En un comunicado, Iván Mendoza entregó detalles de lo ocurrido, afirmando que “en mis más de 20 años de ejercicio, nunca he incurrido en prácticas contrarias a la lex artis”. Este lunes, el vicepresidente del Colegio Médico, Iván Mendoza, renunció a su cargo debido a su “ eventual inclusión ” en la polémica por las licencias médicas fraudulentas. Esto luego de que un informe de Contraloría alertara que, entre los años 2023 y 2024, 25.078 trabajadores viajaron fuera del país pese a tener licencias médicas. Según el reporte, citando datos de la PDI, los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el permiso de reposo. En un comunicado, Mendoza dijo que tomó “la decisión de renunciar voluntariamente a raíz de las recientes informaciones vinculadas al informe de Contraloría sobre el uso de licencias”. El ahora exdirigente sostuvo que decidió dar un paso al costado “ ante la eventual inclusión de mi caso por un cruce de fechas entre un feriado legal y el inicio de una licencia médica”. Lee también: Sebastián Aguirre y polémica por licencias falsas: “Un Estado debilitado por la corrupción es…” Además, entregó detalles de lo sucedido: “Quiero explicar los hechos con total claridad. En octubre de 2023, me encontraba de vacaciones, haciendo uso de mi feriado legal, las que concluían el día 30 de octubre. Debido al cierre del paso fronterizo en Mendoza, informé a mi jefatura que no podría regresar al país en la fecha estipulada”. El paso fue reabierto el 31 y ese mismo día ingresé a Chile cursando una enfermedad aguda. El 1°de noviembre como era feriado guardé reposo en mi casa y al día siguiente en contexto atención me indican una licencia médica desde el 31 octubre. Por lo tanto, n o me encontraba con licencia médica mientras estaba vacaciones fuera del país. Recalcó se trata superposición fechas corresponderá aclara instancias correspondientes, asegurando en mis más veinte años ejercicio, nunca incurrido prácticas contrarias lex artis. Siempre actuado apego principios éticos profundo compromiso pacientes profesión salud pública.” Fuente: CNN Chile País
La directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Javiera Martínez, anunció este miércoles que se instruyó a todos los servicios públicos del país iniciar sumarios administrativos, en un plazo máximo de 72 horas, contra funcionarios que hicieron uso indebido de licencias médicas viajando al extranjero. La medida responde a los antecedentes revelados por la Contraloría General de la República, que detectó más de 25.000 casos entre 2023 y 2024. Martínez explicó que el ausentismo en el sector público ha crecido considerablemente tras la pandemia, duplicándose en promedio los días de ausencia de los funcionarios. “Esto implica más de 8 millones de días laborales perdidos al año, lo que representa un gasto superior a los 350 millones de dólares por suplencias y reemplazos”, detalló. Además de los sumarios, la directora de la Dipres recalcó que también se deberán iniciar procesos de reintegro de los montos correspondientes a las licencias médicas mal utilizadas. “La instrucción es clara: se deben aplicar sanciones y recuperar los recursos fiscales mal empleados”, enfatizó. Antofagasta Un total de 492 funcionarios públicos en la Región de Antofagasta habrían incumplido el reposo indicado en sus licencias médicas al salir del país entre 2023 y 2024, según el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República. El informe, que analiza más de 5 millones de licencias médicas emitidas a nivel nacional, detalla que durante esos periodos se realizaron 59.575 salidas o entradas internacionales, muchas de ellas mientras los funcionarios se encontraban con licencia activa. En Antofagasta, estas cifras superan las 800 entradas y salidas del país. Calama Entre las entidades con mayor licencias aparece la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. Revisa el informe de la contraloría ACÁ
La Contraloría General de la República (CGR) publicó su noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), revelando que entre 2023 y 2024, más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica. En total, se emitieron 35.585 licencias para estos trabajadores, con un 69% otorgadas por Fonasa y el 31% por diversas Isapres. Según datos entregados por la PDI, durante los periodos de reposo se registraron 59.575 entradas o salidas del país. Las regiones con mayor número de estos desplazamientos fueron la Metropolitana (43,7%), Arica y Parinacota (16,9%) y Magallanes (10%). Además, 13 funcionarios concentran el 25% de todas las licencias emitidas. El informe también destaca casos preocupantes, como el de un trabajador del área de salud que se otorgó a sí mismo una licencia médica mientras realizaba un viaje. Entre las instituciones con mayor número de funcionarios en esta situación están la Junji (2.280 licencias), Fundación Integra (1.934) y la Municipalidad de Arica (719). Los viajes se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre, y el promedio de días de reposo fue de 17. Asimismo, se detectaron 125 personas que realizaron entre 16 y 30 desplazamientos internacionales durante sus licencias médicas. Sumarios El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al informe de la Contraloría General de la República que evidenció que más de 25 mil funcionarios públicos habrían incumplido su reposo médico, saliendo del país durante dicho periodo. Ante estos antecedentes, el secretario de Estado afirmó que el Gobierno está adoptando medidas concretas para enfrentar los abusos en el sistema de licencias médicas.
La Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en las rendiciones de gastos del año 2023 del Gobierno Regional de Antofagasta (GORE), vinculadas a 11 convenios con entidades privadas. El informe final reveló la aprobación de gastos sin respaldo documental, falta de recepción conforme de bienes o servicios, y la existencia de documentos ilegibles, lo que dificulta verificar el uso correcto de los recursos públicos. Entre los principales hallazgos, la Contraloría observó un total de $395.802.720 en gastos que carecen de respaldo suficiente. Ante esto, el GORE deberá presentar la documentación faltante o devolver dichos fondos en un plazo de 30 días hábiles. El informe también destacó el caso del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Región de Antofagasta (Cicitem), que rindió gastos no incluidos en el presupuesto aprobado, por un monto de $4.342.565. La Contraloría solicitó que el GORE acredite la devolución de estos fondos en el mismo plazo. Otra observación relevante fue en los convenios con la fundación Procultura. Según el informe, el GORE aprobó gastos por $86.997.500, aunque la fundación solo rindió $72.200.000, lo que generó una diferencia de $14.797.500. Además, se detectó un exceso de $4.616.900 en pagos aprobados por montos superiores a los rendidos. La falta de supervisión en la ejecución de proyectos fue otro punto crítico. En ocho proyectos no se realizaron visitas en terreno para verificar su cumplimiento, mientras que en otros cuatro la supervisión solo ocurrió al inicio o al final del proceso. Ante estas situaciones, la Contraloría instruyó la apertura de un sumario para establecer responsabilidades y remitió el informe a la Fiscalía Local de Antofagasta y al Consejo de Defensa del Estado para que adopten las medidas pertinentes. Respuesta del Gobierno Regional El Gobierno Regional de Antofagasta respondió a las observaciones a través de una declaración pública, refiriéndose al Informe de Auditoría N°417 de 2024, el cual auditó el proceso de revisión de rendiciones de gastos hasta el 31 de diciembre de 2023. Según el GORE, el documento evaluó 1.098 proyectos adjudicados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2023, que suman más de 48 mil millones de pesos. De ellos, las observaciones de la Contraloría afectan a menos de 10 organizaciones, lo que, a juicio del GORE, refleja un adecuado manejo financiero en la mayoría de los casos. Frente a las observaciones, el GORE informó que se han iniciado las investigaciones sumarias exigidas para establecer responsabilidades de los funcionarios y jefaturas involucrados. Además, aseguraron haber cumplido con “la totalidad de los plazos establecidos” para subsanar las observaciones. Indicaron que han entregado la documentación solicitada a través de la plataforma de seguimiento de la Contraloría y que, hasta la fecha, no han recibido nuevas observaciones sobre los puntos cuestionados. Respecto a los $400 millones observados, señalaron que el plazo para aportar los antecedentes concluyó el 28 de enero, fecha en la que enviaron la documentación complementaria requerida. “A la fecha no hay nuevas observaciones a ese punto específico”, aclararon. El GORE también destacó que las observaciones de la Contraloría no corresponden a un uso indebido de los recursos, sino a exigencias formales que cambiaron tras la firma de algunos convenios. “En varios casos, la Contraloría solicita documentación en formato físico cuando fue entregada de manera digital, o el original de una factura cuando se entregó la copia. Se trata de cuestionamientos de forma, no de fondo”, explicaron. Por último, respecto a la Fundación Procultura, el GORE informó que ya envió los antecedentes a la Fiscalía y presentó acciones judiciales para exigir la devolución de los montos no ejecutados. Este proceso se encuentra en curso y deberá ser consultado directamente con la Fiscalía para conocer su avance.
En un comunicado, Iván Mendoza entregó detalles de lo ocurrido, afirmando que “en mis más de 20 años de ejercicio, nunca he incurrido en prácticas contrarias a la lex artis”. Este lunes, el vicepresidente del Colegio Médico, Iván Mendoza, renunció a su cargo debido a su “ eventual inclusión ” en la polémica por las licencias médicas fraudulentas. Esto luego de que un informe de Contraloría alertara que, entre los años 2023 y 2024, 25.078 trabajadores viajaron fuera del país pese a tener licencias médicas. Según el reporte, citando datos de la PDI, los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el permiso de reposo. En un comunicado, Mendoza dijo que tomó “la decisión de renunciar voluntariamente a raíz de las recientes informaciones vinculadas al informe de Contraloría sobre el uso de licencias”. El ahora exdirigente sostuvo que decidió dar un paso al costado “ ante la eventual inclusión de mi caso por un cruce de fechas entre un feriado legal y el inicio de una licencia médica”. Lee también: Sebastián Aguirre y polémica por licencias falsas: “Un Estado debilitado por la corrupción es…” Además, entregó detalles de lo sucedido: “Quiero explicar los hechos con total claridad. En octubre de 2023, me encontraba de vacaciones, haciendo uso de mi feriado legal, las que concluían el día 30 de octubre. Debido al cierre del paso fronterizo en Mendoza, informé a mi jefatura que no podría regresar al país en la fecha estipulada”. El paso fue reabierto el 31 y ese mismo día ingresé a Chile cursando una enfermedad aguda. El 1°de noviembre como era feriado guardé reposo en mi casa y al día siguiente en contexto atención me indican una licencia médica desde el 31 octubre. Por lo tanto, n o me encontraba con licencia médica mientras estaba vacaciones fuera del país. Recalcó se trata superposición fechas corresponderá aclara instancias correspondientes, asegurando en mis más veinte años ejercicio, nunca incurrido prácticas contrarias lex artis. Siempre actuado apego principios éticos profundo compromiso pacientes profesión salud pública.” Fuente: CNN Chile País
La directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Javiera Martínez, anunció este miércoles que se instruyó a todos los servicios públicos del país iniciar sumarios administrativos, en un plazo máximo de 72 horas, contra funcionarios que hicieron uso indebido de licencias médicas viajando al extranjero. La medida responde a los antecedentes revelados por la Contraloría General de la República, que detectó más de 25.000 casos entre 2023 y 2024. Martínez explicó que el ausentismo en el sector público ha crecido considerablemente tras la pandemia, duplicándose en promedio los días de ausencia de los funcionarios. “Esto implica más de 8 millones de días laborales perdidos al año, lo que representa un gasto superior a los 350 millones de dólares por suplencias y reemplazos”, detalló. Además de los sumarios, la directora de la Dipres recalcó que también se deberán iniciar procesos de reintegro de los montos correspondientes a las licencias médicas mal utilizadas. “La instrucción es clara: se deben aplicar sanciones y recuperar los recursos fiscales mal empleados”, enfatizó. Antofagasta Un total de 492 funcionarios públicos en la Región de Antofagasta habrían incumplido el reposo indicado en sus licencias médicas al salir del país entre 2023 y 2024, según el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República. El informe, que analiza más de 5 millones de licencias médicas emitidas a nivel nacional, detalla que durante esos periodos se realizaron 59.575 salidas o entradas internacionales, muchas de ellas mientras los funcionarios se encontraban con licencia activa. En Antofagasta, estas cifras superan las 800 entradas y salidas del país. Calama Entre las entidades con mayor licencias aparece la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. Revisa el informe de la contraloría ACÁ
La Contraloría General de la República (CGR) publicó su noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), revelando que entre 2023 y 2024, más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica. En total, se emitieron 35.585 licencias para estos trabajadores, con un 69% otorgadas por Fonasa y el 31% por diversas Isapres. Según datos entregados por la PDI, durante los periodos de reposo se registraron 59.575 entradas o salidas del país. Las regiones con mayor número de estos desplazamientos fueron la Metropolitana (43,7%), Arica y Parinacota (16,9%) y Magallanes (10%). Además, 13 funcionarios concentran el 25% de todas las licencias emitidas. El informe también destaca casos preocupantes, como el de un trabajador del área de salud que se otorgó a sí mismo una licencia médica mientras realizaba un viaje. Entre las instituciones con mayor número de funcionarios en esta situación están la Junji (2.280 licencias), Fundación Integra (1.934) y la Municipalidad de Arica (719). Los viajes se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre, y el promedio de días de reposo fue de 17. Asimismo, se detectaron 125 personas que realizaron entre 16 y 30 desplazamientos internacionales durante sus licencias médicas. Sumarios El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al informe de la Contraloría General de la República que evidenció que más de 25 mil funcionarios públicos habrían incumplido su reposo médico, saliendo del país durante dicho periodo. Ante estos antecedentes, el secretario de Estado afirmó que el Gobierno está adoptando medidas concretas para enfrentar los abusos en el sistema de licencias médicas.
La Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en las rendiciones de gastos del año 2023 del Gobierno Regional de Antofagasta (GORE), vinculadas a 11 convenios con entidades privadas. El informe final reveló la aprobación de gastos sin respaldo documental, falta de recepción conforme de bienes o servicios, y la existencia de documentos ilegibles, lo que dificulta verificar el uso correcto de los recursos públicos. Entre los principales hallazgos, la Contraloría observó un total de $395.802.720 en gastos que carecen de respaldo suficiente. Ante esto, el GORE deberá presentar la documentación faltante o devolver dichos fondos en un plazo de 30 días hábiles. El informe también destacó el caso del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Región de Antofagasta (Cicitem), que rindió gastos no incluidos en el presupuesto aprobado, por un monto de $4.342.565. La Contraloría solicitó que el GORE acredite la devolución de estos fondos en el mismo plazo. Otra observación relevante fue en los convenios con la fundación Procultura. Según el informe, el GORE aprobó gastos por $86.997.500, aunque la fundación solo rindió $72.200.000, lo que generó una diferencia de $14.797.500. Además, se detectó un exceso de $4.616.900 en pagos aprobados por montos superiores a los rendidos. La falta de supervisión en la ejecución de proyectos fue otro punto crítico. En ocho proyectos no se realizaron visitas en terreno para verificar su cumplimiento, mientras que en otros cuatro la supervisión solo ocurrió al inicio o al final del proceso. Ante estas situaciones, la Contraloría instruyó la apertura de un sumario para establecer responsabilidades y remitió el informe a la Fiscalía Local de Antofagasta y al Consejo de Defensa del Estado para que adopten las medidas pertinentes. Respuesta del Gobierno Regional El Gobierno Regional de Antofagasta respondió a las observaciones a través de una declaración pública, refiriéndose al Informe de Auditoría N°417 de 2024, el cual auditó el proceso de revisión de rendiciones de gastos hasta el 31 de diciembre de 2023. Según el GORE, el documento evaluó 1.098 proyectos adjudicados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2023, que suman más de 48 mil millones de pesos. De ellos, las observaciones de la Contraloría afectan a menos de 10 organizaciones, lo que, a juicio del GORE, refleja un adecuado manejo financiero en la mayoría de los casos. Frente a las observaciones, el GORE informó que se han iniciado las investigaciones sumarias exigidas para establecer responsabilidades de los funcionarios y jefaturas involucrados. Además, aseguraron haber cumplido con “la totalidad de los plazos establecidos” para subsanar las observaciones. Indicaron que han entregado la documentación solicitada a través de la plataforma de seguimiento de la Contraloría y que, hasta la fecha, no han recibido nuevas observaciones sobre los puntos cuestionados. Respecto a los $400 millones observados, señalaron que el plazo para aportar los antecedentes concluyó el 28 de enero, fecha en la que enviaron la documentación complementaria requerida. “A la fecha no hay nuevas observaciones a ese punto específico”, aclararon. El GORE también destacó que las observaciones de la Contraloría no corresponden a un uso indebido de los recursos, sino a exigencias formales que cambiaron tras la firma de algunos convenios. “En varios casos, la Contraloría solicita documentación en formato físico cuando fue entregada de manera digital, o el original de una factura cuando se entregó la copia. Se trata de cuestionamientos de forma, no de fondo”, explicaron. Por último, respecto a la Fundación Procultura, el GORE informó que ya envió los antecedentes a la Fiscalía y presentó acciones judiciales para exigir la devolución de los montos no ejecutados. Este proceso se encuentra en curso y deberá ser consultado directamente con la Fiscalía para conocer su avance.
