A partir del 1 de enero de 2026, la ciudadanía podrá solicitar el cambio de domicilio electoral a través del sitio web del Servicio Electoral (Servel), utilizando Clave Única. Esta gestión permitirá mantener actualizada la información del Registro Electoral, un requisito fundamental para la correcta asignación de locales de votación en futuros procesos electorales. Desde el 2 de enero, el trámite también estará disponible de manera presencial, de lunes a viernes, presentando la cédula de identidad en las oficinas del Servel, en sucursales de ChileAtiende, en consulados de Chile en el extranjero y en el Registro Civil, instancia en la que, al renovar la cédula, también se puede solicitar la actualización del domicilio electoral. Servel enfatizó la importancia de revisar cuidadosamente que los datos ingresados estén completos y correctamente escritos, sin abreviaturas y con la numeración y comuna bien especificadas. Esta información es clave para que el organismo pueda asignar a cada elector un local de votación cercano a su lugar de residencia, trabajo o estudios. El domicilio electoral corresponde al lugar con el que el elector mantiene un vínculo objetivo, ya sea por residencia habitual o temporal, actividad laboral o estudios. En el caso de chilenos con derecho a sufragio que viven en el extranjero, el domicilio electoral debe corresponder a una dirección fuera del país. La institución recordó que entregar información falsa o declarar un domicilio sin vínculo real constituye una infracción grave, sancionada con penas que incluyen reclusión menor y multas de hasta 100 UTM, según la Ley 18.556. El periodo de modificaciones al Registro Electoral también considera la incorporación de chilenos nacidos en el extranjero que cumplan con el requisito de avecindamiento, trámite que no es automático y debe ser solicitado expresamente. Finalmente, Servel precisó que, al tratarse de una solicitud, los cambios se verán reflejados en la consulta de datos electorales entre 20 y 25 días hábiles después de realizada la gestión.
Tras casi tres años de juicio, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago resolvió absolver a los ocho acusados en el denominado caso SQM, investigación que se extendió por más de una década y que buscaba esclarecer eventuales delitos de corrupción asociados al financiamiento irregular de la política. La decisión del tribunal benefició al exsenador Pablo Longueira, al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, a su exasesor Cristián Warner y al exgerente general de la minera, Patricio Contesse. También fueron absueltos la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; la exsecretaria general de la UDI, Marisol Cavieres; el exdiputado DC Roberto León, y el militante de la misma colectividad, Marcelo Rozas. El fallo —dictado por mayoría y con voto disidente de la jueza Carolina Paredes— estableció que no se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la falsedad ideológica de las boletas y facturas cuestionadas. La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 5 de agosto de 2026. El tribunal además formuló duros cuestionamientos al Ministerio Público, señalando que la decisión de agrupar diversas causas antes de su cierre provocó una “demora excesiva” y una “merma evidente en la calidad de las probanzas”. Según los magistrados, la extensión del proceso —que acumuló 559 audiencias y pruebas relativas a hechos ocurridos entre 2008 y 2015— afectó la memoria de testigos y peritos. La investigación fue encabezada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y contempló la presentación de más de 14 mil documentos, 651 testigos y 52 peritos. El Ministerio Público intentó demostrar delitos de cohecho, soborno y tributarios, acusando a Contesse de financiar campañas por más de $6.700 millones mediante boletas falsas, y a Longueira de recibir pagos para influir en la tramitación del royalty minero. Con este veredicto, se cierra uno de los procesos judiciales más extensos y emblemáticos en la historia política y judicial reciente de Chile, marcado por la caída de figuras históricas y un largo debate sobre los límites del financiamiento político empresarial.
La mañana de este jueves se desarrolló la audiencia número 558 del juicio oral por el caso SQM, en la sala 201 del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Se trata de la última sesión del extenso proceso iniciado en 2015, que investiga presuntos delitos de corrupción vinculados al financiamiento ilegal de la política. La Fiscalía Regional de Valparaíso acusa por cohecho, soborno y delitos tributarios al exsenador UDI Pablo Longueira, al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO) y al exgerente general de SQM, Patricio Contesse. También están imputados Carmen Valdivieso, exsecretaria de Longueira; Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI; Cristián Warner, exsecretario general del PRO; Roberto León, exdiputado DC; y Marcelo Rozas, histórico militante de la DC. El juicio, encabezado por la fiscal Claudia Perivancich, comenzó el 13 de febrero de 2023, con extensas jornadas en que se expusieron los antecedentes del caso, en el que el Servicio de Impuestos Internos actúa como querellante. Durante esta semana se desarrollaron las réplicas, en las que intervino la defensa de Longueira, liderada por Johanna Heskia, mientras que la defensa de Enríquez-Ominami optó por no ejercer su turno. Tras la sesión de este jueves, el tribunal decretó receso hasta el martes 21 de octubre, día en que los acusados podrán ejercer su derecho a declarar por última vez. El miércoles 22, el tribunal, presidido por la jueza María Teresa Barrientos, entregará su veredicto. La pena más alta solicitada por la Fiscalía es de nueve años de prisión para Patricio Contesse.
A partir del 1 de enero de 2026, la ciudadanía podrá solicitar el cambio de domicilio electoral a través del sitio web del Servicio Electoral (Servel), utilizando Clave Única. Esta gestión permitirá mantener actualizada la información del Registro Electoral, un requisito fundamental para la correcta asignación de locales de votación en futuros procesos electorales. Desde el 2 de enero, el trámite también estará disponible de manera presencial, de lunes a viernes, presentando la cédula de identidad en las oficinas del Servel, en sucursales de ChileAtiende, en consulados de Chile en el extranjero y en el Registro Civil, instancia en la que, al renovar la cédula, también se puede solicitar la actualización del domicilio electoral. Servel enfatizó la importancia de revisar cuidadosamente que los datos ingresados estén completos y correctamente escritos, sin abreviaturas y con la numeración y comuna bien especificadas. Esta información es clave para que el organismo pueda asignar a cada elector un local de votación cercano a su lugar de residencia, trabajo o estudios. El domicilio electoral corresponde al lugar con el que el elector mantiene un vínculo objetivo, ya sea por residencia habitual o temporal, actividad laboral o estudios. En el caso de chilenos con derecho a sufragio que viven en el extranjero, el domicilio electoral debe corresponder a una dirección fuera del país. La institución recordó que entregar información falsa o declarar un domicilio sin vínculo real constituye una infracción grave, sancionada con penas que incluyen reclusión menor y multas de hasta 100 UTM, según la Ley 18.556. El periodo de modificaciones al Registro Electoral también considera la incorporación de chilenos nacidos en el extranjero que cumplan con el requisito de avecindamiento, trámite que no es automático y debe ser solicitado expresamente. Finalmente, Servel precisó que, al tratarse de una solicitud, los cambios se verán reflejados en la consulta de datos electorales entre 20 y 25 días hábiles después de realizada la gestión.
Tras casi tres años de juicio, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago resolvió absolver a los ocho acusados en el denominado caso SQM, investigación que se extendió por más de una década y que buscaba esclarecer eventuales delitos de corrupción asociados al financiamiento irregular de la política. La decisión del tribunal benefició al exsenador Pablo Longueira, al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, a su exasesor Cristián Warner y al exgerente general de la minera, Patricio Contesse. También fueron absueltos la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; la exsecretaria general de la UDI, Marisol Cavieres; el exdiputado DC Roberto León, y el militante de la misma colectividad, Marcelo Rozas. El fallo —dictado por mayoría y con voto disidente de la jueza Carolina Paredes— estableció que no se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la falsedad ideológica de las boletas y facturas cuestionadas. La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 5 de agosto de 2026. El tribunal además formuló duros cuestionamientos al Ministerio Público, señalando que la decisión de agrupar diversas causas antes de su cierre provocó una “demora excesiva” y una “merma evidente en la calidad de las probanzas”. Según los magistrados, la extensión del proceso —que acumuló 559 audiencias y pruebas relativas a hechos ocurridos entre 2008 y 2015— afectó la memoria de testigos y peritos. La investigación fue encabezada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y contempló la presentación de más de 14 mil documentos, 651 testigos y 52 peritos. El Ministerio Público intentó demostrar delitos de cohecho, soborno y tributarios, acusando a Contesse de financiar campañas por más de $6.700 millones mediante boletas falsas, y a Longueira de recibir pagos para influir en la tramitación del royalty minero. Con este veredicto, se cierra uno de los procesos judiciales más extensos y emblemáticos en la historia política y judicial reciente de Chile, marcado por la caída de figuras históricas y un largo debate sobre los límites del financiamiento político empresarial.
La mañana de este jueves se desarrolló la audiencia número 558 del juicio oral por el caso SQM, en la sala 201 del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Se trata de la última sesión del extenso proceso iniciado en 2015, que investiga presuntos delitos de corrupción vinculados al financiamiento ilegal de la política. La Fiscalía Regional de Valparaíso acusa por cohecho, soborno y delitos tributarios al exsenador UDI Pablo Longueira, al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO) y al exgerente general de SQM, Patricio Contesse. También están imputados Carmen Valdivieso, exsecretaria de Longueira; Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI; Cristián Warner, exsecretario general del PRO; Roberto León, exdiputado DC; y Marcelo Rozas, histórico militante de la DC. El juicio, encabezado por la fiscal Claudia Perivancich, comenzó el 13 de febrero de 2023, con extensas jornadas en que se expusieron los antecedentes del caso, en el que el Servicio de Impuestos Internos actúa como querellante. Durante esta semana se desarrollaron las réplicas, en las que intervino la defensa de Longueira, liderada por Johanna Heskia, mientras que la defensa de Enríquez-Ominami optó por no ejercer su turno. Tras la sesión de este jueves, el tribunal decretó receso hasta el martes 21 de octubre, día en que los acusados podrán ejercer su derecho a declarar por última vez. El miércoles 22, el tribunal, presidido por la jueza María Teresa Barrientos, entregará su veredicto. La pena más alta solicitada por la Fiscalía es de nueve años de prisión para Patricio Contesse.
