El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió un recurso de reposición presentado por el Ministerio Público y fijó para el próximo 29 de septiembre la audiencia de preparación de juicio oral contra seis de los siete imputados en las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del denominado Caso Convenios. La excepción es Daniel Andrade Schwarze, respecto de quien se mantiene la reapertura de la investigación por 45 días, autorizada para la realización de diligencias específicas. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró la resolución, indicando que la solicitud de reapertura fue presentada solo por una defensa sin adhesiones, por lo que no correspondía aplicarla de forma general. Con esta decisión, el proceso penal continuará con la audiencia del 29 de septiembre, que se desarrollará contra la mayoría de los imputados, avanzando así en la preparación del juicio oral.
A inicios de esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva estructura del Ministerio Público orientada al combate del crimen organizado y delitos de alta complejidad. La norma busca hacer frente al avance de bandas internacionales que han extendido su influencia por todo el país. Se espera que entre en vigencia a fines de este año o comienzos de 2026. El titular de esta unidad será designado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a partir de una terna propuesta por la Corte Suprema. Tendrá competencia nacional, lo que le permitirá intervenir en causas que exceden las fronteras regionales. Se trata de una figura inédita, con gran poder y visibilidad, bautizada por algunos como el “zar antidelincuencia”, por su rol clave en el nuevo diseño de persecución penal. Valencia celebró la aprobación como “la modernización más grande del Ministerio Público desde la Reforma Procesal Penal”, destacando que se trata de una señal de unidad frente a una amenaza común al Estado de derecho y la democracia. La iniciativa fue impulsada por senadores de Renovación Nacional, con apoyo del Gobierno, que incorporó propuestas de administraciones anteriores, como las de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, logrando un respaldo transversal. Los candidatos Según una nota de El Mostrador, ya circulan cinco nombres como posibles jefes de esta fiscalía: Juan Castro Bekios: fiscal regional de Antofagasta, apodado “zar antidrogas”. En menos de dos años ha incautado más de 40 toneladas de drogas y ha liderado causas emblemáticas, incluyendo el mayor decomiso de fentanilo en Chile. Ha advertido sobre los riesgos del Corredor Bioceánico y cómo el crimen organizado opera como una empresa, usando criptomonedas, fachadas y redes de sicariato. Héctor Barros: fiscal metropolitano y líder del equipo ECOH. Con más de 20 años en el Ministerio Público, ha investigado los casos más relevantes ligados al Tren de Aragua y al crimen transnacional. Encabezó la indagatoria por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, vinculando directamente al régimen de Nicolás Maduro. Mario Carrera: fiscal regional de Arica y Parinacota, quien llevó adelante el juicio contra Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, obteniendo penas de presidio perpetuo para sus líderes. Carmen Gloria Wittwer: fiscal de Los Lagos, quien ha desbaratado bandas delictuales y encabezó investigaciones por corrupción. Roberto Garrido: fiscal de La Araucanía, conocido por su trabajo en causas asociadas al conflicto mapuche y su rol en el juicio contra Héctor Llaitul. La elección será una de las más relevantes del Ministerio Público en años. Con candidaturas altamente competitivas, la decisión final recaerá en el Fiscal Nacional a fin de año. El futuro jefe supraterritorial no solo deberá enfrentar a las mafias más peligrosas del país, sino también demostrar que el Estado puede recuperar el control en zonas tomadas por el crimen.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que se presentará un recurso ante la Corte Suprema para impugnar la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus, en el marco de la investigación del caso ProCultura. La decisión fue tomada tras una reunión de coordinación en la Fiscalía Nacional, donde participaron diversos actores clave, incluyendo el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, recientemente apartado de la investigación. Castro Bekios explicó que el encuentro tuvo como propósito principal coordinar el traspaso formal de la causa desde la Fiscalía de Coquimbo a la Fiscalía de Antofagasta, instancia que ahora liderará la indagatoria por instrucción de la Fiscalía Nacional. “Como Fiscalía Regional de Antofagasta, hemos resuelto recurrir ante la excelentísima Corte Suprema de Chile respecto de la resolución del tribunal de alzada”, declaró Castro, subrayando que el recurso busca establecer claridad jurídica sobre el procedimiento investigativo y defender la legalidad de las diligencias ejecutadas. Durante la cita se abordaron temas técnicos y logísticos para asegurar una transferencia expedita y eficiente de todos los antecedentes y evidencias relacionadas con la causa, dada su complejidad y relevancia pública. En la reunión estuvieron presentes los fiscales Ricardo Soto (Coquimbo) y Eduardo Ríos (Antofagasta), además del jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, y otros asesores jurídicos y expertos financieros del Ministerio Público. También participaron altos mandos de la Policía de Investigaciones, como el prefecto inspector Mauricio Jorquera (Crimen Organizado), el prefecto inspector Marcelo Romero (Delitos Económicos), el subprefecto José Henríquez (Brigada Anticorrupción) y el comisario Edson Figueroa, quien lidera el equipo policial del caso ProCultura. Castro Bekios cerró su intervención señalando que el traspaso de la investigación se está realizando con el mayor profesionalismo posible, con el fin de garantizar que las diligencias continúen desarrollándose con rigurosidad, independencia y dentro del marco legal, dado el alto interés público que ha generado esta causa.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió un recurso de reposición presentado por el Ministerio Público y fijó para el próximo 29 de septiembre la audiencia de preparación de juicio oral contra seis de los siete imputados en las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del denominado Caso Convenios. La excepción es Daniel Andrade Schwarze, respecto de quien se mantiene la reapertura de la investigación por 45 días, autorizada para la realización de diligencias específicas. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró la resolución, indicando que la solicitud de reapertura fue presentada solo por una defensa sin adhesiones, por lo que no correspondía aplicarla de forma general. Con esta decisión, el proceso penal continuará con la audiencia del 29 de septiembre, que se desarrollará contra la mayoría de los imputados, avanzando así en la preparación del juicio oral.
A inicios de esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva estructura del Ministerio Público orientada al combate del crimen organizado y delitos de alta complejidad. La norma busca hacer frente al avance de bandas internacionales que han extendido su influencia por todo el país. Se espera que entre en vigencia a fines de este año o comienzos de 2026. El titular de esta unidad será designado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a partir de una terna propuesta por la Corte Suprema. Tendrá competencia nacional, lo que le permitirá intervenir en causas que exceden las fronteras regionales. Se trata de una figura inédita, con gran poder y visibilidad, bautizada por algunos como el “zar antidelincuencia”, por su rol clave en el nuevo diseño de persecución penal. Valencia celebró la aprobación como “la modernización más grande del Ministerio Público desde la Reforma Procesal Penal”, destacando que se trata de una señal de unidad frente a una amenaza común al Estado de derecho y la democracia. La iniciativa fue impulsada por senadores de Renovación Nacional, con apoyo del Gobierno, que incorporó propuestas de administraciones anteriores, como las de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, logrando un respaldo transversal. Los candidatos Según una nota de El Mostrador, ya circulan cinco nombres como posibles jefes de esta fiscalía: Juan Castro Bekios: fiscal regional de Antofagasta, apodado “zar antidrogas”. En menos de dos años ha incautado más de 40 toneladas de drogas y ha liderado causas emblemáticas, incluyendo el mayor decomiso de fentanilo en Chile. Ha advertido sobre los riesgos del Corredor Bioceánico y cómo el crimen organizado opera como una empresa, usando criptomonedas, fachadas y redes de sicariato. Héctor Barros: fiscal metropolitano y líder del equipo ECOH. Con más de 20 años en el Ministerio Público, ha investigado los casos más relevantes ligados al Tren de Aragua y al crimen transnacional. Encabezó la indagatoria por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, vinculando directamente al régimen de Nicolás Maduro. Mario Carrera: fiscal regional de Arica y Parinacota, quien llevó adelante el juicio contra Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, obteniendo penas de presidio perpetuo para sus líderes. Carmen Gloria Wittwer: fiscal de Los Lagos, quien ha desbaratado bandas delictuales y encabezó investigaciones por corrupción. Roberto Garrido: fiscal de La Araucanía, conocido por su trabajo en causas asociadas al conflicto mapuche y su rol en el juicio contra Héctor Llaitul. La elección será una de las más relevantes del Ministerio Público en años. Con candidaturas altamente competitivas, la decisión final recaerá en el Fiscal Nacional a fin de año. El futuro jefe supraterritorial no solo deberá enfrentar a las mafias más peligrosas del país, sino también demostrar que el Estado puede recuperar el control en zonas tomadas por el crimen.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que se presentará un recurso ante la Corte Suprema para impugnar la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus, en el marco de la investigación del caso ProCultura. La decisión fue tomada tras una reunión de coordinación en la Fiscalía Nacional, donde participaron diversos actores clave, incluyendo el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, recientemente apartado de la investigación. Castro Bekios explicó que el encuentro tuvo como propósito principal coordinar el traspaso formal de la causa desde la Fiscalía de Coquimbo a la Fiscalía de Antofagasta, instancia que ahora liderará la indagatoria por instrucción de la Fiscalía Nacional. “Como Fiscalía Regional de Antofagasta, hemos resuelto recurrir ante la excelentísima Corte Suprema de Chile respecto de la resolución del tribunal de alzada”, declaró Castro, subrayando que el recurso busca establecer claridad jurídica sobre el procedimiento investigativo y defender la legalidad de las diligencias ejecutadas. Durante la cita se abordaron temas técnicos y logísticos para asegurar una transferencia expedita y eficiente de todos los antecedentes y evidencias relacionadas con la causa, dada su complejidad y relevancia pública. En la reunión estuvieron presentes los fiscales Ricardo Soto (Coquimbo) y Eduardo Ríos (Antofagasta), además del jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, y otros asesores jurídicos y expertos financieros del Ministerio Público. También participaron altos mandos de la Policía de Investigaciones, como el prefecto inspector Mauricio Jorquera (Crimen Organizado), el prefecto inspector Marcelo Romero (Delitos Económicos), el subprefecto José Henríquez (Brigada Anticorrupción) y el comisario Edson Figueroa, quien lidera el equipo policial del caso ProCultura. Castro Bekios cerró su intervención señalando que el traspaso de la investigación se está realizando con el mayor profesionalismo posible, con el fin de garantizar que las diligencias continúen desarrollándose con rigurosidad, independencia y dentro del marco legal, dado el alto interés público que ha generado esta causa.
