Los diputados de la Región de Antofagasta —Yovana Ahumada, Jaime Araya, José Miguel Castro y Sebastián Videla— destinaron entre $34 millones y $41 millones en gastos operacionales durante el primer semestre de 2025, según antecedentes obtenidos por SoyAntofagasta.cl a través del portal de transparencia activa de la Cámara de Diputados. El parlamentario que más recursos utilizó fue Sebastián Videla, con un total de $41.194.706. Sus principales ítems corresponden a arriendo de inmueble, traslados y difusión. En marzo registró su mayor gasto mensual ($8.930.028), destacando un desembolso de $1.887.000 en difusión y la compra de equipamiento para oficina. En conjunto, las categorías más relevantes fueron Traslado, con $56.155.170, y el Traspaso desde Gastos Operacionales a Asignación de Personal de Apoyo, con $40.264.385. El concepto de gastos parlamentarios incluye alimentación y alojamiento, tanto para el legislador como para su personal de apoyo. También considera traslados en distintos medios de transporte, arriendo de vehículos, combustible, peajes, estacionamientos y mantenciones preventivas en caso de usar un vehículo propio. Además, se incluye una amortización mensual de $212.207 para compensar el desgaste de vehículos personales y un viático de $78.621 por asistencia a sala o comisiones, con un tope de 12 o 16 días según el mes. Con excepción de la mantención, la amortización y el viático, los demás ítems pueden ser utilizados tanto por el parlamentario como por sus equipos. En este ámbito, Jaime Araya presentó el mayor gasto en traslación de un solo mes ($4.187.801 en marzo), mientras que tanto él como Videla destinaron más de $2,7 millones en algunos meses a personal de apoyo. En detalle, Araya sumó $37.932.318, sin registrar gastos en arriendo ni telefonía, aunque mantuvo pagos fijos en servicios menores ($639.000 mensuales) y más de $3 millones en traslación durante cuatro meses. Por su parte, José Miguel Castro totalizó $37.928.743, siendo el único en financiar actividades comunitarias ($339.964) y con gastos constantes en difusión, alcanzando un peak de $1.610.320 en junio. En telefonía presentó un monto inusual en marzo ($622.197). Finalmente, Yovana Ahumada reportó el gasto más bajo, con $34.718.054. Su mayor desembolso se concentró en difusión ($2.437.500 en junio), además de un arriendo fijo de $700.000 y gastos mínimos en telefonía ($53.332 mensuales). En común, los cuatro parlamentarios reportaron cero gasto en mantención de oficinas parlamentarias, reparaciones de inmuebles, seguros, oficinas móviles y servicios web.
La diputada por la región de Antofagasta, Yovana Ahumada, del Partido Social Cristiano, ha presentado una propuesta de reforma constitucional que busca terminar con el beneficio vitalicio de los expresidentes de la República, el cual actualmente asciende a unos $20 millones de pesos mensuales. La parlamentaria hizo un llamado a sus colegas en la Cámara para apoyar esta medida, enfatizando la necesidad de reorientar los recursos estatales hacia las verdaderas urgencias sociales. Ante esto, Ahumada recalcó la disparidad existente entre las pensiones de los chilenos comunes y las de los exmandatarios.Mientras millones de chilenos sobreviven con pensiones miserables luego de toda una vida de trabajo, los expresidentes reciben cientos de millones de pesos al año solo por haber ejercido ese cargo. Eso no me parece justo ni razonable, declaró la diputada, quien busca eliminar lo que describe como unprivilegio que ya no tiene cabida en el Chile actual. Asimismo, esta propuesta se suma a otros diez proyectos similares que se han refundido en el Congreso, presentados por diversas bancadas, que plantean alternativas como fijar una edad mínima de jubilación para acceder al beneficio (65 años) o reducir el monto a la mitad. Sin embargo, Ahumada ha sido enfática en su postura:el Estado no puede seguir financiando estos pagos millonarios mientras existen tantas necesidades sociales. Ahora bien, uno de los puntos que genera mayor debate es la situación del actual Presidente Gabriel Boric, quien al terminar su mandato tendrá 40 años. La diputada Ahumada expresó su preocupación:Estamos a puertas de que se sume otra pensión presidencial para los próximos 40 o 50 años. Hoy debemos actuar con celeridad para evitar esta injusticia. Hacemos un llamado al Presidente Boric para que se sume a este proyecto y marque la diferencia. Finalmente, la reforma constitucional en discusión no solo contempla eliminar la dieta vitalicia, sino también los gastos de oficina y traslación que reciben los exmandatarios, fondos que actualmente son rendidos ante el Senado. Para Ahumada,estos recursos deben reorientarse hacia las verdaderas urgencias como mejorar la salud pública, construir viviendas y atender a las personas que más lo necesitan, no en seguir beneficiando a los expresidentes.
La Contraloría General de la República, a través de su sede regional en Antofagasta, iniciará una investigación tras un oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), quien denunció la presunta utilización irregular de más de 65 millones de pesos por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Los fondos, originalmente destinados a la Subvención Escolar y al Per Cápita de Salud, habrían sido redirigidos a campañas publicitarias durante un año electoral. En respuesta, el contralor regional Víctor Rivera confirmó que “se ha dispuesto el inicio de una actividad de fiscalización en la CMDS para atender la materia expuesta”, cuyos resultados serán informados a la parlamentaria una vez concluida la revisión. Ahumada valoró la decisión señalando que “es una buena noticia para quienes buscamos transparencia en la política. Hablamos de dineros públicos destinados a salud y educación que deben ser aclarados”. Agradeció a la contralora general Dorothy Pérez y a Rivera por acoger su solicitud y recalcó la gravedad del posible desvío de recursos. La diputada agregó: “Espero que esta investigación avance con rapidez y que, de comprobarse una irregularidad, los responsables enfrenten la justicia. Basta de impunidad, sin importar el color político. Queremos autoridades que trabajen por la gente, no que se beneficien de ella”, concluyó.
Los diputados de la Región de Antofagasta —Yovana Ahumada, Jaime Araya, José Miguel Castro y Sebastián Videla— destinaron entre $34 millones y $41 millones en gastos operacionales durante el primer semestre de 2025, según antecedentes obtenidos por SoyAntofagasta.cl a través del portal de transparencia activa de la Cámara de Diputados. El parlamentario que más recursos utilizó fue Sebastián Videla, con un total de $41.194.706. Sus principales ítems corresponden a arriendo de inmueble, traslados y difusión. En marzo registró su mayor gasto mensual ($8.930.028), destacando un desembolso de $1.887.000 en difusión y la compra de equipamiento para oficina. En conjunto, las categorías más relevantes fueron Traslado, con $56.155.170, y el Traspaso desde Gastos Operacionales a Asignación de Personal de Apoyo, con $40.264.385. El concepto de gastos parlamentarios incluye alimentación y alojamiento, tanto para el legislador como para su personal de apoyo. También considera traslados en distintos medios de transporte, arriendo de vehículos, combustible, peajes, estacionamientos y mantenciones preventivas en caso de usar un vehículo propio. Además, se incluye una amortización mensual de $212.207 para compensar el desgaste de vehículos personales y un viático de $78.621 por asistencia a sala o comisiones, con un tope de 12 o 16 días según el mes. Con excepción de la mantención, la amortización y el viático, los demás ítems pueden ser utilizados tanto por el parlamentario como por sus equipos. En este ámbito, Jaime Araya presentó el mayor gasto en traslación de un solo mes ($4.187.801 en marzo), mientras que tanto él como Videla destinaron más de $2,7 millones en algunos meses a personal de apoyo. En detalle, Araya sumó $37.932.318, sin registrar gastos en arriendo ni telefonía, aunque mantuvo pagos fijos en servicios menores ($639.000 mensuales) y más de $3 millones en traslación durante cuatro meses. Por su parte, José Miguel Castro totalizó $37.928.743, siendo el único en financiar actividades comunitarias ($339.964) y con gastos constantes en difusión, alcanzando un peak de $1.610.320 en junio. En telefonía presentó un monto inusual en marzo ($622.197). Finalmente, Yovana Ahumada reportó el gasto más bajo, con $34.718.054. Su mayor desembolso se concentró en difusión ($2.437.500 en junio), además de un arriendo fijo de $700.000 y gastos mínimos en telefonía ($53.332 mensuales). En común, los cuatro parlamentarios reportaron cero gasto en mantención de oficinas parlamentarias, reparaciones de inmuebles, seguros, oficinas móviles y servicios web.
La diputada por la región de Antofagasta, Yovana Ahumada, del Partido Social Cristiano, ha presentado una propuesta de reforma constitucional que busca terminar con el beneficio vitalicio de los expresidentes de la República, el cual actualmente asciende a unos $20 millones de pesos mensuales. La parlamentaria hizo un llamado a sus colegas en la Cámara para apoyar esta medida, enfatizando la necesidad de reorientar los recursos estatales hacia las verdaderas urgencias sociales. Ante esto, Ahumada recalcó la disparidad existente entre las pensiones de los chilenos comunes y las de los exmandatarios.Mientras millones de chilenos sobreviven con pensiones miserables luego de toda una vida de trabajo, los expresidentes reciben cientos de millones de pesos al año solo por haber ejercido ese cargo. Eso no me parece justo ni razonable, declaró la diputada, quien busca eliminar lo que describe como unprivilegio que ya no tiene cabida en el Chile actual. Asimismo, esta propuesta se suma a otros diez proyectos similares que se han refundido en el Congreso, presentados por diversas bancadas, que plantean alternativas como fijar una edad mínima de jubilación para acceder al beneficio (65 años) o reducir el monto a la mitad. Sin embargo, Ahumada ha sido enfática en su postura:el Estado no puede seguir financiando estos pagos millonarios mientras existen tantas necesidades sociales. Ahora bien, uno de los puntos que genera mayor debate es la situación del actual Presidente Gabriel Boric, quien al terminar su mandato tendrá 40 años. La diputada Ahumada expresó su preocupación:Estamos a puertas de que se sume otra pensión presidencial para los próximos 40 o 50 años. Hoy debemos actuar con celeridad para evitar esta injusticia. Hacemos un llamado al Presidente Boric para que se sume a este proyecto y marque la diferencia. Finalmente, la reforma constitucional en discusión no solo contempla eliminar la dieta vitalicia, sino también los gastos de oficina y traslación que reciben los exmandatarios, fondos que actualmente son rendidos ante el Senado. Para Ahumada,estos recursos deben reorientarse hacia las verdaderas urgencias como mejorar la salud pública, construir viviendas y atender a las personas que más lo necesitan, no en seguir beneficiando a los expresidentes.
La Contraloría General de la República, a través de su sede regional en Antofagasta, iniciará una investigación tras un oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), quien denunció la presunta utilización irregular de más de 65 millones de pesos por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Los fondos, originalmente destinados a la Subvención Escolar y al Per Cápita de Salud, habrían sido redirigidos a campañas publicitarias durante un año electoral. En respuesta, el contralor regional Víctor Rivera confirmó que “se ha dispuesto el inicio de una actividad de fiscalización en la CMDS para atender la materia expuesta”, cuyos resultados serán informados a la parlamentaria una vez concluida la revisión. Ahumada valoró la decisión señalando que “es una buena noticia para quienes buscamos transparencia en la política. Hablamos de dineros públicos destinados a salud y educación que deben ser aclarados”. Agradeció a la contralora general Dorothy Pérez y a Rivera por acoger su solicitud y recalcó la gravedad del posible desvío de recursos. La diputada agregó: “Espero que esta investigación avance con rapidez y que, de comprobarse una irregularidad, los responsables enfrenten la justicia. Basta de impunidad, sin importar el color político. Queremos autoridades que trabajen por la gente, no que se beneficien de ella”, concluyó.
