Una grave crisis interna afecta a la Subsecretaría de Seguridad Pública, organismo técnico creado el 1 de abril de este año tras la entrada en vigencia de la Ley 21.730. La reciente divulgación de millonarios sueldos asignados a algunas jefaturas de la repartición en la Región Metropolitana encendió la indignación entre funcionarios de todo el país, quienes acusan severas condiciones de precariedad que impiden garantizar el funcionamiento básico del servicio. La Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría (AFUNSEG) envió una carta al subsecretario Rafael Collado el pasado 18 de julio, donde denuncian una serie de problemáticas, entre ellas la indefinición de funciones, duplicidad de tareas, escasez de recursos básicos, falta de oficinas, carencia de insumos y altos niveles de estrés laboral. “La situación es insostenible. Mientras se conocen sueldos millonarios en algunos cargos, en regiones trabajamos sin oficinas ni recursos mínimos para implementar planes de seguridad pública”, señalaron desde AFUNSEG. El contraste entre las remuneraciones de ciertas jefaturas y las deficientes condiciones de trabajo ha profundizado el malestar entre el personal. La falta de infraestructura y presupuesto ha impedido el traspaso efectivo de funciones desde el Ministerio del Interior, afectando gravemente la coordinación con los servicios territoriales y la ejecución de los planes de prevención del delito comprometidos por la nueva institucionalidad. Desde la Subsecretaría aseguran que no hubo período de marcha blanca tras la creación del organismo, y que actualmente se trabaja junto a las asociaciones de funcionarios para normalizar las operaciones. También indicaron que se espera habilitar las oficinas regionales durante el transcurso del año. Respecto a las remuneraciones, la entidad desmintió que existan sueldos superiores al del ministro, salvo el del propio subsecretario. Sin embargo, los funcionarios insisten en que la desigualdad interna y la falta de condiciones mínimas ponen en riesgo el cumplimiento de una de las políticas públicas más sensibles para la ciudadanía: la seguridad.
Una grave crisis interna afecta a la Subsecretaría de Seguridad Pública, organismo técnico creado el 1 de abril de este año tras la entrada en vigencia de la Ley 21.730. La reciente divulgación de millonarios sueldos asignados a algunas jefaturas de la repartición en la Región Metropolitana encendió la indignación entre funcionarios de todo el país, quienes acusan severas condiciones de precariedad que impiden garantizar el funcionamiento básico del servicio. La Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría (AFUNSEG) envió una carta al subsecretario Rafael Collado el pasado 18 de julio, donde denuncian una serie de problemáticas, entre ellas la indefinición de funciones, duplicidad de tareas, escasez de recursos básicos, falta de oficinas, carencia de insumos y altos niveles de estrés laboral. “La situación es insostenible. Mientras se conocen sueldos millonarios en algunos cargos, en regiones trabajamos sin oficinas ni recursos mínimos para implementar planes de seguridad pública”, señalaron desde AFUNSEG. El contraste entre las remuneraciones de ciertas jefaturas y las deficientes condiciones de trabajo ha profundizado el malestar entre el personal. La falta de infraestructura y presupuesto ha impedido el traspaso efectivo de funciones desde el Ministerio del Interior, afectando gravemente la coordinación con los servicios territoriales y la ejecución de los planes de prevención del delito comprometidos por la nueva institucionalidad. Desde la Subsecretaría aseguran que no hubo período de marcha blanca tras la creación del organismo, y que actualmente se trabaja junto a las asociaciones de funcionarios para normalizar las operaciones. También indicaron que se espera habilitar las oficinas regionales durante el transcurso del año. Respecto a las remuneraciones, la entidad desmintió que existan sueldos superiores al del ministro, salvo el del propio subsecretario. Sin embargo, los funcionarios insisten en que la desigualdad interna y la falta de condiciones mínimas ponen en riesgo el cumplimiento de una de las políticas públicas más sensibles para la ciudadanía: la seguridad.
