La Fiscalía boliviana investiga el asesinato de dos ciudadanos chilenos ocurrido en el departamento de Oruro, un caso que ha puesto nuevamente en evidencia la peligrosidad de las rutas utilizadas para el contrabando de vehículos y el narcotráfico entre Chile y Bolivia. Así lo confirmó este viernes el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, quien entregó detalles del avance de la indagatoria. De acuerdo con la investigación preliminar, cuatro ciudadanos chilenos ingresaron hace algunos días a la ciudad de Oruro con el objetivo de robar una camioneta desde un domicilio particular. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la localidad conocida como “México Chico”, en el municipio de Challapata, sector identificado por las autoridades como una de las zonas más peligrosas del país altiplánico debido a la ausencia del Estado y la fuerte presencia de actividades ilícitas. Según explicó el fiscal Morales, el grupo se dividió durante el traslado: dos de los involucrados continuaron en la camioneta robada, mientras que los otros dos tomaron una ruta distinta. De estos últimos, uno fue aprehendido por la policía boliviana y el otro logró escapar del territorio. La investigación sostiene que, una vez en “México Chico”, los dos ciudadanos que transportaban el vehículo intentaron modificar su apariencia, cambiando el color de la camioneta con el fin de venderla como un automóvil indocumentado. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo de personas que los redujo, los amarró y los sometió a torturas, para finalmente asesinarlos e incinerar tanto los cuerpos como el vehículo, el cual quedó completamente destruido. El ciudadano chileno detenido fue identificado como uno de los autores del robo inicial en Oruro y habría entregado a las autoridades información clave sobre la operación, incluyendo la nacionalidad del grupo y el motivo de su ingreso a Bolivia. En paralelo, se informó que el cuarto involucrado, que logró huir, se habría comunicado con las familias de las víctimas para coordinar el reconocimiento de los cuerpos y su posterior traslado a Chile. Morales señaló que una de las hipótesis principales apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas investigativas en el marco del delito de asesinato. La Policía boliviana, en tanto, indicó que los extranjeros involucrados ingresarían y saldrían de Bolivia de manera constante e ilegal, dedicándose al robo de vehículos para su posterior comercialización en zonas controladas por redes criminales. El fiscal confirmó además que se mantiene coordinación con autoridades chilenas para el intercambio de antecedentes, precisando que uno de los fallecidos registra historial delictual por homicidio y robo. El caso vuelve a encender las alertas sobre la operación de bandas binacionales dedicadas al contrabando de vehículos y al narcotráfico, que utilizan sectores como “México Chico” como enclaves estratégicos fuera del control estatal.
La Fiscalía boliviana investiga el asesinato de dos ciudadanos chilenos ocurrido en el departamento de Oruro, un caso que ha puesto nuevamente en evidencia la peligrosidad de las rutas utilizadas para el contrabando de vehículos y el narcotráfico entre Chile y Bolivia. Así lo confirmó este viernes el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, quien entregó detalles del avance de la indagatoria. De acuerdo con la investigación preliminar, cuatro ciudadanos chilenos ingresaron hace algunos días a la ciudad de Oruro con el objetivo de robar una camioneta desde un domicilio particular. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la localidad conocida como “México Chico”, en el municipio de Challapata, sector identificado por las autoridades como una de las zonas más peligrosas del país altiplánico debido a la ausencia del Estado y la fuerte presencia de actividades ilícitas. Según explicó el fiscal Morales, el grupo se dividió durante el traslado: dos de los involucrados continuaron en la camioneta robada, mientras que los otros dos tomaron una ruta distinta. De estos últimos, uno fue aprehendido por la policía boliviana y el otro logró escapar del territorio. La investigación sostiene que, una vez en “México Chico”, los dos ciudadanos que transportaban el vehículo intentaron modificar su apariencia, cambiando el color de la camioneta con el fin de venderla como un automóvil indocumentado. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo de personas que los redujo, los amarró y los sometió a torturas, para finalmente asesinarlos e incinerar tanto los cuerpos como el vehículo, el cual quedó completamente destruido. El ciudadano chileno detenido fue identificado como uno de los autores del robo inicial en Oruro y habría entregado a las autoridades información clave sobre la operación, incluyendo la nacionalidad del grupo y el motivo de su ingreso a Bolivia. En paralelo, se informó que el cuarto involucrado, que logró huir, se habría comunicado con las familias de las víctimas para coordinar el reconocimiento de los cuerpos y su posterior traslado a Chile. Morales señaló que una de las hipótesis principales apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas investigativas en el marco del delito de asesinato. La Policía boliviana, en tanto, indicó que los extranjeros involucrados ingresarían y saldrían de Bolivia de manera constante e ilegal, dedicándose al robo de vehículos para su posterior comercialización en zonas controladas por redes criminales. El fiscal confirmó además que se mantiene coordinación con autoridades chilenas para el intercambio de antecedentes, precisando que uno de los fallecidos registra historial delictual por homicidio y robo. El caso vuelve a encender las alertas sobre la operación de bandas binacionales dedicadas al contrabando de vehículos y al narcotráfico, que utilizan sectores como “México Chico” como enclaves estratégicos fuera del control estatal.
