El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que se presentará un recurso ante la Corte Suprema para impugnar la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus, en el marco de la investigación del caso ProCultura. La decisión fue tomada tras una reunión de coordinación en la Fiscalía Nacional, donde participaron diversos actores clave, incluyendo el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, recientemente apartado de la investigación. Castro Bekios explicó que el encuentro tuvo como propósito principal coordinar el traspaso formal de la causa desde la Fiscalía de Coquimbo a la Fiscalía de Antofagasta, instancia que ahora liderará la indagatoria por instrucción de la Fiscalía Nacional. “Como Fiscalía Regional de Antofagasta, hemos resuelto recurrir ante la excelentísima Corte Suprema de Chile respecto de la resolución del tribunal de alzada”, declaró Castro, subrayando que el recurso busca establecer claridad jurídica sobre el procedimiento investigativo y defender la legalidad de las diligencias ejecutadas. Durante la cita se abordaron temas técnicos y logísticos para asegurar una transferencia expedita y eficiente de todos los antecedentes y evidencias relacionadas con la causa, dada su complejidad y relevancia pública. En la reunión estuvieron presentes los fiscales Ricardo Soto (Coquimbo) y Eduardo Ríos (Antofagasta), además del jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, y otros asesores jurídicos y expertos financieros del Ministerio Público. También participaron altos mandos de la Policía de Investigaciones, como el prefecto inspector Mauricio Jorquera (Crimen Organizado), el prefecto inspector Marcelo Romero (Delitos Económicos), el subprefecto José Henríquez (Brigada Anticorrupción) y el comisario Edson Figueroa, quien lidera el equipo policial del caso ProCultura. Castro Bekios cerró su intervención señalando que el traspaso de la investigación se está realizando con el mayor profesionalismo posible, con el fin de garantizar que las diligencias continúen desarrollándose con rigurosidad, independencia y dentro del marco legal, dado el alto interés público que ha generado esta causa.
Las incautaciones de drogas en la Región de Antofagasta mantienen su tendencia al alza en el inicio del segundo trimestre del año. Así lo demuestra un nuevo procedimiento de Carabineros y Fiscalía, el cual derivó en la incautación de 502 kilos de marihuana y casi 5 litros de ketamina en el sector fronterizo con Bolivia. Así, este viernes se informó que durante el procedimiento fueron detenidos un chileno y dos bolivianos, todos adultos, quienes serán formalizados en las próximas horas por la Fiscalía de Calama por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Al dar cuenta de este nuevo decomiso, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, explicó que el procedimiento se inició en un patrullaje fronterizo de Carabineros del Retén Tocorpuri, en un sector conocido como Volcán Apagado, donde se detecta un vehículo tipo furgón, el cual, al notar la presencia policial, intenta darse a la fuga, pero es alcanzado por la policía. Durante el registro del vehículo, el personal policial se percata que en su interior había 474 paquetes de marihuana, con un peso total de 502 kilos, además de 49 frascos de 100 ml. cada uno de Ketamina. En seguida se procede a la detención de su conductor, de nacionalidad chilena, y se disponen diligencias a la sección especializada de Carabineros, en este caso OS7 El Loa, tanto en la comuna de San Pedro de Atacama, como en Calama, lo que permite la detención de otras dos personas, de nacionalidad boliviana, precisó el persecutor. Con este procedimiento la región confirma el fuerte alza que están registrando las incautaciones de droga, que sólo esta semana suman más de 700 kilos, mientras que en lo que va del año ya se acumulan 5,7 toneladas.
La Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja de Antofagasta presentó ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, una acusación en contra del ciudadano iraní Ali Bagheri por los delitos de receptación, falsificación de sello de Estado y usurpación de nombre, por el uso de una visa consular y pasaporte falsificados, en abril de 2023, en el aeropuerto de Santiago. Por estos hechos, el Ministerio Público está requiriendo para el imputado penas de 5 años de presidio menor en su grado máximo, 15 años de presidio mayor en su grado medio y 540 días de presidio menor en su grado mínimo, respectivamente, más accesorias y multa. Según indica el documento del ente persecutor, el sujeto intentó abordar un vuelo de la aerolínea British Airways, con destino a Londres, haciendo uso de pasaportes del Reino Unido falsificados, los cuales les fueron entregados previamente por un tercer sujeto, quien, concertado con ellos, dejó los documentos en el basurero de un baño, a cambio de US$25.000. Los señalados pasaportes tenían las identidades de dos ciudadanos británicos y estaban bloqueados por robo o extravío desde el año 2022. Por último, cabe precisar que, en julio del año pasado, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, asignó la investigación de este caso al Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien desde entonces dirige un equipo especial con el fin de aclarar los hechos investigados.
La mañana de este jueves, el tribunal de alzada dio a conocer los detalles del veredicto que concedió por unanimidad el desafuero de la diputada Catalina Pérez, en medio de su formalización por presunto fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Fue así, que el fiscal regional, Juan Castro Bekios, afirmó que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que concedió el desafuero de la parlamentaria deja conforme al Ministerio Público, puesto que reconoce que el ente persecutor ha presentado antecedentes serios, objetivos y suficientes para sustentar dicha solicitud. Existen antecedentes que justifican la existencia del delito y la participación en este caso de la persona desaforada. Esto es relevante porque descarta que haya habido aquí alguna imputación injustificada, arbitraria o de cualquier otra naturaleza, sostuvo el fiscal. Asimismo, agregó que la resolución de la Corte de Apelaciones es importante porque reconoce que los antecedentes que ha recabado el Ministerio Público y que presentó en detalle durante una extensa audiencia el pasado 10 de febrero, satisfacen plenamente el estándar de plausibilidad que se exige en esta etapa del procedimiento. El estándar para desaforar a un parlamentario se basa en la plausibilidad de la imputación penal, lo que implica que los antecedentes deben mostrar una probabilidad razonable de éxito en la persecución penal, sin requerir una prueba concluyente de la culpabilidad o no en esta etapa, y eso se ha cumplido con creces, precisó. Finalmente, Castro Bekios, tras conocer la sentencia, indicó que el Ministerio Público queda atento a una posible apelación por parte de la defensa de la parlamentaria, la cual debería concretarse en un plazo de cinco días.
Durante la Cuenta Pública 2024 de la Fiscalía Regional de Antofagasta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, advirtió sobre el peligro del crimen organizado en Chile, palabras que se dan a pocos días de la incautación de 844 kilos de metanfetaminas en O'Higgins y 1.880 kilos de marihuana en la frontera con Bolivia. Castro Bekios destacó que las organizaciones criminales han alcanzado un alto nivel de sofisticación, alimentándose principalmente del narcotráfico. Resaltó la cifra histórica de 20,2 toneladas de drogas incautadas en la región durante 2023, avaluadas en dos billones de pesos, el mayor registro desde la Reforma Procesal Penal. “El narcotráfico genera enormes ganancias que se traducen en corrupción, inseguridad y violencia. No podemos cerrar los ojos frente a esta amenaza”, señaló Castro Bekios. Además, subrayó el compromiso del Ministerio Público en combatir la corrupción, mencionando avances en el caso Convenios, con seis formalizados y diversas diligencias activas. Castro también destacó la mejora en los indicadores de gestión de las fiscalías locales, con un aumento de condenas y una disminución en archivos provisionales. Su discurso fue respaldado por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director de la PDI, Eduardo Cerna, quienes valoraron la colaboración entre las instituciones para fortalecer la seguridad en la región y el país.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que se presentará un recurso ante la Corte Suprema para impugnar la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus, en el marco de la investigación del caso ProCultura. La decisión fue tomada tras una reunión de coordinación en la Fiscalía Nacional, donde participaron diversos actores clave, incluyendo el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, recientemente apartado de la investigación. Castro Bekios explicó que el encuentro tuvo como propósito principal coordinar el traspaso formal de la causa desde la Fiscalía de Coquimbo a la Fiscalía de Antofagasta, instancia que ahora liderará la indagatoria por instrucción de la Fiscalía Nacional. “Como Fiscalía Regional de Antofagasta, hemos resuelto recurrir ante la excelentísima Corte Suprema de Chile respecto de la resolución del tribunal de alzada”, declaró Castro, subrayando que el recurso busca establecer claridad jurídica sobre el procedimiento investigativo y defender la legalidad de las diligencias ejecutadas. Durante la cita se abordaron temas técnicos y logísticos para asegurar una transferencia expedita y eficiente de todos los antecedentes y evidencias relacionadas con la causa, dada su complejidad y relevancia pública. En la reunión estuvieron presentes los fiscales Ricardo Soto (Coquimbo) y Eduardo Ríos (Antofagasta), además del jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, y otros asesores jurídicos y expertos financieros del Ministerio Público. También participaron altos mandos de la Policía de Investigaciones, como el prefecto inspector Mauricio Jorquera (Crimen Organizado), el prefecto inspector Marcelo Romero (Delitos Económicos), el subprefecto José Henríquez (Brigada Anticorrupción) y el comisario Edson Figueroa, quien lidera el equipo policial del caso ProCultura. Castro Bekios cerró su intervención señalando que el traspaso de la investigación se está realizando con el mayor profesionalismo posible, con el fin de garantizar que las diligencias continúen desarrollándose con rigurosidad, independencia y dentro del marco legal, dado el alto interés público que ha generado esta causa.
Las incautaciones de drogas en la Región de Antofagasta mantienen su tendencia al alza en el inicio del segundo trimestre del año. Así lo demuestra un nuevo procedimiento de Carabineros y Fiscalía, el cual derivó en la incautación de 502 kilos de marihuana y casi 5 litros de ketamina en el sector fronterizo con Bolivia. Así, este viernes se informó que durante el procedimiento fueron detenidos un chileno y dos bolivianos, todos adultos, quienes serán formalizados en las próximas horas por la Fiscalía de Calama por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Al dar cuenta de este nuevo decomiso, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, explicó que el procedimiento se inició en un patrullaje fronterizo de Carabineros del Retén Tocorpuri, en un sector conocido como Volcán Apagado, donde se detecta un vehículo tipo furgón, el cual, al notar la presencia policial, intenta darse a la fuga, pero es alcanzado por la policía. Durante el registro del vehículo, el personal policial se percata que en su interior había 474 paquetes de marihuana, con un peso total de 502 kilos, además de 49 frascos de 100 ml. cada uno de Ketamina. En seguida se procede a la detención de su conductor, de nacionalidad chilena, y se disponen diligencias a la sección especializada de Carabineros, en este caso OS7 El Loa, tanto en la comuna de San Pedro de Atacama, como en Calama, lo que permite la detención de otras dos personas, de nacionalidad boliviana, precisó el persecutor. Con este procedimiento la región confirma el fuerte alza que están registrando las incautaciones de droga, que sólo esta semana suman más de 700 kilos, mientras que en lo que va del año ya se acumulan 5,7 toneladas.
La Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja de Antofagasta presentó ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, una acusación en contra del ciudadano iraní Ali Bagheri por los delitos de receptación, falsificación de sello de Estado y usurpación de nombre, por el uso de una visa consular y pasaporte falsificados, en abril de 2023, en el aeropuerto de Santiago. Por estos hechos, el Ministerio Público está requiriendo para el imputado penas de 5 años de presidio menor en su grado máximo, 15 años de presidio mayor en su grado medio y 540 días de presidio menor en su grado mínimo, respectivamente, más accesorias y multa. Según indica el documento del ente persecutor, el sujeto intentó abordar un vuelo de la aerolínea British Airways, con destino a Londres, haciendo uso de pasaportes del Reino Unido falsificados, los cuales les fueron entregados previamente por un tercer sujeto, quien, concertado con ellos, dejó los documentos en el basurero de un baño, a cambio de US$25.000. Los señalados pasaportes tenían las identidades de dos ciudadanos británicos y estaban bloqueados por robo o extravío desde el año 2022. Por último, cabe precisar que, en julio del año pasado, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, asignó la investigación de este caso al Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien desde entonces dirige un equipo especial con el fin de aclarar los hechos investigados.
La mañana de este jueves, el tribunal de alzada dio a conocer los detalles del veredicto que concedió por unanimidad el desafuero de la diputada Catalina Pérez, en medio de su formalización por presunto fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Fue así, que el fiscal regional, Juan Castro Bekios, afirmó que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que concedió el desafuero de la parlamentaria deja conforme al Ministerio Público, puesto que reconoce que el ente persecutor ha presentado antecedentes serios, objetivos y suficientes para sustentar dicha solicitud. Existen antecedentes que justifican la existencia del delito y la participación en este caso de la persona desaforada. Esto es relevante porque descarta que haya habido aquí alguna imputación injustificada, arbitraria o de cualquier otra naturaleza, sostuvo el fiscal. Asimismo, agregó que la resolución de la Corte de Apelaciones es importante porque reconoce que los antecedentes que ha recabado el Ministerio Público y que presentó en detalle durante una extensa audiencia el pasado 10 de febrero, satisfacen plenamente el estándar de plausibilidad que se exige en esta etapa del procedimiento. El estándar para desaforar a un parlamentario se basa en la plausibilidad de la imputación penal, lo que implica que los antecedentes deben mostrar una probabilidad razonable de éxito en la persecución penal, sin requerir una prueba concluyente de la culpabilidad o no en esta etapa, y eso se ha cumplido con creces, precisó. Finalmente, Castro Bekios, tras conocer la sentencia, indicó que el Ministerio Público queda atento a una posible apelación por parte de la defensa de la parlamentaria, la cual debería concretarse en un plazo de cinco días.
Durante la Cuenta Pública 2024 de la Fiscalía Regional de Antofagasta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, advirtió sobre el peligro del crimen organizado en Chile, palabras que se dan a pocos días de la incautación de 844 kilos de metanfetaminas en O'Higgins y 1.880 kilos de marihuana en la frontera con Bolivia. Castro Bekios destacó que las organizaciones criminales han alcanzado un alto nivel de sofisticación, alimentándose principalmente del narcotráfico. Resaltó la cifra histórica de 20,2 toneladas de drogas incautadas en la región durante 2023, avaluadas en dos billones de pesos, el mayor registro desde la Reforma Procesal Penal. “El narcotráfico genera enormes ganancias que se traducen en corrupción, inseguridad y violencia. No podemos cerrar los ojos frente a esta amenaza”, señaló Castro Bekios. Además, subrayó el compromiso del Ministerio Público en combatir la corrupción, mencionando avances en el caso Convenios, con seis formalizados y diversas diligencias activas. Castro también destacó la mejora en los indicadores de gestión de las fiscalías locales, con un aumento de condenas y una disminución en archivos provisionales. Su discurso fue respaldado por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director de la PDI, Eduardo Cerna, quienes valoraron la colaboración entre las instituciones para fortalecer la seguridad en la región y el país.
