Una de las licitaciones más altas del país en materia de aseo urbano fue puesta en marcha por la Municipalidad de Antofagasta. Se trata de la concesión del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, cuyo costo mensual alcanza los $1.468 millones y que, durante los cinco años de vigencia del contrato, podría llegar a un monto total cercano a los $88 mil millones. Según informó el municipio, el proceso licitatorio fue publicado el pasado 29 de diciembre, contemplando una serie de mejoras operativas que buscan fortalecer el sistema de aseo en toda la comuna. Entre ellas, se incluye la incorporación progresiva de 61 camiones recolectores durante el período de concesión, la implementación de nuevas rutas de recolección y la adquisición de equipamiento adicional. Según señala El Mercurio de Antofagasta, el contrato considera además 20 cajas de recolección tipo batea de 20 metros cúbicos, 12 cajas cerradas de igual capacidad y la instalación de más de 400 contenedores de 1.200 litros, lo que apunta a optimizar la cobertura y eficiencia del servicio. Desde el municipio señalaron que, en los próximos días, también será publicada la licitación para el contrato de barrido de calles, destacando que ambas iniciativas representan “un salto cualitativo” en los servicios de aseo de la ciudad. No obstante, surgieron cuestionamientos por el acotado plazo para presentar ofertas, el cual vence el próximo 25 de febrero. Al respecto, el concejal Dinko Rendic (ind.) subrayó que, debido al alto monto y la extensión del contrato, el proceso estará sujeto a los controles administrativos de la Contraloría General de la República. “La toma de razón es una garantía institucional de legalidad tanto para las bases como para la futura adjudicación”, afirmó.
La Contraloría Regional de Antofagasta detectó graves irregularidades en la gestión y control de licencias médicas durante 2023 y 2024 en la Seremi de Salud y la Compin regional. Entre los hallazgos, se verificó que funcionarios sin la función de médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias en el Sistema Informático de Fonasa (SIF). Incluso se identificaron autorizaciones de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios contralores. El informe expuso que 113 profesionales no registrados ni habilitados prescribieron 1.187 reposos, de los cuales 1.100 fueron autorizados por la Compin sin advertir la irregularidad. También se detectó una cobertura mínima en fiscalizaciones sobre cumplimiento de reposos (0,12%) y vínculos laborales (0,08%), además de un control insuficiente sobre grandes emisores de licencias. Se constató la emisión de 1.626 licencias por médicos sancionados, 1.479 de ellas autorizadas, pese a estar suspendidos. La Compin levantó sanciones a 59 de 94 médicos sin detallar fundamentos, careciendo de controles sobre cumplimiento y pago de multas. El informe advierte, además, deficiencias en el resguardo de talonarios en papel, inconsistencias en las bases de datos y ausencia de mecanismos para evitar conflictos de interés. A diciembre de 2024, la Compin adeudaba $36.582 millones a 120 instituciones públicas. Ante estas irregularidades, la Contraloría anunció un sumario para establecer responsabilidades y reforzar la transparencia en la gestión de licencias médicas.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 13.286 funcionarios públicos asistieron a casinos de juego en Chile mientras se encontraban con licencia médica durante 2023 y 2024. El análisis, que cruza datos de licencias con los registros de 25 casinos, contabilizó un total de 14.923 visitas a estos establecimientos. Ante esto, el estudio señala que los casinos de las regiones de O’Higgins, Biobío y Valparaíso concentraron la mayor cantidad de ingresos. O’Higgins lideró con 3.376 registros (23%), seguido por Biobío con 2.180 (15%) y Valparaíso con 2.162 (14%). Otras regiones con alta incidencia fueron Los Lagos (10%) y La Araucanía (7%). Asimismo, las instituciones con más casos de funcionarios involucrados fueron las municipalidades, con un 30% de los registros, y los hospitales y servicios de salud, con un 29%. Entre las entidades específicas con mayor número de licencias médicas que se usaron para ir a casinos, destacan la Junta Nacional de Jardines Infantiles (516), Fundación Integra (480), y el Servicio de Salud de Concepción (332). Además, el informe encontró que 1.486 de estos funcionarios también aparecieron en un listado anterior de la Contraloría, que los identificaba por haber viajado fuera del país mientras estaban con licencia médica. Este consolidado, el 15° emitido por el ente fiscalizador, subraya una práctica recurrente de mal uso de los permisos de reposo médico en el sector público.
Una de las licitaciones más altas del país en materia de aseo urbano fue puesta en marcha por la Municipalidad de Antofagasta. Se trata de la concesión del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, cuyo costo mensual alcanza los $1.468 millones y que, durante los cinco años de vigencia del contrato, podría llegar a un monto total cercano a los $88 mil millones. Según informó el municipio, el proceso licitatorio fue publicado el pasado 29 de diciembre, contemplando una serie de mejoras operativas que buscan fortalecer el sistema de aseo en toda la comuna. Entre ellas, se incluye la incorporación progresiva de 61 camiones recolectores durante el período de concesión, la implementación de nuevas rutas de recolección y la adquisición de equipamiento adicional. Según señala El Mercurio de Antofagasta, el contrato considera además 20 cajas de recolección tipo batea de 20 metros cúbicos, 12 cajas cerradas de igual capacidad y la instalación de más de 400 contenedores de 1.200 litros, lo que apunta a optimizar la cobertura y eficiencia del servicio. Desde el municipio señalaron que, en los próximos días, también será publicada la licitación para el contrato de barrido de calles, destacando que ambas iniciativas representan “un salto cualitativo” en los servicios de aseo de la ciudad. No obstante, surgieron cuestionamientos por el acotado plazo para presentar ofertas, el cual vence el próximo 25 de febrero. Al respecto, el concejal Dinko Rendic (ind.) subrayó que, debido al alto monto y la extensión del contrato, el proceso estará sujeto a los controles administrativos de la Contraloría General de la República. “La toma de razón es una garantía institucional de legalidad tanto para las bases como para la futura adjudicación”, afirmó.
La Contraloría Regional de Antofagasta detectó graves irregularidades en la gestión y control de licencias médicas durante 2023 y 2024 en la Seremi de Salud y la Compin regional. Entre los hallazgos, se verificó que funcionarios sin la función de médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias en el Sistema Informático de Fonasa (SIF). Incluso se identificaron autorizaciones de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios contralores. El informe expuso que 113 profesionales no registrados ni habilitados prescribieron 1.187 reposos, de los cuales 1.100 fueron autorizados por la Compin sin advertir la irregularidad. También se detectó una cobertura mínima en fiscalizaciones sobre cumplimiento de reposos (0,12%) y vínculos laborales (0,08%), además de un control insuficiente sobre grandes emisores de licencias. Se constató la emisión de 1.626 licencias por médicos sancionados, 1.479 de ellas autorizadas, pese a estar suspendidos. La Compin levantó sanciones a 59 de 94 médicos sin detallar fundamentos, careciendo de controles sobre cumplimiento y pago de multas. El informe advierte, además, deficiencias en el resguardo de talonarios en papel, inconsistencias en las bases de datos y ausencia de mecanismos para evitar conflictos de interés. A diciembre de 2024, la Compin adeudaba $36.582 millones a 120 instituciones públicas. Ante estas irregularidades, la Contraloría anunció un sumario para establecer responsabilidades y reforzar la transparencia en la gestión de licencias médicas.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 13.286 funcionarios públicos asistieron a casinos de juego en Chile mientras se encontraban con licencia médica durante 2023 y 2024. El análisis, que cruza datos de licencias con los registros de 25 casinos, contabilizó un total de 14.923 visitas a estos establecimientos. Ante esto, el estudio señala que los casinos de las regiones de O’Higgins, Biobío y Valparaíso concentraron la mayor cantidad de ingresos. O’Higgins lideró con 3.376 registros (23%), seguido por Biobío con 2.180 (15%) y Valparaíso con 2.162 (14%). Otras regiones con alta incidencia fueron Los Lagos (10%) y La Araucanía (7%). Asimismo, las instituciones con más casos de funcionarios involucrados fueron las municipalidades, con un 30% de los registros, y los hospitales y servicios de salud, con un 29%. Entre las entidades específicas con mayor número de licencias médicas que se usaron para ir a casinos, destacan la Junta Nacional de Jardines Infantiles (516), Fundación Integra (480), y el Servicio de Salud de Concepción (332). Además, el informe encontró que 1.486 de estos funcionarios también aparecieron en un listado anterior de la Contraloría, que los identificaba por haber viajado fuera del país mientras estaban con licencia médica. Este consolidado, el 15° emitido por el ente fiscalizador, subraya una práctica recurrente de mal uso de los permisos de reposo médico en el sector público.
