El diputado Rubén Oyarzo, quien preside la Comisión Especial Investigadora (CEI) conocida como Caso Convenios 2.0, ha anunciado una serie de citaciones fundamentales en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en distintas instancias gubernamentales. En su declaración, Oyarzo hizo referencia a la comparecencia de la contralora (s) Dorothy Pérez, quien reveló muchas irregularidades en el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de las Culturas. En vista de estos hallazgos, confirmó la citación de las ministras de Desarrollo Social y de las Culturas, Javiera Toro y Carolina Arredondo, respectivamente, para que proporcionen las explicaciones correspondientes. Además, Oyarzo destacó la importancia de citar nuevamente al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, señalando que es necesario esclarecer la verdad ante las aparentes discrepancias en los testimonios recopilados. El parlamentario enfatizó la necesidad de transparencia en el proceso investigativo, declarando que Chile necesita que seamos transparentes y que el caiga quien caiga se descubra de una vez por todas. Asimismo, Oyarzo anunció la citación de la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez, quien participó en Democracia Viva, para que brinde explicaciones sobre la interna de la fundación. Por último, ratificó la solicitud al Ministerio de Vivienda para obtener documentos relevantes relacionados con la exsubsecretaria Tatiana Rojas, con el fin de esclarecer el momento en que se informó al Minvu y al Gobierno sobre ciertos aspectos del caso.
Este martes la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, acompañada de la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, y la directora del Servicio Especializado de Protección de la Niñez y la Adolescencia, Gabriela Muñoz, presentaron una serie de indicaciones a la reforma al Sistema de Adopción. Este proyecto, que lleva desde el año 2013 en el Congreso, se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional con una urgencia calificada como suma. La ministra Toro destacó la importancia de estas indicaciones al afirmar que se reactiva la discusión parlamentaria de un proyecto que lleva ya 10 años en el Congreso y en este momento está en discusión en la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado. La urgencia de cambiar la legislación actual se enfoca en adaptar la adopción a las nuevas normativas de protección integral establecidas en la Ley de Garantías de las Niñas y la Adolescencia, poniendo énfasis en el interés superior del niño y en su trayectoria. La ministra explicó que las indicaciones buscan privilegiar la revinculación familiar, pero también acortar los tiempos en los que los niños, niñas y adolescentes permanecen sin una solución de egreso y protección definitiva. Se busca un equilibrio entre el trabajo con la familia de origen y la necesidad de tomar decisiones decisivas en un plazo razonable. La propuesta incluye un procedimiento unificado que prioriza la revinculación familiar en un periodo máximo de 12 meses, tras el cual se tomarán decisiones de egreso para una protección efectiva, ya sea mediante la revinculación con la familia de origen, con una familia extendida o a través de la adopción. En relación con los padres adoptivos, la ministra subrayó la importancia de verificar las condiciones adecuadas para que los niños, niñas y adolescentes reciban el cuidado y la protección necesarios. Se eliminan elementos como las normas de prelación para poder buscar la mejor opción de padre o madre para cada niño. Además de las modificaciones legales, se informó que el servicio de protección especializada está cambiando los procesos de selección de padres adoptivos mediante un mecanismo de evaluación especializada que ya está en funcionamiento en la región de Coquimbo y se expandirá a todo el país. El senador Alfonso De Urresti, futuro presidente de la comisión de Constitución, destacó la importancia de dar celeridad a la discusión de estas indicaciones. Aunque no especificó una fecha exacta, aseguró que se buscará consenso con la ministra y otras organizaciones relacionadas con el proceso de adopción. Con esta reforma, se espera simplificar y agilizar los procesos, garantizando al mismo tiempo los derechos y la exactitud en los plazos.
Carabineros detuvo a los presuntos autores del robo de computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso), hecho ocurrido el pasado 19 de julio y que generó un terremoto político. Durante las últimas horas se realizaron allanamientos en tres domicilios, con el saldo de tres aprehendidos. Dos de ellos están sindicados como los presuntos autores del robo de computadores y una caja fuerte. Un tercero, en tanto, fue detenido por infringir la ley de drogas. El ilícito ocurrió cuando un guardia del ministerio recibió una llamada de un sujeto que dijo ser el exministro Giorgio Jackson, quien lideraba en ese momento la cartera. En realidad, el llamado lo habría realizado Miguel Ángel Apablaza, quien se encontraba preso en la Cárcel de Puente Alto. Él le señaló al funcionario de seguridad que familiares irían al ministerio a buscar computadores. Fue así como tres individuos llegaron a las oficinas del Mideso en calle Catedral y concretaron la sustracción de 23 computadores y una caja fuerte con documentos. Los primeros fueron encontrados rápidamente, mientras que la segunda fue hallada varios días después, pero vacía. Los sujetos, luego de la sustracción, abordaron un vehículo de una app móvil y huyeron con paradero desconocido, hasta hoy. En el intertanto, el caso generó un revuelo político que terminó por llevar a la renuncia a Jackson, quien ya venía cuestionado desde antes que se produjera el delito. Además de Apablaza, por este caso también está detenida su abuela Elena Rojas Crespo, quien está imputada por recibir los computadores tras el ilícito. Carabineros entregará más detalles sobre la detención de los acusados en las próximas horas.
El diputado Rubén Oyarzo, quien preside la Comisión Especial Investigadora (CEI) conocida como Caso Convenios 2.0, ha anunciado una serie de citaciones fundamentales en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en distintas instancias gubernamentales. En su declaración, Oyarzo hizo referencia a la comparecencia de la contralora (s) Dorothy Pérez, quien reveló muchas irregularidades en el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de las Culturas. En vista de estos hallazgos, confirmó la citación de las ministras de Desarrollo Social y de las Culturas, Javiera Toro y Carolina Arredondo, respectivamente, para que proporcionen las explicaciones correspondientes. Además, Oyarzo destacó la importancia de citar nuevamente al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, señalando que es necesario esclarecer la verdad ante las aparentes discrepancias en los testimonios recopilados. El parlamentario enfatizó la necesidad de transparencia en el proceso investigativo, declarando que Chile necesita que seamos transparentes y que el caiga quien caiga se descubra de una vez por todas. Asimismo, Oyarzo anunció la citación de la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez, quien participó en Democracia Viva, para que brinde explicaciones sobre la interna de la fundación. Por último, ratificó la solicitud al Ministerio de Vivienda para obtener documentos relevantes relacionados con la exsubsecretaria Tatiana Rojas, con el fin de esclarecer el momento en que se informó al Minvu y al Gobierno sobre ciertos aspectos del caso.
Este martes la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, acompañada de la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, y la directora del Servicio Especializado de Protección de la Niñez y la Adolescencia, Gabriela Muñoz, presentaron una serie de indicaciones a la reforma al Sistema de Adopción. Este proyecto, que lleva desde el año 2013 en el Congreso, se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional con una urgencia calificada como suma. La ministra Toro destacó la importancia de estas indicaciones al afirmar que se reactiva la discusión parlamentaria de un proyecto que lleva ya 10 años en el Congreso y en este momento está en discusión en la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado. La urgencia de cambiar la legislación actual se enfoca en adaptar la adopción a las nuevas normativas de protección integral establecidas en la Ley de Garantías de las Niñas y la Adolescencia, poniendo énfasis en el interés superior del niño y en su trayectoria. La ministra explicó que las indicaciones buscan privilegiar la revinculación familiar, pero también acortar los tiempos en los que los niños, niñas y adolescentes permanecen sin una solución de egreso y protección definitiva. Se busca un equilibrio entre el trabajo con la familia de origen y la necesidad de tomar decisiones decisivas en un plazo razonable. La propuesta incluye un procedimiento unificado que prioriza la revinculación familiar en un periodo máximo de 12 meses, tras el cual se tomarán decisiones de egreso para una protección efectiva, ya sea mediante la revinculación con la familia de origen, con una familia extendida o a través de la adopción. En relación con los padres adoptivos, la ministra subrayó la importancia de verificar las condiciones adecuadas para que los niños, niñas y adolescentes reciban el cuidado y la protección necesarios. Se eliminan elementos como las normas de prelación para poder buscar la mejor opción de padre o madre para cada niño. Además de las modificaciones legales, se informó que el servicio de protección especializada está cambiando los procesos de selección de padres adoptivos mediante un mecanismo de evaluación especializada que ya está en funcionamiento en la región de Coquimbo y se expandirá a todo el país. El senador Alfonso De Urresti, futuro presidente de la comisión de Constitución, destacó la importancia de dar celeridad a la discusión de estas indicaciones. Aunque no especificó una fecha exacta, aseguró que se buscará consenso con la ministra y otras organizaciones relacionadas con el proceso de adopción. Con esta reforma, se espera simplificar y agilizar los procesos, garantizando al mismo tiempo los derechos y la exactitud en los plazos.
Carabineros detuvo a los presuntos autores del robo de computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso), hecho ocurrido el pasado 19 de julio y que generó un terremoto político. Durante las últimas horas se realizaron allanamientos en tres domicilios, con el saldo de tres aprehendidos. Dos de ellos están sindicados como los presuntos autores del robo de computadores y una caja fuerte. Un tercero, en tanto, fue detenido por infringir la ley de drogas. El ilícito ocurrió cuando un guardia del ministerio recibió una llamada de un sujeto que dijo ser el exministro Giorgio Jackson, quien lideraba en ese momento la cartera. En realidad, el llamado lo habría realizado Miguel Ángel Apablaza, quien se encontraba preso en la Cárcel de Puente Alto. Él le señaló al funcionario de seguridad que familiares irían al ministerio a buscar computadores. Fue así como tres individuos llegaron a las oficinas del Mideso en calle Catedral y concretaron la sustracción de 23 computadores y una caja fuerte con documentos. Los primeros fueron encontrados rápidamente, mientras que la segunda fue hallada varios días después, pero vacía. Los sujetos, luego de la sustracción, abordaron un vehículo de una app móvil y huyeron con paradero desconocido, hasta hoy. En el intertanto, el caso generó un revuelo político que terminó por llevar a la renuncia a Jackson, quien ya venía cuestionado desde antes que se produjera el delito. Además de Apablaza, por este caso también está detenida su abuela Elena Rojas Crespo, quien está imputada por recibir los computadores tras el ilícito. Carabineros entregará más detalles sobre la detención de los acusados en las próximas horas.
