Cinco sujetos, dos ciudadano chilenos y cinco ciudadanos bolivianos (dos de ellos con rut chileno), fueron detenidos por el robo de camionetas a una empresa de arriendo de vehículos en Antofagasta las cuales, presumiblemente, iban a ser trasladadas fuera del país, según estima una investigación de la Fiscalía de Calama y el SEBV de Carabineros. Según fue expuesto en la audiencia, integrantes de esta organización simularon ser representantes de una empresa de la región y celebraron un contrato de arrendamiento con un rent a car de Antofagasta por un total de cinco vehículos, los que finalmente retiraron con documentación falsa y trasladaron a la ciudad Calama. A raíz de una denuncia realizada por la empresa afectada, la Fiscalía y el SEBV de Carabineros iniciaron diligencias, las que permitieron ubicar una de las camionetas abandonada en el sector de Chiu Chiu, y posteriormente las restantes cuatro en un sitio ubicado a las afueras de Calama. En ese lugar se produjo la detención de los siete imputados justo cuando que se distribuían las llaves los vehículos para trasladarnos a otro destino. De acuerdo a lo señalado por el Fiscal Jefe de Calama, Eduardo Peña Martínez, quien dirige la investigación, al momento de la detención, los individuos contaban con ropa y pertrechos suficientes para un viaje extenso, lo que hace presumir que el objetivo era sacar las camionetas del país. En este escenario, seis de los detenidos fueron formalizados por el delito de receptación, pero además a dos de ellos, de nacionalidad chilena, se les imputó el delito de falsificación de instrumento público y apropiación indebida. El séptimo detenido quedó con su detención ampliada y será formalizado mañana por la Fiscalía de Calama. Finalmente, por petición del Ministerio Público, los detenidos ya formalizados quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y se dispuso un plazo de investigación de 100 días.
Un adulto y un adolescente fueron condenados a penas de 6 años de presidio, y 3 años y 1 día de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social; por su participación en un robo perpetrado el 20 de febrero de 2025, en un local de alcoholes ubicado en calle Poupin de Antofagasta. Según expuso Fiscalía de Antofagasta en el juicio, en compañía de otros sujetos que aún no son identificados, los acusados ingresaron al establecimiento, portando un arma al parecer de fuego y cuchillos, con los cuales intimidaron al dueño del local, a quien ataron de pies y manos. Tras ello, los sujetos sustrajeron especies y licores avaluados en un millón de pesos, para luego retirarse del lugar, no sin antes uno de ellos agredir a la víctima con un cuchillo, pero sin causarle lesiones. Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó prueba testimonial consistente en el relato de la víctima y de funcionarios policiales, como también filmaciones donde se aprecia el violento actuar de los acusados. En este escenario, tras ponderar la prueba rendida, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó al adulto, a la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de robo con violencia e intimidación, mientras que al adolescente le impuso de la pena de 3 años y 1 día de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, por el robo perpetrado en la licorería, y otros tres donde tuvo participación las semanas siguientes. Ahora, los sujetos disponen de un plazo para recurrir en contra de la sentencia del tribunal.
En las últimas horas, en un trabajo coordinado entre Carabineros y la Fiscalía Regional de Antofagasta, se concretó la recuperación de 1.068 kilos de marihuana y 649 kilos de hoja de coca, decomisados en dos procedimientos que fueron realizados en distintas rutas de región. El primer operativo se llevó a cabo en la Ruta 5, a la altura de Taltal, donde carabineros del Retén Alemania detectó que una organización criminal intentaba transportar una gran cantidad de sacos de marihuana al interior de dos furgones, los que a su vez iban a ser cargados en un camión cigüeña. El procedimiento resultó con la detención de seis personas: Un chileno de 54 años, dos venezolanos de 20 y 24 años, y tres colombianos de 31 y 39 años. Los sujetos serán formalizados este sábado por la Fiscalía de Taltal, por el delito de tráfico de drogas. En tanto, con pocas horas de diferencia se realizó un segundo operativo, cuando funcionarios policiales de Calama fiscaliza y detiene a un conductor boliviano de 32 años, quien transportaba en un furgón 649 kilos de hoja de coca. El sujeto fue formalizado por la Fiscalía de Calama por el delito de tráfico de drogas y quedó en prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, con un plazo de investigación de 120 días.
Este lunes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia dictada en diciembre de 2025, en contra de una organización criminal colombiana liderada por un imputado apodado Satanás o Zeus, que se había asentado al interior del campamento Génesis II de la capital regional. Esto, porque luego de examinar los recursos de las defensas, el tribunal de alzada sostuvo que la sentencia recurrida estaba correctamente fundamentada, pues analizó de manera completa y lógica la abundante prueba rendida por la Fiscalía, sin infringir las reglas del debido proceso u omitir evidencia relevante. En este escenario, el fallo, que estableció penas totales de 184 años para los diez integrantes de dicha estructura y que había sido objeto de diversos recursos de nulidad por parte de las defensas de los condenados, se mantiene firme en todas sus partes. Además, los magistrados desestimaron los reclamos acerca de supuestos errores de derecho o la no aplicación de atenuantes en favor de los condenados, concluyendo, en consecuencia, que no se acreditó ninguno de los vicios denunciados por las defensas. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que el fallo de la Corte de Apelaciones reconoce la solidez del trabajo investigativo realizado por la Fiscalía, y que permitió, en un fallo histórico, condenar a Zeus a 77 años de cárcel, y el resto de la organización a penas individuales que oscilan entre 10 y 18 años, por delitos como asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios, lesiones, amenazas e infracciones a la ley de control de armas. El persecutor destacó especialmente el hecho que la Corte haya confirmado la condena por la figura de la asociación criminal. “El tribunal de alzada enfatizó que la prueba rendida permitió establecer un proyecto delictivo común, sostenido en el tiempo, con liderazgo definido y subordinación funcional de sus integrantes, lo que satisface plenamente los elementos del tipo penal de asociación criminal, que es lo que sostuvo siempre el Ministerio Público en este caso, atendidas las características de la organización”, indicó. La investigación Según se expuso durante el juicio oral, la organización estaba dedicada principalmente al tráfico ilícito de drogas, manteniendo puntos de venta estables y una estructura con funciones claramente distribuidas entre sus integrantes, quienes cumplían labores de abastecimiento, dosificación, comercialización, custodia armada y recaudación de dinero. Además, el grupo ejercía un control territorial violento al interior del campamento Génesis II, utilizando armas de fuego, amenazas y hechos de extrema violencia para intimidar a vecinos, desplazar a personas de sus viviendas y asegurar el dominio de los puntos de venta. En la cúspide del grupo estaba, Javier Valencia González, de 40 años, alias Zeus o Satanás, un delincuente de origen colombiano que llegó a Chile huyendo de la justicia de su país, donde enfrenta una condena de 33 años de cárcel que hoy lo mantiene con un pedido de extradición activo. Zeus o Satanás fue detenido por Carabineros en mayo de 2024 y pocas semanas más tarde el resto de la banda fue capturada durante una masiva operación de la PDI al interior del campamento Génesis II.
Este jueves, el exfiscal adjunto de Antofagasta, Eduardo Ríos, lanzó duras acusaciones contra la Fiscalía Regional de Antofagasta, luego de que este miércoles presentara su renuncia al Ministerio Público a través de una carta dirigida al Fiscal Nacional. En diálogo con el programa Mesa Central de Tele13 Radio, el ex persecutor entregó las razones de su salida voluntaria del organismo, apuntando directamente contra el fiscal regional, Juan Castro Bekios, a quien acusa de hostigamiento y espionaje hacia sus funciones. Representaban un patrón de persecución, aislamiento, hostigamiento en mi contra, que aún desconozco los motivos. Situaciones tan claras como espionaje clandestino en mi actividad laboral, aislamiento en tomas de decisiones, cuestionamiento a mis decisiones, control poco transparente, instrucciones contradictorias y un silencio jerárquico, inició. Tras ello, Ríos explicó que su comunicación con el fiscal terminó repentinamente, pero luego se enteró de informes sobre las causas que él lideraba realizados sin su conocimiento, mientras que interacciones internas de su equipo también eran informadas, por lo que acusa espionaje clandestino. Yo tenía una muy buena relación con él, lo conozco hace muchos años, de un día para el otro dejó de comunicarse conmigo y todas sus comunicaciones eran por terceras personas. Y respecto al espionaje señaló que: Me empecé a dar cuenta que muchas cosas que hablaba con mi equipo eran vertidas en correos que se remetían de forma interna institucionalmente, hasta que me fui dando cuenta que se le había pedido a otra persona que emitiera informes a mis espaldas. Esto que se estaba realizando, en mi opinión espionaje clandestino, no solo me imagino era respecto de mí, sino que era de mi equipo. Todo lo que yo realizaba se informaba a mis espaldas. En este escenario, la renuncia del fiscal Eduardo Ríos se hará efectiva a contar del próximo 20 de marzo. En tanto, el persecutor se mantiene con licencia médica desde diciembre de 2025.
Cinco sujetos, dos ciudadano chilenos y cinco ciudadanos bolivianos (dos de ellos con rut chileno), fueron detenidos por el robo de camionetas a una empresa de arriendo de vehículos en Antofagasta las cuales, presumiblemente, iban a ser trasladadas fuera del país, según estima una investigación de la Fiscalía de Calama y el SEBV de Carabineros. Según fue expuesto en la audiencia, integrantes de esta organización simularon ser representantes de una empresa de la región y celebraron un contrato de arrendamiento con un rent a car de Antofagasta por un total de cinco vehículos, los que finalmente retiraron con documentación falsa y trasladaron a la ciudad Calama. A raíz de una denuncia realizada por la empresa afectada, la Fiscalía y el SEBV de Carabineros iniciaron diligencias, las que permitieron ubicar una de las camionetas abandonada en el sector de Chiu Chiu, y posteriormente las restantes cuatro en un sitio ubicado a las afueras de Calama. En ese lugar se produjo la detención de los siete imputados justo cuando que se distribuían las llaves los vehículos para trasladarnos a otro destino. De acuerdo a lo señalado por el Fiscal Jefe de Calama, Eduardo Peña Martínez, quien dirige la investigación, al momento de la detención, los individuos contaban con ropa y pertrechos suficientes para un viaje extenso, lo que hace presumir que el objetivo era sacar las camionetas del país. En este escenario, seis de los detenidos fueron formalizados por el delito de receptación, pero además a dos de ellos, de nacionalidad chilena, se les imputó el delito de falsificación de instrumento público y apropiación indebida. El séptimo detenido quedó con su detención ampliada y será formalizado mañana por la Fiscalía de Calama. Finalmente, por petición del Ministerio Público, los detenidos ya formalizados quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y se dispuso un plazo de investigación de 100 días.
Un adulto y un adolescente fueron condenados a penas de 6 años de presidio, y 3 años y 1 día de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social; por su participación en un robo perpetrado el 20 de febrero de 2025, en un local de alcoholes ubicado en calle Poupin de Antofagasta. Según expuso Fiscalía de Antofagasta en el juicio, en compañía de otros sujetos que aún no son identificados, los acusados ingresaron al establecimiento, portando un arma al parecer de fuego y cuchillos, con los cuales intimidaron al dueño del local, a quien ataron de pies y manos. Tras ello, los sujetos sustrajeron especies y licores avaluados en un millón de pesos, para luego retirarse del lugar, no sin antes uno de ellos agredir a la víctima con un cuchillo, pero sin causarle lesiones. Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó prueba testimonial consistente en el relato de la víctima y de funcionarios policiales, como también filmaciones donde se aprecia el violento actuar de los acusados. En este escenario, tras ponderar la prueba rendida, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó al adulto, a la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de robo con violencia e intimidación, mientras que al adolescente le impuso de la pena de 3 años y 1 día de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, por el robo perpetrado en la licorería, y otros tres donde tuvo participación las semanas siguientes. Ahora, los sujetos disponen de un plazo para recurrir en contra de la sentencia del tribunal.
En las últimas horas, en un trabajo coordinado entre Carabineros y la Fiscalía Regional de Antofagasta, se concretó la recuperación de 1.068 kilos de marihuana y 649 kilos de hoja de coca, decomisados en dos procedimientos que fueron realizados en distintas rutas de región. El primer operativo se llevó a cabo en la Ruta 5, a la altura de Taltal, donde carabineros del Retén Alemania detectó que una organización criminal intentaba transportar una gran cantidad de sacos de marihuana al interior de dos furgones, los que a su vez iban a ser cargados en un camión cigüeña. El procedimiento resultó con la detención de seis personas: Un chileno de 54 años, dos venezolanos de 20 y 24 años, y tres colombianos de 31 y 39 años. Los sujetos serán formalizados este sábado por la Fiscalía de Taltal, por el delito de tráfico de drogas. En tanto, con pocas horas de diferencia se realizó un segundo operativo, cuando funcionarios policiales de Calama fiscaliza y detiene a un conductor boliviano de 32 años, quien transportaba en un furgón 649 kilos de hoja de coca. El sujeto fue formalizado por la Fiscalía de Calama por el delito de tráfico de drogas y quedó en prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, con un plazo de investigación de 120 días.
Este lunes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia dictada en diciembre de 2025, en contra de una organización criminal colombiana liderada por un imputado apodado Satanás o Zeus, que se había asentado al interior del campamento Génesis II de la capital regional. Esto, porque luego de examinar los recursos de las defensas, el tribunal de alzada sostuvo que la sentencia recurrida estaba correctamente fundamentada, pues analizó de manera completa y lógica la abundante prueba rendida por la Fiscalía, sin infringir las reglas del debido proceso u omitir evidencia relevante. En este escenario, el fallo, que estableció penas totales de 184 años para los diez integrantes de dicha estructura y que había sido objeto de diversos recursos de nulidad por parte de las defensas de los condenados, se mantiene firme en todas sus partes. Además, los magistrados desestimaron los reclamos acerca de supuestos errores de derecho o la no aplicación de atenuantes en favor de los condenados, concluyendo, en consecuencia, que no se acreditó ninguno de los vicios denunciados por las defensas. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que el fallo de la Corte de Apelaciones reconoce la solidez del trabajo investigativo realizado por la Fiscalía, y que permitió, en un fallo histórico, condenar a Zeus a 77 años de cárcel, y el resto de la organización a penas individuales que oscilan entre 10 y 18 años, por delitos como asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios, lesiones, amenazas e infracciones a la ley de control de armas. El persecutor destacó especialmente el hecho que la Corte haya confirmado la condena por la figura de la asociación criminal. “El tribunal de alzada enfatizó que la prueba rendida permitió establecer un proyecto delictivo común, sostenido en el tiempo, con liderazgo definido y subordinación funcional de sus integrantes, lo que satisface plenamente los elementos del tipo penal de asociación criminal, que es lo que sostuvo siempre el Ministerio Público en este caso, atendidas las características de la organización”, indicó. La investigación Según se expuso durante el juicio oral, la organización estaba dedicada principalmente al tráfico ilícito de drogas, manteniendo puntos de venta estables y una estructura con funciones claramente distribuidas entre sus integrantes, quienes cumplían labores de abastecimiento, dosificación, comercialización, custodia armada y recaudación de dinero. Además, el grupo ejercía un control territorial violento al interior del campamento Génesis II, utilizando armas de fuego, amenazas y hechos de extrema violencia para intimidar a vecinos, desplazar a personas de sus viviendas y asegurar el dominio de los puntos de venta. En la cúspide del grupo estaba, Javier Valencia González, de 40 años, alias Zeus o Satanás, un delincuente de origen colombiano que llegó a Chile huyendo de la justicia de su país, donde enfrenta una condena de 33 años de cárcel que hoy lo mantiene con un pedido de extradición activo. Zeus o Satanás fue detenido por Carabineros en mayo de 2024 y pocas semanas más tarde el resto de la banda fue capturada durante una masiva operación de la PDI al interior del campamento Génesis II.
Este jueves, el exfiscal adjunto de Antofagasta, Eduardo Ríos, lanzó duras acusaciones contra la Fiscalía Regional de Antofagasta, luego de que este miércoles presentara su renuncia al Ministerio Público a través de una carta dirigida al Fiscal Nacional. En diálogo con el programa Mesa Central de Tele13 Radio, el ex persecutor entregó las razones de su salida voluntaria del organismo, apuntando directamente contra el fiscal regional, Juan Castro Bekios, a quien acusa de hostigamiento y espionaje hacia sus funciones. Representaban un patrón de persecución, aislamiento, hostigamiento en mi contra, que aún desconozco los motivos. Situaciones tan claras como espionaje clandestino en mi actividad laboral, aislamiento en tomas de decisiones, cuestionamiento a mis decisiones, control poco transparente, instrucciones contradictorias y un silencio jerárquico, inició. Tras ello, Ríos explicó que su comunicación con el fiscal terminó repentinamente, pero luego se enteró de informes sobre las causas que él lideraba realizados sin su conocimiento, mientras que interacciones internas de su equipo también eran informadas, por lo que acusa espionaje clandestino. Yo tenía una muy buena relación con él, lo conozco hace muchos años, de un día para el otro dejó de comunicarse conmigo y todas sus comunicaciones eran por terceras personas. Y respecto al espionaje señaló que: Me empecé a dar cuenta que muchas cosas que hablaba con mi equipo eran vertidas en correos que se remetían de forma interna institucionalmente, hasta que me fui dando cuenta que se le había pedido a otra persona que emitiera informes a mis espaldas. Esto que se estaba realizando, en mi opinión espionaje clandestino, no solo me imagino era respecto de mí, sino que era de mi equipo. Todo lo que yo realizaba se informaba a mis espaldas. En este escenario, la renuncia del fiscal Eduardo Ríos se hará efectiva a contar del próximo 20 de marzo. En tanto, el persecutor se mantiene con licencia médica desde diciembre de 2025.
