El sacerdote Felipe Berríos presentó formalmente su dimisión a la Compañía de Jesús, poniendo fin a una trayectoria de casi cinco décadas dentro de la orden. La decisión se produce tras un extenso y complejo proceso marcado por denuncias públicas, investigaciones eclesiásticas y judiciales, y un prolongado conflicto con la dirigencia jesuita en Chile. Berríos ingresó a la Compañía en 1977 y desarrolló su labor pastoral en diversos espacios sociales y educativos, consolidando una imagen pública ligada al trabajo social y a la defensa de los sectores más vulnerables. Sin embargo, en 2022 fue suspendido del ejercicio sacerdotal tras denuncias de carácter sexual, lo que derivó en una fuerte exposición mediática y un periodo que el propio sacerdote ha calificado como uno de los más difíciles de su vida. En octubre de 2025, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano concluyó que no existía “certeza moral” sobre los delitos imputados, dejando sin efecto resoluciones previas y descartando su expulsión de la orden. A ello se sumó el sobreseimiento definitivo de la causa en tribunales chilenos. Pese a estos fallos favorables, la Compañía de Jesús mantuvo sanciones disciplinarias y restricciones ministeriales, lo que terminó por profundizar el quiebre. Ante este escenario, Berríos resolvió solicitar su salida, argumentando una pérdida irreversible de la confianza y de la fraternidad con la institución. Afirmó que continuará ejerciendo su sacerdocio y su compromiso con el Evangelio fuera de la orden, reiterando que la verdad “lo hizo libre” y despidiéndose de sus hermanos jesuitas con un llamado a la reflexión interna y a la revisión de protocolos.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) resolvió acoger la apelación presentada por el sacerdote Felipe Berríos y dejar sin efecto las sanciones canónicas que pesaban sobre él, incluyendo la prohibición de ejercer públicamente el ministerio y su expulsión de la Compañía de Jesús. La decisión, considerada definitiva y sin posibilidad de apelación, fue comunicada este martes por la propia congregación. Según informó la Compañía de Jesús, el organismo del Vaticano concluyó que no alcanzó la “suficiente certeza moral sobre la comisión de los delitos denunciados”, lo que impidió mantener las sanciones aplicadas al conocido sacerdote radicado en el campamento La Chimba de Antofagasta. El caso se remonta a 2022, cuando se recibieron denuncias que derivaron en una investigación previa canónica encabezada por la abogada experta en delitos sexuales María Elena Santibáñez. Esa indagatoria determinó la verosimilitud de acusaciones provenientes de siete víctimas. Posteriormente, en 2023, un proceso administrativo penal dirigido por el sacerdote argentino Dante Simón corroboró los hechos e incluso añadió un caso más, culminando en la imposición de restricciones ministeriales por diez años y en la expulsión de Berríos de la orden. No obstante, en junio de 2024 el religioso apeló ante el DDF, instancia que finalmente falló a su favor y anuló las sanciones. Aun así, la Compañía de Jesús informó que, considerando los antecedentes reunidos durante los procesos previos, iniciará un proceso de reparación con las ocho personas denunciantes. Además, determinó nuevas medidas disciplinarias para el sacerdote, relacionadas con su estilo de vida y su actividad pastoral. “La Compañía de Jesús respeta la decisión del DDF y la ejecutará íntegramente”, señaló la orden, reafirmando su compromiso con la verdad, la justicia y la protección de personas vulnerables. Este revés en el ámbito canónico se suma a otro resultado favorable para Berríos. La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto una resolución del 34° Juzgado del Crimen que atribuía participación del sacerdote en un presunto abuso sexual, acogiendo así sus argumentos en la causa penal. La resolución del Vaticano marca un giro en uno de los casos más mediáticos vinculados a la Iglesia chilena, mientras la congregación jesuita avanza en un proceso paralelo de reparación a las denunciantes.
El sacerdote Felipe Berríos presentó formalmente su dimisión a la Compañía de Jesús, poniendo fin a una trayectoria de casi cinco décadas dentro de la orden. La decisión se produce tras un extenso y complejo proceso marcado por denuncias públicas, investigaciones eclesiásticas y judiciales, y un prolongado conflicto con la dirigencia jesuita en Chile. Berríos ingresó a la Compañía en 1977 y desarrolló su labor pastoral en diversos espacios sociales y educativos, consolidando una imagen pública ligada al trabajo social y a la defensa de los sectores más vulnerables. Sin embargo, en 2022 fue suspendido del ejercicio sacerdotal tras denuncias de carácter sexual, lo que derivó en una fuerte exposición mediática y un periodo que el propio sacerdote ha calificado como uno de los más difíciles de su vida. En octubre de 2025, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano concluyó que no existía “certeza moral” sobre los delitos imputados, dejando sin efecto resoluciones previas y descartando su expulsión de la orden. A ello se sumó el sobreseimiento definitivo de la causa en tribunales chilenos. Pese a estos fallos favorables, la Compañía de Jesús mantuvo sanciones disciplinarias y restricciones ministeriales, lo que terminó por profundizar el quiebre. Ante este escenario, Berríos resolvió solicitar su salida, argumentando una pérdida irreversible de la confianza y de la fraternidad con la institución. Afirmó que continuará ejerciendo su sacerdocio y su compromiso con el Evangelio fuera de la orden, reiterando que la verdad “lo hizo libre” y despidiéndose de sus hermanos jesuitas con un llamado a la reflexión interna y a la revisión de protocolos.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) resolvió acoger la apelación presentada por el sacerdote Felipe Berríos y dejar sin efecto las sanciones canónicas que pesaban sobre él, incluyendo la prohibición de ejercer públicamente el ministerio y su expulsión de la Compañía de Jesús. La decisión, considerada definitiva y sin posibilidad de apelación, fue comunicada este martes por la propia congregación. Según informó la Compañía de Jesús, el organismo del Vaticano concluyó que no alcanzó la “suficiente certeza moral sobre la comisión de los delitos denunciados”, lo que impidió mantener las sanciones aplicadas al conocido sacerdote radicado en el campamento La Chimba de Antofagasta. El caso se remonta a 2022, cuando se recibieron denuncias que derivaron en una investigación previa canónica encabezada por la abogada experta en delitos sexuales María Elena Santibáñez. Esa indagatoria determinó la verosimilitud de acusaciones provenientes de siete víctimas. Posteriormente, en 2023, un proceso administrativo penal dirigido por el sacerdote argentino Dante Simón corroboró los hechos e incluso añadió un caso más, culminando en la imposición de restricciones ministeriales por diez años y en la expulsión de Berríos de la orden. No obstante, en junio de 2024 el religioso apeló ante el DDF, instancia que finalmente falló a su favor y anuló las sanciones. Aun así, la Compañía de Jesús informó que, considerando los antecedentes reunidos durante los procesos previos, iniciará un proceso de reparación con las ocho personas denunciantes. Además, determinó nuevas medidas disciplinarias para el sacerdote, relacionadas con su estilo de vida y su actividad pastoral. “La Compañía de Jesús respeta la decisión del DDF y la ejecutará íntegramente”, señaló la orden, reafirmando su compromiso con la verdad, la justicia y la protección de personas vulnerables. Este revés en el ámbito canónico se suma a otro resultado favorable para Berríos. La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto una resolución del 34° Juzgado del Crimen que atribuía participación del sacerdote en un presunto abuso sexual, acogiendo así sus argumentos en la causa penal. La resolución del Vaticano marca un giro en uno de los casos más mediáticos vinculados a la Iglesia chilena, mientras la congregación jesuita avanza en un proceso paralelo de reparación a las denunciantes.
