Este miércoles trascendió un documento ingresado por la defensa del alcalde Jonathan Velásquez, al Tribunal de Garantía de Antofagasta, en el cual se expresa un supuesto acuerdo extrajudical frente a la sentencia que tendría que cumplir por la funa a una profesora. Si bien, varios medios señalaron que esta resolución podría hacerse efectiva para evitar la suspensión del cargo incluida en la sentencia de Velásquez por el delito de injurias graves por escrito y con publicidad, la parte querellante desmintió tal información. El abogado Ramón Miranda, quien representa a la profesora afectada, sostuvo a nuestro medio que el alcalde se reunió con la docente y manifestó que quería pedirle disculpas. Pero para tal efecto es necesario solicitar una audiencia en la que se llama al perdón del ofendido. En esa audiencia, Velásquez tendría que pedirle disculpas a la ofendida y si la profesora accede a perdonarlo, la causa se termina. Frente a esto, Miranda indicó que la docente accedió a realizar la audiencia que se llevaría a cabo el próximo 6 de febrero. El abogado querrellante además señaló que la defensa del alcalde de Antofagasta, ha presionado bastante para llegar a un acuerdo y por esta razón, presentaron la jornada anterior el documento difundido este miércoles.
El sábado el Juzgado de Garantía dio a conocer el fallo frente a la querella interpuesta por la profesora Iris Núñez en contra del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, debido a la publicación de un video el 11 de mayo del 2022 por medio de Facebook, en la cual la autoridad comunal funa a la profesional de educación incluyendo a su pareja, además de datos personales. Luego de que el registro estuviera en circulación más de tres meses, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección interpuesto por la profesora, ordenando a Velásquez eliminar la publicación de redes sociales el 1 de julio de 2022. La sentencia del Tribunal establece que se configura el delito grave consumado de injurias graves por escrito y con publicidad. Las palabras usadas por Velásquez (...) en sí mismas resultan ofensivas o denigrantes, utilizando términos descalificatorios a lo que se suma el contexto en que estas se pronuncian, en un vídeo ingresado a una red social de amplia difusión, pudiendo observar al menos mil comentarios en la red social y más de 300 veces compartido, lo que permite estimar que fueran injuriosas y hechas con publicidad, detalla el fallo. Por lo tanto, condenan al alcalde Jonathan Velásquez a cumplir 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, al pago de una multa de 15 UTM (Unidades Tributarias Mensuales) y a la pena accesoria de suspensión del cargo u oficio público, durante el tiempo que dure la condena. Sin embargo, el cumplimiento de la pena principal fue sustituido por remisión condicional, quedando Velásquez sujeto a vigilancia de Gendarmería por el tiempo indicado. De esta manera, deberá presentarse al quinto día de ejecutada la sentencia en dicho centro para iniciar la pena. ¿Continuará Velásquez como alcalde? Sobre ejercer el cargo de alcalde, Velásquez podría continuar mientras dure el plazo para apelar a esta sentencia. No obstante, medios de comunicación han especulado sobre la interpretación del fallo. Por una parte, postulan que la sustitución de la pena rige solo para los 540 días de reclusión, pero la suspensión debería mantenenerse. Mientras que otros señalan que existe una nueva interpretación de la Contraloría para este tipo de casos, lo que salvaría a Velásquez. Este supuesto cambio jurisprudencial publicado en un documento difundido por Timeline.cl sostiene que al conceder remisión condicional a una pena, tampoco cabe ejecutar la pena accesoria. Sin embargo, El Diario de Antofagasta aclaró que esta minuta no correspondería a a un documento oficial de la Contraloría. Este último medio, sostiene que este documento es una minuta elaborada en 2020 por un organismo distinto, en la que se hace una interpretación errónea del dictamen N° 7.986 de 2018, el cual reafirma que la pena accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos debe cumplirse, aunque haya sido sustituída la pena principal de cárcel y el condenado tenga derecho a la omisión de la anotación en su certificado de antecedentes, criterio con el que coincidirían abogados penalistas.
Este miércoles trascendió un documento ingresado por la defensa del alcalde Jonathan Velásquez, al Tribunal de Garantía de Antofagasta, en el cual se expresa un supuesto acuerdo extrajudical frente a la sentencia que tendría que cumplir por la funa a una profesora. Si bien, varios medios señalaron que esta resolución podría hacerse efectiva para evitar la suspensión del cargo incluida en la sentencia de Velásquez por el delito de injurias graves por escrito y con publicidad, la parte querellante desmintió tal información. El abogado Ramón Miranda, quien representa a la profesora afectada, sostuvo a nuestro medio que el alcalde se reunió con la docente y manifestó que quería pedirle disculpas. Pero para tal efecto es necesario solicitar una audiencia en la que se llama al perdón del ofendido. En esa audiencia, Velásquez tendría que pedirle disculpas a la ofendida y si la profesora accede a perdonarlo, la causa se termina. Frente a esto, Miranda indicó que la docente accedió a realizar la audiencia que se llevaría a cabo el próximo 6 de febrero. El abogado querrellante además señaló que la defensa del alcalde de Antofagasta, ha presionado bastante para llegar a un acuerdo y por esta razón, presentaron la jornada anterior el documento difundido este miércoles.
El sábado el Juzgado de Garantía dio a conocer el fallo frente a la querella interpuesta por la profesora Iris Núñez en contra del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, debido a la publicación de un video el 11 de mayo del 2022 por medio de Facebook, en la cual la autoridad comunal funa a la profesional de educación incluyendo a su pareja, además de datos personales. Luego de que el registro estuviera en circulación más de tres meses, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección interpuesto por la profesora, ordenando a Velásquez eliminar la publicación de redes sociales el 1 de julio de 2022. La sentencia del Tribunal establece que se configura el delito grave consumado de injurias graves por escrito y con publicidad. Las palabras usadas por Velásquez (...) en sí mismas resultan ofensivas o denigrantes, utilizando términos descalificatorios a lo que se suma el contexto en que estas se pronuncian, en un vídeo ingresado a una red social de amplia difusión, pudiendo observar al menos mil comentarios en la red social y más de 300 veces compartido, lo que permite estimar que fueran injuriosas y hechas con publicidad, detalla el fallo. Por lo tanto, condenan al alcalde Jonathan Velásquez a cumplir 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, al pago de una multa de 15 UTM (Unidades Tributarias Mensuales) y a la pena accesoria de suspensión del cargo u oficio público, durante el tiempo que dure la condena. Sin embargo, el cumplimiento de la pena principal fue sustituido por remisión condicional, quedando Velásquez sujeto a vigilancia de Gendarmería por el tiempo indicado. De esta manera, deberá presentarse al quinto día de ejecutada la sentencia en dicho centro para iniciar la pena. ¿Continuará Velásquez como alcalde? Sobre ejercer el cargo de alcalde, Velásquez podría continuar mientras dure el plazo para apelar a esta sentencia. No obstante, medios de comunicación han especulado sobre la interpretación del fallo. Por una parte, postulan que la sustitución de la pena rige solo para los 540 días de reclusión, pero la suspensión debería mantenenerse. Mientras que otros señalan que existe una nueva interpretación de la Contraloría para este tipo de casos, lo que salvaría a Velásquez. Este supuesto cambio jurisprudencial publicado en un documento difundido por Timeline.cl sostiene que al conceder remisión condicional a una pena, tampoco cabe ejecutar la pena accesoria. Sin embargo, El Diario de Antofagasta aclaró que esta minuta no correspondería a a un documento oficial de la Contraloría. Este último medio, sostiene que este documento es una minuta elaborada en 2020 por un organismo distinto, en la que se hace una interpretación errónea del dictamen N° 7.986 de 2018, el cual reafirma que la pena accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos debe cumplirse, aunque haya sido sustituída la pena principal de cárcel y el condenado tenga derecho a la omisión de la anotación en su certificado de antecedentes, criterio con el que coincidirían abogados penalistas.
