En una jornada judicial crucial, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso presentado por la defensa de Catalina Pérez, quien enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco. La imputación se enmarca en la investigación por los convenios irregulares suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ( Minvu) y la fundación Democracia Viva durante 2022. El tribunal, compuesto por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado Marcelo Díaz Sanhueza, argumentó que la medida cautelar anterior, que mantenía a Pérez en arresto domiciliario total no era la correcta. La resolución judicial indica que “no hay argumentación respecto a por qué la medida cautelar de privación domiciliaria total frente a la parcial, por cierto, sería aquella que garantiza las finalidades del procedimiento y esta otra no”. Enfatizan que la gravedad del delito y la calidad de la imputada no son suficientes por sí solas para justificar una medida tan restrictiva. Ante esto, la Corte concluyó que el arresto domiciliario nocturno es una medida proporcional y suficiente para garantizar los fines del proceso judicial, ya que protege la seguridad social y se alinea con las medidas cautelares impuestas a otros coimputados en la causa. La nueva medida regirá entre las 20:00 horas y las 08:00 horas del día siguiente. Según la fiscalía, Catalina Pérez habría estado al tanto de un acuerdo entre el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, y el representante de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, entonces su pareja. Este acuerdo habría permitido la firma de tres convenios de manera irregular para supuestas obras menores en campamentos de Antofagasta que, según la investigación, nunca se ejecutaron. Las transferencias de fondos ascendieron a $200 millones, $170 millones y $56 millones, respectivamente.
La Fiscalía Regional presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones para revisar el arresto domiciliario total impuesto a la diputada Catalina Pérez, formalizada por presunto fraude al fisco en el caso Democracia Viva. El recurso, ingresado al límite del plazo legal, insiste en la prisión preventiva, rechazada previamente por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Ante esto, la magistrada Claudia Campusano argumentó la necesidad de proporcionalidad con otros imputados, como Daniel Andrade, quien recibió medidas menos gravosas. En paralelo, la defensa de Pérez solicitó sustituir el arresto domiciliario por firma mensual y arraigo nacional, reafirmando la inocencia de la diputada.
En una jornada judicial crucial, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso presentado por la defensa de Catalina Pérez, quien enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco. La imputación se enmarca en la investigación por los convenios irregulares suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ( Minvu) y la fundación Democracia Viva durante 2022. El tribunal, compuesto por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado Marcelo Díaz Sanhueza, argumentó que la medida cautelar anterior, que mantenía a Pérez en arresto domiciliario total no era la correcta. La resolución judicial indica que “no hay argumentación respecto a por qué la medida cautelar de privación domiciliaria total frente a la parcial, por cierto, sería aquella que garantiza las finalidades del procedimiento y esta otra no”. Enfatizan que la gravedad del delito y la calidad de la imputada no son suficientes por sí solas para justificar una medida tan restrictiva. Ante esto, la Corte concluyó que el arresto domiciliario nocturno es una medida proporcional y suficiente para garantizar los fines del proceso judicial, ya que protege la seguridad social y se alinea con las medidas cautelares impuestas a otros coimputados en la causa. La nueva medida regirá entre las 20:00 horas y las 08:00 horas del día siguiente. Según la fiscalía, Catalina Pérez habría estado al tanto de un acuerdo entre el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, y el representante de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, entonces su pareja. Este acuerdo habría permitido la firma de tres convenios de manera irregular para supuestas obras menores en campamentos de Antofagasta que, según la investigación, nunca se ejecutaron. Las transferencias de fondos ascendieron a $200 millones, $170 millones y $56 millones, respectivamente.
La Fiscalía Regional presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones para revisar el arresto domiciliario total impuesto a la diputada Catalina Pérez, formalizada por presunto fraude al fisco en el caso Democracia Viva. El recurso, ingresado al límite del plazo legal, insiste en la prisión preventiva, rechazada previamente por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Ante esto, la magistrada Claudia Campusano argumentó la necesidad de proporcionalidad con otros imputados, como Daniel Andrade, quien recibió medidas menos gravosas. En paralelo, la defensa de Pérez solicitó sustituir el arresto domiciliario por firma mensual y arraigo nacional, reafirmando la inocencia de la diputada.
