Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que envió un oficio a la Superintendencia de Educación solicitando una intervención ante la cancelación de matrículas de al menos 100 estudiantes en el Instituto Superior de Comercio Jerardo Muñoz Campos de Antofagasta. Esto, luego de que padres y apoderados denunciaran que fueron forzados a firmar un documento que los comprometía a cambiar de establecimiento educacional de cara al año escolar 2026. De acuerdo a la información enviada por el INDH, en un principio el liceo habría decidido cambiar a algunos estudiantes de la jornada matutina a la jornada vespertina, pero poco después habría informado a la comunidad estudiantil el cierre definitivo de la jornada de la tarde, funcionando únicamente en la mañana. Al respecto, la sede regional del INDH remarcó que a los estudiantes esta medida Los hace sentir abandonados y discriminados por el sistema educacional, toda vez que justamente los de la tarde eran en gran porcentaje alumnos que por temas disciplinarios y convivencia escolar habían sido cambiados a esa jornada, para luego cerrarla sin aviso ni comunicación previa. Por esto, el ente solicitó que la Superintendencia revise la legalidad de la cancelación de las matrículas, además de conocer la existencia de alguna denuncia previa. Finalmente, también pidieron que el organismo actúe como mediador entre apoderados y el establecimientos, con el fin de buscar soluciones.
El sistema educativo chileno enfrenta una creciente crisis de violencia escolar, según el último informe de la Superintendencia de Educación. Solo en el año 2024, se contabilizaron 19.000 denuncias, y la proyección es que esta cifra supere los 20.000 casos en 2025, abarcando situaciones de maltrato, discriminación, ciberacoso y violencia con un marcado foco en el uso de herramientas digitales. El reporte, que analizó hechos ocurridos en niveles preescolar, básico y medio, detalla que más de 133.000 denuncias por violencia escolar se han registrado en el país durante los últimos diez años. Para detallar, las denuncias se concentran principalmente en los colegios particulares subvencionados (55%), seguidos por los municipales (24%) y los particulares pagados (11%). Sin embargo, son estos últimos los que han experimentado el mayor aumento porcentual, pasando de un 29% en 2022 a un 43,6% en 2024, a pesar de tener la menor matrícula. Expertos señalan que si bien la mayoría de los casos ocurre en educación básica, los episodios de mayor gravedad y complejidad se registran en el nivel medio. Ante esto, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, destacó que el aumento en las denuncias no solo refleja los desafíos sociales, sino que también puede estar asociado a una mayor conciencia sobre los derechos y un mejor acceso a los mecanismos de reporte por parte de la comunidad educativa. En esta línea, Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, precisó que el notable incremento de casos relacionados con estudiantes con trastorno del espectro autista (un 149% entre 2022 y 2024) responde primariamente a una mayor visibilidad y conocimiento de estas situaciones, y no necesariamente a un alza de la violencia en sí. Ante este panorama, la Superintendencia de Educación ha resaltado la implementación de la “Gestión Colaborativa de Conflictos”. Este procedimiento busca la resolución temprana de los incidentes a través de la mediación y el diálogo. Gracias a esta estrategia, el porcentaje de resolución de conflictos pasó del 2,3% al 27% en los últimos dos años, logrando abordar cerca de 3.000 casos anualmente.
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que envió un oficio a la Superintendencia de Educación solicitando una intervención ante la cancelación de matrículas de al menos 100 estudiantes en el Instituto Superior de Comercio Jerardo Muñoz Campos de Antofagasta. Esto, luego de que padres y apoderados denunciaran que fueron forzados a firmar un documento que los comprometía a cambiar de establecimiento educacional de cara al año escolar 2026. De acuerdo a la información enviada por el INDH, en un principio el liceo habría decidido cambiar a algunos estudiantes de la jornada matutina a la jornada vespertina, pero poco después habría informado a la comunidad estudiantil el cierre definitivo de la jornada de la tarde, funcionando únicamente en la mañana. Al respecto, la sede regional del INDH remarcó que a los estudiantes esta medida Los hace sentir abandonados y discriminados por el sistema educacional, toda vez que justamente los de la tarde eran en gran porcentaje alumnos que por temas disciplinarios y convivencia escolar habían sido cambiados a esa jornada, para luego cerrarla sin aviso ni comunicación previa. Por esto, el ente solicitó que la Superintendencia revise la legalidad de la cancelación de las matrículas, además de conocer la existencia de alguna denuncia previa. Finalmente, también pidieron que el organismo actúe como mediador entre apoderados y el establecimientos, con el fin de buscar soluciones.
El sistema educativo chileno enfrenta una creciente crisis de violencia escolar, según el último informe de la Superintendencia de Educación. Solo en el año 2024, se contabilizaron 19.000 denuncias, y la proyección es que esta cifra supere los 20.000 casos en 2025, abarcando situaciones de maltrato, discriminación, ciberacoso y violencia con un marcado foco en el uso de herramientas digitales. El reporte, que analizó hechos ocurridos en niveles preescolar, básico y medio, detalla que más de 133.000 denuncias por violencia escolar se han registrado en el país durante los últimos diez años. Para detallar, las denuncias se concentran principalmente en los colegios particulares subvencionados (55%), seguidos por los municipales (24%) y los particulares pagados (11%). Sin embargo, son estos últimos los que han experimentado el mayor aumento porcentual, pasando de un 29% en 2022 a un 43,6% en 2024, a pesar de tener la menor matrícula. Expertos señalan que si bien la mayoría de los casos ocurre en educación básica, los episodios de mayor gravedad y complejidad se registran en el nivel medio. Ante esto, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, destacó que el aumento en las denuncias no solo refleja los desafíos sociales, sino que también puede estar asociado a una mayor conciencia sobre los derechos y un mejor acceso a los mecanismos de reporte por parte de la comunidad educativa. En esta línea, Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, precisó que el notable incremento de casos relacionados con estudiantes con trastorno del espectro autista (un 149% entre 2022 y 2024) responde primariamente a una mayor visibilidad y conocimiento de estas situaciones, y no necesariamente a un alza de la violencia en sí. Ante este panorama, la Superintendencia de Educación ha resaltado la implementación de la “Gestión Colaborativa de Conflictos”. Este procedimiento busca la resolución temprana de los incidentes a través de la mediación y el diálogo. Gracias a esta estrategia, el porcentaje de resolución de conflictos pasó del 2,3% al 27% en los últimos dos años, logrando abordar cerca de 3.000 casos anualmente.
