La Contraloría Regional de Antofagasta detectó graves irregularidades en la gestión y control de licencias médicas durante 2023 y 2024 en la Seremi de Salud y la Compin regional. Entre los hallazgos, se verificó que funcionarios sin la función de médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias en el Sistema Informático de Fonasa (SIF). Incluso se identificaron autorizaciones de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios contralores. El informe expuso que 113 profesionales no registrados ni habilitados prescribieron 1.187 reposos, de los cuales 1.100 fueron autorizados por la Compin sin advertir la irregularidad. También se detectó una cobertura mínima en fiscalizaciones sobre cumplimiento de reposos (0,12%) y vínculos laborales (0,08%), además de un control insuficiente sobre grandes emisores de licencias. Se constató la emisión de 1.626 licencias por médicos sancionados, 1.479 de ellas autorizadas, pese a estar suspendidos. La Compin levantó sanciones a 59 de 94 médicos sin detallar fundamentos, careciendo de controles sobre cumplimiento y pago de multas. El informe advierte, además, deficiencias en el resguardo de talonarios en papel, inconsistencias en las bases de datos y ausencia de mecanismos para evitar conflictos de interés. A diciembre de 2024, la Compin adeudaba $36.582 millones a 120 instituciones públicas. Ante estas irregularidades, la Contraloría anunció un sumario para establecer responsabilidades y reforzar la transparencia en la gestión de licencias médicas.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 13.286 funcionarios públicos asistieron a casinos de juego en Chile mientras se encontraban con licencia médica durante 2023 y 2024. El análisis, que cruza datos de licencias con los registros de 25 casinos, contabilizó un total de 14.923 visitas a estos establecimientos. Ante esto, el estudio señala que los casinos de las regiones de O’Higgins, Biobío y Valparaíso concentraron la mayor cantidad de ingresos. O’Higgins lideró con 3.376 registros (23%), seguido por Biobío con 2.180 (15%) y Valparaíso con 2.162 (14%). Otras regiones con alta incidencia fueron Los Lagos (10%) y La Araucanía (7%). Asimismo, las instituciones con más casos de funcionarios involucrados fueron las municipalidades, con un 30% de los registros, y los hospitales y servicios de salud, con un 29%. Entre las entidades específicas con mayor número de licencias médicas que se usaron para ir a casinos, destacan la Junta Nacional de Jardines Infantiles (516), Fundación Integra (480), y el Servicio de Salud de Concepción (332). Además, el informe encontró que 1.486 de estos funcionarios también aparecieron en un listado anterior de la Contraloría, que los identificaba por haber viajado fuera del país mientras estaban con licencia médica. Este consolidado, el 15° emitido por el ente fiscalizador, subraya una práctica recurrente de mal uso de los permisos de reposo médico en el sector público.
En un giro relevante para la fiscalización del sector público, la Contraloría General de la República instruyó este martes a todos los órganos de la Administración del Estado —incluidos municipios y servicios descentralizados— a reemplazar los sistemas manuales de control de asistencia, como los libros en papel, por mecanismos electrónicos modernos y verificables. El documento, firmado por la contralora Dorothy Pérez, advierte que los registros físicos no cumplen con los estándares de integridad, veracidad y confiabilidad que exige la normativa vigente. Por ello, dejarán de ser válidos para justificar el pago de sueldos o para fines de control administrativo. Registros obsoletos y vulnerables Según el oficio, los libros de asistencia en papel presentan serias debilidades, como errores, omisiones, adulteraciones y anotaciones fraudulentas, problemas que han sido detectados de forma reiterada por la Contraloría en distintas auditorías. Impacto en municipios y gobiernos regionales por nueva instrucción de Contraloría La orden de la Contraloría tendrá efectos directos en municipios y gobiernos regionales, donde aún persiste el uso de libros físicos para el control de asistencia. Estos organismos deberán reportar, en un plazo máximo de 20 días hábiles, la implementación de mecanismos electrónicos mediante la Ventanilla Única del sistema SIAD. El cronograma no podrá superar el primer semestre de 2026, salvo casos justificados por falta de presupuesto. En situaciones excepcionales, se podrá aplicar un sistema alternativo dentro del mismo servicio, siempre que exista un acto administrativo fundado y sin basarse en jerarquías para no vulnerar la igualdad ante la ley.
La Contraloría Regional de Antofagasta detectó graves irregularidades en la gestión y control de licencias médicas durante 2023 y 2024 en la Seremi de Salud y la Compin regional. Entre los hallazgos, se verificó que funcionarios sin la función de médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias en el Sistema Informático de Fonasa (SIF). Incluso se identificaron autorizaciones de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios contralores. El informe expuso que 113 profesionales no registrados ni habilitados prescribieron 1.187 reposos, de los cuales 1.100 fueron autorizados por la Compin sin advertir la irregularidad. También se detectó una cobertura mínima en fiscalizaciones sobre cumplimiento de reposos (0,12%) y vínculos laborales (0,08%), además de un control insuficiente sobre grandes emisores de licencias. Se constató la emisión de 1.626 licencias por médicos sancionados, 1.479 de ellas autorizadas, pese a estar suspendidos. La Compin levantó sanciones a 59 de 94 médicos sin detallar fundamentos, careciendo de controles sobre cumplimiento y pago de multas. El informe advierte, además, deficiencias en el resguardo de talonarios en papel, inconsistencias en las bases de datos y ausencia de mecanismos para evitar conflictos de interés. A diciembre de 2024, la Compin adeudaba $36.582 millones a 120 instituciones públicas. Ante estas irregularidades, la Contraloría anunció un sumario para establecer responsabilidades y reforzar la transparencia en la gestión de licencias médicas.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 13.286 funcionarios públicos asistieron a casinos de juego en Chile mientras se encontraban con licencia médica durante 2023 y 2024. El análisis, que cruza datos de licencias con los registros de 25 casinos, contabilizó un total de 14.923 visitas a estos establecimientos. Ante esto, el estudio señala que los casinos de las regiones de O’Higgins, Biobío y Valparaíso concentraron la mayor cantidad de ingresos. O’Higgins lideró con 3.376 registros (23%), seguido por Biobío con 2.180 (15%) y Valparaíso con 2.162 (14%). Otras regiones con alta incidencia fueron Los Lagos (10%) y La Araucanía (7%). Asimismo, las instituciones con más casos de funcionarios involucrados fueron las municipalidades, con un 30% de los registros, y los hospitales y servicios de salud, con un 29%. Entre las entidades específicas con mayor número de licencias médicas que se usaron para ir a casinos, destacan la Junta Nacional de Jardines Infantiles (516), Fundación Integra (480), y el Servicio de Salud de Concepción (332). Además, el informe encontró que 1.486 de estos funcionarios también aparecieron en un listado anterior de la Contraloría, que los identificaba por haber viajado fuera del país mientras estaban con licencia médica. Este consolidado, el 15° emitido por el ente fiscalizador, subraya una práctica recurrente de mal uso de los permisos de reposo médico en el sector público.
En un giro relevante para la fiscalización del sector público, la Contraloría General de la República instruyó este martes a todos los órganos de la Administración del Estado —incluidos municipios y servicios descentralizados— a reemplazar los sistemas manuales de control de asistencia, como los libros en papel, por mecanismos electrónicos modernos y verificables. El documento, firmado por la contralora Dorothy Pérez, advierte que los registros físicos no cumplen con los estándares de integridad, veracidad y confiabilidad que exige la normativa vigente. Por ello, dejarán de ser válidos para justificar el pago de sueldos o para fines de control administrativo. Registros obsoletos y vulnerables Según el oficio, los libros de asistencia en papel presentan serias debilidades, como errores, omisiones, adulteraciones y anotaciones fraudulentas, problemas que han sido detectados de forma reiterada por la Contraloría en distintas auditorías. Impacto en municipios y gobiernos regionales por nueva instrucción de Contraloría La orden de la Contraloría tendrá efectos directos en municipios y gobiernos regionales, donde aún persiste el uso de libros físicos para el control de asistencia. Estos organismos deberán reportar, en un plazo máximo de 20 días hábiles, la implementación de mecanismos electrónicos mediante la Ventanilla Única del sistema SIAD. El cronograma no podrá superar el primer semestre de 2026, salvo casos justificados por falta de presupuesto. En situaciones excepcionales, se podrá aplicar un sistema alternativo dentro del mismo servicio, siempre que exista un acto administrativo fundado y sin basarse en jerarquías para no vulnerar la igualdad ante la ley.
