En el Centro de Justicia de Santiago, la mañana de este lunes, se dio a conocer la sentencia en contra del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, y su cónyuge, María Magdalena Neira. En la sala 801 del edificio D, el 4° Tribunal Oral en lo Penal informó que Espinosa deberá cumplir una condena total de 17 años de cárcel, de los cuales se descontarán los cuatro años que permaneció en prisión preventiva o arresto domiciliario. Además, se acogió la demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado, imponiéndosele el pago de 146 millones de pesos por concepto de daño emergente al Estado. Espinosa siguió la lectura de la sentencia conectado desde el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS). El pasado 12 de noviembre, el tribunal lo declaró culpable como autor de delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación y uso malicioso de instrumento público y lavado de activos. La resolución, unánime, fue adoptada por los jueces Cristián Soto Galdames, Pedro Suárez Nieto y Carolina Escandón Cox. En el caso de Neira, el tribunal dictó un veredicto condenatorio por delito culposo de lavado de activos, imponiéndole una pena de 541 días. Según la Fiscalía Oriente, la mujer fue “un elemento fundamental” en la trama defraudatoria. El juicio se extendió por 45 días, con la declaración de más de 90 testigos, y el Ministerio Público había solicitado inicialmente 20 años de cárcel para el exjefe policial. La investigación contra Espinosa comenzó en octubre de 2021, tras detectarse irregularidades en el uso de gastos reservados asignados a la PDI entre 2015 y 2017. Según la formalización, $146 millones fueron desviados mediante 53 depósitos a su nombre y al de Neira. En sus seis años al mando de la institución, Espinosa tuvo a disposición más de $1.300 millones por este concepto. La indagatoria se aceleró cuando, el 31 de diciembre de 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó operaciones sospechosas vinculadas al exdirector. La sentencia establece para Espinosa 12 años de presidio mayor por malversación y falsificación reiteradas, junto con inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y el pago de 15 UTM. A ello se suman 5 años y un día por lavado de activos, más otra inhabilitación perpetua y una multa de 200 UTM. El tribunal ordenó además el comiso de bienes ubicados en Rosario Sur, en Las Condes —incluyendo un departamento, bodega y estacionamientos—, al considerarlos producto de las operaciones ilícitas. La causa se convierte así en una de las condenas más relevantes en materia de corrupción dentro de las policías chilenas, marcando un precedente en el control del uso de recursos públicos y la supervisión de gastos reservados.
Un sacerdote de la Iglesia Católica fue detenido este viernes en la localidad de La Tirana, comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá, tras ser acusado de abuso sexual. La detención fue realizada por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, en el marco de una investigación iniciada luego de una denuncia presentada en julio de este año. Según informó la policía, el imputado es un sacerdote de 44 años, mientras que la víctima corresponde a una mujer de 29 años. El religioso fue aprehendido al interior del cuartel policial de La Tirana y será puesto a disposición del tribunal este sábado para su control de detención. De acuerdo con información recopilada por BioBioChile, el detenido se desempeñaba como vicario pastoral de la Catedral de Iquique. Tras conocerse la denuncia, el Obispado de Iquique emitió un comunicado confirmando que adoptó como medida cautelar inmediata la suspensión del ejercicio del ministerio sacerdotal, mientras se desarrollan las diligencias investigativas que permitan esclarecer los hechos. Asimismo, la diócesis informó que, tras recibir el relato de la mujer, el obispo dispuso el inicio de una investigación previa conforme a las normas del Código de Derecho Canónico. En el comunicado, el Obispado expresó su compromiso con la creación de ambientes seguros dentro de las comunidades eclesiales y con la acogida de toda persona que se sienta vulnerada.
Un trágico accidente se registró la tarde de este martes en un edificio ubicado en la intersección de avenida Cerro Paranal con avenida Angamos, en la comuna de Antofagasta. Según antecedentes preliminares, un hombre de 60 años cayó desde el piso 12 al vacío, terminando en el foso del ascensor ubicado en el subterráneo del inmueble. El hecho ocurrió cerca de las 19:30 horas y fue reportado por vecinos, lo que motivó la llegada de personal de Carabineros de la Subcomisaría Playa Blanca, quienes constataron el hallazgo del cuerpo en el lugar. Posteriormente, funcionarios del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) confirmaron el fallecimiento del hombre. De acuerdo con el informe emitido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), voluntarios de Bomberos y personal policial trabajaron en el sitio del suceso para asegurar el área y facilitar las labores de rescate y peritaje. Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) quedó a cargo de las diligencias investigativas, con el objetivo de determinar las circunstancias y causas que originaron el accidente. Hasta el cierre de esta edición, no se reportaron otros heridos ni daños adicionales asociados al siniestro.
En el Centro de Justicia de Santiago, la mañana de este lunes, se dio a conocer la sentencia en contra del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, y su cónyuge, María Magdalena Neira. En la sala 801 del edificio D, el 4° Tribunal Oral en lo Penal informó que Espinosa deberá cumplir una condena total de 17 años de cárcel, de los cuales se descontarán los cuatro años que permaneció en prisión preventiva o arresto domiciliario. Además, se acogió la demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado, imponiéndosele el pago de 146 millones de pesos por concepto de daño emergente al Estado. Espinosa siguió la lectura de la sentencia conectado desde el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS). El pasado 12 de noviembre, el tribunal lo declaró culpable como autor de delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación y uso malicioso de instrumento público y lavado de activos. La resolución, unánime, fue adoptada por los jueces Cristián Soto Galdames, Pedro Suárez Nieto y Carolina Escandón Cox. En el caso de Neira, el tribunal dictó un veredicto condenatorio por delito culposo de lavado de activos, imponiéndole una pena de 541 días. Según la Fiscalía Oriente, la mujer fue “un elemento fundamental” en la trama defraudatoria. El juicio se extendió por 45 días, con la declaración de más de 90 testigos, y el Ministerio Público había solicitado inicialmente 20 años de cárcel para el exjefe policial. La investigación contra Espinosa comenzó en octubre de 2021, tras detectarse irregularidades en el uso de gastos reservados asignados a la PDI entre 2015 y 2017. Según la formalización, $146 millones fueron desviados mediante 53 depósitos a su nombre y al de Neira. En sus seis años al mando de la institución, Espinosa tuvo a disposición más de $1.300 millones por este concepto. La indagatoria se aceleró cuando, el 31 de diciembre de 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó operaciones sospechosas vinculadas al exdirector. La sentencia establece para Espinosa 12 años de presidio mayor por malversación y falsificación reiteradas, junto con inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y el pago de 15 UTM. A ello se suman 5 años y un día por lavado de activos, más otra inhabilitación perpetua y una multa de 200 UTM. El tribunal ordenó además el comiso de bienes ubicados en Rosario Sur, en Las Condes —incluyendo un departamento, bodega y estacionamientos—, al considerarlos producto de las operaciones ilícitas. La causa se convierte así en una de las condenas más relevantes en materia de corrupción dentro de las policías chilenas, marcando un precedente en el control del uso de recursos públicos y la supervisión de gastos reservados.
Un sacerdote de la Iglesia Católica fue detenido este viernes en la localidad de La Tirana, comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá, tras ser acusado de abuso sexual. La detención fue realizada por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, en el marco de una investigación iniciada luego de una denuncia presentada en julio de este año. Según informó la policía, el imputado es un sacerdote de 44 años, mientras que la víctima corresponde a una mujer de 29 años. El religioso fue aprehendido al interior del cuartel policial de La Tirana y será puesto a disposición del tribunal este sábado para su control de detención. De acuerdo con información recopilada por BioBioChile, el detenido se desempeñaba como vicario pastoral de la Catedral de Iquique. Tras conocerse la denuncia, el Obispado de Iquique emitió un comunicado confirmando que adoptó como medida cautelar inmediata la suspensión del ejercicio del ministerio sacerdotal, mientras se desarrollan las diligencias investigativas que permitan esclarecer los hechos. Asimismo, la diócesis informó que, tras recibir el relato de la mujer, el obispo dispuso el inicio de una investigación previa conforme a las normas del Código de Derecho Canónico. En el comunicado, el Obispado expresó su compromiso con la creación de ambientes seguros dentro de las comunidades eclesiales y con la acogida de toda persona que se sienta vulnerada.
Un trágico accidente se registró la tarde de este martes en un edificio ubicado en la intersección de avenida Cerro Paranal con avenida Angamos, en la comuna de Antofagasta. Según antecedentes preliminares, un hombre de 60 años cayó desde el piso 12 al vacío, terminando en el foso del ascensor ubicado en el subterráneo del inmueble. El hecho ocurrió cerca de las 19:30 horas y fue reportado por vecinos, lo que motivó la llegada de personal de Carabineros de la Subcomisaría Playa Blanca, quienes constataron el hallazgo del cuerpo en el lugar. Posteriormente, funcionarios del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) confirmaron el fallecimiento del hombre. De acuerdo con el informe emitido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), voluntarios de Bomberos y personal policial trabajaron en el sitio del suceso para asegurar el área y facilitar las labores de rescate y peritaje. Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) quedó a cargo de las diligencias investigativas, con el objetivo de determinar las circunstancias y causas que originaron el accidente. Hasta el cierre de esta edición, no se reportaron otros heridos ni daños adicionales asociados al siniestro.
