En el primer lunes de su administración, el Presidente de la República, José Antonio Kast, inicia una intensa agenda en la macrozona norte del país, enfocada principalmente en reforzar el control fronterizo y enfrentar la inmigración irregular. El Mandatario viaja hasta la región de Arica y Parinacota para supervisar en terreno las primeras acciones del denominado Plan Escudo Fronterizo, iniciativa que también contempla medidas que impactarán a la región de Antofagasta. El jefe de Estado despegará desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile rumbo a Arica, acompañado por los ministros Claudio Alvarado (Interior), Fernando Barros (Defensa Nacional), Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y Martín Arrau (Obras Públicas). La jornada comenzará a las 11:30 horas con la realización del Comité de Ministros de Seguridad, encabezado por el Presidente junto a la ministra Steinert. En la instancia participarán también los ministros del Interior, Defensa y Justicia —este último de manera telemática— además del general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director de la Policía de Investigaciones, Marcelo Cerna. La reunión tendrá como objetivo coordinar las primeras acciones del Gobierno en materia de seguridad y control migratorio en la zona norte del país. Durante la tarde, el Mandatario visitará la base militar “Solo de Zaldívar”, ubicada en playa Las Machas en Arica, para posteriormente trasladarse hasta el complejo fronterizo Chacalluta. En ese lugar inspeccionará los trabajos de movimiento de tierra que desarrolla el Ejército, parte de las obras iniciales para la construcción de barreras físicas en la frontera. La iniciativa considera zanjas y otras estructuras destinadas a dificultar el ingreso irregular al país, además de un aumento de la presencia militar en la zona. Según adelantó el Gobierno, estas obras podrían extenderse por cerca de 500 kilómetros en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El plan contempla además la incorporación de tecnología para el monitoreo fronterizo, incluyendo drones, cámaras térmicas y sistemas biométricos, complementando el Sistema Integrado de Frontera impulsado en la administración anterior. Paralelamente, el Gobierno busca fortalecer la reconducción de inmigrantes que ingresen de manera irregular hacia Bolivia, mecanismo que ya comenzó a aplicarse durante el año pasado. La agenda del Ejecutivo en la macrozona norte marca así el inicio de una estrategia que busca reforzar la seguridad fronteriza y que tendrá repercusiones directas en regiones clave como Antofagasta, la cual visitará el lunes a última hora y en donde se prevé la implementación de parte importante de estas medidas en los próximos meses.
El Gobierno inició la implementación del denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las principales promesas del Presidente José Antonio Kast para enfrentar el ingreso irregular al país por la frontera norte. La medida comenzó a concretarse tras la firma de seis decretos en el Palacio de La Moneda, de los cuales tres están directamente enfocados en reforzar la seguridad en las zonas limítrofes. El plan contempla una serie de acciones destinadas a fortalecer el control territorial en la macrozona norte, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sectores que en los últimos años han concentrado la mayor cantidad de ingresos irregulares al país. Entre las primeras medidas se encuentra la construcción de zanjas en distintos puntos de la frontera, trabajos que comenzarán entre el lunes y martes de la próxima semana. Según informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las obras estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. El plan también considera el despliegue de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes operarán mediante turnos rotativos para mantener presencia permanente en la zona fronteriza. A esto se suma la instalación de infraestructura destinada a dificultar el tránsito por pasos no habilitados. Entre las medidas contempladas se incluye la construcción de muros o vallas de hasta cinco metros de altura, equipados con sensores, cercos electrificados y torres con radares térmicos. Asimismo, se implementarán zanjas de hasta tres metros de profundidad en sectores considerados críticos para el ingreso irregular. El sistema de vigilancia también incorporará drones autónomos con reconocimiento facial, que operarán de forma permanente para monitorear la zona limítrofe y detectar posibles ingresos clandestinos. Las obras priorizarán sectores estratégicos como Colchane y Chacalluta, considerados algunos de los principales puntos de tránsito irregular en la frontera norte. En paralelo, el Gobierno anunció la creación del cargo de Comisionado de la Macrozona Norte, función que será desempeñada por Alberto Soto, quien tendrá la misión de coordinar las acciones de control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones involucradas. El Ejecutivo también evalúa la implementación de una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona limítrofe, donde cualquier persona que se encuentre sin documentación podrá ser detenida y posteriormente expulsada del país. Las expulsiones, según se informó, se realizarán mediante vuelos o traslados directos hacia los países de origen o desde donde se produjo el ingreso al territorio nacional. Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer el control fronterizo y enfrentar uno de los principales desafíos en materia de seguridad y migración que afecta al norte del país.
Una de las primeras decisiones adoptadas por el Presidente José Antonio Kast tras asumir el mando apunta directamente a la situación de la frontera norte del país. Entre las primeras seis medidas dictadas por el nuevo Mandatario, tres están enfocadas en el control fronterizo, una zona considerada estratégica en materia de seguridad, migración irregular y combate al narcotráfico. En ese contexto, el Gobierno anunció el nombramiento del almirante en retiro Alberto Soto como “comisionado de la macrozona norte”. Su misión será coordinar la implementación de un ambicioso plan cuyo objetivo central es la erradicación de pasos no habilitados en la frontera con Perú y Bolivia. El exmarino tendrá la tarea de articular el trabajo entre distintas instituciones que operan en la zona, entre ellas Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ejército, la Fuerza Aérea, Aduanas y la Fiscalía, además de las autoridades políticas regionales. A esto se suma la implementación de nuevos recursos tecnológicos para fortalecer el control fronterizo. Entre las herramientas contempladas en el plan se incluyen drones de vigilancia, cámaras térmicas, sistemas biométricos y la construcción de barreras físicas como muros, zanjas y otros obstáculos destinados a impedir el tránsito por pasos clandestinos. Las medidas se concentrarán principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que en conjunto suman más de 800 kilómetros de frontera con Perú y Bolivia. En estas zonas se ubican algunos de los principales puntos utilizados para el ingreso irregular al país, especialmente en sectores cercanos a Chacalluta y Colchane. La frontera norte también es considerada la principal puerta de entrada de drogas a Chile. Solo en los últimos dos años y medio, en la Región de Antofagasta se han decomisado cerca de 86 toneladas de sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, ketamina y cocaína destinada tanto al consumo interno como al tráfico internacional. El Presidente Kast también convocó al recién asumido comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, para solicitar un aumento en la dotación de efectivos en la zona y reforzar la implementación de las nuevas medidas de control. Además del plan fronterizo, el Mandatario anunció la creación de una fuerza de tareas para realizar una auditoría total al Estado, con el objetivo de detectar irregularidades en ministerios y servicios públicos. Esta instancia estará integrada por los subsecretarios del Interior, Hacienda y la Segpres. En paralelo, el Gobierno instruyó resolver 51 recursos pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, vinculados a proyectos de inversión que suman cerca de 16 mil millones de dólares y que actualmente se encuentran detenidos por trámites administrativos. Finalmente, el Ejecutivo designó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, como encargado de reconstrucción en las regiones del Biobío, Ñuble y Valparaíso, con la misión de agilizar la ejecución de subsidios y proyectos habitacionales tras las emergencias recientes.
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), junto al Ministerio de Minería, presentó una histórica proyección: la Cartera de Inversiones Mineras 2025–2034 alcanzará un récord de US$104.549 millones, la cifra más alta desde que existe registro en 2015. El monto refleja un aumento del 25% respecto del periodo anterior, equivalente a US$21.369 millones adicionales, impulsado por la fuerte demanda internacional y el sostenido repunte de los precios del cobre. La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que este escenario “demuestra confianza en el país y en la capacidad del sector para avanzar hacia una minería moderna, sostenible y competitiva”. Según Cochilco, el crecimiento se explica por proyectos de reposición y ampliación de capacidad en faenas de cobre, así como por nuevas iniciativas en minerales estratégicos como el litio y el hierro. Entre los desarrollos clave figuran la nueva concentradora de Rosario en Collahuasi y la nueva concentradora Los Colorados en Escondida, ambas en fase de prefactibilidad. Pese a ello, las compañías las consideran determinantes para asegurar continuidad operativa en el largo plazo. A nivel territorial, la Región de Antofagasta mantiene su liderazgo como polo minero con una inversión proyectada de US$40 mil millones, seguida por Tarapacá y Atacama, con US$10 mil millones y US$14 mil millones, respectivamente. Esta última destaca por iniciativas de cobre que suman US$4.700 millones. En cuanto al litio, Cochilco estima que la inversión alcanzará los US$4.700 millones hacia 2025, impulsada por proyectos como Salares Altoandinos —desarrollado por ENAMI y Rio Tinto— y nuevas iniciativas en el Salar de Maricunga, consolidando el mineral como un componente estratégico en la transición energética global. Del total de la cartera, el 41% corresponde a proyectos base con alto grado de certeza; un 40% son potenciales, sujetos a definiciones técnicas, ambientales o financieras; y el 19% restante corresponde a iniciativas probables o posibles. Asimismo, los proyectos brownfield dominan la estructura con un 64%, mientras que los greenfield representan el 19%. Cochilco precisa que antes de 2025 ya se han materializado inversiones por US$11 mil millones, quedando US$29 mil millones por ejecutar. Entre 2025 y 2029 se proyectan US$11 mil millones adicionales solo en cobre, mientras que el quinquenio 2030–2034 concentra el mayor impulso, con US$44 mil millones en iniciativas de cobre, litio y otros minerales. La ministra Williams adelantó que entre 2026 y 2030 se espera que ingresen inversiones por entre US$38 mil millones y US$40 mil millones, reforzando la relevancia del sector como motor económico y estratégico para el futuro del país.
En el primer lunes de su administración, el Presidente de la República, José Antonio Kast, inicia una intensa agenda en la macrozona norte del país, enfocada principalmente en reforzar el control fronterizo y enfrentar la inmigración irregular. El Mandatario viaja hasta la región de Arica y Parinacota para supervisar en terreno las primeras acciones del denominado Plan Escudo Fronterizo, iniciativa que también contempla medidas que impactarán a la región de Antofagasta. El jefe de Estado despegará desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile rumbo a Arica, acompañado por los ministros Claudio Alvarado (Interior), Fernando Barros (Defensa Nacional), Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y Martín Arrau (Obras Públicas). La jornada comenzará a las 11:30 horas con la realización del Comité de Ministros de Seguridad, encabezado por el Presidente junto a la ministra Steinert. En la instancia participarán también los ministros del Interior, Defensa y Justicia —este último de manera telemática— además del general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director de la Policía de Investigaciones, Marcelo Cerna. La reunión tendrá como objetivo coordinar las primeras acciones del Gobierno en materia de seguridad y control migratorio en la zona norte del país. Durante la tarde, el Mandatario visitará la base militar “Solo de Zaldívar”, ubicada en playa Las Machas en Arica, para posteriormente trasladarse hasta el complejo fronterizo Chacalluta. En ese lugar inspeccionará los trabajos de movimiento de tierra que desarrolla el Ejército, parte de las obras iniciales para la construcción de barreras físicas en la frontera. La iniciativa considera zanjas y otras estructuras destinadas a dificultar el ingreso irregular al país, además de un aumento de la presencia militar en la zona. Según adelantó el Gobierno, estas obras podrían extenderse por cerca de 500 kilómetros en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El plan contempla además la incorporación de tecnología para el monitoreo fronterizo, incluyendo drones, cámaras térmicas y sistemas biométricos, complementando el Sistema Integrado de Frontera impulsado en la administración anterior. Paralelamente, el Gobierno busca fortalecer la reconducción de inmigrantes que ingresen de manera irregular hacia Bolivia, mecanismo que ya comenzó a aplicarse durante el año pasado. La agenda del Ejecutivo en la macrozona norte marca así el inicio de una estrategia que busca reforzar la seguridad fronteriza y que tendrá repercusiones directas en regiones clave como Antofagasta, la cual visitará el lunes a última hora y en donde se prevé la implementación de parte importante de estas medidas en los próximos meses.
El Gobierno inició la implementación del denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las principales promesas del Presidente José Antonio Kast para enfrentar el ingreso irregular al país por la frontera norte. La medida comenzó a concretarse tras la firma de seis decretos en el Palacio de La Moneda, de los cuales tres están directamente enfocados en reforzar la seguridad en las zonas limítrofes. El plan contempla una serie de acciones destinadas a fortalecer el control territorial en la macrozona norte, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sectores que en los últimos años han concentrado la mayor cantidad de ingresos irregulares al país. Entre las primeras medidas se encuentra la construcción de zanjas en distintos puntos de la frontera, trabajos que comenzarán entre el lunes y martes de la próxima semana. Según informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las obras estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. El plan también considera el despliegue de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes operarán mediante turnos rotativos para mantener presencia permanente en la zona fronteriza. A esto se suma la instalación de infraestructura destinada a dificultar el tránsito por pasos no habilitados. Entre las medidas contempladas se incluye la construcción de muros o vallas de hasta cinco metros de altura, equipados con sensores, cercos electrificados y torres con radares térmicos. Asimismo, se implementarán zanjas de hasta tres metros de profundidad en sectores considerados críticos para el ingreso irregular. El sistema de vigilancia también incorporará drones autónomos con reconocimiento facial, que operarán de forma permanente para monitorear la zona limítrofe y detectar posibles ingresos clandestinos. Las obras priorizarán sectores estratégicos como Colchane y Chacalluta, considerados algunos de los principales puntos de tránsito irregular en la frontera norte. En paralelo, el Gobierno anunció la creación del cargo de Comisionado de la Macrozona Norte, función que será desempeñada por Alberto Soto, quien tendrá la misión de coordinar las acciones de control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones involucradas. El Ejecutivo también evalúa la implementación de una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona limítrofe, donde cualquier persona que se encuentre sin documentación podrá ser detenida y posteriormente expulsada del país. Las expulsiones, según se informó, se realizarán mediante vuelos o traslados directos hacia los países de origen o desde donde se produjo el ingreso al territorio nacional. Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer el control fronterizo y enfrentar uno de los principales desafíos en materia de seguridad y migración que afecta al norte del país.
Una de las primeras decisiones adoptadas por el Presidente José Antonio Kast tras asumir el mando apunta directamente a la situación de la frontera norte del país. Entre las primeras seis medidas dictadas por el nuevo Mandatario, tres están enfocadas en el control fronterizo, una zona considerada estratégica en materia de seguridad, migración irregular y combate al narcotráfico. En ese contexto, el Gobierno anunció el nombramiento del almirante en retiro Alberto Soto como “comisionado de la macrozona norte”. Su misión será coordinar la implementación de un ambicioso plan cuyo objetivo central es la erradicación de pasos no habilitados en la frontera con Perú y Bolivia. El exmarino tendrá la tarea de articular el trabajo entre distintas instituciones que operan en la zona, entre ellas Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ejército, la Fuerza Aérea, Aduanas y la Fiscalía, además de las autoridades políticas regionales. A esto se suma la implementación de nuevos recursos tecnológicos para fortalecer el control fronterizo. Entre las herramientas contempladas en el plan se incluyen drones de vigilancia, cámaras térmicas, sistemas biométricos y la construcción de barreras físicas como muros, zanjas y otros obstáculos destinados a impedir el tránsito por pasos clandestinos. Las medidas se concentrarán principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que en conjunto suman más de 800 kilómetros de frontera con Perú y Bolivia. En estas zonas se ubican algunos de los principales puntos utilizados para el ingreso irregular al país, especialmente en sectores cercanos a Chacalluta y Colchane. La frontera norte también es considerada la principal puerta de entrada de drogas a Chile. Solo en los últimos dos años y medio, en la Región de Antofagasta se han decomisado cerca de 86 toneladas de sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, ketamina y cocaína destinada tanto al consumo interno como al tráfico internacional. El Presidente Kast también convocó al recién asumido comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, para solicitar un aumento en la dotación de efectivos en la zona y reforzar la implementación de las nuevas medidas de control. Además del plan fronterizo, el Mandatario anunció la creación de una fuerza de tareas para realizar una auditoría total al Estado, con el objetivo de detectar irregularidades en ministerios y servicios públicos. Esta instancia estará integrada por los subsecretarios del Interior, Hacienda y la Segpres. En paralelo, el Gobierno instruyó resolver 51 recursos pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, vinculados a proyectos de inversión que suman cerca de 16 mil millones de dólares y que actualmente se encuentran detenidos por trámites administrativos. Finalmente, el Ejecutivo designó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, como encargado de reconstrucción en las regiones del Biobío, Ñuble y Valparaíso, con la misión de agilizar la ejecución de subsidios y proyectos habitacionales tras las emergencias recientes.
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), junto al Ministerio de Minería, presentó una histórica proyección: la Cartera de Inversiones Mineras 2025–2034 alcanzará un récord de US$104.549 millones, la cifra más alta desde que existe registro en 2015. El monto refleja un aumento del 25% respecto del periodo anterior, equivalente a US$21.369 millones adicionales, impulsado por la fuerte demanda internacional y el sostenido repunte de los precios del cobre. La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que este escenario “demuestra confianza en el país y en la capacidad del sector para avanzar hacia una minería moderna, sostenible y competitiva”. Según Cochilco, el crecimiento se explica por proyectos de reposición y ampliación de capacidad en faenas de cobre, así como por nuevas iniciativas en minerales estratégicos como el litio y el hierro. Entre los desarrollos clave figuran la nueva concentradora de Rosario en Collahuasi y la nueva concentradora Los Colorados en Escondida, ambas en fase de prefactibilidad. Pese a ello, las compañías las consideran determinantes para asegurar continuidad operativa en el largo plazo. A nivel territorial, la Región de Antofagasta mantiene su liderazgo como polo minero con una inversión proyectada de US$40 mil millones, seguida por Tarapacá y Atacama, con US$10 mil millones y US$14 mil millones, respectivamente. Esta última destaca por iniciativas de cobre que suman US$4.700 millones. En cuanto al litio, Cochilco estima que la inversión alcanzará los US$4.700 millones hacia 2025, impulsada por proyectos como Salares Altoandinos —desarrollado por ENAMI y Rio Tinto— y nuevas iniciativas en el Salar de Maricunga, consolidando el mineral como un componente estratégico en la transición energética global. Del total de la cartera, el 41% corresponde a proyectos base con alto grado de certeza; un 40% son potenciales, sujetos a definiciones técnicas, ambientales o financieras; y el 19% restante corresponde a iniciativas probables o posibles. Asimismo, los proyectos brownfield dominan la estructura con un 64%, mientras que los greenfield representan el 19%. Cochilco precisa que antes de 2025 ya se han materializado inversiones por US$11 mil millones, quedando US$29 mil millones por ejecutar. Entre 2025 y 2029 se proyectan US$11 mil millones adicionales solo en cobre, mientras que el quinquenio 2030–2034 concentra el mayor impulso, con US$44 mil millones en iniciativas de cobre, litio y otros minerales. La ministra Williams adelantó que entre 2026 y 2030 se espera que ingresen inversiones por entre US$38 mil millones y US$40 mil millones, reforzando la relevancia del sector como motor económico y estratégico para el futuro del país.
