Durante su exposición en ENADE, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, fue ovacionada por su firme defensa de la labor fiscalizadora y por anunciar una nueva batería de auditorías, entre ellas una referida al manejo de drogas decomisadas por los Servicios de Salud. “Nuestras policías se arriesgan en operativos muy complejos para incautar drogas, y después quedan almacenadas en servicios que no tienen ni siquiera hornos para destruirlas”, advirtió. Según antecedentes obtenidos por Mega Investiga, las últimas 16 auditorías de la Contraloría —algunas iniciadas tras una denuncia del diputado Andrés Longton— detectaron graves fallas en la recepción, custodia y destrucción de sustancias ilícitas durante 2024. Las irregularidades incluyen diferencias en las cantidades de droga registradas, retrasos en la destrucción y deficiencias en el control de la información. En un caso del Servicio de Salud de O’Higgins, un acta de destrucción registraba 17 plantas de marihuana cuando solo había 8. El cruce de datos entre los Servicios de Salud, Gendarmería y la PDI reveló discrepancias significativas, evidenciando fallas en la administración y autenticidad de los registros. Se constató además el uso de planillas Excel incompletas, ausencia de sistemas integrales de control y demoras de hasta 355 días en el envío de actas al Ministerio Público. Las fiscalizaciones también revelaron que la droga era almacenada sin condiciones adecuadas, incluso apilada en pasillos de hospitales, y que muchos recintos no contaban con hornos operativos. En el Hospital Regional de Coyhaique, por ejemplo, el incinerador fue dado de baja en 2023 y nunca reemplazado. Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría envió los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, además de instruir sumarios en todos los servicios involucrados para determinar responsabilidades administrativas y penales. Uno de los casos más graves se registró en Ñuble, donde funcionarios del Servicio de Salud y del Hospital Regional de Chillán fueron acusados de integrar una banda que traficaba drogas incautadas. La investigación reveló que robaban parte de las sustancias bajo su custodia para venderlas en el mercado ilícito. Cuatro de los cinco imputados permanecen en prisión preventiva desde junio. Cantidad nunca antes nunca vista La Región de Antofagasta registra un récord histórico de incautaciones: más de 20 toneladas de droga en ocho meses, un 40% más que el año anterior, con pérdidas estimadas de $120 mil millones para las bandas criminales. La marihuana lidera los decomisos con 16,4 toneladas, seguida por pasta base y cocaína, mientras la ketamina preocupa por su alza del 590% respecto a 2024. A lo anterior hay que agregar que la droga incautada en operativos en la cordillera quedaría resguardada en los mismos cuarteles, poniendo en peligro a los funcionarios policiales. La contralora Pérez enfatizó que la falta de control sobre las drogas incautadas no solo pone en riesgo la seguridad pública, sino también la integridad de las instituciones que deben velar por su correcta destrucción. “La fiscalización es clave para proteger la confianza ciudadana en el Estado”, concluyó.
Durante su exposición en ENADE, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, fue ovacionada por su firme defensa de la labor fiscalizadora y por anunciar una nueva batería de auditorías, entre ellas una referida al manejo de drogas decomisadas por los Servicios de Salud. “Nuestras policías se arriesgan en operativos muy complejos para incautar drogas, y después quedan almacenadas en servicios que no tienen ni siquiera hornos para destruirlas”, advirtió. Según antecedentes obtenidos por Mega Investiga, las últimas 16 auditorías de la Contraloría —algunas iniciadas tras una denuncia del diputado Andrés Longton— detectaron graves fallas en la recepción, custodia y destrucción de sustancias ilícitas durante 2024. Las irregularidades incluyen diferencias en las cantidades de droga registradas, retrasos en la destrucción y deficiencias en el control de la información. En un caso del Servicio de Salud de O’Higgins, un acta de destrucción registraba 17 plantas de marihuana cuando solo había 8. El cruce de datos entre los Servicios de Salud, Gendarmería y la PDI reveló discrepancias significativas, evidenciando fallas en la administración y autenticidad de los registros. Se constató además el uso de planillas Excel incompletas, ausencia de sistemas integrales de control y demoras de hasta 355 días en el envío de actas al Ministerio Público. Las fiscalizaciones también revelaron que la droga era almacenada sin condiciones adecuadas, incluso apilada en pasillos de hospitales, y que muchos recintos no contaban con hornos operativos. En el Hospital Regional de Coyhaique, por ejemplo, el incinerador fue dado de baja en 2023 y nunca reemplazado. Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría envió los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, además de instruir sumarios en todos los servicios involucrados para determinar responsabilidades administrativas y penales. Uno de los casos más graves se registró en Ñuble, donde funcionarios del Servicio de Salud y del Hospital Regional de Chillán fueron acusados de integrar una banda que traficaba drogas incautadas. La investigación reveló que robaban parte de las sustancias bajo su custodia para venderlas en el mercado ilícito. Cuatro de los cinco imputados permanecen en prisión preventiva desde junio. Cantidad nunca antes nunca vista La Región de Antofagasta registra un récord histórico de incautaciones: más de 20 toneladas de droga en ocho meses, un 40% más que el año anterior, con pérdidas estimadas de $120 mil millones para las bandas criminales. La marihuana lidera los decomisos con 16,4 toneladas, seguida por pasta base y cocaína, mientras la ketamina preocupa por su alza del 590% respecto a 2024. A lo anterior hay que agregar que la droga incautada en operativos en la cordillera quedaría resguardada en los mismos cuarteles, poniendo en peligro a los funcionarios policiales. La contralora Pérez enfatizó que la falta de control sobre las drogas incautadas no solo pone en riesgo la seguridad pública, sino también la integridad de las instituciones que deben velar por su correcta destrucción. “La fiscalización es clave para proteger la confianza ciudadana en el Estado”, concluyó.
