Este martes, se informó que en medio de un operativo policial, Carabineros de la 1ª Comisaría de Calama concretó la recuperación de casi 30 mil kilos de cátodos de cobre y una rampa de camión con encargo por robo con violencia, en un hecho calificado como una de las incautaciones de cobre más relevantes a nivel nacional en lo que va del año. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este pasado lunes, cuando el conductor del camión fue interceptado por tres sujetos. Los delincuentes retuvieron a la víctima para sustraer la rampa, la cual transportaba el mineral avaluado en $300 millones de pesos. La rampa, además, está avaluada en otros $30 millones. Tras una serie de diligencias especializadas realizadas por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Calama en coordinación con el Ministerio Público, se logró ubicar la rampa en un sitio eriazo del sector norponiente de Calama. Así las cosas, con el apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y una orden judicial gestionada por el Ministerio Público, se efectuó el ingreso al lugar a las 12:40 horas del mismo día, recuperándose en totalidad las especies robadas. En el sitio también se incautaron diversas herramientas utilizadas para delitos de oxicorte, lo que refuerza la hipótesis de participación de bandas especializadas en robo de carga minera. Por instrucción del Fiscal de turno, tanto la carga como la rampla recuperadas fueron devueltas a la empresa afectada
Con la aprobación unánime de sus integrantes, el Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca sancionar con mayor fuerza el robo de cobre en sus diversas formas. La iniciativa modifica diversos cuerpos legales para tipificar específicamente los delitos de robo y hurto de minerales, permitiendo además el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Ante esto, la nueva legislación establece que el delito de sustracción de minerales, ya sea en forma de cátodos, ánodos, blíster o lingotes, será castigado con las penas aplicables a los delitos de robo, pero aumentadas en un grado, además de una multa que oscila entre 110 y 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a un rango estimado de $7.402.000 a $13.458.000. Durante el debate, senadoras y senadores destacaron la urgencia de esta normativa ante el incremento exponencial del robo de cobre, fenómeno que ha derivado en situaciones como “ciudades enteras sin luz”, el tráfico de “toneladas de cobre ilegal destinadas a Europa, con importante perjuicio fiscal”, la sofisticación de las “bandas delictivas” y la “baja penalidad y alto lucro del delito”. Asimismo, el senador José Miguel Durana, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien informó sobre la iniciativa, señaló que el aumento del robo de minerales, particularmente el cobre, se ha caracterizado por mayores niveles de violencia, organización y montos involucrados. Los senadores que fundamentaron su voto favorable, entre ellos Sergio Gahona, Enrique Van Rysselbergue, Yasna Provoste, Esteban Velásquez y Rafael Prohens, resaltaron transversalmente el avance que significa la tipificación de la sustracción de minerales y la habilitación de herramientas especiales de investigación. Además, hicieron hincapié en el impacto del ilícito, que trasciende las zonas aisladas del norte del país. En este sentido, se instó a la Cámara de Diputados a una tramitación rápida del proyecto, dada la gravedad de los delitos. También se valoró la experiencia obtenida con la ley que reguló el robo de madera, la cual ha permitido desarticular bandas dedicadas a ese ilícito. No obstante, las y los senadores lamentaron la ausencia de representantes del Ejecutivo durante la tramitación de esta importante iniciativa. Finalmente, el texto legal también contempla el comiso de vehículos, armas, municiones, herramientas e instrumentos utilizados en la comisión del delito. Además, sanciona a quienes no puedan justificar la adquisición, posesión o tenencia legítima de minerales, así como a quienes falsifiquen documentos para facilitar el transporte o comercialización del cobre robado.
Este martes, se informó que en medio de un operativo policial, Carabineros de la 1ª Comisaría de Calama concretó la recuperación de casi 30 mil kilos de cátodos de cobre y una rampa de camión con encargo por robo con violencia, en un hecho calificado como una de las incautaciones de cobre más relevantes a nivel nacional en lo que va del año. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este pasado lunes, cuando el conductor del camión fue interceptado por tres sujetos. Los delincuentes retuvieron a la víctima para sustraer la rampa, la cual transportaba el mineral avaluado en $300 millones de pesos. La rampa, además, está avaluada en otros $30 millones. Tras una serie de diligencias especializadas realizadas por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Calama en coordinación con el Ministerio Público, se logró ubicar la rampa en un sitio eriazo del sector norponiente de Calama. Así las cosas, con el apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y una orden judicial gestionada por el Ministerio Público, se efectuó el ingreso al lugar a las 12:40 horas del mismo día, recuperándose en totalidad las especies robadas. En el sitio también se incautaron diversas herramientas utilizadas para delitos de oxicorte, lo que refuerza la hipótesis de participación de bandas especializadas en robo de carga minera. Por instrucción del Fiscal de turno, tanto la carga como la rampla recuperadas fueron devueltas a la empresa afectada
Con la aprobación unánime de sus integrantes, el Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca sancionar con mayor fuerza el robo de cobre en sus diversas formas. La iniciativa modifica diversos cuerpos legales para tipificar específicamente los delitos de robo y hurto de minerales, permitiendo además el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Ante esto, la nueva legislación establece que el delito de sustracción de minerales, ya sea en forma de cátodos, ánodos, blíster o lingotes, será castigado con las penas aplicables a los delitos de robo, pero aumentadas en un grado, además de una multa que oscila entre 110 y 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a un rango estimado de $7.402.000 a $13.458.000. Durante el debate, senadoras y senadores destacaron la urgencia de esta normativa ante el incremento exponencial del robo de cobre, fenómeno que ha derivado en situaciones como “ciudades enteras sin luz”, el tráfico de “toneladas de cobre ilegal destinadas a Europa, con importante perjuicio fiscal”, la sofisticación de las “bandas delictivas” y la “baja penalidad y alto lucro del delito”. Asimismo, el senador José Miguel Durana, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien informó sobre la iniciativa, señaló que el aumento del robo de minerales, particularmente el cobre, se ha caracterizado por mayores niveles de violencia, organización y montos involucrados. Los senadores que fundamentaron su voto favorable, entre ellos Sergio Gahona, Enrique Van Rysselbergue, Yasna Provoste, Esteban Velásquez y Rafael Prohens, resaltaron transversalmente el avance que significa la tipificación de la sustracción de minerales y la habilitación de herramientas especiales de investigación. Además, hicieron hincapié en el impacto del ilícito, que trasciende las zonas aisladas del norte del país. En este sentido, se instó a la Cámara de Diputados a una tramitación rápida del proyecto, dada la gravedad de los delitos. También se valoró la experiencia obtenida con la ley que reguló el robo de madera, la cual ha permitido desarticular bandas dedicadas a ese ilícito. No obstante, las y los senadores lamentaron la ausencia de representantes del Ejecutivo durante la tramitación de esta importante iniciativa. Finalmente, el texto legal también contempla el comiso de vehículos, armas, municiones, herramientas e instrumentos utilizados en la comisión del delito. Además, sanciona a quienes no puedan justificar la adquisición, posesión o tenencia legítima de minerales, así como a quienes falsifiquen documentos para facilitar el transporte o comercialización del cobre robado.
