La diputada por la región de Antofagasta, Yovana Ahumada, del Partido Social Cristiano, ha presentado una propuesta de reforma constitucional que busca terminar con el beneficio vitalicio de los expresidentes de la República, el cual actualmente asciende a unos $20 millones de pesos mensuales. La parlamentaria hizo un llamado a sus colegas en la Cámara para apoyar esta medida, enfatizando la necesidad de reorientar los recursos estatales hacia las verdaderas urgencias sociales. Ante esto, Ahumada recalcó la disparidad existente entre las pensiones de los chilenos comunes y las de los exmandatarios.Mientras millones de chilenos sobreviven con pensiones miserables luego de toda una vida de trabajo, los expresidentes reciben cientos de millones de pesos al año solo por haber ejercido ese cargo. Eso no me parece justo ni razonable, declaró la diputada, quien busca eliminar lo que describe como unprivilegio que ya no tiene cabida en el Chile actual. Asimismo, esta propuesta se suma a otros diez proyectos similares que se han refundido en el Congreso, presentados por diversas bancadas, que plantean alternativas como fijar una edad mínima de jubilación para acceder al beneficio (65 años) o reducir el monto a la mitad. Sin embargo, Ahumada ha sido enfática en su postura:el Estado no puede seguir financiando estos pagos millonarios mientras existen tantas necesidades sociales. Ahora bien, uno de los puntos que genera mayor debate es la situación del actual Presidente Gabriel Boric, quien al terminar su mandato tendrá 40 años. La diputada Ahumada expresó su preocupación:Estamos a puertas de que se sume otra pensión presidencial para los próximos 40 o 50 años. Hoy debemos actuar con celeridad para evitar esta injusticia. Hacemos un llamado al Presidente Boric para que se sume a este proyecto y marque la diferencia. Finalmente, la reforma constitucional en discusión no solo contempla eliminar la dieta vitalicia, sino también los gastos de oficina y traslación que reciben los exmandatarios, fondos que actualmente son rendidos ante el Senado. Para Ahumada,estos recursos deben reorientarse hacia las verdaderas urgencias como mejorar la salud pública, construir viviendas y atender a las personas que más lo necesitan, no en seguir beneficiando a los expresidentes.
La Contraloría General de la República, a través de su sede regional en Antofagasta, iniciará una investigación tras un oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), quien denunció la presunta utilización irregular de más de 65 millones de pesos por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Los fondos, originalmente destinados a la Subvención Escolar y al Per Cápita de Salud, habrían sido redirigidos a campañas publicitarias durante un año electoral. En respuesta, el contralor regional Víctor Rivera confirmó que “se ha dispuesto el inicio de una actividad de fiscalización en la CMDS para atender la materia expuesta”, cuyos resultados serán informados a la parlamentaria una vez concluida la revisión. Ahumada valoró la decisión señalando que “es una buena noticia para quienes buscamos transparencia en la política. Hablamos de dineros públicos destinados a salud y educación que deben ser aclarados”. Agradeció a la contralora general Dorothy Pérez y a Rivera por acoger su solicitud y recalcó la gravedad del posible desvío de recursos. La diputada agregó: “Espero que esta investigación avance con rapidez y que, de comprobarse una irregularidad, los responsables enfrenten la justicia. Basta de impunidad, sin importar el color político. Queremos autoridades que trabajen por la gente, no que se beneficien de ella”, concluyó.
La diputada por la región de Antofagasta, Yovana Ahumada, del Partido Social Cristiano, ha presentado una propuesta de reforma constitucional que busca terminar con el beneficio vitalicio de los expresidentes de la República, el cual actualmente asciende a unos $20 millones de pesos mensuales. La parlamentaria hizo un llamado a sus colegas en la Cámara para apoyar esta medida, enfatizando la necesidad de reorientar los recursos estatales hacia las verdaderas urgencias sociales. Ante esto, Ahumada recalcó la disparidad existente entre las pensiones de los chilenos comunes y las de los exmandatarios.Mientras millones de chilenos sobreviven con pensiones miserables luego de toda una vida de trabajo, los expresidentes reciben cientos de millones de pesos al año solo por haber ejercido ese cargo. Eso no me parece justo ni razonable, declaró la diputada, quien busca eliminar lo que describe como unprivilegio que ya no tiene cabida en el Chile actual. Asimismo, esta propuesta se suma a otros diez proyectos similares que se han refundido en el Congreso, presentados por diversas bancadas, que plantean alternativas como fijar una edad mínima de jubilación para acceder al beneficio (65 años) o reducir el monto a la mitad. Sin embargo, Ahumada ha sido enfática en su postura:el Estado no puede seguir financiando estos pagos millonarios mientras existen tantas necesidades sociales. Ahora bien, uno de los puntos que genera mayor debate es la situación del actual Presidente Gabriel Boric, quien al terminar su mandato tendrá 40 años. La diputada Ahumada expresó su preocupación:Estamos a puertas de que se sume otra pensión presidencial para los próximos 40 o 50 años. Hoy debemos actuar con celeridad para evitar esta injusticia. Hacemos un llamado al Presidente Boric para que se sume a este proyecto y marque la diferencia. Finalmente, la reforma constitucional en discusión no solo contempla eliminar la dieta vitalicia, sino también los gastos de oficina y traslación que reciben los exmandatarios, fondos que actualmente son rendidos ante el Senado. Para Ahumada,estos recursos deben reorientarse hacia las verdaderas urgencias como mejorar la salud pública, construir viviendas y atender a las personas que más lo necesitan, no en seguir beneficiando a los expresidentes.
La Contraloría General de la República, a través de su sede regional en Antofagasta, iniciará una investigación tras un oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), quien denunció la presunta utilización irregular de más de 65 millones de pesos por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Los fondos, originalmente destinados a la Subvención Escolar y al Per Cápita de Salud, habrían sido redirigidos a campañas publicitarias durante un año electoral. En respuesta, el contralor regional Víctor Rivera confirmó que “se ha dispuesto el inicio de una actividad de fiscalización en la CMDS para atender la materia expuesta”, cuyos resultados serán informados a la parlamentaria una vez concluida la revisión. Ahumada valoró la decisión señalando que “es una buena noticia para quienes buscamos transparencia en la política. Hablamos de dineros públicos destinados a salud y educación que deben ser aclarados”. Agradeció a la contralora general Dorothy Pérez y a Rivera por acoger su solicitud y recalcó la gravedad del posible desvío de recursos. La diputada agregó: “Espero que esta investigación avance con rapidez y que, de comprobarse una irregularidad, los responsables enfrenten la justicia. Basta de impunidad, sin importar el color político. Queremos autoridades que trabajen por la gente, no que se beneficien de ella”, concluyó.
