El debate sobre la migración no regularizada en la región de Antofagasta se intensifica tras la publicación de proyecciones oficiales que dimensionan el fenómeno. Según datos del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la región albergaría a 13.664 personas en situación migratoria irregular hasta 2023, marcando un alarmante aumento del 131,48% en comparación con el año anterior. Este incremento se ha convertido en el eje central de la discusión pública y política, generando una marcada división entre los parlamentarios de Antofagasta. Por un lado, se alzan voces que exigen mayor rigurosidad y acciones punitivas, mientras que, por otro, se subraya la contribución de los migrantes al mercado laboral local. Ante esto, el senador Pedro Araya (PPD) se mostró enfático al defender la necesidad de la expulsión acelerada, argumentando que “siempre hemos sido partidarios de agilizar lo más posible la expulsión de inmigrantes indocumentados”. Para el parlamentario, es crucial enviar “señales claras” para que el ingreso irregular tenga consecuencias. En una línea similar, la senadora Paulina Núñez (RN) vinculó directamente el aumento de las cifras con una presunta inacción del gobierno en el resguardo fronterizo. La legisladora demandó “decisiones firmes” y un proceso de fiscalización masiva que culmine en expulsiones para quienes no logren regularizar su estado, señalando que la cifra “refleja el abandono del control fronterizo”. La vereda opuesta es defendida por el senador Esteban Velásquez (Frevs), quien puso el foco en el rol económico de la población migrante. El parlamentario recordó el llamado de entidades como la Sociedad Nacional de Agricultura para formalizar a trabajadores temporeros, e hizo hincapié en que los extranjeros cubren puestos necesarios en sectores como la construcción, hotelería, gastronomía, estaciones de servicio y recolección de residuos, además de la minería, planteando la necesidad de considerar políticas de regularización o mecanismos temporales para esta mano de obra. Finalmente, la tensión entre la mayor fiscalización y expulsión versus la integración laboral y regularización se mantiene, dejando a la región de Antofagasta en el centro de la controversia migratoria a nivel nacional.
El debate sobre la migración no regularizada en la región de Antofagasta se intensifica tras la publicación de proyecciones oficiales que dimensionan el fenómeno. Según datos del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la región albergaría a 13.664 personas en situación migratoria irregular hasta 2023, marcando un alarmante aumento del 131,48% en comparación con el año anterior. Este incremento se ha convertido en el eje central de la discusión pública y política, generando una marcada división entre los parlamentarios de Antofagasta. Por un lado, se alzan voces que exigen mayor rigurosidad y acciones punitivas, mientras que, por otro, se subraya la contribución de los migrantes al mercado laboral local. Ante esto, el senador Pedro Araya (PPD) se mostró enfático al defender la necesidad de la expulsión acelerada, argumentando que “siempre hemos sido partidarios de agilizar lo más posible la expulsión de inmigrantes indocumentados”. Para el parlamentario, es crucial enviar “señales claras” para que el ingreso irregular tenga consecuencias. En una línea similar, la senadora Paulina Núñez (RN) vinculó directamente el aumento de las cifras con una presunta inacción del gobierno en el resguardo fronterizo. La legisladora demandó “decisiones firmes” y un proceso de fiscalización masiva que culmine en expulsiones para quienes no logren regularizar su estado, señalando que la cifra “refleja el abandono del control fronterizo”. La vereda opuesta es defendida por el senador Esteban Velásquez (Frevs), quien puso el foco en el rol económico de la población migrante. El parlamentario recordó el llamado de entidades como la Sociedad Nacional de Agricultura para formalizar a trabajadores temporeros, e hizo hincapié en que los extranjeros cubren puestos necesarios en sectores como la construcción, hotelería, gastronomía, estaciones de servicio y recolección de residuos, además de la minería, planteando la necesidad de considerar políticas de regularización o mecanismos temporales para esta mano de obra. Finalmente, la tensión entre la mayor fiscalización y expulsión versus la integración laboral y regularización se mantiene, dejando a la región de Antofagasta en el centro de la controversia migratoria a nivel nacional.
