La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) volvió a incluir a Chile en su lista de vigilancia prioritaria por deficiencias en la protección de propiedad intelectual. El informe anual, publicado este lunes, evaluó el cumplimiento de 26 socios comerciales, destacando a ocho, entre ellos Chile, Argentina, China, India, Indonesia, México, Rusia y Venezuela. En el caso chileno, la USTR expresó serias preocupaciones por disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente desde hace más de 20 años, señalando que aún no hay avances concretos en los compromisos pendientes. Aunque valoraron el esfuerzo del país, recalcaron la urgencia de mostrar progresos tangibles. El informe también advierte sobre la piratería a través de decodificadores ilegales, pese a que desde 2018 existe una ley que sanciona su comercialización. Además, cuestiona la débil fiscalización de los derechos de autor, aunque Inapi reporta una caída del 60% en causas penales entre 2017 y 2022. En el ámbito farmacéutico, se apuntan deficiencias en la tramitación de patentes para productos en proceso de comercialización.
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) volvió a incluir a Chile en su lista de vigilancia prioritaria por deficiencias en la protección de propiedad intelectual. El informe anual, publicado este lunes, evaluó el cumplimiento de 26 socios comerciales, destacando a ocho, entre ellos Chile, Argentina, China, India, Indonesia, México, Rusia y Venezuela. En el caso chileno, la USTR expresó serias preocupaciones por disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente desde hace más de 20 años, señalando que aún no hay avances concretos en los compromisos pendientes. Aunque valoraron el esfuerzo del país, recalcaron la urgencia de mostrar progresos tangibles. El informe también advierte sobre la piratería a través de decodificadores ilegales, pese a que desde 2018 existe una ley que sanciona su comercialización. Además, cuestiona la débil fiscalización de los derechos de autor, aunque Inapi reporta una caída del 60% en causas penales entre 2017 y 2022. En el ámbito farmacéutico, se apuntan deficiencias en la tramitación de patentes para productos en proceso de comercialización.
