El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este martes una querella criminal contra María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación Procultura, por el delito deapropiación indebida. Según la querella presentada por el CDE, la acusada habría cometido este ilícito a través de la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta. Los cinco contratos, con un monto total de $511.058.002, involucran cuatro relacionados con el Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta y uno correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios. La querella sostiene que, una vez suscritos y aprobados los convenios, se transferieron en una sola cuota los recursos fiscales a la Fundación Procultura. Sin embargo, se habrían detectado incumplimientos graves y reiterados en las actividades comprometidas por la organización no gubernamental. Los incumplimientos, según el CDE, afectaron tanto al avance físico como a la rendición financiera de las iniciativas, lo que llevó a la Seremi de Vivienda a poner término anticipado a los convenios. Además, se señala en la querella que la Fundación Procultura arrendó oficinas cuyo valor excedía significativamente el valor de mercado, sin la autorización correspondiente de las autoridades competentes, lo que implicó una destinación desproporcionada de recursos fiscales. La querella también destaca la existencia de errores contables reiterados e inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas , evidenciando un retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación. Se señala que, a pesar de la terminación anticipada de uno de los convenios, la querellada María Constanza Gómez Cruz no procedió al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados después de la liquidación respectiva de los convenios. En este contexto, el CDE concluye en la querella que la Fundación Procultura, representada por María Constanza Gómez Cruz, habría distraído y apropiado indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios.
La Seremi de Vivienda de Valparaíso notificó este jueves a la inmobiliaria Punta Piqueros sobre la demolición de su hotel homónimo en los roqueríos de Concón. Este anuncio sigue un fallo de la Corte Suprema emitido en mayo de 2022, que respondía a la solicitud de demolición presentada por la Corporación de Defensa del Patrimonio Histórico de Valparaíso en 2021. La sentencia de la Corte Suprema, que alertaba sobre la ilegalidad de la construcción y la falta de un permiso válido, llevó a la Seremi a pronunciarse sobre la demolición. El proyecto inmobiliario ha enfrentado numerosas acciones judiciales desde 2011, cuando obtuvo inicialmente la aprobación del permiso de obra, el cual fue anulado posteriormente por la Corte Suprema tras un recurso de ilegalidad presentado por la Corporación. En marzo pasado, el Concejo Municipal de Concón rechazó un acuerdo entre la inmobiliaria y la Corporación para poner fin a la disputa. Este acuerdo proponía modificar el uso del edificio para cumplir con la normativa comunal. Sin embargo, la Seremi de Vivienda, Belén Paredes, afirmó que el hotel no se ajusta al plan regulador comunal y carece de permiso municipal. Después de 10 días hábiles desde la notificación de la demolición, y sin que la empresa haya presentado reclamación ante la Justicia, el Serviu iniciará los trámites necesarios, que incluyen el ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental. El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, destacó la importancia de equilibrar el desarrollo con la protección ambiental y señaló que la demolición generará una discusión sobre nuestra relación con el medio ambiente. El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, expresó su preocupación por el impacto en la comunidad y el medio ambiente, asegurando que el municipio tomará medidas para minimizar cualquier eventual impacto negativo. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) reaccionó, advirtiendo que el caso refleja los desafíos de la institucionalidad en Chile y la necesidad de certeza jurídica para la inversión. La organización llamó a agilizar reformas normativas para evitar problemas similares. La abogada especializada en urbanismo, Jeannette Bruna, indicó que la resolución es categórica y la inmobiliaria tiene opciones legales para revertirla, como presentar un recurso de reposición o solicitar un permiso de edificación. Por otro lado, la epidemióloga medioambiental Patricia Matus advirtió sobre el impacto ambiental del desmantelamiento en el borde del mar, subrayando la necesidad de realizar la demolición con cuidado para proteger el ecosistema.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este martes una querella criminal contra María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación Procultura, por el delito deapropiación indebida. Según la querella presentada por el CDE, la acusada habría cometido este ilícito a través de la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta. Los cinco contratos, con un monto total de $511.058.002, involucran cuatro relacionados con el Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta y uno correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios. La querella sostiene que, una vez suscritos y aprobados los convenios, se transferieron en una sola cuota los recursos fiscales a la Fundación Procultura. Sin embargo, se habrían detectado incumplimientos graves y reiterados en las actividades comprometidas por la organización no gubernamental. Los incumplimientos, según el CDE, afectaron tanto al avance físico como a la rendición financiera de las iniciativas, lo que llevó a la Seremi de Vivienda a poner término anticipado a los convenios. Además, se señala en la querella que la Fundación Procultura arrendó oficinas cuyo valor excedía significativamente el valor de mercado, sin la autorización correspondiente de las autoridades competentes, lo que implicó una destinación desproporcionada de recursos fiscales. La querella también destaca la existencia de errores contables reiterados e inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas , evidenciando un retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación. Se señala que, a pesar de la terminación anticipada de uno de los convenios, la querellada María Constanza Gómez Cruz no procedió al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados después de la liquidación respectiva de los convenios. En este contexto, el CDE concluye en la querella que la Fundación Procultura, representada por María Constanza Gómez Cruz, habría distraído y apropiado indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios.
La Seremi de Vivienda de Valparaíso notificó este jueves a la inmobiliaria Punta Piqueros sobre la demolición de su hotel homónimo en los roqueríos de Concón. Este anuncio sigue un fallo de la Corte Suprema emitido en mayo de 2022, que respondía a la solicitud de demolición presentada por la Corporación de Defensa del Patrimonio Histórico de Valparaíso en 2021. La sentencia de la Corte Suprema, que alertaba sobre la ilegalidad de la construcción y la falta de un permiso válido, llevó a la Seremi a pronunciarse sobre la demolición. El proyecto inmobiliario ha enfrentado numerosas acciones judiciales desde 2011, cuando obtuvo inicialmente la aprobación del permiso de obra, el cual fue anulado posteriormente por la Corte Suprema tras un recurso de ilegalidad presentado por la Corporación. En marzo pasado, el Concejo Municipal de Concón rechazó un acuerdo entre la inmobiliaria y la Corporación para poner fin a la disputa. Este acuerdo proponía modificar el uso del edificio para cumplir con la normativa comunal. Sin embargo, la Seremi de Vivienda, Belén Paredes, afirmó que el hotel no se ajusta al plan regulador comunal y carece de permiso municipal. Después de 10 días hábiles desde la notificación de la demolición, y sin que la empresa haya presentado reclamación ante la Justicia, el Serviu iniciará los trámites necesarios, que incluyen el ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental. El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, destacó la importancia de equilibrar el desarrollo con la protección ambiental y señaló que la demolición generará una discusión sobre nuestra relación con el medio ambiente. El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, expresó su preocupación por el impacto en la comunidad y el medio ambiente, asegurando que el municipio tomará medidas para minimizar cualquier eventual impacto negativo. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) reaccionó, advirtiendo que el caso refleja los desafíos de la institucionalidad en Chile y la necesidad de certeza jurídica para la inversión. La organización llamó a agilizar reformas normativas para evitar problemas similares. La abogada especializada en urbanismo, Jeannette Bruna, indicó que la resolución es categórica y la inmobiliaria tiene opciones legales para revertirla, como presentar un recurso de reposición o solicitar un permiso de edificación. Por otro lado, la epidemióloga medioambiental Patricia Matus advirtió sobre el impacto ambiental del desmantelamiento en el borde del mar, subrayando la necesidad de realizar la demolición con cuidado para proteger el ecosistema.
