La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que regula los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), un instrumento que permitirá a los gobiernos regionales definir de manera estratégica el desarrollo de sus territorios, estableciendo criterios sobre la localización de industrias, áreas protegidas y proyectos estratégicos. Con esta medida, las regiones contarán con mayores herramientas para diseñar su propia hoja de ruta territorial, decisión que deberá ser considerada por ministerios y servicios públicos al momento de impulsar iniciativas o proyectos en los distintos territorios del país. Según el documento emitido por el ente contralor, el PROT se define como un instrumento de ordenamiento territorial que orienta la utilización del territorio de cada región mediante lineamientos estratégicos y una macro zonificación, con el objetivo de promover un desarrollo sustentable. Este instrumento permitirá proyectar el desarrollo regional a un horizonte de 30 años, estableciendo una “imagen objetivo” que busque equilibrar dimensiones sociales, económicas y ambientales en cada territorio. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, explicó que el PROT permitirá conciliar distintas actividades productivas con la protección del medio ambiente y el desarrollo regional. “Es un instrumento que establece orientaciones sobre cómo conciliamos las labores productivas, las labores de protección ambiental y las que apuntan al desarrollo de la región”, señaló. La autoridad agregó que el plan es elaborado por el Gobierno Regional y posteriormente aprobado por el Consejo Regional, convirtiéndose en una herramienta clave para ordenar el crecimiento del territorio. “Establece, por ejemplo, dónde habrá zonas de desarrollo industrial o zonas de desarrollo turístico. En definitiva, ordena a la región”, puntualizó Díaz. De esta manera, el PROT se proyecta como una herramienta clave para la planificación territorial de largo plazo, entregando mayor autonomía a las regiones y fortaleciendo la toma de decisiones sobre el uso y desarrollo de sus territorios.
La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que regula los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), un instrumento que permitirá a los gobiernos regionales definir de manera estratégica el desarrollo de sus territorios, estableciendo criterios sobre la localización de industrias, áreas protegidas y proyectos estratégicos. Con esta medida, las regiones contarán con mayores herramientas para diseñar su propia hoja de ruta territorial, decisión que deberá ser considerada por ministerios y servicios públicos al momento de impulsar iniciativas o proyectos en los distintos territorios del país. Según el documento emitido por el ente contralor, el PROT se define como un instrumento de ordenamiento territorial que orienta la utilización del territorio de cada región mediante lineamientos estratégicos y una macro zonificación, con el objetivo de promover un desarrollo sustentable. Este instrumento permitirá proyectar el desarrollo regional a un horizonte de 30 años, estableciendo una “imagen objetivo” que busque equilibrar dimensiones sociales, económicas y ambientales en cada territorio. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, explicó que el PROT permitirá conciliar distintas actividades productivas con la protección del medio ambiente y el desarrollo regional. “Es un instrumento que establece orientaciones sobre cómo conciliamos las labores productivas, las labores de protección ambiental y las que apuntan al desarrollo de la región”, señaló. La autoridad agregó que el plan es elaborado por el Gobierno Regional y posteriormente aprobado por el Consejo Regional, convirtiéndose en una herramienta clave para ordenar el crecimiento del territorio. “Establece, por ejemplo, dónde habrá zonas de desarrollo industrial o zonas de desarrollo turístico. En definitiva, ordena a la región”, puntualizó Díaz. De esta manera, el PROT se proyecta como una herramienta clave para la planificación territorial de largo plazo, entregando mayor autonomía a las regiones y fortaleciendo la toma de decisiones sobre el uso y desarrollo de sus territorios.
