En respuesta a las masivas protestas protagonizadas por pescadores artesanales en la provincia de Concepción, ubicada en la región del Biobío, el Gobierno anunció la presentación de una querella legal. Esta medida fue adelantada por el delegado presidencial regional (s) Humberto Toro durante una entrevista exclusiva con Radio Bío Bío. Los pescadores artesanales han levantado su voz exigiendo el derecho a capturar caballa y jurel, dado los desafíos que enfrentan para capturar sardina y anchoveta. El delegado presidencial reconoció el derecho de los trabajadores y las organizaciones sindicales a expresar sus preocupaciones y buscar soluciones con el gobierno. No obstante, enfatizó que las protestas no deben paralizar las rutas de la región, afectando a miles de trabajadores, estudiantes y personas que necesitan acceder a servicios esenciales, como hospitales. En este contexto, el Gobierno decidió emprender acciones legales contra aquellos que han incitado a acciones que obstaculizan el tránsito, causando inconvenientes a la ciudadanía. Instruí a Jurídica para que presente una querella contra las personas que han sido detenidas por poner obstáculos en la ruta o indicar a otros que lo hagan , señaló Toro. El delegado presidencial aseguró que si bien los ciudadanos tienen el pleno derecho a protestar y movilizarse, estas acciones no deben menoscabar las garantías del resto de la ciudadanía. Respecto a la solicitud de los pescadores de capturar caballa y jurel, Toro explicó que la cuota de jurel ya ha sido agotada y será necesario esperar a que se reabra la pesquería. Asimismo, desde un punto de vista técnico, mencionó que los cardúmenes de jurel y caballa se desplazan juntos por el océano, siendo el jurel el 80% y la caballa el 20% de ese cardumen.
Hasta el Juzgado de Garantía de Antofagasta llegó el equipo jurídico de la familia Yoma Valdivia, con el objetivo de interponer una querella contra el alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez. Acción que fue anunciada la semana pasada, luego que el edil difundiera un video donde expone documentos privados de la profesora Katherine Yoma. La familia cuestiona duramente el actuar de la autoridad comunal, denunciando que el edil montó un show mediático en el Concejo Municipal , para así dividir a las familias y evitar tomar responsabilidad por la crisis que atraviesa la educación.
Este miércoles 27 de marzo, la familia de la profesora Katherine Yoma confirmó por medio de un comunicado que presentarán acciones legales en contra del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez. El pasado viernes 22 de marzo, el alcalde publicó un video donde exhibió documentos de la Inspección del Trabajo y la Mutual de Seguridad, respecto a la situación médica de la profesora fallecida. Al respecto, la familia señala rechazamos categóricamente la aseveración sobre los hechos en que ha fundamentado la declaración pública el Sr. Velásquez Ramírez (...) quien ha utilizado dicha oportunidad (...) con el único objeto de establecer una serie de verdades que a la fecha no han sido esclarecidas bajo ninguna investigación judicial o administrativa que pudiese determinar responsabilidad legal alguna. De esta manera, señalan que la publicación representaría unanueva vulneración cometida por parte del alcalde de Antofagasta y presidente del directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Ha ejecutado actos que serán objeto de una querella, al divulgar información cuyo contenido es calificado por la legislación como sensible, confirma sobre la acción legal la familia. En la declaración pública, señalan que presentarán la denuncia el próximo lunes 1 de abril a las 9:30 horas en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, cuyo objetivo será establecer un parámetro sobre las limitaciones de las autoridades para el ejercicio de sus funciones. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TU DEFENSA JURIDICA (@tudefensajuridicacl)
Este lunes el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Antofagasta en contra de dos hermanos empresarios y un contador, debido a su eventual participación en delitos que ocasionaron un perjuicio fiscal de casi $59 mil millones. Según información difundida en el Diario Financiero, esta acción apunta a los delitos de uso y facilitación de facturas falsas, presentación maliciosa de declaración de impuestos falsas y aumento malicioso de crédito fiscal del IVA. La investigación habría surgido por este último hecho, generando una auditoría debido a la aplicación de Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario en la Dirección Regional de Antofagasta. La acción penal va en contra del representante legal de Maquinarias Industriales Astudillo Hermanos Ltda., también contra de otro de los hermanos, quien desempeñó el mismo cargo hasta septiembre del 2021. Mientras que el contador estaría implicado en la facilitación de facturas falsas. La auditoría que dio paso a la querella criminal comenzó en agosto del 2019. Sobre las indagaciones, la subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, indicó que el SII detectó 12 RUT, diez de los cuales han sido objeto de observaciones. La larga data de esta investigación tendría motivo en la dificultad para investigar empresas con operaciones reales, ya que tras el comienzo de la auditoría pudieron acreditarse antecedentes suficientes para recopilar información, recién en marzo del 2023. Gracias a esto, detectaron que la empresa transmitió y recibió IVA de otras 11 empresas relacionadas que habrían emitido facturas falsas, solo con la finalidad de disminuir los impuestos a pagar. De esta manera, el grupo empresarial que contaba con los mismos representantes legales y socios participaba de las diferentes empresas, las cuales emitían facturas falsas para aumentar el crédito fiscal del IVA. En específico, el perjuicio fiscal alcanza los $58.570 millones, en los que más $22 mil millones corresponderían a diferencias de impuestos en la cadena de IVA entre 2018 y 2022. Mientras que casi $36 mil millones a declaración maliciosa de gastos o costos por Impuestos de Primera Categoría, lo que estaría amparado con facturas falsas emitidas entre el 2019 y 2022.
En respuesta a las masivas protestas protagonizadas por pescadores artesanales en la provincia de Concepción, ubicada en la región del Biobío, el Gobierno anunció la presentación de una querella legal. Esta medida fue adelantada por el delegado presidencial regional (s) Humberto Toro durante una entrevista exclusiva con Radio Bío Bío. Los pescadores artesanales han levantado su voz exigiendo el derecho a capturar caballa y jurel, dado los desafíos que enfrentan para capturar sardina y anchoveta. El delegado presidencial reconoció el derecho de los trabajadores y las organizaciones sindicales a expresar sus preocupaciones y buscar soluciones con el gobierno. No obstante, enfatizó que las protestas no deben paralizar las rutas de la región, afectando a miles de trabajadores, estudiantes y personas que necesitan acceder a servicios esenciales, como hospitales. En este contexto, el Gobierno decidió emprender acciones legales contra aquellos que han incitado a acciones que obstaculizan el tránsito, causando inconvenientes a la ciudadanía. Instruí a Jurídica para que presente una querella contra las personas que han sido detenidas por poner obstáculos en la ruta o indicar a otros que lo hagan , señaló Toro. El delegado presidencial aseguró que si bien los ciudadanos tienen el pleno derecho a protestar y movilizarse, estas acciones no deben menoscabar las garantías del resto de la ciudadanía. Respecto a la solicitud de los pescadores de capturar caballa y jurel, Toro explicó que la cuota de jurel ya ha sido agotada y será necesario esperar a que se reabra la pesquería. Asimismo, desde un punto de vista técnico, mencionó que los cardúmenes de jurel y caballa se desplazan juntos por el océano, siendo el jurel el 80% y la caballa el 20% de ese cardumen.
Hasta el Juzgado de Garantía de Antofagasta llegó el equipo jurídico de la familia Yoma Valdivia, con el objetivo de interponer una querella contra el alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez. Acción que fue anunciada la semana pasada, luego que el edil difundiera un video donde expone documentos privados de la profesora Katherine Yoma. La familia cuestiona duramente el actuar de la autoridad comunal, denunciando que el edil montó un show mediático en el Concejo Municipal , para así dividir a las familias y evitar tomar responsabilidad por la crisis que atraviesa la educación.
Este miércoles 27 de marzo, la familia de la profesora Katherine Yoma confirmó por medio de un comunicado que presentarán acciones legales en contra del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez. El pasado viernes 22 de marzo, el alcalde publicó un video donde exhibió documentos de la Inspección del Trabajo y la Mutual de Seguridad, respecto a la situación médica de la profesora fallecida. Al respecto, la familia señala rechazamos categóricamente la aseveración sobre los hechos en que ha fundamentado la declaración pública el Sr. Velásquez Ramírez (...) quien ha utilizado dicha oportunidad (...) con el único objeto de establecer una serie de verdades que a la fecha no han sido esclarecidas bajo ninguna investigación judicial o administrativa que pudiese determinar responsabilidad legal alguna. De esta manera, señalan que la publicación representaría unanueva vulneración cometida por parte del alcalde de Antofagasta y presidente del directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Ha ejecutado actos que serán objeto de una querella, al divulgar información cuyo contenido es calificado por la legislación como sensible, confirma sobre la acción legal la familia. En la declaración pública, señalan que presentarán la denuncia el próximo lunes 1 de abril a las 9:30 horas en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, cuyo objetivo será establecer un parámetro sobre las limitaciones de las autoridades para el ejercicio de sus funciones. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TU DEFENSA JURIDICA (@tudefensajuridicacl)
Este lunes el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Antofagasta en contra de dos hermanos empresarios y un contador, debido a su eventual participación en delitos que ocasionaron un perjuicio fiscal de casi $59 mil millones. Según información difundida en el Diario Financiero, esta acción apunta a los delitos de uso y facilitación de facturas falsas, presentación maliciosa de declaración de impuestos falsas y aumento malicioso de crédito fiscal del IVA. La investigación habría surgido por este último hecho, generando una auditoría debido a la aplicación de Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario en la Dirección Regional de Antofagasta. La acción penal va en contra del representante legal de Maquinarias Industriales Astudillo Hermanos Ltda., también contra de otro de los hermanos, quien desempeñó el mismo cargo hasta septiembre del 2021. Mientras que el contador estaría implicado en la facilitación de facturas falsas. La auditoría que dio paso a la querella criminal comenzó en agosto del 2019. Sobre las indagaciones, la subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, indicó que el SII detectó 12 RUT, diez de los cuales han sido objeto de observaciones. La larga data de esta investigación tendría motivo en la dificultad para investigar empresas con operaciones reales, ya que tras el comienzo de la auditoría pudieron acreditarse antecedentes suficientes para recopilar información, recién en marzo del 2023. Gracias a esto, detectaron que la empresa transmitió y recibió IVA de otras 11 empresas relacionadas que habrían emitido facturas falsas, solo con la finalidad de disminuir los impuestos a pagar. De esta manera, el grupo empresarial que contaba con los mismos representantes legales y socios participaba de las diferentes empresas, las cuales emitían facturas falsas para aumentar el crédito fiscal del IVA. En específico, el perjuicio fiscal alcanza los $58.570 millones, en los que más $22 mil millones corresponderían a diferencias de impuestos en la cadena de IVA entre 2018 y 2022. Mientras que casi $36 mil millones a declaración maliciosa de gastos o costos por Impuestos de Primera Categoría, lo que estaría amparado con facturas falsas emitidas entre el 2019 y 2022.
