Este martes, el diputado Sebastián Videla envió una solicitud al Gobierno para evaluar con urgencia la declaración de Antofagasta como zona franca, en medio del impacto por el aumento histórico en los precios de la bencina y el diésel en el país. Esto, luego de que el Gobierno de José Antonio Kast, anunciara una serie de medidas que implican un alza de los combustibles; de $370 en la gasolina de 93 y $580 en el diésel a partir de este jueves, lo que profundiza aún más el costo de vida en la zona. El parlamentario remarcó que si bien la región es reconocida por su actividad minera, no todos los habitantes dependen de este sector, por lo que el aumento en los combustibles afecta directamente a familias, trabajadores, emprendedores y pequeños comerciantes. “Antofagasta no puede seguir enfrentando altos costos de vida sin medidas concretas de apoyo. Hoy muchas personas ven cómo el precio de los combustibles impacta en su día a día, en el transporte y en el costo de bienes básicos”, señaló. Por ello, es que el diputado planteó que avanzar hacia una zona franca permitiría reducir costos, incentivar la inversión y generar mayor dinamismo económico, beneficiando directamente a la ciudadanía. Finalmente, Videla aseguró que buscará entablar conversaciones con los distintos ministerios e hizo un llamado al Ejecutivo a abrir el debate y evaluar mecanismos que permitan aliviar el impacto económico en la región, considerando medidas excepcionales acordes a la realidad del norte del país.
La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, cuestionó los trabajos de excavación que el diputado Sebastian Videla impulsa en la comuna de Ollagüe, en la frontera con Bolivia, con el objetivo de frenar el ingreso de crimen organizado por pasos fronterizos no habilitados. La autoridad afirmó que las acciones de este tipo deben responder a decisiones institucionales y no a iniciativas individuales. “No puede ser que cualquiera, por su cuenta, haga lo que le parezca”, señaló, al ser consultada por las obras que realiza una retroexcavadora contratada por el parlamentario en el límite fronterizo de la Región de Antofagasta. Delpiano indicó que no maneja todos los antecedentes sobre la legalidad de los trabajos, particularmente si se realizan en terreno público o privado. Sin embargo, enfatizó que la definición de medidas de control en zonas fronterizas corresponde al Estado y a las instituciones responsables de la seguridad nacional. “Yo creo que no le corresponde a un diputado excavar. Si se trata de una decisión soberana, debe tomarse con todos los antecedentes y a través de las instancias correspondientes”, afirmó la secretaria de Estado. La ministra agregó que una acción individual de este tipo no es el camino adecuado para enfrentar los problemas de seguridad en la frontera. “Uno puede hacer una zanja en su casa, pero no mucho más allá de eso”, comentó. Durante sus declaraciones, Delpiano también destacó los avances que se han implementado en la vigilancia de la frontera norte del país. Según explicó, actualmente existe un sistema tecnológico que permite detectar con mayor profundidad movimientos irregulares en la zona. La jefa de Defensa indicó que en la frontera chilena se enfrentan tres desafíos principales: la presión migratoria, el contrabando y la acción del crimen organizado, particularmente el tráfico de drogas y armamento. En ese contexto, subrayó el trabajo coordinado entre las instituciones desplegadas en el norte del país, destacando la colaboración entre las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile para enfrentar estos fenómenos. Recordemos que el Diputado Videla, llegó hasta la localidad fronteriza de Ollagüe y junto al alcalde Jhean Ramírez presenciaron el cierre de pasos no habilitados a través de una retroexcabadora y con ello evitar la salida de vehículos robados.
Graves acusaciones encendieron las alarmas en el Servicio Médico Legal de Antofagasta, luego de la denuncia por la entrega de un cuerpo en estado de descomposición, que se suma a otros problemas operativos que mantendría el servicio. La situación fue expuesta por el diputado Sebastián Videla, quien a través de un oficio solicitó una fiscalización al Servicio Médico Legal, luego de que un familiar acusara la entrega del cuerpo de su hermano en deficientes condiciones. El parlamentario sostuvo reuniones con los denunciantes, además de conversar con las y los funcionarios de la Unidad de Tanatología del SML, quienes agrupados en la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Médico Legal de Antofagasta (ANFSML), se encuentran movilizados por falta de respuesta institucional a una serie de problemas. Así, en el documento, el legislador detalla una serie de deficiencias como el deterioro del carro para el manejo de fallecidos, y la inexistencia de un lugar seguro para el almacenamiento de muestras, función que corresponde a la unidad URM y no a Tanatología, generando un riesgo sanitario y operativo grave. Además, apunta al mal estado de la sala de autopsia, la cual lleva más de dos años sin reparación integral y presenta filtraciones en el grifo, con riesgo de contaminación por partículas y gotículas hacia los funcionarios. Finalmente, acusan la falta de un generador eléctrico operativo o de respaldo adecuado, situación que ya ha provocado problemas en la conservación de fallecidos ante cortes de suministro eléctrico. El parlamentario exige información sobre el estado actual de las situaciones detalladas, la actualización ante eventuales medidas para subsanar las falencias y revisar la existencia de eventuales sumarios o investigaciones administrativas.
Este martes, el diputado Sebastián Videla envió una solicitud al Gobierno para evaluar con urgencia la declaración de Antofagasta como zona franca, en medio del impacto por el aumento histórico en los precios de la bencina y el diésel en el país. Esto, luego de que el Gobierno de José Antonio Kast, anunciara una serie de medidas que implican un alza de los combustibles; de $370 en la gasolina de 93 y $580 en el diésel a partir de este jueves, lo que profundiza aún más el costo de vida en la zona. El parlamentario remarcó que si bien la región es reconocida por su actividad minera, no todos los habitantes dependen de este sector, por lo que el aumento en los combustibles afecta directamente a familias, trabajadores, emprendedores y pequeños comerciantes. “Antofagasta no puede seguir enfrentando altos costos de vida sin medidas concretas de apoyo. Hoy muchas personas ven cómo el precio de los combustibles impacta en su día a día, en el transporte y en el costo de bienes básicos”, señaló. Por ello, es que el diputado planteó que avanzar hacia una zona franca permitiría reducir costos, incentivar la inversión y generar mayor dinamismo económico, beneficiando directamente a la ciudadanía. Finalmente, Videla aseguró que buscará entablar conversaciones con los distintos ministerios e hizo un llamado al Ejecutivo a abrir el debate y evaluar mecanismos que permitan aliviar el impacto económico en la región, considerando medidas excepcionales acordes a la realidad del norte del país.
La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, cuestionó los trabajos de excavación que el diputado Sebastian Videla impulsa en la comuna de Ollagüe, en la frontera con Bolivia, con el objetivo de frenar el ingreso de crimen organizado por pasos fronterizos no habilitados. La autoridad afirmó que las acciones de este tipo deben responder a decisiones institucionales y no a iniciativas individuales. “No puede ser que cualquiera, por su cuenta, haga lo que le parezca”, señaló, al ser consultada por las obras que realiza una retroexcavadora contratada por el parlamentario en el límite fronterizo de la Región de Antofagasta. Delpiano indicó que no maneja todos los antecedentes sobre la legalidad de los trabajos, particularmente si se realizan en terreno público o privado. Sin embargo, enfatizó que la definición de medidas de control en zonas fronterizas corresponde al Estado y a las instituciones responsables de la seguridad nacional. “Yo creo que no le corresponde a un diputado excavar. Si se trata de una decisión soberana, debe tomarse con todos los antecedentes y a través de las instancias correspondientes”, afirmó la secretaria de Estado. La ministra agregó que una acción individual de este tipo no es el camino adecuado para enfrentar los problemas de seguridad en la frontera. “Uno puede hacer una zanja en su casa, pero no mucho más allá de eso”, comentó. Durante sus declaraciones, Delpiano también destacó los avances que se han implementado en la vigilancia de la frontera norte del país. Según explicó, actualmente existe un sistema tecnológico que permite detectar con mayor profundidad movimientos irregulares en la zona. La jefa de Defensa indicó que en la frontera chilena se enfrentan tres desafíos principales: la presión migratoria, el contrabando y la acción del crimen organizado, particularmente el tráfico de drogas y armamento. En ese contexto, subrayó el trabajo coordinado entre las instituciones desplegadas en el norte del país, destacando la colaboración entre las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile para enfrentar estos fenómenos. Recordemos que el Diputado Videla, llegó hasta la localidad fronteriza de Ollagüe y junto al alcalde Jhean Ramírez presenciaron el cierre de pasos no habilitados a través de una retroexcabadora y con ello evitar la salida de vehículos robados.
Graves acusaciones encendieron las alarmas en el Servicio Médico Legal de Antofagasta, luego de la denuncia por la entrega de un cuerpo en estado de descomposición, que se suma a otros problemas operativos que mantendría el servicio. La situación fue expuesta por el diputado Sebastián Videla, quien a través de un oficio solicitó una fiscalización al Servicio Médico Legal, luego de que un familiar acusara la entrega del cuerpo de su hermano en deficientes condiciones. El parlamentario sostuvo reuniones con los denunciantes, además de conversar con las y los funcionarios de la Unidad de Tanatología del SML, quienes agrupados en la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Médico Legal de Antofagasta (ANFSML), se encuentran movilizados por falta de respuesta institucional a una serie de problemas. Así, en el documento, el legislador detalla una serie de deficiencias como el deterioro del carro para el manejo de fallecidos, y la inexistencia de un lugar seguro para el almacenamiento de muestras, función que corresponde a la unidad URM y no a Tanatología, generando un riesgo sanitario y operativo grave. Además, apunta al mal estado de la sala de autopsia, la cual lleva más de dos años sin reparación integral y presenta filtraciones en el grifo, con riesgo de contaminación por partículas y gotículas hacia los funcionarios. Finalmente, acusan la falta de un generador eléctrico operativo o de respaldo adecuado, situación que ya ha provocado problemas en la conservación de fallecidos ante cortes de suministro eléctrico. El parlamentario exige información sobre el estado actual de las situaciones detalladas, la actualización ante eventuales medidas para subsanar las falencias y revisar la existencia de eventuales sumarios o investigaciones administrativas.
