Un operativo conjunto, liderado por el Ministerio de Seguridad Pública y en el que participaron la Policía de Investigaciones (PDI), la Seremi de Salud, la Dirección del Trabajo y Carabineros, culminó con la detención de un hombre por los delitos de receptación y tráfico de sustancias peligrosas. La intervención se realizó en un domicilio del sector norte de Antofagasta, donde el imputado, que no contaba con permisos para operar, acopiaba cerca de una tonelada de cables de cobre robados y una gran cantidad de baterías usadas. Ante esto, la detención se produjo luego de que detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, que realizaban una fiscalización en el lugar, se percataran del acopio de los cables. Estos fueron reconocidos por personal de la empresa CGE y la Municipalidad, confirmando que eran parte del servicio de alumbrado público que había sido sustraído. Además, la inspección reveló la existencia de un importante número de baterías usadas que, debido a su contenido de ácido sulfúrico y plomo, son consideradas residuos peligrosos. Ante esta situación, se requirió la presencia de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA), quienes procedieron según la normativa vigente para el manejo de este tipo de materiales. Asimismo, el seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente, explicó que este operativo se enmarca en las fiscalizaciones contra el robo de cobre y cables, una iniciativa de la Mesa de Trabajo contra el Crimen Organizado.Habíamos recibido diversas denuncias que alertaban sobre la compra y venta de metales y chatarra de origen desconocido en este inmueble, afirmó la autoridad. Por su parte, el Jefe de la Región Policial de Antofagasta, Prefecto Inspector Jorge Aguillón Vidal, destacó la colaboración entre instituciones:Esta operatividad refleja la capacidad investigativa de la PDI y nuestro compromiso de actuar de manera inmediata y efectiva, siempre en coordinación con otras instituciones, para enfrentar los delitos que afectan la seguridad pública, la propiedad y el medio ambiente. Del mismo modo, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, calificó el resultado del operativo comoimportantísimo y destacó el impacto directo en la comunidad.Estos cables encontrados son robados al servicio de alumbrado público de la municipalidad. Cuando hay personas que dicen que hay zonas oscuras y apagadas es porque estos mismos criminales se roban este cableado dejando a importantes sectores de la ciudad sin luz, señaló. Finalmente, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público para su control de detención.
Antofagasta se ha posicionado como la cuarta región con mayor robo de cables de cobre de las instalaciones eléctricas de CGE durante el primer semestre de 2025. En total, se sustrajeron 22.127 metros de cable en la región, contribuyendo a un preocupante aumento a nivel nacional. Entre enero y junio, la zona de concesión de CGE, que abarca desde Arica y Parinacota hasta La Araucanía, reportó 705 episodios de robo de cable. Esta cifra representa un incremento significativo, cuadruplicando los 190 casos registrados en el mismo periodo de 2024. Ante esto, Daniel Fredes, subdirector de Operaciones de CGE, detalló que a nivel nacional se robaron 209.112 metros de cable, lo que significa un aumento cercano al 300% en comparación con los 58 kilómetros sustraídos el año pasado. Fredes enfatizó el grave impacto de este delito, señalando queeste delito tiene un alto impacto público y consecuencias complejas para el suministro eléctrico. Además de Antofagasta, las regiones más afectadas por este tipo de robos incluyen Coquimbo (con 59.198 metros), Biobío (27.223 metros), Maule (22.317 metros), Tarapacá (21.185 metros) y Metropolitana (20.420 metros). Finalmente, las consecuencias de estos actos delictivos son severas: el robo de cable y los daños asociados provocaron interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron a 445.414 clientes de CGE. Los costos de reparación y reposición superaron los 4.000 millones de pesos durante los primeros seis meses del año, lo que subraya la magnitud económica de este problema.
Un operativo conjunto, liderado por el Ministerio de Seguridad Pública y en el que participaron la Policía de Investigaciones (PDI), la Seremi de Salud, la Dirección del Trabajo y Carabineros, culminó con la detención de un hombre por los delitos de receptación y tráfico de sustancias peligrosas. La intervención se realizó en un domicilio del sector norte de Antofagasta, donde el imputado, que no contaba con permisos para operar, acopiaba cerca de una tonelada de cables de cobre robados y una gran cantidad de baterías usadas. Ante esto, la detención se produjo luego de que detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, que realizaban una fiscalización en el lugar, se percataran del acopio de los cables. Estos fueron reconocidos por personal de la empresa CGE y la Municipalidad, confirmando que eran parte del servicio de alumbrado público que había sido sustraído. Además, la inspección reveló la existencia de un importante número de baterías usadas que, debido a su contenido de ácido sulfúrico y plomo, son consideradas residuos peligrosos. Ante esta situación, se requirió la presencia de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA), quienes procedieron según la normativa vigente para el manejo de este tipo de materiales. Asimismo, el seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente, explicó que este operativo se enmarca en las fiscalizaciones contra el robo de cobre y cables, una iniciativa de la Mesa de Trabajo contra el Crimen Organizado.Habíamos recibido diversas denuncias que alertaban sobre la compra y venta de metales y chatarra de origen desconocido en este inmueble, afirmó la autoridad. Por su parte, el Jefe de la Región Policial de Antofagasta, Prefecto Inspector Jorge Aguillón Vidal, destacó la colaboración entre instituciones:Esta operatividad refleja la capacidad investigativa de la PDI y nuestro compromiso de actuar de manera inmediata y efectiva, siempre en coordinación con otras instituciones, para enfrentar los delitos que afectan la seguridad pública, la propiedad y el medio ambiente. Del mismo modo, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, calificó el resultado del operativo comoimportantísimo y destacó el impacto directo en la comunidad.Estos cables encontrados son robados al servicio de alumbrado público de la municipalidad. Cuando hay personas que dicen que hay zonas oscuras y apagadas es porque estos mismos criminales se roban este cableado dejando a importantes sectores de la ciudad sin luz, señaló. Finalmente, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público para su control de detención.
Antofagasta se ha posicionado como la cuarta región con mayor robo de cables de cobre de las instalaciones eléctricas de CGE durante el primer semestre de 2025. En total, se sustrajeron 22.127 metros de cable en la región, contribuyendo a un preocupante aumento a nivel nacional. Entre enero y junio, la zona de concesión de CGE, que abarca desde Arica y Parinacota hasta La Araucanía, reportó 705 episodios de robo de cable. Esta cifra representa un incremento significativo, cuadruplicando los 190 casos registrados en el mismo periodo de 2024. Ante esto, Daniel Fredes, subdirector de Operaciones de CGE, detalló que a nivel nacional se robaron 209.112 metros de cable, lo que significa un aumento cercano al 300% en comparación con los 58 kilómetros sustraídos el año pasado. Fredes enfatizó el grave impacto de este delito, señalando queeste delito tiene un alto impacto público y consecuencias complejas para el suministro eléctrico. Además de Antofagasta, las regiones más afectadas por este tipo de robos incluyen Coquimbo (con 59.198 metros), Biobío (27.223 metros), Maule (22.317 metros), Tarapacá (21.185 metros) y Metropolitana (20.420 metros). Finalmente, las consecuencias de estos actos delictivos son severas: el robo de cable y los daños asociados provocaron interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron a 445.414 clientes de CGE. Los costos de reparación y reposición superaron los 4.000 millones de pesos durante los primeros seis meses del año, lo que subraya la magnitud económica de este problema.
