El Gobierno inició la implementación del denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las principales promesas del Presidente José Antonio Kast para enfrentar el ingreso irregular al país por la frontera norte. La medida comenzó a concretarse tras la firma de seis decretos en el Palacio de La Moneda, de los cuales tres están directamente enfocados en reforzar la seguridad en las zonas limítrofes. El plan contempla una serie de acciones destinadas a fortalecer el control territorial en la macrozona norte, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sectores que en los últimos años han concentrado la mayor cantidad de ingresos irregulares al país. Entre las primeras medidas se encuentra la construcción de zanjas en distintos puntos de la frontera, trabajos que comenzarán entre el lunes y martes de la próxima semana. Según informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las obras estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. El plan también considera el despliegue de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes operarán mediante turnos rotativos para mantener presencia permanente en la zona fronteriza. A esto se suma la instalación de infraestructura destinada a dificultar el tránsito por pasos no habilitados. Entre las medidas contempladas se incluye la construcción de muros o vallas de hasta cinco metros de altura, equipados con sensores, cercos electrificados y torres con radares térmicos. Asimismo, se implementarán zanjas de hasta tres metros de profundidad en sectores considerados críticos para el ingreso irregular. El sistema de vigilancia también incorporará drones autónomos con reconocimiento facial, que operarán de forma permanente para monitorear la zona limítrofe y detectar posibles ingresos clandestinos. Las obras priorizarán sectores estratégicos como Colchane y Chacalluta, considerados algunos de los principales puntos de tránsito irregular en la frontera norte. En paralelo, el Gobierno anunció la creación del cargo de Comisionado de la Macrozona Norte, función que será desempeñada por Alberto Soto, quien tendrá la misión de coordinar las acciones de control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones involucradas. El Ejecutivo también evalúa la implementación de una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona limítrofe, donde cualquier persona que se encuentre sin documentación podrá ser detenida y posteriormente expulsada del país. Las expulsiones, según se informó, se realizarán mediante vuelos o traslados directos hacia los países de origen o desde donde se produjo el ingreso al territorio nacional. Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer el control fronterizo y enfrentar uno de los principales desafíos en materia de seguridad y migración que afecta al norte del país.
El Gobierno inició la implementación del denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las principales promesas del Presidente José Antonio Kast para enfrentar el ingreso irregular al país por la frontera norte. La medida comenzó a concretarse tras la firma de seis decretos en el Palacio de La Moneda, de los cuales tres están directamente enfocados en reforzar la seguridad en las zonas limítrofes. El plan contempla una serie de acciones destinadas a fortalecer el control territorial en la macrozona norte, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sectores que en los últimos años han concentrado la mayor cantidad de ingresos irregulares al país. Entre las primeras medidas se encuentra la construcción de zanjas en distintos puntos de la frontera, trabajos que comenzarán entre el lunes y martes de la próxima semana. Según informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las obras estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. El plan también considera el despliegue de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes operarán mediante turnos rotativos para mantener presencia permanente en la zona fronteriza. A esto se suma la instalación de infraestructura destinada a dificultar el tránsito por pasos no habilitados. Entre las medidas contempladas se incluye la construcción de muros o vallas de hasta cinco metros de altura, equipados con sensores, cercos electrificados y torres con radares térmicos. Asimismo, se implementarán zanjas de hasta tres metros de profundidad en sectores considerados críticos para el ingreso irregular. El sistema de vigilancia también incorporará drones autónomos con reconocimiento facial, que operarán de forma permanente para monitorear la zona limítrofe y detectar posibles ingresos clandestinos. Las obras priorizarán sectores estratégicos como Colchane y Chacalluta, considerados algunos de los principales puntos de tránsito irregular en la frontera norte. En paralelo, el Gobierno anunció la creación del cargo de Comisionado de la Macrozona Norte, función que será desempeñada por Alberto Soto, quien tendrá la misión de coordinar las acciones de control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones involucradas. El Ejecutivo también evalúa la implementación de una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona limítrofe, donde cualquier persona que se encuentre sin documentación podrá ser detenida y posteriormente expulsada del país. Las expulsiones, según se informó, se realizarán mediante vuelos o traslados directos hacia los países de origen o desde donde se produjo el ingreso al territorio nacional. Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer el control fronterizo y enfrentar uno de los principales desafíos en materia de seguridad y migración que afecta al norte del país.
