Este 20 de mayo se cumplen dos años desde la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, más conocida como “Ley Papito Corazón”. Esta normativa, impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, ha marcado un antes y un después en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes al garantizar el pago de pensiones de alimentos mediante el acceso a los bienes financieros de los deudores. Según cifras entregadas hasta mayo de 2025, los tribunales de familia han ordenado el pago de $2.496.135.793.791 en deudas de pensión de alimentos, recursos que han sido localizados en cuentas bancarias, instrumentos financieros e incluso fondos previsionales. Este monto, equivalente a más de 52 campañas de la Teletón, representa casi el doble de lo registrado en octubre del año pasado y ha permitido beneficiar a más de 282 mil familias. Actualmente, más de 270 mil personas con deudas están inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y más de 385 mil niños, niñas y jóvenes tienen derecho a recibir pensión para su manutención. El 96% de los deudores son hombres. En estos dos años, se han registrado más de 163 mil cancelaciones de deuda, lo que implica que más del 53% de quienes ingresaron al registro han saldado sus obligaciones o han alcanzado un acuerdo ante tribunales. ¿Cómo funciona la ley? La normativa contempla dos mecanismos para hacer efectivo el pago: Mecanismo especial: Se activa cuando existe al menos una mensualidad adeudada. Permite solicitar al tribunal la búsqueda de fondos en cuentas bancarias, instrumentos de inversión o cuentas de ahorro previsional voluntario del deudor. Mecanismo extraordinario: Se utiliza cuando hay al menos tres mensualidades impagas y no existen fondos suficientes en bancos. En este caso, el tribunal puede ordenar el pago con cargo a los fondos de la cuenta de capitalización individual del deudor en su AFP. La Ley Papito Corazón ha significado un avance concreto en el cumplimiento de la responsabilidad parental, reforzando el rol del Estado en la búsqueda activa de patrimonio y resguardo de los derechos de la infancia.
Este 20 de mayo se cumplen dos años desde la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, más conocida como “Ley Papito Corazón”. Esta normativa, impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, ha marcado un antes y un después en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes al garantizar el pago de pensiones de alimentos mediante el acceso a los bienes financieros de los deudores. Según cifras entregadas hasta mayo de 2025, los tribunales de familia han ordenado el pago de $2.496.135.793.791 en deudas de pensión de alimentos, recursos que han sido localizados en cuentas bancarias, instrumentos financieros e incluso fondos previsionales. Este monto, equivalente a más de 52 campañas de la Teletón, representa casi el doble de lo registrado en octubre del año pasado y ha permitido beneficiar a más de 282 mil familias. Actualmente, más de 270 mil personas con deudas están inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y más de 385 mil niños, niñas y jóvenes tienen derecho a recibir pensión para su manutención. El 96% de los deudores son hombres. En estos dos años, se han registrado más de 163 mil cancelaciones de deuda, lo que implica que más del 53% de quienes ingresaron al registro han saldado sus obligaciones o han alcanzado un acuerdo ante tribunales. ¿Cómo funciona la ley? La normativa contempla dos mecanismos para hacer efectivo el pago: Mecanismo especial: Se activa cuando existe al menos una mensualidad adeudada. Permite solicitar al tribunal la búsqueda de fondos en cuentas bancarias, instrumentos de inversión o cuentas de ahorro previsional voluntario del deudor. Mecanismo extraordinario: Se utiliza cuando hay al menos tres mensualidades impagas y no existen fondos suficientes en bancos. En este caso, el tribunal puede ordenar el pago con cargo a los fondos de la cuenta de capitalización individual del deudor en su AFP. La Ley Papito Corazón ha significado un avance concreto en el cumplimiento de la responsabilidad parental, reforzando el rol del Estado en la búsqueda activa de patrimonio y resguardo de los derechos de la infancia.
