El Observatorio Niñez de la Fundación Colunga, en conjunto con Déficit Cero, presentó la agenda “Niñez y Vivienda”, un estudio que analiza las condiciones habitacionales que enfrentan niñas y niños en Chile. Basado en datos como la Encuesta Casen 2022, el informe reveló cifras alarmantes: el 40% de los niños y niñas del país (1.808.439) vive con al menos una carencia habitacional que afecta directamente su salud, desarrollo emocional, aprendizaje y relaciones de cuidado. Dentro de este grupo, el 44% está en etapa de primera infancia, el 40% en infancia media y el 37% son adolescentes. El informe también mostró una brecha preocupante entre población extranjera e infantil nacida en Chile: el 70% de los niños migrantes enfrenta alguna deficiencia habitacional, frente al 39% de los nacionales. Un dato especialmente crítico es que más de 84 mil niños (2%) viven en campamentos, concentrándose mayormente en las regiones de Valparaíso (21.752), Antofagasta (16.101), Tarapacá (10.332), Biobío (7.674) y Arica (3.386). En cuanto a la calidad de las viviendas, el 9% de la infancia habita hogares con materialidad deficiente en muros, techos o suelos. Un 3% vive en casas con un solo componente recuperable, un 6% con dos, y cerca de 11.000 niños en viviendas irrecuperables. Respecto a acceso a cama propia, el 26% de niños en nivel parvulario no tiene una cama exclusiva; en primero medio la cifra baja al 6%. El informe también aborda la disponibilidad de espacio para estudiar, jugar o guardar pertenencias. Un 8% de los niños nunca tiene estos espacios y un 20% los habilita de forma ocasional. En el ámbito de los servicios básicos, un 2% vive en hogares con origen o distribución de agua deficitario y un 3% con sistemas de eliminación de excretas inadecuados. Las regiones con mayores carencias son Tarapacá y Los Lagos, donde un 13% de los niños está afectado por problemas de acceso a servicios básicos. Respecto a la asequibilidad habitacional, el 24% de los niños vive en hogares donde más del 30% de los ingresos se destina a pagar arriendo o dividendo, quedando bajo la línea de la pobreza. Esta cifra ha aumentado desde el 19% registrado en 2017, evidenciando un deterioro en el acceso a viviendas dignas. Ante este panorama, el informe propone cuatro ejes de política pública: Establecer un sistema de acceso a la vivienda más flexible y adaptado a las realidades familiares. Crear programas de arriendo público asequible para familias migrantes o jóvenes con hijos. Impulsar mejoras habitacionales con enfoque en la niñez. Reforzar el monitoreo y uso de datos para guiar la acción pública. Trinidad Vidal, directora de Incidencia y Políticas Públicas de Déficit Cero, enfatizó que se requiere un enfoque sensible a la diversidad familiar y a los efectos del hacinamiento en la salud mental infantil. “Los programas del Estado deben tener en cuenta los riesgos al interior de los hogares para niños y niñas”, señaló, añadiendo que se deben generar soluciones comunitarias para crear espacios de estudio y cuidado dentro de las viviendas o barrios. Finalmente, Vidal subrayó que el entorno inseguro, la precariedad habitacional y la dificultad de los padres para acceder a una vivienda también inciden negativamente en la salud mental y el desarrollo integral de la niñez chilena.
De los 1.428 campamentos existentes en Chile, 447 enfrentan actualmente un riesgo crítico de desalojo, lo que podría afectar a más de 43 mil familias que viven en condiciones precarias a lo largo del país. Estas situaciones se encuentran bajo órdenes judiciales, procesos administrativos o juicios en curso que podrían derivar en expulsiones forzadas. Uno de los casos más alarmantes es el del cerro Centinela en San Antonio, Región de Valparaíso, donde más de 10 mil personas podrían ser desalojadas. La situación ha sido calificada como una “crisis humanitaria” por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, mientras el Gobierno mantiene negociaciones con los propietarios del terreno para evitar una expulsión masiva. El director ejecutivo de Techo Chile, Gonzalo Rodríguez, señaló a La Tercera que el desalojo “debe ser la última opción” y que, si se lleva a cabo, debe resguardar los derechos de las familias, especialmente de niños y niñas, asegurando soluciones habitacionales dignas. El Catastro de Campamentos 2024-2025, elaborado por la organización, detalla que Valparaíso es la región con más casos bajo amenaza (98), seguida por Biobío (65) y Antofagasta (60). Otras regiones también presentan cifras significativas: la Metropolitana con 54 campamentos en riesgo, Atacama (46), Los Lagos (26), La Araucanía (24), Tarapacá (22) y O’Higgins (16). En niveles más bajos aparecen Los Ríos (11), Arica y Parinacota y Coquimbo (9 cada una), Ñuble (3), Maule y Magallanes (2), mientras que Aysén es la única sin casos reportados.
Un reciente informe de Techo-Chile expone la grave crisis habitacional que azota a la Región de Antofagasta. El catastro 2024-2025 revela que en los últimos dos años, más de 3.000 familias se han incorporado a campamentos en la zona, elevando la cifra total a 15.855 núcleos familiares. Este incremento del 23,6% respecto a la medición anterior sitúa a la región entre las tres con mayor cantidad de familias viviendo en asentamientos informales a nivel país. Ante esto, la capital regional concentra la mayor parte de esta compleja realidad. La comuna alberga a 10.562 familias distribuidas en 116 campamentos, lo que representa el 8,8% del total nacional. Con estas cifras, Antofagasta lidera el ranking nacional en número de campamentos y se ubica en el tercer lugar en cantidad de familias, solo superada por las regiones de Valparaíso y Biobío. A nivel nacional, el estudio contabilizó 1.428 campamentos que acogen a más de 120 mil familias, lo que implica un aumento del 5,8% en familias y un 10,6% en asentamientos en comparación con el año 2023. Finalmente, el informe también pone de manifiesto la profunda dimensión social de esta crisis en la región, con una importante presencia de 15.340 niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, así como 2.103 adultos mayores viviendo en campamentos. Adicionalmente, se alertó sobre el crecimiento de los denominados macrocampamentos, que congregan a más de 1.000 familias o fusionan varios sectores con más de 500 familias, complejizando aún más la búsqueda de soluciones habitacionales.
El Observatorio Niñez de la Fundación Colunga, en conjunto con Déficit Cero, presentó la agenda “Niñez y Vivienda”, un estudio que analiza las condiciones habitacionales que enfrentan niñas y niños en Chile. Basado en datos como la Encuesta Casen 2022, el informe reveló cifras alarmantes: el 40% de los niños y niñas del país (1.808.439) vive con al menos una carencia habitacional que afecta directamente su salud, desarrollo emocional, aprendizaje y relaciones de cuidado. Dentro de este grupo, el 44% está en etapa de primera infancia, el 40% en infancia media y el 37% son adolescentes. El informe también mostró una brecha preocupante entre población extranjera e infantil nacida en Chile: el 70% de los niños migrantes enfrenta alguna deficiencia habitacional, frente al 39% de los nacionales. Un dato especialmente crítico es que más de 84 mil niños (2%) viven en campamentos, concentrándose mayormente en las regiones de Valparaíso (21.752), Antofagasta (16.101), Tarapacá (10.332), Biobío (7.674) y Arica (3.386). En cuanto a la calidad de las viviendas, el 9% de la infancia habita hogares con materialidad deficiente en muros, techos o suelos. Un 3% vive en casas con un solo componente recuperable, un 6% con dos, y cerca de 11.000 niños en viviendas irrecuperables. Respecto a acceso a cama propia, el 26% de niños en nivel parvulario no tiene una cama exclusiva; en primero medio la cifra baja al 6%. El informe también aborda la disponibilidad de espacio para estudiar, jugar o guardar pertenencias. Un 8% de los niños nunca tiene estos espacios y un 20% los habilita de forma ocasional. En el ámbito de los servicios básicos, un 2% vive en hogares con origen o distribución de agua deficitario y un 3% con sistemas de eliminación de excretas inadecuados. Las regiones con mayores carencias son Tarapacá y Los Lagos, donde un 13% de los niños está afectado por problemas de acceso a servicios básicos. Respecto a la asequibilidad habitacional, el 24% de los niños vive en hogares donde más del 30% de los ingresos se destina a pagar arriendo o dividendo, quedando bajo la línea de la pobreza. Esta cifra ha aumentado desde el 19% registrado en 2017, evidenciando un deterioro en el acceso a viviendas dignas. Ante este panorama, el informe propone cuatro ejes de política pública: Establecer un sistema de acceso a la vivienda más flexible y adaptado a las realidades familiares. Crear programas de arriendo público asequible para familias migrantes o jóvenes con hijos. Impulsar mejoras habitacionales con enfoque en la niñez. Reforzar el monitoreo y uso de datos para guiar la acción pública. Trinidad Vidal, directora de Incidencia y Políticas Públicas de Déficit Cero, enfatizó que se requiere un enfoque sensible a la diversidad familiar y a los efectos del hacinamiento en la salud mental infantil. “Los programas del Estado deben tener en cuenta los riesgos al interior de los hogares para niños y niñas”, señaló, añadiendo que se deben generar soluciones comunitarias para crear espacios de estudio y cuidado dentro de las viviendas o barrios. Finalmente, Vidal subrayó que el entorno inseguro, la precariedad habitacional y la dificultad de los padres para acceder a una vivienda también inciden negativamente en la salud mental y el desarrollo integral de la niñez chilena.
De los 1.428 campamentos existentes en Chile, 447 enfrentan actualmente un riesgo crítico de desalojo, lo que podría afectar a más de 43 mil familias que viven en condiciones precarias a lo largo del país. Estas situaciones se encuentran bajo órdenes judiciales, procesos administrativos o juicios en curso que podrían derivar en expulsiones forzadas. Uno de los casos más alarmantes es el del cerro Centinela en San Antonio, Región de Valparaíso, donde más de 10 mil personas podrían ser desalojadas. La situación ha sido calificada como una “crisis humanitaria” por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, mientras el Gobierno mantiene negociaciones con los propietarios del terreno para evitar una expulsión masiva. El director ejecutivo de Techo Chile, Gonzalo Rodríguez, señaló a La Tercera que el desalojo “debe ser la última opción” y que, si se lleva a cabo, debe resguardar los derechos de las familias, especialmente de niños y niñas, asegurando soluciones habitacionales dignas. El Catastro de Campamentos 2024-2025, elaborado por la organización, detalla que Valparaíso es la región con más casos bajo amenaza (98), seguida por Biobío (65) y Antofagasta (60). Otras regiones también presentan cifras significativas: la Metropolitana con 54 campamentos en riesgo, Atacama (46), Los Lagos (26), La Araucanía (24), Tarapacá (22) y O’Higgins (16). En niveles más bajos aparecen Los Ríos (11), Arica y Parinacota y Coquimbo (9 cada una), Ñuble (3), Maule y Magallanes (2), mientras que Aysén es la única sin casos reportados.
Un reciente informe de Techo-Chile expone la grave crisis habitacional que azota a la Región de Antofagasta. El catastro 2024-2025 revela que en los últimos dos años, más de 3.000 familias se han incorporado a campamentos en la zona, elevando la cifra total a 15.855 núcleos familiares. Este incremento del 23,6% respecto a la medición anterior sitúa a la región entre las tres con mayor cantidad de familias viviendo en asentamientos informales a nivel país. Ante esto, la capital regional concentra la mayor parte de esta compleja realidad. La comuna alberga a 10.562 familias distribuidas en 116 campamentos, lo que representa el 8,8% del total nacional. Con estas cifras, Antofagasta lidera el ranking nacional en número de campamentos y se ubica en el tercer lugar en cantidad de familias, solo superada por las regiones de Valparaíso y Biobío. A nivel nacional, el estudio contabilizó 1.428 campamentos que acogen a más de 120 mil familias, lo que implica un aumento del 5,8% en familias y un 10,6% en asentamientos en comparación con el año 2023. Finalmente, el informe también pone de manifiesto la profunda dimensión social de esta crisis en la región, con una importante presencia de 15.340 niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, así como 2.103 adultos mayores viviendo en campamentos. Adicionalmente, se alertó sobre el crecimiento de los denominados macrocampamentos, que congregan a más de 1.000 familias o fusionan varios sectores con más de 500 familias, complejizando aún más la búsqueda de soluciones habitacionales.
