Para contextualizar, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras actualmente se encuentra en prisión preventiva y ha sido formalizado en dos ocasiones por tratos suscritos con las ONG Democracia Viva y TomArte en Antofagasta. Ante esto, la Fiscalía Regional de Antofagasta sumó una nueva imputación contra el exseremi por el caso denominado líos de plata, en el que el Ministerio Público investiga millonarios convenios entre fundaciones y reparticiones públicas. Asimismo, el fiscal Cristian Aguilar encausó a Contreras por un nuevo hecho que según La Tercera, implica la firma de contratos con la Fundación Movimiento Fibra. Dado lo anterior, el fiscal Aguilar señaló quevengo en solicitar se cite a audiencia a los intervinientes a fin de proceder a formalizar la presente investigación en contra del imputado Carlos Contreras Gutierrez, domiciliado en el Centro Penitenciario CPP ubicado en sector nudo Uribe, kilómetro 12, Antofagasta, por su participación como autor de tres delitos consumados de fraude al fisco , previsto y sancionado en el artículo 239 inciso 3 del Código Penal, perpetrado en esta ciudad el año 2022. Por Consiguiente, la jueza María José Saavedra acogió la petición y fijó una audiencia para el próximo 3 de septiembre a las 9:30 horas. Finalmente, el Ministerio Público investiga tres convenios entre el exseremi y la fundación, por un monto total de $430 millones de pesos que servirían para intervenciones en los campamentos Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre II.
Fiscalía formalizó a seis sujetos de nacionalidad chilena y boliviana por el delito de contrabando aduanero y asociación criminal. Además, uno de ellos fue formalizado por el delito de cohecho. Para detallar, los imputados ingresaron 1.253.000 cajetillas de cigarrillos avaluadas en $2.768 millones, al interior de dos camiones de alto tonelaje por un paso no habilitado. Asimismo, según información de personal policial, uno de los sujetos ofreció $2 millones de pesos a cambio de continuar el viaje. Ahora bien, en la audiencia de formalización, se conoció que los imputados movilizaban la carga precedidos por un furgón con cuatro ocupantes en su interior cumpliendo funciones de vigilancia. Dicho vehículo fue el primero en ser fiscalizado por Carabineros en el kilómetro 7 de la Ruta 23, cerca de Hito Cajón. Así también, se incautaron radiotransmisores, celulares y $8.470.070 pesos en dinero en efectivo, entre otros elementos. Cabe mencionar que, los sujetos habían creado un grupo de WhatsApp para coordinar la entrada y traslado de la mercadería, que tenía como destino final la zona central del país. Por consiguiente, los detenidos tras ser formalizados quedaron en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. Se dispuso un plazo de 120 días de investigación. Finalmente, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios detalló quelas ganancias que se obtienen de este tipo de delitos son muy importantes y dan cuenta de un nivel de organización y preparación propia de las estructuras criminales más complejas, las cuales no sólo cometen este delito, sino que podrían estar vinculadas a otros delitos incluso de mayor gravedad. Por eso, como Fiscalía vamos a recurrir a todas las herramientas que nos provee la ley para lograr las medidas cautelares más severas y finalmente las condenas más altas para quienes participen de este delito, sea como autores, cómplices o encubridores.
El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, dispuso de oficio una investigación para verificar si existían hechos que pudieran revestir el delito. Ante esto, las investigaciones estarán a cargo de los fiscales jefes de Antofagasta y Calama, Cristian Aguilar Aranela y Eduardo Peña Martínez quienes trabajarán en conjunto con equipos de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC). Para contextualizar, los medios de comunicación han revelado información sobre un extraordinario incremento en el padrón electoral en las comunas de Sierra Gorda y Ollagüe. Cabe mencionar que, la Ley 18.700 Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios establece en su artículo 150 que, en cualquier elección popular, primaria o definitiva, solicitare votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de 10 a 50 Unidades Tributarias Mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos. Finalmente, la Ley 18.556 “Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral”, en su artículo 54, N° 2, sanciona con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de diez a cien Unidades Tributarias Mensuales, al que al declarar o actualizar domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, proporcione datos falsos o un domicilio electoral diferente de los permitidos en el artículo 10 de la misma norma.
Para contextualizar, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras actualmente se encuentra en prisión preventiva y ha sido formalizado en dos ocasiones por tratos suscritos con las ONG Democracia Viva y TomArte en Antofagasta. Ante esto, la Fiscalía Regional de Antofagasta sumó una nueva imputación contra el exseremi por el caso denominado líos de plata, en el que el Ministerio Público investiga millonarios convenios entre fundaciones y reparticiones públicas. Asimismo, el fiscal Cristian Aguilar encausó a Contreras por un nuevo hecho que según La Tercera, implica la firma de contratos con la Fundación Movimiento Fibra. Dado lo anterior, el fiscal Aguilar señaló quevengo en solicitar se cite a audiencia a los intervinientes a fin de proceder a formalizar la presente investigación en contra del imputado Carlos Contreras Gutierrez, domiciliado en el Centro Penitenciario CPP ubicado en sector nudo Uribe, kilómetro 12, Antofagasta, por su participación como autor de tres delitos consumados de fraude al fisco , previsto y sancionado en el artículo 239 inciso 3 del Código Penal, perpetrado en esta ciudad el año 2022. Por Consiguiente, la jueza María José Saavedra acogió la petición y fijó una audiencia para el próximo 3 de septiembre a las 9:30 horas. Finalmente, el Ministerio Público investiga tres convenios entre el exseremi y la fundación, por un monto total de $430 millones de pesos que servirían para intervenciones en los campamentos Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre II.
Fiscalía formalizó a seis sujetos de nacionalidad chilena y boliviana por el delito de contrabando aduanero y asociación criminal. Además, uno de ellos fue formalizado por el delito de cohecho. Para detallar, los imputados ingresaron 1.253.000 cajetillas de cigarrillos avaluadas en $2.768 millones, al interior de dos camiones de alto tonelaje por un paso no habilitado. Asimismo, según información de personal policial, uno de los sujetos ofreció $2 millones de pesos a cambio de continuar el viaje. Ahora bien, en la audiencia de formalización, se conoció que los imputados movilizaban la carga precedidos por un furgón con cuatro ocupantes en su interior cumpliendo funciones de vigilancia. Dicho vehículo fue el primero en ser fiscalizado por Carabineros en el kilómetro 7 de la Ruta 23, cerca de Hito Cajón. Así también, se incautaron radiotransmisores, celulares y $8.470.070 pesos en dinero en efectivo, entre otros elementos. Cabe mencionar que, los sujetos habían creado un grupo de WhatsApp para coordinar la entrada y traslado de la mercadería, que tenía como destino final la zona central del país. Por consiguiente, los detenidos tras ser formalizados quedaron en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. Se dispuso un plazo de 120 días de investigación. Finalmente, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios detalló quelas ganancias que se obtienen de este tipo de delitos son muy importantes y dan cuenta de un nivel de organización y preparación propia de las estructuras criminales más complejas, las cuales no sólo cometen este delito, sino que podrían estar vinculadas a otros delitos incluso de mayor gravedad. Por eso, como Fiscalía vamos a recurrir a todas las herramientas que nos provee la ley para lograr las medidas cautelares más severas y finalmente las condenas más altas para quienes participen de este delito, sea como autores, cómplices o encubridores.
El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, dispuso de oficio una investigación para verificar si existían hechos que pudieran revestir el delito. Ante esto, las investigaciones estarán a cargo de los fiscales jefes de Antofagasta y Calama, Cristian Aguilar Aranela y Eduardo Peña Martínez quienes trabajarán en conjunto con equipos de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC). Para contextualizar, los medios de comunicación han revelado información sobre un extraordinario incremento en el padrón electoral en las comunas de Sierra Gorda y Ollagüe. Cabe mencionar que, la Ley 18.700 Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios establece en su artículo 150 que, en cualquier elección popular, primaria o definitiva, solicitare votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de 10 a 50 Unidades Tributarias Mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos. Finalmente, la Ley 18.556 “Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral”, en su artículo 54, N° 2, sanciona con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de diez a cien Unidades Tributarias Mensuales, al que al declarar o actualizar domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, proporcione datos falsos o un domicilio electoral diferente de los permitidos en el artículo 10 de la misma norma.
