El hallazgo, que parece sacado de una película, corresponde a dos cajas con 30 extremidades inferiores, importadas por el Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico SpA desde Estados Unidos. Su objetivo era ser utilizadas por universidades chilenas para la enseñanza de la medicina, una práctica cada vez más común debido a la escasez de donaciones de cuerpos para estudios. La empresa buscaba proveer una alternativa a la falta de material biológico para que los estudiantes pudieran realizar prácticas y avanzar en su formación. Sin embargo, en septiembre de 2024, la Subsecretaría de Salud Pública advirtió que la normativa chilena no permite la importación demuestras de cadáveres para fines educacionales, argumentando que la obtención de este material solo es posible a través de donaciones. Esta interpretación legal llevó a Aduanas a rechazar el ingreso del cargamento, dejándolo en un limbo burocrático. La empresa, defendiendo su posición, presentó un recurso de amparo económico en la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que las extremidades fueron adquiridas en el extranjero cumpliendo con todas las regulaciones sanitarias. A pesar de su defensa, el tribunal rechazó el recurso en diciembre pasado. Ahora, la resolución del conflicto depende de la Corte Suprema, que deberá determinar si el comercio de partes humanas para la educación médica es legal en el país. El caso, que ha llamado la atención de la opinión pública, subraya el complejo debate entre las necesidades de la educación médica y las regulaciones legales y éticas sobre la manipulación de restos humanos.
El hallazgo, que parece sacado de una película, corresponde a dos cajas con 30 extremidades inferiores, importadas por el Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico SpA desde Estados Unidos. Su objetivo era ser utilizadas por universidades chilenas para la enseñanza de la medicina, una práctica cada vez más común debido a la escasez de donaciones de cuerpos para estudios. La empresa buscaba proveer una alternativa a la falta de material biológico para que los estudiantes pudieran realizar prácticas y avanzar en su formación. Sin embargo, en septiembre de 2024, la Subsecretaría de Salud Pública advirtió que la normativa chilena no permite la importación demuestras de cadáveres para fines educacionales, argumentando que la obtención de este material solo es posible a través de donaciones. Esta interpretación legal llevó a Aduanas a rechazar el ingreso del cargamento, dejándolo en un limbo burocrático. La empresa, defendiendo su posición, presentó un recurso de amparo económico en la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que las extremidades fueron adquiridas en el extranjero cumpliendo con todas las regulaciones sanitarias. A pesar de su defensa, el tribunal rechazó el recurso en diciembre pasado. Ahora, la resolución del conflicto depende de la Corte Suprema, que deberá determinar si el comercio de partes humanas para la educación médica es legal en el país. El caso, que ha llamado la atención de la opinión pública, subraya el complejo debate entre las necesidades de la educación médica y las regulaciones legales y éticas sobre la manipulación de restos humanos.
