El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, inició acciones legales contra 23 diputados del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), luego de que lo vincularan con el caso Convenios y el robo de computadores en el Mideso. La demanda, presentada por el abogado Miguel Schürmann y respaldada por Jackson, se centra en una carta enviada por los parlamentarios al presidente Gabriel Boric, en la cual expresaban sospecha, estupor e incluso desconfianza sobre la presunta implicación de Jackson en los mencionados eventos. En el documento legal, se argumenta que estas acusaciones infundadas han dañado la honra y la reputación del exministro, afectando su credibilidad y honestidad. Se destaca que estas afirmaciones fueron difundidas a través de medios de comunicación, generando un impacto negativo en la imagen pública de Jackson. La demanda también hace referencia a una publicación en la página de Instagram de los diputados de la UDI, en la que se vinculaba a Jackson como autor intelectual del caso Convenios. Estas acciones, según la demanda, constituyen un ilícito civil que ha causado daños significativos al exministro. Entre las medidas solicitadas por Jackson se encuentran disculpas públicas por parte de los demandados y una indemnización por los daños sufridos. La demanda no busca compensación por daños patrimoniales relacionados con la salida de Jackson del Mideso, sino que se enfoca en reparar el daño a su honra y reputación. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Giorgio Jackson toma acciones legales por difamación. En enero pasado, presentó demandas similares contra la UDI, el senador socialista Fidel Espinoza y el empresario Jorge Errázuriz, por las mismas acusaciones. Los diputados demandados en esta ocasión son: Guillermo Ramírez Diez, Jorge Alessandri Vergara, Gustavo Benavente Vergara, Fernando Bórquez Montecinos, Álvaro Carter Fernández, Eduardo Cornejo Lagos, Juan Fuenzalida Cobo, Joaquín Lavín León, Sergio Bobadilla Muñoz, Marta Bravo Salinas, Juan Coloma Álamos, Felipe Donoso Castro, Cristián Labbé Martínez, Henry Leal Bizama, Daniel Lilayu Vivanco, Christian Moreira Barros, Marco Sulantay Olivares, Gastón Von Mühlenbrock Zamora, Cristóbal Martínez Ramírez, Marlene Pérez Cartes, Natalia Romero Talguia, Renzo Trisotti Martínez y Flor Weisse Novoa.
En respuesta al reciente emplazamiento del fiscal nacional, Ángel Valencia, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, reafirmó sus declaraciones sobre una presunta red de corrupción de cuello y corbata en el país. Estas afirmaciones surgieron tras la formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. Vallejo inicialmente señaló que la acción judicial había revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata , sugiriendo que esta red podría haberse organizado para obstruir investigaciones relacionadas con corrupción llevadas a cabo por la Fiscalía. Además, indicó que dicha red no solo involucraría a Muñoz, sino también a antiguos funcionarios gubernamentales y líderes políticos de la oposición. Ante el desafío planteado por el fiscal nacional para que entregara antecedentes sobre esta red, Vallejo reiteró su posición en una entrevista con Radio Universo. Afirmó que, en caso de contar con nuevos antecedentes, los pondrían inmediatamente a disposición de la Fiscalía. La ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, respaldó las declaraciones de Vallejo, señalando que la preocupación expresada por la ministra es compartida por todos los ciudadanos. Asimismo, subrayó la importancia de investigar a fondo y sancionar cualquier delito que se descubra en relación con este caso. Sin embargo, las afirmaciones de Vallejo han generado controversia, especialmente entre legisladores de la oposición. Diputados de la bancada de la UDI calificaron sus declaraciones como absolutamente irresponsables y acusaron a Vallejo de aprovechar políticamente el caso en cuestión. Además, anunciaron que solicitarán su comparecencia ante la comisión investigadora que examina el Caso Audio. Por su parte, los diputados de la UDI también cuestionaron la postura de Vallejo, recordando otros casos de corrupción en los que, según ellos, estaría involucrado el Frente Amplio. Sin embargo, estas acusaciones fueron rebatidas por el excontralor Jorge Bermúdez, quien señaló que no se puede hablar de un modus operandi y que tales afirmaciones deben ser corroboradas por otras entidades.
El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, inició acciones legales contra 23 diputados del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), luego de que lo vincularan con el caso Convenios y el robo de computadores en el Mideso. La demanda, presentada por el abogado Miguel Schürmann y respaldada por Jackson, se centra en una carta enviada por los parlamentarios al presidente Gabriel Boric, en la cual expresaban sospecha, estupor e incluso desconfianza sobre la presunta implicación de Jackson en los mencionados eventos. En el documento legal, se argumenta que estas acusaciones infundadas han dañado la honra y la reputación del exministro, afectando su credibilidad y honestidad. Se destaca que estas afirmaciones fueron difundidas a través de medios de comunicación, generando un impacto negativo en la imagen pública de Jackson. La demanda también hace referencia a una publicación en la página de Instagram de los diputados de la UDI, en la que se vinculaba a Jackson como autor intelectual del caso Convenios. Estas acciones, según la demanda, constituyen un ilícito civil que ha causado daños significativos al exministro. Entre las medidas solicitadas por Jackson se encuentran disculpas públicas por parte de los demandados y una indemnización por los daños sufridos. La demanda no busca compensación por daños patrimoniales relacionados con la salida de Jackson del Mideso, sino que se enfoca en reparar el daño a su honra y reputación. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Giorgio Jackson toma acciones legales por difamación. En enero pasado, presentó demandas similares contra la UDI, el senador socialista Fidel Espinoza y el empresario Jorge Errázuriz, por las mismas acusaciones. Los diputados demandados en esta ocasión son: Guillermo Ramírez Diez, Jorge Alessandri Vergara, Gustavo Benavente Vergara, Fernando Bórquez Montecinos, Álvaro Carter Fernández, Eduardo Cornejo Lagos, Juan Fuenzalida Cobo, Joaquín Lavín León, Sergio Bobadilla Muñoz, Marta Bravo Salinas, Juan Coloma Álamos, Felipe Donoso Castro, Cristián Labbé Martínez, Henry Leal Bizama, Daniel Lilayu Vivanco, Christian Moreira Barros, Marco Sulantay Olivares, Gastón Von Mühlenbrock Zamora, Cristóbal Martínez Ramírez, Marlene Pérez Cartes, Natalia Romero Talguia, Renzo Trisotti Martínez y Flor Weisse Novoa.
En respuesta al reciente emplazamiento del fiscal nacional, Ángel Valencia, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, reafirmó sus declaraciones sobre una presunta red de corrupción de cuello y corbata en el país. Estas afirmaciones surgieron tras la formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. Vallejo inicialmente señaló que la acción judicial había revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata , sugiriendo que esta red podría haberse organizado para obstruir investigaciones relacionadas con corrupción llevadas a cabo por la Fiscalía. Además, indicó que dicha red no solo involucraría a Muñoz, sino también a antiguos funcionarios gubernamentales y líderes políticos de la oposición. Ante el desafío planteado por el fiscal nacional para que entregara antecedentes sobre esta red, Vallejo reiteró su posición en una entrevista con Radio Universo. Afirmó que, en caso de contar con nuevos antecedentes, los pondrían inmediatamente a disposición de la Fiscalía. La ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, respaldó las declaraciones de Vallejo, señalando que la preocupación expresada por la ministra es compartida por todos los ciudadanos. Asimismo, subrayó la importancia de investigar a fondo y sancionar cualquier delito que se descubra en relación con este caso. Sin embargo, las afirmaciones de Vallejo han generado controversia, especialmente entre legisladores de la oposición. Diputados de la bancada de la UDI calificaron sus declaraciones como absolutamente irresponsables y acusaron a Vallejo de aprovechar políticamente el caso en cuestión. Además, anunciaron que solicitarán su comparecencia ante la comisión investigadora que examina el Caso Audio. Por su parte, los diputados de la UDI también cuestionaron la postura de Vallejo, recordando otros casos de corrupción en los que, según ellos, estaría involucrado el Frente Amplio. Sin embargo, estas acusaciones fueron rebatidas por el excontralor Jorge Bermúdez, quien señaló que no se puede hablar de un modus operandi y que tales afirmaciones deben ser corroboradas por otras entidades.
