueron detectados en el sector del Terminal Pesquero y el Muelle Histórico, donde entre abril y julio, se detectaron dos ejemplares con lesiones oculares severas, uno de los cuales perdió la visión de un ojo. Además, un animal fue hallado con una herida abierta en el abdomen provocada por un elemento cortante; y un otro adulto fue encontrado con un corte profundo en el lomo. En este escenario, la directora regional de Sernapesca Antofagasta, Pilar Irribarren, confirmó que a través de las denuncias esperan que se investiguen los hechos y se puedan identificar a los responsables de los casos. Hemos solicitado una orden amplia de investigar al Ministerio Público, para que ordene las diligencias pertinentes a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (BIDEMA) de la PDI, con el fin de identificar a los responsables de estos hechos ocurridos. Cabe recordar que estas especies se encuentran protegidas por la Ley General de Pesca y Acuicultura, medidas como la veda extractiva nacional y convenios internacionales como CITES, cerró.
