Vecinos del sector norte de Antofagasta, específicamente en el área de la Villa Chica, han levantado una grave denuncia ante las autoridades: la instalación de una nueva toma ilegal de terrenos donde, además, se estaría llevando a cabo la venta ilícita de lotes a terceros. Esta situación ha generado profunda alarma entre los residentes, quienes temen por el desorden y la inseguridad en su comunidad. Frente a este escenario, el Diputado Sebastián Videla, acompañado por dirigentes sociales y los propios vecinos afectados, ha solicitado formalmente a las autoridades competentes la realización de un operativo urgente y coordinado. El objetivo es claro: detener de inmediato la ocupación y la comercialización ilegal de los predios. No vamos a permitir que se sigan lucrando con terrenos tomados ilegalmente. Este tipo de situaciones debe enfrentarse con decisión y coordinación interinstitucional, declaró el diputado Videla, haciendo hincapié en la necesidad de una respuesta enérgica por parte del Estado. Finalmente, las denuncias y los antecedentes preliminares ya han sido puestos en conocimiento de las policías y organismos pertinentes. Se espera que con esta información se puedan iniciar rápidamente las investigaciones correspondientes y tomar las medidas necesarias para evitar que estas ocupaciones ilegales sigan expandiéndose en la ciudad de Antofagasta, resguardando así el orden territorial y la seguridad pública.
Las autoridades de la región de Antofagasta reiteraron su compromiso con la recuperación de terrenos fiscales, enfatizando que la Ley de Usurpación les ha permitido una respuesta más rápida y coordinada para detener las ocupaciones incipientes. A raíz de denuncias por presuntas nuevas tomas en el sector de Llullaillaco, las autoridades han reforzado la vigilancia y el trabajo en conjunto para evitar que estas situaciones se consoliden. Ante esto, la delegada presidencial regional, Karen Behrens Navarrete, explicó que el Gobierno ha priorizado los desalojos de terrenos ocupados de forma incipiente, es decir, cuando recién se instalan las personas o los primeros materiales de construcción. Este enfoque se debe a los recursos limitados y busca ser más efectivo para frenar el crecimiento de las tomas. Con la Ley de Usurpación, que permite actuar en el contexto de la flagrancia dentro de las primeras 12 horas, tenemos una coordinación, una fuerza de tarea donde ahora también está incluida la Seremi de Seguridad Pública, afirmó Behrens, destacando que el trabajo coordinado entre Bienes Nacionales, Seguridad Pública y Carabineros ha sido clave para el control de estas situaciones. Por su parte, la seremi de Bienes Nacionales, Pía Silva Díaz, sostuvo que la política ministerial se centra en evitar que las tomas incipientes se consoliden, lo que ha permitido suspender el alza de ocupaciones. La seremi confirmó que se realiza un plan de fiscalización anual, además de atender las denuncias diarias. Asimismo, las autoridades de seguridad también se refirieron a la situación. El seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, indicó que se adoptan medidas inmediatas como la fiscalización y la presencia policial preventiva cuando se trata de denuncias por ocupaciones recientes.Hemos actuado dentro de las 24 horas para evitar la consolidación de la toma, aseguró, refiriéndose a un caso reciente. El coronel Héctor Cabrera Catalán, Prefecto de Carabineros de Antofagasta, desmintió que existan lugares donde la policía no ingrese, reiterando que mantienen rondas semanales en distintas tomas en coordinación con la Policía de Investigaciones. Además, destacó que la Ley de Usurpación les faculta a actuar por flagrancia y detener a las personas que están instalando una toma, lo que ya ha ocurrido en varias ocasiones. Finalmente, en relación con el caso del sector Llullaillaco en la Coviefi, la seremi de Bienes Nacionales aclaró que la denuncia corresponde a una ocupación ya existente, y que en el lugar no se han constatado nuevas tomas, descartando las alarmas infundadas que circularon en redes sociales. La seremi de Gobierno, Paulina Larrondo, reforzó el mensaje, señalando que la Ley de Usurpación es una herramienta fundamental que el actual Gobierno puso en marcha para impedir el aumento de las ocupaciones irregulares.
Vecinos del sector norte de Antofagasta, específicamente en el área de la Villa Chica, han levantado una grave denuncia ante las autoridades: la instalación de una nueva toma ilegal de terrenos donde, además, se estaría llevando a cabo la venta ilícita de lotes a terceros. Esta situación ha generado profunda alarma entre los residentes, quienes temen por el desorden y la inseguridad en su comunidad. Frente a este escenario, el Diputado Sebastián Videla, acompañado por dirigentes sociales y los propios vecinos afectados, ha solicitado formalmente a las autoridades competentes la realización de un operativo urgente y coordinado. El objetivo es claro: detener de inmediato la ocupación y la comercialización ilegal de los predios. No vamos a permitir que se sigan lucrando con terrenos tomados ilegalmente. Este tipo de situaciones debe enfrentarse con decisión y coordinación interinstitucional, declaró el diputado Videla, haciendo hincapié en la necesidad de una respuesta enérgica por parte del Estado. Finalmente, las denuncias y los antecedentes preliminares ya han sido puestos en conocimiento de las policías y organismos pertinentes. Se espera que con esta información se puedan iniciar rápidamente las investigaciones correspondientes y tomar las medidas necesarias para evitar que estas ocupaciones ilegales sigan expandiéndose en la ciudad de Antofagasta, resguardando así el orden territorial y la seguridad pública.
Las autoridades de la región de Antofagasta reiteraron su compromiso con la recuperación de terrenos fiscales, enfatizando que la Ley de Usurpación les ha permitido una respuesta más rápida y coordinada para detener las ocupaciones incipientes. A raíz de denuncias por presuntas nuevas tomas en el sector de Llullaillaco, las autoridades han reforzado la vigilancia y el trabajo en conjunto para evitar que estas situaciones se consoliden. Ante esto, la delegada presidencial regional, Karen Behrens Navarrete, explicó que el Gobierno ha priorizado los desalojos de terrenos ocupados de forma incipiente, es decir, cuando recién se instalan las personas o los primeros materiales de construcción. Este enfoque se debe a los recursos limitados y busca ser más efectivo para frenar el crecimiento de las tomas. Con la Ley de Usurpación, que permite actuar en el contexto de la flagrancia dentro de las primeras 12 horas, tenemos una coordinación, una fuerza de tarea donde ahora también está incluida la Seremi de Seguridad Pública, afirmó Behrens, destacando que el trabajo coordinado entre Bienes Nacionales, Seguridad Pública y Carabineros ha sido clave para el control de estas situaciones. Por su parte, la seremi de Bienes Nacionales, Pía Silva Díaz, sostuvo que la política ministerial se centra en evitar que las tomas incipientes se consoliden, lo que ha permitido suspender el alza de ocupaciones. La seremi confirmó que se realiza un plan de fiscalización anual, además de atender las denuncias diarias. Asimismo, las autoridades de seguridad también se refirieron a la situación. El seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, indicó que se adoptan medidas inmediatas como la fiscalización y la presencia policial preventiva cuando se trata de denuncias por ocupaciones recientes.Hemos actuado dentro de las 24 horas para evitar la consolidación de la toma, aseguró, refiriéndose a un caso reciente. El coronel Héctor Cabrera Catalán, Prefecto de Carabineros de Antofagasta, desmintió que existan lugares donde la policía no ingrese, reiterando que mantienen rondas semanales en distintas tomas en coordinación con la Policía de Investigaciones. Además, destacó que la Ley de Usurpación les faculta a actuar por flagrancia y detener a las personas que están instalando una toma, lo que ya ha ocurrido en varias ocasiones. Finalmente, en relación con el caso del sector Llullaillaco en la Coviefi, la seremi de Bienes Nacionales aclaró que la denuncia corresponde a una ocupación ya existente, y que en el lugar no se han constatado nuevas tomas, descartando las alarmas infundadas que circularon en redes sociales. La seremi de Gobierno, Paulina Larrondo, reforzó el mensaje, señalando que la Ley de Usurpación es una herramienta fundamental que el actual Gobierno puso en marcha para impedir el aumento de las ocupaciones irregulares.
