La Contraloría General de la República resolvió su posición respecto al acuerdo entre Codelco y SQM, definiendo abstenerse de pronunciarse de fondo sobre la legalidad de la explotación de litio en el Salar de Atacama, debido a que varias objeciones fueron abordadas en tribunales. De acuerdo a la información de BioBío, el órgano tiene un límite institucional explícito, pues está impedido de intervenir en materias litigiosas o de mérito por órdenes de los tribunales de justicia; así lo dejó establecido el organismo a través de un oficio firmado por la contralora, Dorothy Pérez. Con lo anterior, quedan zanjadas las reclamaciones de parlamentarios, comunidades y particulares que cuestionaban el entendimiento entre la estatal y la minera privada, donde también se incluía el rol de Corfo en el acuerdo y la falta de licitación pública, pues la Corte de Apelaciones de Antofagasta validó las facultades de Codelco. No obstante, el oficio dispone que Contraloría General sí tomará un rol de actuación, pues activará su facultad de fiscalización e iniciará una auditoría formal.Las observaciones y antecedentes entregados por la Comisión Especial Investigadora (…) serán considerados en la auditoría que iniciará esta Contraloría General, señalan. La revisión tendrá el foco en contratos de asesoría y las operaciones financieras vinculadas al proceso, entre ellas, el contrato de asesoría suscrito entre Codelco y el banco de inversiones Morgan Stanley, así como en otras operaciones denunciadas por parlamentarios.
Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 96 votos a favor, dos en contra y 17 abstenciones el informe de la Comisión Investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. El texto plantea dejar sin efecto la alianza, cuestionando duramente la decisión del Gobierno de optar por una negociación directa con la minera privada, en lugar de realizar una licitación internacional. El informe califica el acuerdo como un “ perjuicio gigantesco a las arcas fiscales ”, estimando que, en condiciones de mercado similares, el Estado podría haber recibido al menos US$6.700 millones de manera inmediata, cifra muy superior a los beneficios proyectados bajo el modelo de utilidades compartidas en función del precio del litio y sus ventas. La reacción política no se hizo esperar. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, valoró la resolución parlamentaria, afirmando en su cuenta de X: “Con humildad, advertí esto hace tres meses. El acuerdo Codelco-SQM no debió realizarse entre cuatro paredes”. Matthei insistió en la necesidad de avanzar hacia procesos públicos, transparentes y competitivos para definir la explotación del mineral clave para la transición energética. En tanto, Jeannette Jara, ganadora de las recientes primarias presidenciales del oficialismo, sostuvo que no matizará sus críticas al acuerdo, aunque señaló que respetará lo que resuelva el Ejecutivo: “Si nos toca asumir la Presidencia y esto está resuelto, lo voy a respetar, hay Estado de derecho. Si no, buscaré otro camino”, indicó. Pese a las tensiones políticas, Codelco mantiene su cronograma, con miras a cerrar el acuerdo antes de fines de septiembre, incluyendo la aprobación de la CCHEN, la consulta indígena y la revisión antimonopolio china. Según Bloomberg, la alianza permitiría a Codelco acceder a una participación mayoritaria en los activos de SQM en el Salar de Atacama, extendiendo la operación conjunta hasta 2060. Cabe recordar que Tianqi Lithium Corp., de origen chino, es accionista relevante en SQM. En paralelo, una nueva encuesta del Panel Ciudadano de la UDD, realizada entre el 23 y 24 de junio, reveló un amplio respaldo ciudadano al acuerdo. El 82% de quienes lo conocen considera que es beneficioso para el país, mientras que, al incluir a todos los consultados, el apoyo se mantiene en 61%, cifra similar a mediciones previas. El debate sigue abierto entre quienes valoran la alianza como una forma de fortalecer la participación estatal y la producción de litio, y quienes exigen mayor transparencia y competencia en decisiones estratégicas para el desarrollo nacional. El tema, sin duda, seguirá marcando la agenda presidencial y parlamentaria de cara a las elecciones de noviembre.
La Contraloría General de la República resolvió su posición respecto al acuerdo entre Codelco y SQM, definiendo abstenerse de pronunciarse de fondo sobre la legalidad de la explotación de litio en el Salar de Atacama, debido a que varias objeciones fueron abordadas en tribunales. De acuerdo a la información de BioBío, el órgano tiene un límite institucional explícito, pues está impedido de intervenir en materias litigiosas o de mérito por órdenes de los tribunales de justicia; así lo dejó establecido el organismo a través de un oficio firmado por la contralora, Dorothy Pérez. Con lo anterior, quedan zanjadas las reclamaciones de parlamentarios, comunidades y particulares que cuestionaban el entendimiento entre la estatal y la minera privada, donde también se incluía el rol de Corfo en el acuerdo y la falta de licitación pública, pues la Corte de Apelaciones de Antofagasta validó las facultades de Codelco. No obstante, el oficio dispone que Contraloría General sí tomará un rol de actuación, pues activará su facultad de fiscalización e iniciará una auditoría formal.Las observaciones y antecedentes entregados por la Comisión Especial Investigadora (…) serán considerados en la auditoría que iniciará esta Contraloría General, señalan. La revisión tendrá el foco en contratos de asesoría y las operaciones financieras vinculadas al proceso, entre ellas, el contrato de asesoría suscrito entre Codelco y el banco de inversiones Morgan Stanley, así como en otras operaciones denunciadas por parlamentarios.
Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 96 votos a favor, dos en contra y 17 abstenciones el informe de la Comisión Investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. El texto plantea dejar sin efecto la alianza, cuestionando duramente la decisión del Gobierno de optar por una negociación directa con la minera privada, en lugar de realizar una licitación internacional. El informe califica el acuerdo como un “ perjuicio gigantesco a las arcas fiscales ”, estimando que, en condiciones de mercado similares, el Estado podría haber recibido al menos US$6.700 millones de manera inmediata, cifra muy superior a los beneficios proyectados bajo el modelo de utilidades compartidas en función del precio del litio y sus ventas. La reacción política no se hizo esperar. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, valoró la resolución parlamentaria, afirmando en su cuenta de X: “Con humildad, advertí esto hace tres meses. El acuerdo Codelco-SQM no debió realizarse entre cuatro paredes”. Matthei insistió en la necesidad de avanzar hacia procesos públicos, transparentes y competitivos para definir la explotación del mineral clave para la transición energética. En tanto, Jeannette Jara, ganadora de las recientes primarias presidenciales del oficialismo, sostuvo que no matizará sus críticas al acuerdo, aunque señaló que respetará lo que resuelva el Ejecutivo: “Si nos toca asumir la Presidencia y esto está resuelto, lo voy a respetar, hay Estado de derecho. Si no, buscaré otro camino”, indicó. Pese a las tensiones políticas, Codelco mantiene su cronograma, con miras a cerrar el acuerdo antes de fines de septiembre, incluyendo la aprobación de la CCHEN, la consulta indígena y la revisión antimonopolio china. Según Bloomberg, la alianza permitiría a Codelco acceder a una participación mayoritaria en los activos de SQM en el Salar de Atacama, extendiendo la operación conjunta hasta 2060. Cabe recordar que Tianqi Lithium Corp., de origen chino, es accionista relevante en SQM. En paralelo, una nueva encuesta del Panel Ciudadano de la UDD, realizada entre el 23 y 24 de junio, reveló un amplio respaldo ciudadano al acuerdo. El 82% de quienes lo conocen considera que es beneficioso para el país, mientras que, al incluir a todos los consultados, el apoyo se mantiene en 61%, cifra similar a mediciones previas. El debate sigue abierto entre quienes valoran la alianza como una forma de fortalecer la participación estatal y la producción de litio, y quienes exigen mayor transparencia y competencia en decisiones estratégicas para el desarrollo nacional. El tema, sin duda, seguirá marcando la agenda presidencial y parlamentaria de cara a las elecciones de noviembre.
