Desde el martes 21 de enero, las y los estudiantes que ingresen a primer año de la educación superior podrán ejercer su derecho a retracto, un mecanismo establecido en la Ley del Consumidor que permite desistir de contratos de matrícula con una institución educacional y cambiarse a otra. El plazo para hacerlo será de 10 días corridos, concluyendo el jueves 30 de enero. Este derecho aplica tanto a quienes se matricularon antes de conocer los resultados de las postulaciones como a quienes lo hicieron durante la primera etapa del proceso y deciden optar por una nueva institución tras ser admitidos en una opción preferida. El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y la Superintendencia de Educación Superior (SES) monitorearán el cumplimiento de esta normativa. Según el director del SERNAC, Andrés Herrera, “este derecho asegura a los estudiantes la posibilidad de optar por la institución que mejor se ajuste a sus intereses , con la obligación de las instituciones de devolver los pagos realizados por matrícula”. Por su parte, el Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, hizo un llamado a las instituciones a respetar el derecho a retracto: “Es fundamental que los postulantes puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro educativo”. Para ejercer el retracto, los estudiantes deben presentar el comprobante de la nueva matrícula junto a una carta explicativa en la institución inicial. Esta deberá devolver lo pagado por matrícula en un plazo de 10 días corridos, aunque puede retener hasta el 1% del arancel anual por costos administrativos. Finalmente, en caso de incumplimientos, se puede presentar un reclamo en las plataformas del SERNAC o la SES. Para más detalles, visita www.sernac.cl/retracto o llamando al teléfono Servicio Nacional del Consumidor Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile 800 700 100; o bien directamente en la plataforma de reclamos y denuncias de la SES disponible en www.sesuperior/retracto.
En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025 y la discusión de la partida del Ministerio de Educación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó que los estudiantes que cursen 3ro y 4to medio y hayan sido sancionados bajo la Ley Aula Segura no puedan optar al beneficio de gratuidad durante su eventual llegada a la educación superior. Cabe recordar que la Ley Aula Segura establece el deber de los directores de los establecimientos de iniciar los procesos sancionatorios contra cualquier miembro de la comunidad escolar, sean menores o adultos, por conductas graves o gravísimas, según su reglamento y la respectiva acreditación de los hechos. ¿Qué detalla el proyecto? Los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso, menciona la indicación aprobada. Reacciones parlamentarias Para los diputados gremialistas, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, es “fundamental” poder prohibir beneficios para la educación superior a los estudiantes sancionados por la denominada Aula Segura.“Es absolutamente inaceptable e incoherente que un estudiante que ha sido sancionado por cometer este tipo de actos durante la etapa escolar, al siguiente año pueda acceder a la gratuidad en la educación superior, siendo financiada con los impuestos de todos los chilenos”, indicaron. Por su cuenta, el congresal del Partido Comunista (PC) Boris Barrera, se manifestó en contra de la indicación que ya había sido aprobada en la comisión mixta especial. “Esto plantea serias preocupaciones, ya que no sólo es contraproducente, sino que profundiza los problemas que ya enfrentan estos jóvenes, en lugar de ofrecer soluciones efectivas [...] es un castigo desproporcionado'', fustigó. Con todo, la propuesta fue aprobada con 76 votos a favor, 3 abstenciones y 53 en contra, avanzando a su segundo trámite constitucional en el Senado.
Desde el martes 21 de enero, las y los estudiantes que ingresen a primer año de la educación superior podrán ejercer su derecho a retracto, un mecanismo establecido en la Ley del Consumidor que permite desistir de contratos de matrícula con una institución educacional y cambiarse a otra. El plazo para hacerlo será de 10 días corridos, concluyendo el jueves 30 de enero. Este derecho aplica tanto a quienes se matricularon antes de conocer los resultados de las postulaciones como a quienes lo hicieron durante la primera etapa del proceso y deciden optar por una nueva institución tras ser admitidos en una opción preferida. El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y la Superintendencia de Educación Superior (SES) monitorearán el cumplimiento de esta normativa. Según el director del SERNAC, Andrés Herrera, “este derecho asegura a los estudiantes la posibilidad de optar por la institución que mejor se ajuste a sus intereses , con la obligación de las instituciones de devolver los pagos realizados por matrícula”. Por su parte, el Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, hizo un llamado a las instituciones a respetar el derecho a retracto: “Es fundamental que los postulantes puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro educativo”. Para ejercer el retracto, los estudiantes deben presentar el comprobante de la nueva matrícula junto a una carta explicativa en la institución inicial. Esta deberá devolver lo pagado por matrícula en un plazo de 10 días corridos, aunque puede retener hasta el 1% del arancel anual por costos administrativos. Finalmente, en caso de incumplimientos, se puede presentar un reclamo en las plataformas del SERNAC o la SES. Para más detalles, visita www.sernac.cl/retracto o llamando al teléfono Servicio Nacional del Consumidor Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile 800 700 100; o bien directamente en la plataforma de reclamos y denuncias de la SES disponible en www.sesuperior/retracto.
En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025 y la discusión de la partida del Ministerio de Educación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó que los estudiantes que cursen 3ro y 4to medio y hayan sido sancionados bajo la Ley Aula Segura no puedan optar al beneficio de gratuidad durante su eventual llegada a la educación superior. Cabe recordar que la Ley Aula Segura establece el deber de los directores de los establecimientos de iniciar los procesos sancionatorios contra cualquier miembro de la comunidad escolar, sean menores o adultos, por conductas graves o gravísimas, según su reglamento y la respectiva acreditación de los hechos. ¿Qué detalla el proyecto? Los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso, menciona la indicación aprobada. Reacciones parlamentarias Para los diputados gremialistas, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, es “fundamental” poder prohibir beneficios para la educación superior a los estudiantes sancionados por la denominada Aula Segura.“Es absolutamente inaceptable e incoherente que un estudiante que ha sido sancionado por cometer este tipo de actos durante la etapa escolar, al siguiente año pueda acceder a la gratuidad en la educación superior, siendo financiada con los impuestos de todos los chilenos”, indicaron. Por su cuenta, el congresal del Partido Comunista (PC) Boris Barrera, se manifestó en contra de la indicación que ya había sido aprobada en la comisión mixta especial. “Esto plantea serias preocupaciones, ya que no sólo es contraproducente, sino que profundiza los problemas que ya enfrentan estos jóvenes, en lugar de ofrecer soluciones efectivas [...] es un castigo desproporcionado'', fustigó. Con todo, la propuesta fue aprobada con 76 votos a favor, 3 abstenciones y 53 en contra, avanzando a su segundo trámite constitucional en el Senado.
