El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de una fiscalización realizada a los municipios que reciben ingresos por concepto de royalty minero, revelando que un 61% de ellos incumplió con la obligación de consignar en sus sitios de transparencia activa el uso de dichos recursos. El organismo revisó la gestión de los Fondos Puente —Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial— correspondientes a 2024 y parte de 2025, evaluando el nivel de rendición de cuentas y cumplimiento normativo. El análisis se enmarca en la Ley N°21.591, que obliga a las municipalidades a informar a la Subdere sobre el uso de estos fondos. Cabe señalar que, mientras la Ley de Presupuestos 2024 establecía la obligación de publicación en portales de transparencia, la Ley 2025 eliminó esta exigencia, dificultando el control ciudadano. Los hallazgos fueron contundentes: de las 307 comunas beneficiarias, 187 no cumplieron plenamente con la normativa. Las faltas detectadas incluyen no habilitar el subítem específico de royalty, subir reportes incompletos o publicar la información en secciones erróneas. Además, de las 38 comunas que no recibieron fondos y debían informar esa condición, un 24% tampoco lo hizo. En términos de ejecución, el CPLT constató que el 97% de los municipios reportó gastos con cargo a estos recursos : un 37% se destinó a iniciativas de inversión, 23% a bienes y servicios, 18% a transferencias corrientes, 12% a activos no financieros y 8% a personal. Entre los principales receptores se encuentran Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. Destacan gastos como la transferencia de $1.670 millones de Maipú a la CODEDUC, $1.332 millones de La Pintana para recarpeteo de calles y $732 millones de La Granja en aseo domiciliario. Para 2025, pese a la eliminación de la obligación de publicación, el CPLT revisó los portales de los 20 municipios que más recursos reciben, constatando que solo un 20% entrega información voluntaria sobre la ejecución de los fondos. La presidenta del CPLT, Natalia González, recalcó la importancia de la rendición de cuentas: “Se trata de cuantiosas sumas de dinero público cuyo destino debe ser conocido por la ciudadanía. Los resultados evidencian que aún existen brechas importantes de transparencia en los gobiernos locales, y nuestro compromiso es trabajar para acortarlas con todas las herramientas que la ley otorga”.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de una fiscalización realizada a los municipios que reciben ingresos por concepto de royalty minero, revelando que un 61% de ellos incumplió con la obligación de consignar en sus sitios de transparencia activa el uso de dichos recursos. El organismo revisó la gestión de los Fondos Puente —Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial— correspondientes a 2024 y parte de 2025, evaluando el nivel de rendición de cuentas y cumplimiento normativo. El análisis se enmarca en la Ley N°21.591, que obliga a las municipalidades a informar a la Subdere sobre el uso de estos fondos. Cabe señalar que, mientras la Ley de Presupuestos 2024 establecía la obligación de publicación en portales de transparencia, la Ley 2025 eliminó esta exigencia, dificultando el control ciudadano. Los hallazgos fueron contundentes: de las 307 comunas beneficiarias, 187 no cumplieron plenamente con la normativa. Las faltas detectadas incluyen no habilitar el subítem específico de royalty, subir reportes incompletos o publicar la información en secciones erróneas. Además, de las 38 comunas que no recibieron fondos y debían informar esa condición, un 24% tampoco lo hizo. En términos de ejecución, el CPLT constató que el 97% de los municipios reportó gastos con cargo a estos recursos : un 37% se destinó a iniciativas de inversión, 23% a bienes y servicios, 18% a transferencias corrientes, 12% a activos no financieros y 8% a personal. Entre los principales receptores se encuentran Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. Destacan gastos como la transferencia de $1.670 millones de Maipú a la CODEDUC, $1.332 millones de La Pintana para recarpeteo de calles y $732 millones de La Granja en aseo domiciliario. Para 2025, pese a la eliminación de la obligación de publicación, el CPLT revisó los portales de los 20 municipios que más recursos reciben, constatando que solo un 20% entrega información voluntaria sobre la ejecución de los fondos. La presidenta del CPLT, Natalia González, recalcó la importancia de la rendición de cuentas: “Se trata de cuantiosas sumas de dinero público cuyo destino debe ser conocido por la ciudadanía. Los resultados evidencian que aún existen brechas importantes de transparencia en los gobiernos locales, y nuestro compromiso es trabajar para acortarlas con todas las herramientas que la ley otorga”.
