Con amplio respaldo político, la Sala del Senado aprobó este martes el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con 30 votos a favor, ninguna votación en contra y una abstención. Con este resultado, la iniciativa quedó lista para ser despachada a ley, a la espera de la revisión del Tribunal Constitucional. El informe, previamente aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, resolvió seis puntos clave que generaban diferencias durante la tramitación, entre ellos las condiciones laborales para docentes y asistentes de la educación, la creación de consejos escolares en establecimientos con aporte estatal, la definición formal de acoso escolar y la actualización de los planes de gestión de convivencia educativa. Asimismo, se incorporaron ajustes a los reglamentos internos, la autorización para el uso de tecnologías de detección de armas u objetos peligrosos y la restitución de la declaración de intereses y patrimonio para integrantes del Consejo de Bienestar Socioemocional Escolar. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación del proyecto, destacando su carácter estructural. “Chile necesita esta ley. Nuestro sistema educativo la requiere con urgencia, porque cuando los climas escolares no son adecuados, los aprendizajes se ven seriamente afectados”, señaló la autoridad, subrayando que la iniciativa no solo apunta al respeto y la dignidad, sino también a la mejora de la calidad educativa. La nueva Ley de Convivencia Escolar tiene como objetivo prevenir y erradicar el acoso, la discriminación y la violencia en los establecimientos educacionales, fortaleciendo el rol del Estado en la promoción del buen trato y la protección de los derechos de niños, niñas y estudiantes. Entre las principales medidas se contempla la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa con un plan de acción a ocho años, la incorporación obligatoria de coordinadores de convivencia con dedicación exclusiva en colegios con financiamiento estatal, la actualización de reglamentos internos con enfoque preventivo y el fortalecimiento de la Superintendencia de Educación y de los sistemas de monitoreo. Además, se implementará un programa de bienestar socioemocional que ya se encuentra en fase piloto en distintos servicios locales de educación pública del país.
Con amplio respaldo político, la Sala del Senado aprobó este martes el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con 30 votos a favor, ninguna votación en contra y una abstención. Con este resultado, la iniciativa quedó lista para ser despachada a ley, a la espera de la revisión del Tribunal Constitucional. El informe, previamente aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, resolvió seis puntos clave que generaban diferencias durante la tramitación, entre ellos las condiciones laborales para docentes y asistentes de la educación, la creación de consejos escolares en establecimientos con aporte estatal, la definición formal de acoso escolar y la actualización de los planes de gestión de convivencia educativa. Asimismo, se incorporaron ajustes a los reglamentos internos, la autorización para el uso de tecnologías de detección de armas u objetos peligrosos y la restitución de la declaración de intereses y patrimonio para integrantes del Consejo de Bienestar Socioemocional Escolar. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación del proyecto, destacando su carácter estructural. “Chile necesita esta ley. Nuestro sistema educativo la requiere con urgencia, porque cuando los climas escolares no son adecuados, los aprendizajes se ven seriamente afectados”, señaló la autoridad, subrayando que la iniciativa no solo apunta al respeto y la dignidad, sino también a la mejora de la calidad educativa. La nueva Ley de Convivencia Escolar tiene como objetivo prevenir y erradicar el acoso, la discriminación y la violencia en los establecimientos educacionales, fortaleciendo el rol del Estado en la promoción del buen trato y la protección de los derechos de niños, niñas y estudiantes. Entre las principales medidas se contempla la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa con un plan de acción a ocho años, la incorporación obligatoria de coordinadores de convivencia con dedicación exclusiva en colegios con financiamiento estatal, la actualización de reglamentos internos con enfoque preventivo y el fortalecimiento de la Superintendencia de Educación y de los sistemas de monitoreo. Además, se implementará un programa de bienestar socioemocional que ya se encuentra en fase piloto en distintos servicios locales de educación pública del país.
