La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que regula los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), un instrumento que permitirá a los gobiernos regionales definir de manera estratégica el desarrollo de sus territorios, estableciendo criterios sobre la localización de industrias, áreas protegidas y proyectos estratégicos. Con esta medida, las regiones contarán con mayores herramientas para diseñar su propia hoja de ruta territorial, decisión que deberá ser considerada por ministerios y servicios públicos al momento de impulsar iniciativas o proyectos en los distintos territorios del país. Según el documento emitido por el ente contralor, el PROT se define como un instrumento de ordenamiento territorial que orienta la utilización del territorio de cada región mediante lineamientos estratégicos y una macro zonificación, con el objetivo de promover un desarrollo sustentable. Este instrumento permitirá proyectar el desarrollo regional a un horizonte de 30 años, estableciendo una “imagen objetivo” que busque equilibrar dimensiones sociales, económicas y ambientales en cada territorio. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, explicó que el PROT permitirá conciliar distintas actividades productivas con la protección del medio ambiente y el desarrollo regional. “Es un instrumento que establece orientaciones sobre cómo conciliamos las labores productivas, las labores de protección ambiental y las que apuntan al desarrollo de la región”, señaló. La autoridad agregó que el plan es elaborado por el Gobierno Regional y posteriormente aprobado por el Consejo Regional, convirtiéndose en una herramienta clave para ordenar el crecimiento del territorio. “Establece, por ejemplo, dónde habrá zonas de desarrollo industrial o zonas de desarrollo turístico. En definitiva, ordena a la región”, puntualizó Díaz. De esta manera, el PROT se proyecta como una herramienta clave para la planificación territorial de largo plazo, entregando mayor autonomía a las regiones y fortaleciendo la toma de decisiones sobre el uso y desarrollo de sus territorios.
Una deuda nominal que supera los $638 millones más intereses mantiene el Club de Deportes Antofagasta con la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, según antecedentes contenidos en el Informe D.C. N°005/2026 de la Dirección de Control, documento que remite sin visar el decreto alcaldicio que pretendía aprobar una transacción extrajudicial entre ambas partes. De acuerdo con el detalle expuesto en el informe —y respaldado por los cuadros de deuda incorporados en las páginas 9 y 10 del mismo documento— el monto total adeudado asciende a $638.831.205, correspondiente a morosidades por concepto de arriendo del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, además de consumos impagos de agua potable y energía eléctrica entre los años 2016 y 2025. Sin embargo, la transacción extrajudicial propuesta consideraba rebajar dicha deuda a $200.000.000, pagaderos en 24 cuotas mensuales de $8.333.333, lo que implica una disminución directa de $438.831.205, equivalente aproximadamente a un 68% del total adeudado. Según el oficio ingresado a Contraloría Regional por la concejala Karina Guzmán Arias, esta operación configuraría una “condonación encubierta” de deuda, sin habilitación legal expresa, generando un perjuicio patrimonial para el municipio . En el mismo documento se advierte que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, los órganos de la Administración no pueden renunciar ni rebajar créditos a su favor sin autorización legal fundada. Uno de los puntos más sensibles del caso es que esta rebaja —que compromete casi el 70% de los ingresos devengados— no habría sido puesta en conocimiento de los concejales de la comuna antes de su tramitación, lo que abre cuestionamientos respecto del control político y la transparencia del proceso. La Dirección de Control, en su análisis jurídico, advierte además que el alcalde requiere acuerdo del Concejo Municipal para transigir judicialmente o extrajudicialmente, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, observación que fundamenta la decisión de remitir el decreto sin visar. El caso ya se encuentra en conocimiento de la Contraloría Regional de Antofagasta, instancia a la que se solicitó determinar la legalidad del decreto alcaldicio, establecer si la rebaja constituye una condonación prohibida y definir eventuales responsabilidades administrativas. La controversia no solo pone en el centro el complejo escenario financiero del club, sino que también instala un debate mayor sobre el resguardo del patrimonio municipal y los mecanismos de control interno en decisiones que involucran recursos públicos de alto impacto para la ciudad. La deuda real, es decir más intereses que mantiene el cuadro puma al municipio asciende a $828.067.393 a diciembre de 2025.
Una de las licitaciones más altas del país en materia de aseo urbano fue puesta en marcha por la Municipalidad de Antofagasta. Se trata de la concesión del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, cuyo costo mensual alcanza los $1.468 millones y que, durante los cinco años de vigencia del contrato, podría llegar a un monto total cercano a los $88 mil millones. Según informó el municipio, el proceso licitatorio fue publicado el pasado 29 de diciembre, contemplando una serie de mejoras operativas que buscan fortalecer el sistema de aseo en toda la comuna. Entre ellas, se incluye la incorporación progresiva de 61 camiones recolectores durante el período de concesión, la implementación de nuevas rutas de recolección y la adquisición de equipamiento adicional. Según señala El Mercurio de Antofagasta, el contrato considera además 20 cajas de recolección tipo batea de 20 metros cúbicos, 12 cajas cerradas de igual capacidad y la instalación de más de 400 contenedores de 1.200 litros, lo que apunta a optimizar la cobertura y eficiencia del servicio. Desde el municipio señalaron que, en los próximos días, también será publicada la licitación para el contrato de barrido de calles, destacando que ambas iniciativas representan “un salto cualitativo” en los servicios de aseo de la ciudad. No obstante, surgieron cuestionamientos por el acotado plazo para presentar ofertas, el cual vence el próximo 25 de febrero. Al respecto, el concejal Dinko Rendic (ind.) subrayó que, debido al alto monto y la extensión del contrato, el proceso estará sujeto a los controles administrativos de la Contraloría General de la República. “La toma de razón es una garantía institucional de legalidad tanto para las bases como para la futura adjudicación”, afirmó.
La Contraloría Regional de Antofagasta detectó graves irregularidades en la gestión y control de licencias médicas durante 2023 y 2024 en la Seremi de Salud y la Compin regional. Entre los hallazgos, se verificó que funcionarios sin la función de médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias en el Sistema Informático de Fonasa (SIF). Incluso se identificaron autorizaciones de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios contralores. El informe expuso que 113 profesionales no registrados ni habilitados prescribieron 1.187 reposos, de los cuales 1.100 fueron autorizados por la Compin sin advertir la irregularidad. También se detectó una cobertura mínima en fiscalizaciones sobre cumplimiento de reposos (0,12%) y vínculos laborales (0,08%), además de un control insuficiente sobre grandes emisores de licencias. Se constató la emisión de 1.626 licencias por médicos sancionados, 1.479 de ellas autorizadas, pese a estar suspendidos. La Compin levantó sanciones a 59 de 94 médicos sin detallar fundamentos, careciendo de controles sobre cumplimiento y pago de multas. El informe advierte, además, deficiencias en el resguardo de talonarios en papel, inconsistencias en las bases de datos y ausencia de mecanismos para evitar conflictos de interés. A diciembre de 2024, la Compin adeudaba $36.582 millones a 120 instituciones públicas. Ante estas irregularidades, la Contraloría anunció un sumario para establecer responsabilidades y reforzar la transparencia en la gestión de licencias médicas.
La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que regula los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), un instrumento que permitirá a los gobiernos regionales definir de manera estratégica el desarrollo de sus territorios, estableciendo criterios sobre la localización de industrias, áreas protegidas y proyectos estratégicos. Con esta medida, las regiones contarán con mayores herramientas para diseñar su propia hoja de ruta territorial, decisión que deberá ser considerada por ministerios y servicios públicos al momento de impulsar iniciativas o proyectos en los distintos territorios del país. Según el documento emitido por el ente contralor, el PROT se define como un instrumento de ordenamiento territorial que orienta la utilización del territorio de cada región mediante lineamientos estratégicos y una macro zonificación, con el objetivo de promover un desarrollo sustentable. Este instrumento permitirá proyectar el desarrollo regional a un horizonte de 30 años, estableciendo una “imagen objetivo” que busque equilibrar dimensiones sociales, económicas y ambientales en cada territorio. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, explicó que el PROT permitirá conciliar distintas actividades productivas con la protección del medio ambiente y el desarrollo regional. “Es un instrumento que establece orientaciones sobre cómo conciliamos las labores productivas, las labores de protección ambiental y las que apuntan al desarrollo de la región”, señaló. La autoridad agregó que el plan es elaborado por el Gobierno Regional y posteriormente aprobado por el Consejo Regional, convirtiéndose en una herramienta clave para ordenar el crecimiento del territorio. “Establece, por ejemplo, dónde habrá zonas de desarrollo industrial o zonas de desarrollo turístico. En definitiva, ordena a la región”, puntualizó Díaz. De esta manera, el PROT se proyecta como una herramienta clave para la planificación territorial de largo plazo, entregando mayor autonomía a las regiones y fortaleciendo la toma de decisiones sobre el uso y desarrollo de sus territorios.
Una deuda nominal que supera los $638 millones más intereses mantiene el Club de Deportes Antofagasta con la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, según antecedentes contenidos en el Informe D.C. N°005/2026 de la Dirección de Control, documento que remite sin visar el decreto alcaldicio que pretendía aprobar una transacción extrajudicial entre ambas partes. De acuerdo con el detalle expuesto en el informe —y respaldado por los cuadros de deuda incorporados en las páginas 9 y 10 del mismo documento— el monto total adeudado asciende a $638.831.205, correspondiente a morosidades por concepto de arriendo del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, además de consumos impagos de agua potable y energía eléctrica entre los años 2016 y 2025. Sin embargo, la transacción extrajudicial propuesta consideraba rebajar dicha deuda a $200.000.000, pagaderos en 24 cuotas mensuales de $8.333.333, lo que implica una disminución directa de $438.831.205, equivalente aproximadamente a un 68% del total adeudado. Según el oficio ingresado a Contraloría Regional por la concejala Karina Guzmán Arias, esta operación configuraría una “condonación encubierta” de deuda, sin habilitación legal expresa, generando un perjuicio patrimonial para el municipio . En el mismo documento se advierte que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, los órganos de la Administración no pueden renunciar ni rebajar créditos a su favor sin autorización legal fundada. Uno de los puntos más sensibles del caso es que esta rebaja —que compromete casi el 70% de los ingresos devengados— no habría sido puesta en conocimiento de los concejales de la comuna antes de su tramitación, lo que abre cuestionamientos respecto del control político y la transparencia del proceso. La Dirección de Control, en su análisis jurídico, advierte además que el alcalde requiere acuerdo del Concejo Municipal para transigir judicialmente o extrajudicialmente, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, observación que fundamenta la decisión de remitir el decreto sin visar. El caso ya se encuentra en conocimiento de la Contraloría Regional de Antofagasta, instancia a la que se solicitó determinar la legalidad del decreto alcaldicio, establecer si la rebaja constituye una condonación prohibida y definir eventuales responsabilidades administrativas. La controversia no solo pone en el centro el complejo escenario financiero del club, sino que también instala un debate mayor sobre el resguardo del patrimonio municipal y los mecanismos de control interno en decisiones que involucran recursos públicos de alto impacto para la ciudad. La deuda real, es decir más intereses que mantiene el cuadro puma al municipio asciende a $828.067.393 a diciembre de 2025.
Una de las licitaciones más altas del país en materia de aseo urbano fue puesta en marcha por la Municipalidad de Antofagasta. Se trata de la concesión del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, cuyo costo mensual alcanza los $1.468 millones y que, durante los cinco años de vigencia del contrato, podría llegar a un monto total cercano a los $88 mil millones. Según informó el municipio, el proceso licitatorio fue publicado el pasado 29 de diciembre, contemplando una serie de mejoras operativas que buscan fortalecer el sistema de aseo en toda la comuna. Entre ellas, se incluye la incorporación progresiva de 61 camiones recolectores durante el período de concesión, la implementación de nuevas rutas de recolección y la adquisición de equipamiento adicional. Según señala El Mercurio de Antofagasta, el contrato considera además 20 cajas de recolección tipo batea de 20 metros cúbicos, 12 cajas cerradas de igual capacidad y la instalación de más de 400 contenedores de 1.200 litros, lo que apunta a optimizar la cobertura y eficiencia del servicio. Desde el municipio señalaron que, en los próximos días, también será publicada la licitación para el contrato de barrido de calles, destacando que ambas iniciativas representan “un salto cualitativo” en los servicios de aseo de la ciudad. No obstante, surgieron cuestionamientos por el acotado plazo para presentar ofertas, el cual vence el próximo 25 de febrero. Al respecto, el concejal Dinko Rendic (ind.) subrayó que, debido al alto monto y la extensión del contrato, el proceso estará sujeto a los controles administrativos de la Contraloría General de la República. “La toma de razón es una garantía institucional de legalidad tanto para las bases como para la futura adjudicación”, afirmó.
La Contraloría Regional de Antofagasta detectó graves irregularidades en la gestión y control de licencias médicas durante 2023 y 2024 en la Seremi de Salud y la Compin regional. Entre los hallazgos, se verificó que funcionarios sin la función de médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias en el Sistema Informático de Fonasa (SIF). Incluso se identificaron autorizaciones de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios contralores. El informe expuso que 113 profesionales no registrados ni habilitados prescribieron 1.187 reposos, de los cuales 1.100 fueron autorizados por la Compin sin advertir la irregularidad. También se detectó una cobertura mínima en fiscalizaciones sobre cumplimiento de reposos (0,12%) y vínculos laborales (0,08%), además de un control insuficiente sobre grandes emisores de licencias. Se constató la emisión de 1.626 licencias por médicos sancionados, 1.479 de ellas autorizadas, pese a estar suspendidos. La Compin levantó sanciones a 59 de 94 médicos sin detallar fundamentos, careciendo de controles sobre cumplimiento y pago de multas. El informe advierte, además, deficiencias en el resguardo de talonarios en papel, inconsistencias en las bases de datos y ausencia de mecanismos para evitar conflictos de interés. A diciembre de 2024, la Compin adeudaba $36.582 millones a 120 instituciones públicas. Ante estas irregularidades, la Contraloría anunció un sumario para establecer responsabilidades y reforzar la transparencia en la gestión de licencias médicas.
