La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó un reparo por $2.353.540.670 contra el Hospital Carlos Cisternas de Calama, tras detectar una serie de irregularidades que derivaron en pagos improcedentes entre 2023 y 2025, por servicios cuya ejecución no pudo ser acreditada. Los antecedentes fueron desarrollados en el Informe N°673 de 2025, que reveló diversas irregularidades en procesos de contratación, ejecución de servicios de seguridad, vigilancia, aseo y otras labores de control financiero de dicho establecimiento de salud. De acuerdo al ente contralor, el Hospital celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que obligan al trámite previo de toma de razón de la misma Contraloría, documentos que no fueron enviados al organismo para su aprobación. En esa línea, el recinto de salud efectuó pagos por $783.330.661 asociados a servicios de vigilancia y seguridad, sin documentación que acredite su realización, es decir, contratos o asignación de personal correspondiente. Por otra parte, también fueron detectados pagos por $684.523.100 en servicios de aseo, cuya ejecución no pudo ser debidamente verificada. Además, se hallaron otros desembolsos por $393.919.521 en “Gastos Generales”, pagos que tampoco permiten establecer la procedencia y razonabilidad del gasto. Incluso, el órgano contralor también advirtió de la existencia de pagos en exceso correspondientes a duplicidades y errores no detectados por las unidades encargadas de la validación financiera. Respecto a las irregularidades en contrataciones, el informe da cuenta de falta de autenticidad para acreditar experiencias compatibles con los servicios requeridos y la elección sin justificación de la oferta de mayor valor económico, existiendo alternativas más convenientes. En esa misma línea, se constataron otros pagos de más de $300 millones sin respaldo completo en distintos contratos ejecutados en el período auditado. En este escenario, el organismo anunció la presentación de un el reparo, es decir, demanda en juicio de cuentas, por un total de $ 2.353.540.670. Conflicto de interés La revisión también reveló observaciones en contrataciones por $558.158.273 con otra empresa, por presentar documentación inválida o adulterada para acreditar experiencia en procesos licitatorios; y que además, se adjudicaron contratos pese a no contar con giro vigente relacionado con los servicios contratados. En dicha celebración de contrato, Contraloría detectó un conflicto de interés vinculado a un funcionario del Hospital de Calama, que mantenía una relación personal directa con la representante legal de la empresa. Finalmente, el ente contralor determinó debilidades en sus sistemas de control interno, como ausencia de mecanismos efectivos para verificar la autenticidad de los documentos de proveedores, falta de aplicación adecuada de los procedimientos del Sistema de Compras Públicas y falencias en la revisión y validación de pagos por parte de las unidades competentes. Con todo la anterior, debido a la gravedad de los antecedentes la Contraloría instruyó el inicio de un procedimiento disciplinado y remitirá el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que regula los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), un instrumento que permitirá a los gobiernos regionales definir de manera estratégica el desarrollo de sus territorios, estableciendo criterios sobre la localización de industrias, áreas protegidas y proyectos estratégicos. Con esta medida, las regiones contarán con mayores herramientas para diseñar su propia hoja de ruta territorial, decisión que deberá ser considerada por ministerios y servicios públicos al momento de impulsar iniciativas o proyectos en los distintos territorios del país. Según el documento emitido por el ente contralor, el PROT se define como un instrumento de ordenamiento territorial que orienta la utilización del territorio de cada región mediante lineamientos estratégicos y una macro zonificación, con el objetivo de promover un desarrollo sustentable. Este instrumento permitirá proyectar el desarrollo regional a un horizonte de 30 años, estableciendo una “imagen objetivo” que busque equilibrar dimensiones sociales, económicas y ambientales en cada territorio. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, explicó que el PROT permitirá conciliar distintas actividades productivas con la protección del medio ambiente y el desarrollo regional. “Es un instrumento que establece orientaciones sobre cómo conciliamos las labores productivas, las labores de protección ambiental y las que apuntan al desarrollo de la región”, señaló. La autoridad agregó que el plan es elaborado por el Gobierno Regional y posteriormente aprobado por el Consejo Regional, convirtiéndose en una herramienta clave para ordenar el crecimiento del territorio. “Establece, por ejemplo, dónde habrá zonas de desarrollo industrial o zonas de desarrollo turístico. En definitiva, ordena a la región”, puntualizó Díaz. De esta manera, el PROT se proyecta como una herramienta clave para la planificación territorial de largo plazo, entregando mayor autonomía a las regiones y fortaleciendo la toma de decisiones sobre el uso y desarrollo de sus territorios.
Una deuda nominal que supera los $638 millones más intereses mantiene el Club de Deportes Antofagasta con la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, según antecedentes contenidos en el Informe D.C. N°005/2026 de la Dirección de Control, documento que remite sin visar el decreto alcaldicio que pretendía aprobar una transacción extrajudicial entre ambas partes. De acuerdo con el detalle expuesto en el informe —y respaldado por los cuadros de deuda incorporados en las páginas 9 y 10 del mismo documento— el monto total adeudado asciende a $638.831.205, correspondiente a morosidades por concepto de arriendo del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, además de consumos impagos de agua potable y energía eléctrica entre los años 2016 y 2025. Sin embargo, la transacción extrajudicial propuesta consideraba rebajar dicha deuda a $200.000.000, pagaderos en 24 cuotas mensuales de $8.333.333, lo que implica una disminución directa de $438.831.205, equivalente aproximadamente a un 68% del total adeudado. Según el oficio ingresado a Contraloría Regional por la concejala Karina Guzmán Arias, esta operación configuraría una “condonación encubierta” de deuda, sin habilitación legal expresa, generando un perjuicio patrimonial para el municipio . En el mismo documento se advierte que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, los órganos de la Administración no pueden renunciar ni rebajar créditos a su favor sin autorización legal fundada. Uno de los puntos más sensibles del caso es que esta rebaja —que compromete casi el 70% de los ingresos devengados— no habría sido puesta en conocimiento de los concejales de la comuna antes de su tramitación, lo que abre cuestionamientos respecto del control político y la transparencia del proceso. La Dirección de Control, en su análisis jurídico, advierte además que el alcalde requiere acuerdo del Concejo Municipal para transigir judicialmente o extrajudicialmente, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, observación que fundamenta la decisión de remitir el decreto sin visar. El caso ya se encuentra en conocimiento de la Contraloría Regional de Antofagasta, instancia a la que se solicitó determinar la legalidad del decreto alcaldicio, establecer si la rebaja constituye una condonación prohibida y definir eventuales responsabilidades administrativas. La controversia no solo pone en el centro el complejo escenario financiero del club, sino que también instala un debate mayor sobre el resguardo del patrimonio municipal y los mecanismos de control interno en decisiones que involucran recursos públicos de alto impacto para la ciudad. La deuda real, es decir más intereses que mantiene el cuadro puma al municipio asciende a $828.067.393 a diciembre de 2025.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó un reparo por $2.353.540.670 contra el Hospital Carlos Cisternas de Calama, tras detectar una serie de irregularidades que derivaron en pagos improcedentes entre 2023 y 2025, por servicios cuya ejecución no pudo ser acreditada. Los antecedentes fueron desarrollados en el Informe N°673 de 2025, que reveló diversas irregularidades en procesos de contratación, ejecución de servicios de seguridad, vigilancia, aseo y otras labores de control financiero de dicho establecimiento de salud. De acuerdo al ente contralor, el Hospital celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que obligan al trámite previo de toma de razón de la misma Contraloría, documentos que no fueron enviados al organismo para su aprobación. En esa línea, el recinto de salud efectuó pagos por $783.330.661 asociados a servicios de vigilancia y seguridad, sin documentación que acredite su realización, es decir, contratos o asignación de personal correspondiente. Por otra parte, también fueron detectados pagos por $684.523.100 en servicios de aseo, cuya ejecución no pudo ser debidamente verificada. Además, se hallaron otros desembolsos por $393.919.521 en “Gastos Generales”, pagos que tampoco permiten establecer la procedencia y razonabilidad del gasto. Incluso, el órgano contralor también advirtió de la existencia de pagos en exceso correspondientes a duplicidades y errores no detectados por las unidades encargadas de la validación financiera. Respecto a las irregularidades en contrataciones, el informe da cuenta de falta de autenticidad para acreditar experiencias compatibles con los servicios requeridos y la elección sin justificación de la oferta de mayor valor económico, existiendo alternativas más convenientes. En esa misma línea, se constataron otros pagos de más de $300 millones sin respaldo completo en distintos contratos ejecutados en el período auditado. En este escenario, el organismo anunció la presentación de un el reparo, es decir, demanda en juicio de cuentas, por un total de $ 2.353.540.670. Conflicto de interés La revisión también reveló observaciones en contrataciones por $558.158.273 con otra empresa, por presentar documentación inválida o adulterada para acreditar experiencia en procesos licitatorios; y que además, se adjudicaron contratos pese a no contar con giro vigente relacionado con los servicios contratados. En dicha celebración de contrato, Contraloría detectó un conflicto de interés vinculado a un funcionario del Hospital de Calama, que mantenía una relación personal directa con la representante legal de la empresa. Finalmente, el ente contralor determinó debilidades en sus sistemas de control interno, como ausencia de mecanismos efectivos para verificar la autenticidad de los documentos de proveedores, falta de aplicación adecuada de los procedimientos del Sistema de Compras Públicas y falencias en la revisión y validación de pagos por parte de las unidades competentes. Con todo la anterior, debido a la gravedad de los antecedentes la Contraloría instruyó el inicio de un procedimiento disciplinado y remitirá el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que regula los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), un instrumento que permitirá a los gobiernos regionales definir de manera estratégica el desarrollo de sus territorios, estableciendo criterios sobre la localización de industrias, áreas protegidas y proyectos estratégicos. Con esta medida, las regiones contarán con mayores herramientas para diseñar su propia hoja de ruta territorial, decisión que deberá ser considerada por ministerios y servicios públicos al momento de impulsar iniciativas o proyectos en los distintos territorios del país. Según el documento emitido por el ente contralor, el PROT se define como un instrumento de ordenamiento territorial que orienta la utilización del territorio de cada región mediante lineamientos estratégicos y una macro zonificación, con el objetivo de promover un desarrollo sustentable. Este instrumento permitirá proyectar el desarrollo regional a un horizonte de 30 años, estableciendo una “imagen objetivo” que busque equilibrar dimensiones sociales, económicas y ambientales en cada territorio. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, explicó que el PROT permitirá conciliar distintas actividades productivas con la protección del medio ambiente y el desarrollo regional. “Es un instrumento que establece orientaciones sobre cómo conciliamos las labores productivas, las labores de protección ambiental y las que apuntan al desarrollo de la región”, señaló. La autoridad agregó que el plan es elaborado por el Gobierno Regional y posteriormente aprobado por el Consejo Regional, convirtiéndose en una herramienta clave para ordenar el crecimiento del territorio. “Establece, por ejemplo, dónde habrá zonas de desarrollo industrial o zonas de desarrollo turístico. En definitiva, ordena a la región”, puntualizó Díaz. De esta manera, el PROT se proyecta como una herramienta clave para la planificación territorial de largo plazo, entregando mayor autonomía a las regiones y fortaleciendo la toma de decisiones sobre el uso y desarrollo de sus territorios.
Una deuda nominal que supera los $638 millones más intereses mantiene el Club de Deportes Antofagasta con la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, según antecedentes contenidos en el Informe D.C. N°005/2026 de la Dirección de Control, documento que remite sin visar el decreto alcaldicio que pretendía aprobar una transacción extrajudicial entre ambas partes. De acuerdo con el detalle expuesto en el informe —y respaldado por los cuadros de deuda incorporados en las páginas 9 y 10 del mismo documento— el monto total adeudado asciende a $638.831.205, correspondiente a morosidades por concepto de arriendo del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, además de consumos impagos de agua potable y energía eléctrica entre los años 2016 y 2025. Sin embargo, la transacción extrajudicial propuesta consideraba rebajar dicha deuda a $200.000.000, pagaderos en 24 cuotas mensuales de $8.333.333, lo que implica una disminución directa de $438.831.205, equivalente aproximadamente a un 68% del total adeudado. Según el oficio ingresado a Contraloría Regional por la concejala Karina Guzmán Arias, esta operación configuraría una “condonación encubierta” de deuda, sin habilitación legal expresa, generando un perjuicio patrimonial para el municipio . En el mismo documento se advierte que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, los órganos de la Administración no pueden renunciar ni rebajar créditos a su favor sin autorización legal fundada. Uno de los puntos más sensibles del caso es que esta rebaja —que compromete casi el 70% de los ingresos devengados— no habría sido puesta en conocimiento de los concejales de la comuna antes de su tramitación, lo que abre cuestionamientos respecto del control político y la transparencia del proceso. La Dirección de Control, en su análisis jurídico, advierte además que el alcalde requiere acuerdo del Concejo Municipal para transigir judicialmente o extrajudicialmente, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, observación que fundamenta la decisión de remitir el decreto sin visar. El caso ya se encuentra en conocimiento de la Contraloría Regional de Antofagasta, instancia a la que se solicitó determinar la legalidad del decreto alcaldicio, establecer si la rebaja constituye una condonación prohibida y definir eventuales responsabilidades administrativas. La controversia no solo pone en el centro el complejo escenario financiero del club, sino que también instala un debate mayor sobre el resguardo del patrimonio municipal y los mecanismos de control interno en decisiones que involucran recursos públicos de alto impacto para la ciudad. La deuda real, es decir más intereses que mantiene el cuadro puma al municipio asciende a $828.067.393 a diciembre de 2025.
