Una de las señales judiciales más contundentes contra el crimen organizado en el norte del país se conoció este domingo 7 de diciembre en Antofagasta. El Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) informó que el Tribunal Oral dictó una condena total de 184 años de cárcel contra una organización criminal de origen colombiano que operaba desde el campamento Génesis II, un sector identificado desde hace años como foco de violencia y control territorial ilícito. El cabecilla del grupo, Javier Valencia González, alias “Zeus”, recibió 77 años de presidio. El resto de los integrantes acumuló penas que suman 107 años, según detalló el tribunal en una sentencia que supera las 300 páginas. La resolución acreditó delitos como asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios consumados y frustrados, lesiones, amenazas y porte ilegal de armas y municiones, configurando un extenso catálogo que refleja la violencia con que la banda operaba. El fiscal regional Juan Castro Bekios destacó la magnitud de las penas, señalando que la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja había solicitado sanciones cercanas a los 300 años por 46 delitos imputados a nueve miembros de la estructura, lo que evidencia la complejidad del caso y el estándar probatorio aplicado. La investigación fue desarrollada junto a unidades especializadas de la PDI, en un proceso que se extendió por más de un mes de juicio y que requirió medidas especiales de seguridad para jueces, fiscales y testigos. El caso de Génesis II había adquirido notoriedad por los diagnósticos del Ministerio Público y las policías sobre asentamientos donde bandas intentan imponer economías ilegales y sistemas de intimidación sobre sus habitantes. En ese contexto, la sentencia es interpretada como un paso decisivo para recuperar territorios que, durante años, estuvieron bajo la influencia de grupos violentos. Aunque la resolución fue catalogada como un golpe histórico al crimen organizado, el proceso judicial no está cerrado. Las defensas cuentan con plazo legal para presentar recursos, un trámite habitual en causas de alta complejidad y condenas extensas. Con esta resolución, el Sacfi de Antofagasta suma un hito relevante en la persecución penal del crimen organizado, estableciendo un precedente que busca frenar estructuras que operen con métodos de violencia y control territorial en la región.
Una de las señales judiciales más contundentes contra el crimen organizado en el norte del país se conoció este domingo 7 de diciembre en Antofagasta. El Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) informó que el Tribunal Oral dictó una condena total de 184 años de cárcel contra una organización criminal de origen colombiano que operaba desde el campamento Génesis II, un sector identificado desde hace años como foco de violencia y control territorial ilícito. El cabecilla del grupo, Javier Valencia González, alias “Zeus”, recibió 77 años de presidio. El resto de los integrantes acumuló penas que suman 107 años, según detalló el tribunal en una sentencia que supera las 300 páginas. La resolución acreditó delitos como asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios consumados y frustrados, lesiones, amenazas y porte ilegal de armas y municiones, configurando un extenso catálogo que refleja la violencia con que la banda operaba. El fiscal regional Juan Castro Bekios destacó la magnitud de las penas, señalando que la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja había solicitado sanciones cercanas a los 300 años por 46 delitos imputados a nueve miembros de la estructura, lo que evidencia la complejidad del caso y el estándar probatorio aplicado. La investigación fue desarrollada junto a unidades especializadas de la PDI, en un proceso que se extendió por más de un mes de juicio y que requirió medidas especiales de seguridad para jueces, fiscales y testigos. El caso de Génesis II había adquirido notoriedad por los diagnósticos del Ministerio Público y las policías sobre asentamientos donde bandas intentan imponer economías ilegales y sistemas de intimidación sobre sus habitantes. En ese contexto, la sentencia es interpretada como un paso decisivo para recuperar territorios que, durante años, estuvieron bajo la influencia de grupos violentos. Aunque la resolución fue catalogada como un golpe histórico al crimen organizado, el proceso judicial no está cerrado. Las defensas cuentan con plazo legal para presentar recursos, un trámite habitual en causas de alta complejidad y condenas extensas. Con esta resolución, el Sacfi de Antofagasta suma un hito relevante en la persecución penal del crimen organizado, estableciendo un precedente que busca frenar estructuras que operen con métodos de violencia y control territorial en la región.
