La ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, anunció el lunes pasado que el Gobierno está dispuesto a entablar un diálogo con los pobladores de Machu Picchu, quienes protestan desde hace cinco días por el cambio en la venta de entradas al emblemático monumento, bloqueando el acceso al mismo. La ministra expresó su disposición a viajar a Machu Picchu para conversar, siempre y cuando los manifestantes levanten la huelga. En una entrevista en la emisora RPP, la ministra Urteaga señaló que entiende las preocupaciones del alcalde de Machu Picchu y de los grupos que se oponen al cambio en la venta de entradas. Instó al alcalde a comunicarse con los representantes y reiteró la voluntad del Gobierno de dialogar una vez que la huelga sea levantada. El Colectivo popular del distrito de Machu Picchu y comunidades, autodenominado, instó a la ministra a declarar la nulidad del contrato para la venta virtual de entradas. Además, anunciaron que aceptarán la instalación de una mesa de diálogo inmediatamente después de la anulación del contrato. La ministra Urteaga rechazó la posibilidad de volver al sistema anterior de venta de entradas, explicando que la plataforma actual tiene medidas de seguridad y candados que la anterior no poseía. Afirmó que la petición de anular el contrato con la empresa actual es técnica y legalmente compleja. El distrito de Machu Picchu se encuentra paralizado sin la presencia de turistas, mientras los pobladores rechazan la propuesta del Ejecutivo de instalar una mesa técnica de diálogo . Tras una reunión del Colectivo popular, se emitió un comunicado de rechazo y se anunció la radicalización de la huelga indefinida. El pronunciamiento del Colectivo insistió en la exigencia de anular la entrega de la venta de entradas a una empresa privada y advirtió sobre la radicalización de la huelga. Se responsabilizó a las agencias de turismo de cualquier incidente, especialmente aquellas que envíen turistas al distrito de Machu Picchu durante el paro. La ministra Urteaga, en respuesta, destacó que no se puede volver a una plataforma que representa corrupción y detalló que el sistema anterior no contabilizaba hasta 80,000 boletos al año, ocasionando una pérdida anual de 7.5 millones de soles (1.9 millones de dólares).
El Ministerio Público de Perú presentó este viernes una solicitud de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusado de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. La solicitud de condena está vinculada al fallido intento de golpe de Estado protagonizado el 7 de diciembre de 2022. Además de la petición para Castillo, la fiscalía peruana también solicitó penas considerables para otros involucrados en los hechos. Entre ellos se encuentran los exministros Betssy Chávez Chino, Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas, así como los oficiales de la Policía Nacional de Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, quienes enfrentan la posibilidad de 25 años de prisión. Aníbal Torres, extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), también está incluido en la solicitud de la fiscalía, con una petición de 15 años de pena carcelaria. Cabe destacar que Pedro Castillo Terrones se encuentra actualmente bajo prisión preventiva durante 18 meses en el penal de Barbadillo en Ate, mientras Betssy Chávez Chino cumple una medida similar en el centro penitenciario anexo de mujeres en Chorrillos. El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia con el poder de gobernar por decreto. Esta decisión resultó en su destitución por el Congreso y posterior arresto por su propia escolta. Es relevante señalar que el penal de Barbadillo, donde actualmente está recluido Pedro Castillo, es conocido como la cárcel de los expresidentes . Alejandro Castillo, también esta en ese recinto. Sin embargo, es importante mencionar que Alberto Fujimori, quien también residía en dicha prisión, fue liberado el 6 de diciembre en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que las autoridades peruanas se abstuvieran de liberarlo. Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022. pic.twitter.com/hX19oLktNQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 12, 2024
La ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, anunció el lunes pasado que el Gobierno está dispuesto a entablar un diálogo con los pobladores de Machu Picchu, quienes protestan desde hace cinco días por el cambio en la venta de entradas al emblemático monumento, bloqueando el acceso al mismo. La ministra expresó su disposición a viajar a Machu Picchu para conversar, siempre y cuando los manifestantes levanten la huelga. En una entrevista en la emisora RPP, la ministra Urteaga señaló que entiende las preocupaciones del alcalde de Machu Picchu y de los grupos que se oponen al cambio en la venta de entradas. Instó al alcalde a comunicarse con los representantes y reiteró la voluntad del Gobierno de dialogar una vez que la huelga sea levantada. El Colectivo popular del distrito de Machu Picchu y comunidades, autodenominado, instó a la ministra a declarar la nulidad del contrato para la venta virtual de entradas. Además, anunciaron que aceptarán la instalación de una mesa de diálogo inmediatamente después de la anulación del contrato. La ministra Urteaga rechazó la posibilidad de volver al sistema anterior de venta de entradas, explicando que la plataforma actual tiene medidas de seguridad y candados que la anterior no poseía. Afirmó que la petición de anular el contrato con la empresa actual es técnica y legalmente compleja. El distrito de Machu Picchu se encuentra paralizado sin la presencia de turistas, mientras los pobladores rechazan la propuesta del Ejecutivo de instalar una mesa técnica de diálogo . Tras una reunión del Colectivo popular, se emitió un comunicado de rechazo y se anunció la radicalización de la huelga indefinida. El pronunciamiento del Colectivo insistió en la exigencia de anular la entrega de la venta de entradas a una empresa privada y advirtió sobre la radicalización de la huelga. Se responsabilizó a las agencias de turismo de cualquier incidente, especialmente aquellas que envíen turistas al distrito de Machu Picchu durante el paro. La ministra Urteaga, en respuesta, destacó que no se puede volver a una plataforma que representa corrupción y detalló que el sistema anterior no contabilizaba hasta 80,000 boletos al año, ocasionando una pérdida anual de 7.5 millones de soles (1.9 millones de dólares).
El Ministerio Público de Perú presentó este viernes una solicitud de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusado de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. La solicitud de condena está vinculada al fallido intento de golpe de Estado protagonizado el 7 de diciembre de 2022. Además de la petición para Castillo, la fiscalía peruana también solicitó penas considerables para otros involucrados en los hechos. Entre ellos se encuentran los exministros Betssy Chávez Chino, Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas, así como los oficiales de la Policía Nacional de Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, quienes enfrentan la posibilidad de 25 años de prisión. Aníbal Torres, extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), también está incluido en la solicitud de la fiscalía, con una petición de 15 años de pena carcelaria. Cabe destacar que Pedro Castillo Terrones se encuentra actualmente bajo prisión preventiva durante 18 meses en el penal de Barbadillo en Ate, mientras Betssy Chávez Chino cumple una medida similar en el centro penitenciario anexo de mujeres en Chorrillos. El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia con el poder de gobernar por decreto. Esta decisión resultó en su destitución por el Congreso y posterior arresto por su propia escolta. Es relevante señalar que el penal de Barbadillo, donde actualmente está recluido Pedro Castillo, es conocido como la cárcel de los expresidentes . Alejandro Castillo, también esta en ese recinto. Sin embargo, es importante mencionar que Alberto Fujimori, quien también residía en dicha prisión, fue liberado el 6 de diciembre en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que las autoridades peruanas se abstuvieran de liberarlo. Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022. pic.twitter.com/hX19oLktNQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 12, 2024
