Este lunes la justicia dará un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado con el inicio del juicio oral contra 38 miembros de la banda Los Gallegos . Esta organización criminal, identificada como uno de los brazos operativos del infame Tren de Aragua en suelo nacional, enfrentará la justicia por su presunta participación en 22 hechos delictivos , entre los que se incluyen siete homicidios ocurridos durante el año 2022. El Ministerio Público, encargado de la investigación, recopiló un extenso conjunto de pruebas, que incluyen más de 60 informes policiale s y cientos de intercepciones telefónicas, para respaldar sus acusaciones. Se solicitan penas de presidio perpetuo para 11 de los acusados, mientras que el resto enfrentará distintas penas que suman aproximadamente 200 años de cárcel. Sin embargo, la antesala de este juicio estuvo marcada por la preocupación debido a la determinación inicial de la Corte de Apelaciones de Arica de permitir que 19 de los acusados comparecieran de forma presencial, un escenario que planteaba riesgos a la seguridad dada la peligrosidad de los implicados. Esta decisión fue revertida por la Corte Suprema tras los requerimientos del Gobierno, la Fiscalía y Gendarmería. El ministro de Justicia, Luis Cordero, destacó la importancia de este procedimiento judicial y la necesidad de garantizar la seguridad durante su desarrollo. Por su parte, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, expresó su deseo de que el juicio continúe de forma telemática para salvaguardar a los habitantes de la comuna. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, instó a los jueces de garantía a aplicar la ley con rigor y a establecer las sanciones correspondientes a los implicados, en un acto de justicia y respeto hacia las víctimas y la sociedad en su conjunto. Se espera que el procedimiento judicial contra los miembros de Los Gallegos comience a las 8:30 horas de hoy, con la comparecencia telemática de los acusados ante el Tribunal Oral en lo Penal de Arica.
En el marco de su funcionamiento desde el pasado 2 de enero, la Fiscalía de Frontera, ubicada en el Complejo Fronterizo de Chacalluta, atendió cuatro casos de niños y adolescentes extranjeros ingresados al país de manera clandestina por adultos. Esta información fue confirmada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, durante una visita de la jueza presidenta del Juzgado de Familia de Arica, Renée Portilla, a la mencionada unidad de la Fiscalía. En tres de estos casos, se constató la existencia de una relación de parentesco entre los menores y sus acompañantes, lo que constituye una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Estos episodios fueron detectados por funcionarios del Ejército y de Carabineros, tras el ingreso de los migrantes por pasos clandestinos. Sin embargo, tras la evaluación de profesionales psicólogos de la Fiscalía, se determinó que en uno de los casos no existía relación de parentesco. Este particular involucró a un niño de 2 años y una mujer adulta que lo acompañaba. En los otros tres casos, se acreditó el vínculo de los NNA con los adultos responsables. El cuarto caso se registró en el Complejo Fronterizo de Chungará, en la frontera con Bolivia, donde una mujer y su hija de 15 años ingresaron clandestinamente a Chile ocultas en el maletero de un autobús, tras pagarle una suma de dinero al conductor por esta acción ilícita. Todos los casos fueron puestos en conocimiento del Tribunal de Familia, que dispuso las medidas de protección correspondientes para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados. Durante la visita de la jueza Renée Portilla a la unidad fronteriza, el fiscal regional Mario Carrera destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para abordar estos casos y proteger los derechos de los NNA. Carrera enfatizó que la Fiscalía de Frontera se abrió para la protección de los niños, tanto en el marco de delitos como en situaciones que puedan requerir otro tipo de atención. La jueza Portilla comentó que la intervención del Juzgado de Familia es fundamental, especialmente cuando los menores no son parte de un ilícito penal. La información recopilada por la unidad persecutora resulta crucial para las acciones proteccionales del tribunal en situaciones de movilidad de niños, niñas y adolescentes ingresados por un paso no habilitado. En este sentido, Portilla enfatizó la necesidad de verificar las condiciones de vulnerabilidad de los niños y conocer su contexto para garantizar su bienestar y protección.
La Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica logró la primera condena en Chile contra una persona jurídica por el delito de trata de personas. La sentencia se obtuvo durante este viernes y marca un hito en la lucha contra este tipo de crímenes en el país. La condena se dio en el marco de la investigación contra la organización criminal Los Gallegos , identificada como el brazo operativo del Tren de Aragua. Los delitos se llevaban a cabo en dos locales nocturnos de la ciudad de Arica, donde las víctimas, en su mayoría ciudadanas extranjeras indocumentadas, eran explotadas sexualmente en la región de Arica y Parinacota. La Fiscalía logró la pena de disolución y cancelación de la persona jurídica de los establecimientos implicados, identificados como Club Ibiza Spa y Hollywood Spa . Ambos locales eran administrados por A.R.M.S., representante legal de los mismos, quien además se encuentra formalizado por delitos de lavado de activos y tráfico de migrantes. Las investigaciones revelaron que A.R.M.S. estaba plenamente consciente y se beneficiaba de la explotación sexual que ocurría en los locales nocturnos. Las mujeres víctimas eran sometidas a extorsiones y obligadas a pagar una cuota semanal, siendo controladas y amenazadas por miembros de Los Gallegos. La sentencia también se enmarca en la lucha contra otros delitos perpetrados por la organización en los establecimientos mencionados, como el tráfico de drogas y extorsiones. En cada recinto, una administradora era la encargada de recolectar el porcentaje de los servicios sexuales, entregándolo posteriormente a los miembros de la red criminal. Durante el allanamiento de ambos locales, llevado a cabo por detectives antinarcóticos de la PDI, se logró incautar un total de 20.000 dólares provenientes de los servicios sexuales, destinados a integrantes de la red criminal. El fiscal regional, Mario Carrera, destacó la relevancia de esta condena en la lucha contra el crimen organizado, subrayando que golpear las finanzas de estas organizaciones es clave. La idea es justamente golpearlos donde más les duele, que son sus finanzas, y por ello lograr la disolución de este tipo de negocios donde se cometían delitos graves, además de la incautación de sus bienes y patrimonio, es una muy buena señal , afirmó Carrera.
Este lunes la justicia dará un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado con el inicio del juicio oral contra 38 miembros de la banda Los Gallegos . Esta organización criminal, identificada como uno de los brazos operativos del infame Tren de Aragua en suelo nacional, enfrentará la justicia por su presunta participación en 22 hechos delictivos , entre los que se incluyen siete homicidios ocurridos durante el año 2022. El Ministerio Público, encargado de la investigación, recopiló un extenso conjunto de pruebas, que incluyen más de 60 informes policiale s y cientos de intercepciones telefónicas, para respaldar sus acusaciones. Se solicitan penas de presidio perpetuo para 11 de los acusados, mientras que el resto enfrentará distintas penas que suman aproximadamente 200 años de cárcel. Sin embargo, la antesala de este juicio estuvo marcada por la preocupación debido a la determinación inicial de la Corte de Apelaciones de Arica de permitir que 19 de los acusados comparecieran de forma presencial, un escenario que planteaba riesgos a la seguridad dada la peligrosidad de los implicados. Esta decisión fue revertida por la Corte Suprema tras los requerimientos del Gobierno, la Fiscalía y Gendarmería. El ministro de Justicia, Luis Cordero, destacó la importancia de este procedimiento judicial y la necesidad de garantizar la seguridad durante su desarrollo. Por su parte, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, expresó su deseo de que el juicio continúe de forma telemática para salvaguardar a los habitantes de la comuna. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, instó a los jueces de garantía a aplicar la ley con rigor y a establecer las sanciones correspondientes a los implicados, en un acto de justicia y respeto hacia las víctimas y la sociedad en su conjunto. Se espera que el procedimiento judicial contra los miembros de Los Gallegos comience a las 8:30 horas de hoy, con la comparecencia telemática de los acusados ante el Tribunal Oral en lo Penal de Arica.
En el marco de su funcionamiento desde el pasado 2 de enero, la Fiscalía de Frontera, ubicada en el Complejo Fronterizo de Chacalluta, atendió cuatro casos de niños y adolescentes extranjeros ingresados al país de manera clandestina por adultos. Esta información fue confirmada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, durante una visita de la jueza presidenta del Juzgado de Familia de Arica, Renée Portilla, a la mencionada unidad de la Fiscalía. En tres de estos casos, se constató la existencia de una relación de parentesco entre los menores y sus acompañantes, lo que constituye una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Estos episodios fueron detectados por funcionarios del Ejército y de Carabineros, tras el ingreso de los migrantes por pasos clandestinos. Sin embargo, tras la evaluación de profesionales psicólogos de la Fiscalía, se determinó que en uno de los casos no existía relación de parentesco. Este particular involucró a un niño de 2 años y una mujer adulta que lo acompañaba. En los otros tres casos, se acreditó el vínculo de los NNA con los adultos responsables. El cuarto caso se registró en el Complejo Fronterizo de Chungará, en la frontera con Bolivia, donde una mujer y su hija de 15 años ingresaron clandestinamente a Chile ocultas en el maletero de un autobús, tras pagarle una suma de dinero al conductor por esta acción ilícita. Todos los casos fueron puestos en conocimiento del Tribunal de Familia, que dispuso las medidas de protección correspondientes para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados. Durante la visita de la jueza Renée Portilla a la unidad fronteriza, el fiscal regional Mario Carrera destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para abordar estos casos y proteger los derechos de los NNA. Carrera enfatizó que la Fiscalía de Frontera se abrió para la protección de los niños, tanto en el marco de delitos como en situaciones que puedan requerir otro tipo de atención. La jueza Portilla comentó que la intervención del Juzgado de Familia es fundamental, especialmente cuando los menores no son parte de un ilícito penal. La información recopilada por la unidad persecutora resulta crucial para las acciones proteccionales del tribunal en situaciones de movilidad de niños, niñas y adolescentes ingresados por un paso no habilitado. En este sentido, Portilla enfatizó la necesidad de verificar las condiciones de vulnerabilidad de los niños y conocer su contexto para garantizar su bienestar y protección.
La Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica logró la primera condena en Chile contra una persona jurídica por el delito de trata de personas. La sentencia se obtuvo durante este viernes y marca un hito en la lucha contra este tipo de crímenes en el país. La condena se dio en el marco de la investigación contra la organización criminal Los Gallegos , identificada como el brazo operativo del Tren de Aragua. Los delitos se llevaban a cabo en dos locales nocturnos de la ciudad de Arica, donde las víctimas, en su mayoría ciudadanas extranjeras indocumentadas, eran explotadas sexualmente en la región de Arica y Parinacota. La Fiscalía logró la pena de disolución y cancelación de la persona jurídica de los establecimientos implicados, identificados como Club Ibiza Spa y Hollywood Spa . Ambos locales eran administrados por A.R.M.S., representante legal de los mismos, quien además se encuentra formalizado por delitos de lavado de activos y tráfico de migrantes. Las investigaciones revelaron que A.R.M.S. estaba plenamente consciente y se beneficiaba de la explotación sexual que ocurría en los locales nocturnos. Las mujeres víctimas eran sometidas a extorsiones y obligadas a pagar una cuota semanal, siendo controladas y amenazadas por miembros de Los Gallegos. La sentencia también se enmarca en la lucha contra otros delitos perpetrados por la organización en los establecimientos mencionados, como el tráfico de drogas y extorsiones. En cada recinto, una administradora era la encargada de recolectar el porcentaje de los servicios sexuales, entregándolo posteriormente a los miembros de la red criminal. Durante el allanamiento de ambos locales, llevado a cabo por detectives antinarcóticos de la PDI, se logró incautar un total de 20.000 dólares provenientes de los servicios sexuales, destinados a integrantes de la red criminal. El fiscal regional, Mario Carrera, destacó la relevancia de esta condena en la lucha contra el crimen organizado, subrayando que golpear las finanzas de estas organizaciones es clave. La idea es justamente golpearlos donde más les duele, que son sus finanzas, y por ello lograr la disolución de este tipo de negocios donde se cometían delitos graves, además de la incautación de sus bienes y patrimonio, es una muy buena señal , afirmó Carrera.
