Tras casi tres años de juicio, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago resolvió absolver a los ocho acusados en el denominado caso SQM, investigación que se extendió por más de una década y que buscaba esclarecer eventuales delitos de corrupción asociados al financiamiento irregular de la política. La decisión del tribunal benefició al exsenador Pablo Longueira, al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, a su exasesor Cristián Warner y al exgerente general de la minera, Patricio Contesse. También fueron absueltos la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; la exsecretaria general de la UDI, Marisol Cavieres; el exdiputado DC Roberto León, y el militante de la misma colectividad, Marcelo Rozas. El fallo —dictado por mayoría y con voto disidente de la jueza Carolina Paredes— estableció que no se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la falsedad ideológica de las boletas y facturas cuestionadas. La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 5 de agosto de 2026. El tribunal además formuló duros cuestionamientos al Ministerio Público, señalando que la decisión de agrupar diversas causas antes de su cierre provocó una “demora excesiva” y una “merma evidente en la calidad de las probanzas”. Según los magistrados, la extensión del proceso —que acumuló 559 audiencias y pruebas relativas a hechos ocurridos entre 2008 y 2015— afectó la memoria de testigos y peritos. La investigación fue encabezada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y contempló la presentación de más de 14 mil documentos, 651 testigos y 52 peritos. El Ministerio Público intentó demostrar delitos de cohecho, soborno y tributarios, acusando a Contesse de financiar campañas por más de $6.700 millones mediante boletas falsas, y a Longueira de recibir pagos para influir en la tramitación del royalty minero. Con este veredicto, se cierra uno de los procesos judiciales más extensos y emblemáticos en la historia política y judicial reciente de Chile, marcado por la caída de figuras históricas y un largo debate sobre los límites del financiamiento político empresarial.
Tras casi tres años de juicio, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago resolvió absolver a los ocho acusados en el denominado caso SQM, investigación que se extendió por más de una década y que buscaba esclarecer eventuales delitos de corrupción asociados al financiamiento irregular de la política. La decisión del tribunal benefició al exsenador Pablo Longueira, al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, a su exasesor Cristián Warner y al exgerente general de la minera, Patricio Contesse. También fueron absueltos la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; la exsecretaria general de la UDI, Marisol Cavieres; el exdiputado DC Roberto León, y el militante de la misma colectividad, Marcelo Rozas. El fallo —dictado por mayoría y con voto disidente de la jueza Carolina Paredes— estableció que no se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la falsedad ideológica de las boletas y facturas cuestionadas. La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 5 de agosto de 2026. El tribunal además formuló duros cuestionamientos al Ministerio Público, señalando que la decisión de agrupar diversas causas antes de su cierre provocó una “demora excesiva” y una “merma evidente en la calidad de las probanzas”. Según los magistrados, la extensión del proceso —que acumuló 559 audiencias y pruebas relativas a hechos ocurridos entre 2008 y 2015— afectó la memoria de testigos y peritos. La investigación fue encabezada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y contempló la presentación de más de 14 mil documentos, 651 testigos y 52 peritos. El Ministerio Público intentó demostrar delitos de cohecho, soborno y tributarios, acusando a Contesse de financiar campañas por más de $6.700 millones mediante boletas falsas, y a Longueira de recibir pagos para influir en la tramitación del royalty minero. Con este veredicto, se cierra uno de los procesos judiciales más extensos y emblemáticos en la historia política y judicial reciente de Chile, marcado por la caída de figuras históricas y un largo debate sobre los límites del financiamiento político empresarial.
