Una toma ilegal en Antofagasta desató una polémica tras revelarse que estaría siendo patrocinada por el ex intendente de la región, Marco Antonio Díaz, en calidad de abogado. La decisión de Díaz de unirse a la causa suscitó cuestionamientos y tensiones, especialmente en un contexto en el que aún quedan plazos pendientes para la presentación de recursos. De acuerdo al reportaje emitido por Teletrece, Díaz, quien ejerce como abogado, ha expresado que tomó la decisión de colaborar con los ocupantes de la toma desde su oficina. Sin embargo, enfatizó que su participación no otorga a los ocupantes ningún derecho sobre el terreno en disputa. La situación presenta matices significativos, ya que se han presentado denuncias de presuntos delitos cometidos en el interior de la toma. Además, se descubrió que las parcelas ilegales se comercializan por sumas que alcanzan los $8 millones de pesos, con algunas propiedades que se ofertan a través de redes sociales. Cada grupo familiar que se instala en la toma estaría obligado a pagar una cuota mensual. Una representante de los ocupantes explicó: Todos deben contribuir para costear los honorarios del abogado; no hay excepciones. El 30 de cada mes debemos entregar el dinero. La cuota mensual, que asciende a $20 mil pesos por familia, se utilizaría para financiar los honorarios legales del ex intendente Díaz. Frente a la falta de pago, se han propuesto diversas medidas, incluyendo la suspensión del suministro de agua, con el objetivo de obligar a las casi 400 familias de la toma a ponerse al día. Esta situación, que inicialmente parecía curiosa, ha generado preocupaciones adicionales debido a la ubicación de la toma en una zona de alto riesgo en la comuna de Antofagasta. La extracción ilegal de áridos por parte de privados y particulares en el sector ha sido detectada y objeto de fiscalizaciones por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. En lo que va del año, han realizado 19 operativos que involucran a ocupaciones ilegales. La toma ilegal ha generado una serie de interrogantes y problemas, incluyendo los presuntos ilícitos que ocurren en su interior. La situación es aún más complicada debido a la falta de transparencia en cuanto a la cantidad de dinero que se le paga al ex intendente Díaz por sus servicios legales.
Una toma ilegal en Antofagasta desató una polémica tras revelarse que estaría siendo patrocinada por el ex intendente de la región, Marco Antonio Díaz, en calidad de abogado. La decisión de Díaz de unirse a la causa suscitó cuestionamientos y tensiones, especialmente en un contexto en el que aún quedan plazos pendientes para la presentación de recursos. De acuerdo al reportaje emitido por Teletrece, Díaz, quien ejerce como abogado, ha expresado que tomó la decisión de colaborar con los ocupantes de la toma desde su oficina. Sin embargo, enfatizó que su participación no otorga a los ocupantes ningún derecho sobre el terreno en disputa. La situación presenta matices significativos, ya que se han presentado denuncias de presuntos delitos cometidos en el interior de la toma. Además, se descubrió que las parcelas ilegales se comercializan por sumas que alcanzan los $8 millones de pesos, con algunas propiedades que se ofertan a través de redes sociales. Cada grupo familiar que se instala en la toma estaría obligado a pagar una cuota mensual. Una representante de los ocupantes explicó: Todos deben contribuir para costear los honorarios del abogado; no hay excepciones. El 30 de cada mes debemos entregar el dinero. La cuota mensual, que asciende a $20 mil pesos por familia, se utilizaría para financiar los honorarios legales del ex intendente Díaz. Frente a la falta de pago, se han propuesto diversas medidas, incluyendo la suspensión del suministro de agua, con el objetivo de obligar a las casi 400 familias de la toma a ponerse al día. Esta situación, que inicialmente parecía curiosa, ha generado preocupaciones adicionales debido a la ubicación de la toma en una zona de alto riesgo en la comuna de Antofagasta. La extracción ilegal de áridos por parte de privados y particulares en el sector ha sido detectada y objeto de fiscalizaciones por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. En lo que va del año, han realizado 19 operativos que involucran a ocupaciones ilegales. La toma ilegal ha generado una serie de interrogantes y problemas, incluyendo los presuntos ilícitos que ocurren en su interior. La situación es aún más complicada debido a la falta de transparencia en cuanto a la cantidad de dinero que se le paga al ex intendente Díaz por sus servicios legales.
