La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras de energía postergar por cuatro meses el cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, medida que evitará por ahora un incremento en las cuentas de electricidad de los hogares. El cobro, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de abril, implicaba que las empresas distribuidoras recuperaran cerca de US$800 millones acumulados durante los años en que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas tras el estallido social y la pandemia. Dicho ajuste significaba un aumento promedio de aproximadamente $1.450 en las cuentas de luz de los clientes. Con la nueva instrucción de la SEC, el proceso de reliquidación se iniciará recién en julio de 2026, dando un margen adicional para buscar mecanismos que permitan enfrentar este pago sin generar un impacto inmediato en el bolsillo de las familias. La decisión fue adoptada luego de recibir solicitudes desde distintos sectores vinculados al ámbito energético. Parlamentarios, la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas plantearon la necesidad de aplazar el cobro considerando el complejo escenario económico que atraviesa el país. Desde la SEC aclararon que la medida no elimina la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación. “Esta decisión busca resguardar el interés público y reducir el impacto económico en los hogares en un contexto excepcional”, señalaron desde el organismo fiscalizador. La postergación ocurre además en una semana marcada por nuevas presiones en el costo de la vida. El lunes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una fuerte alza en el precio de los combustibles, que se materializó el jueves con incrementos de $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel. La ministra de Energía, Ximena Rincón, calificó la medida como una señal positiva para la ciudadanía, indicando que el gobierno trabaja en una fórmula que permita saldar la deuda con las empresas distribuidoras sin afectar significativamente a los hogares. “Estamos buscando un mecanismo que permita enfrentar esta obligación de manera responsable, pero evitando un impacto directo en el bolsillo de las familias”, señaló la secretaria de Estado. Por su parte, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, indicó que el objetivo es encontrar una solución antes de la nueva fecha de cobro, mientras el Ejecutivo evalúa distintas alternativas para amortiguar el impacto económico de esta deuda acumulada en el sistema eléctrico.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras de energía postergar por cuatro meses el cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, medida que evitará por ahora un incremento en las cuentas de electricidad de los hogares. El cobro, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de abril, implicaba que las empresas distribuidoras recuperaran cerca de US$800 millones acumulados durante los años en que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas tras el estallido social y la pandemia. Dicho ajuste significaba un aumento promedio de aproximadamente $1.450 en las cuentas de luz de los clientes. Con la nueva instrucción de la SEC, el proceso de reliquidación se iniciará recién en julio de 2026, dando un margen adicional para buscar mecanismos que permitan enfrentar este pago sin generar un impacto inmediato en el bolsillo de las familias. La decisión fue adoptada luego de recibir solicitudes desde distintos sectores vinculados al ámbito energético. Parlamentarios, la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas plantearon la necesidad de aplazar el cobro considerando el complejo escenario económico que atraviesa el país. Desde la SEC aclararon que la medida no elimina la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación. “Esta decisión busca resguardar el interés público y reducir el impacto económico en los hogares en un contexto excepcional”, señalaron desde el organismo fiscalizador. La postergación ocurre además en una semana marcada por nuevas presiones en el costo de la vida. El lunes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una fuerte alza en el precio de los combustibles, que se materializó el jueves con incrementos de $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel. La ministra de Energía, Ximena Rincón, calificó la medida como una señal positiva para la ciudadanía, indicando que el gobierno trabaja en una fórmula que permita saldar la deuda con las empresas distribuidoras sin afectar significativamente a los hogares. “Estamos buscando un mecanismo que permita enfrentar esta obligación de manera responsable, pero evitando un impacto directo en el bolsillo de las familias”, señaló la secretaria de Estado. Por su parte, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, indicó que el objetivo es encontrar una solución antes de la nueva fecha de cobro, mientras el Ejecutivo evalúa distintas alternativas para amortiguar el impacto económico de esta deuda acumulada en el sistema eléctrico.
