Una serie de controles a distintos comercios y empresas, ubicadas en la Provincia de Tocopilla realizó la Sección de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, con el objetivo de determinar la situación migratoria de quienes laboran en estas instalaciones. La fiscalización comenzó en locales del centro de la comuna de Tocopilla, dejando como resultado a seis personas denunciadas por infracción a la Ley de Migraciones, tres colombianos, dos venezolanos, además del empleador de nacionalidad chilena. Asimismo, en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal de Tocopilla, se efectuó un control migratorio a 122 trabajadores de una empresa fotovoltaica, ubicada en las cercanías de la comuna de María Elena, encontrando a cuatro ciudadanos chinos en situación irregular, quienes trabajaban sin autorización y con permanencia transitoria vencida, situación que es infraccionada en el Artículo N°107 y 109 de la Ley de Migraciones. Además, se denunció a 50 personas por Infracción a la Ley de Extranjería, luego de controlar a 59 tripulantes de tres motonaves. Desde la Sección de Migraciones y Policía Internacional de Tocopilla, aseguraron que continuarán realizando estas fiscalizaciones de forma permanente en distintos sectores de la provincia.
Tras el anuncio que hizo el Presidente Gabriel Boric en su gira por la región de Antofagasta, en relación a la presentación de un proyecto de ley que permita la expulsión de extranjeros en situación irregular, el senador Pedro Araya emplazó al Partido Comunista y al Frente Amplio a no obstaculizar esta iniciativa presidencial. En este sentido, el parlamentario pidió que,no sigan mirando la migración como un tema romántico y entiendan que tenemos un problema serio de extranjeros que están en forma irregular en el país. Asimismo, el legislador agregó que “como senador, estamos disponibles a apoyar la idea del Presidente de expulsar a aquellos extranjeros que se encuentran de forma irregular en el país y no regularizan su situación, queremos estudiar el detalle del proyecto de ley, pero lo apoyaremos en general”. En relación alderecho a migrar, el senador Araya aclaró que, si bien está consciente que existe el derecho humano a migrar, también lo está respecto al derecho que tienen los países de fijar las reglas, sobre qué extranjeros o migrantes se anhela que ingresen a determinado lugar y bajo qué condiciones pueden permanecer.
El diputado Sebastián Videla (IND-PL) con respaldo de la bancada del Partido Liberal presentó un proyecto de resolución al Ejecutivo, el cual establece una modificación en la actual Ley de Extranjería para ejecutar las expulsiones administrativas a personas migrantes que cometan delitos relacionados a la Ley 20.000 de drogas. Actualmente la población penal extranjera en la Región de Antofagasta es de un 27%. Dentro de esta cifra, un 50% está en prisión preventiva, mientras que una importante cantidad de ellos están vinculados a delitos por tráfico de drogas.
El Gobierno Regional se reunió con cónsules de siete países para abordar la crisis migratoria que se vive en el norte de Chile, instancia que contó con la participación del director regional del Servicio de Migraciones, quien comprometió la generación de capacitaciones a los representantes diplomáticos y sus equipos en torno a la nueva ley de Migración y Extranjería. En este encuentro de trabajo se trataron diversas temáticas enfocadas en la problemática de la migración irregular y la seguridad en la región, por lo cual se acordó llevar a cabo reuniones periódicas con el objetivo de ordenar el proceso migratorio y estrechar el intercambio entre países.
Con 144 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, diputadas y diputados despacharon al Senado el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal, específicamente en el articulo 132, el cual permitirá ampliar los plazos de detención hacia quienes son sorprendidos cometiendo el delito de trata de personas o tráfico de migrantes en nuestro país, iniciativa que surgió en el contexto de la crisis migratoria que enfrenta Chile. El proyecto busca ayudar en la persecución penal, pudiéndose requerir la ampliación de la detención, en los mismos términos que establece el mencionado artículo 132 del Código Penal.
Una serie de controles a distintos comercios y empresas, ubicadas en la Provincia de Tocopilla realizó la Sección de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, con el objetivo de determinar la situación migratoria de quienes laboran en estas instalaciones. La fiscalización comenzó en locales del centro de la comuna de Tocopilla, dejando como resultado a seis personas denunciadas por infracción a la Ley de Migraciones, tres colombianos, dos venezolanos, además del empleador de nacionalidad chilena. Asimismo, en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal de Tocopilla, se efectuó un control migratorio a 122 trabajadores de una empresa fotovoltaica, ubicada en las cercanías de la comuna de María Elena, encontrando a cuatro ciudadanos chinos en situación irregular, quienes trabajaban sin autorización y con permanencia transitoria vencida, situación que es infraccionada en el Artículo N°107 y 109 de la Ley de Migraciones. Además, se denunció a 50 personas por Infracción a la Ley de Extranjería, luego de controlar a 59 tripulantes de tres motonaves. Desde la Sección de Migraciones y Policía Internacional de Tocopilla, aseguraron que continuarán realizando estas fiscalizaciones de forma permanente en distintos sectores de la provincia.
Tras el anuncio que hizo el Presidente Gabriel Boric en su gira por la región de Antofagasta, en relación a la presentación de un proyecto de ley que permita la expulsión de extranjeros en situación irregular, el senador Pedro Araya emplazó al Partido Comunista y al Frente Amplio a no obstaculizar esta iniciativa presidencial. En este sentido, el parlamentario pidió que,no sigan mirando la migración como un tema romántico y entiendan que tenemos un problema serio de extranjeros que están en forma irregular en el país. Asimismo, el legislador agregó que “como senador, estamos disponibles a apoyar la idea del Presidente de expulsar a aquellos extranjeros que se encuentran de forma irregular en el país y no regularizan su situación, queremos estudiar el detalle del proyecto de ley, pero lo apoyaremos en general”. En relación alderecho a migrar, el senador Araya aclaró que, si bien está consciente que existe el derecho humano a migrar, también lo está respecto al derecho que tienen los países de fijar las reglas, sobre qué extranjeros o migrantes se anhela que ingresen a determinado lugar y bajo qué condiciones pueden permanecer.
El diputado Sebastián Videla (IND-PL) con respaldo de la bancada del Partido Liberal presentó un proyecto de resolución al Ejecutivo, el cual establece una modificación en la actual Ley de Extranjería para ejecutar las expulsiones administrativas a personas migrantes que cometan delitos relacionados a la Ley 20.000 de drogas. Actualmente la población penal extranjera en la Región de Antofagasta es de un 27%. Dentro de esta cifra, un 50% está en prisión preventiva, mientras que una importante cantidad de ellos están vinculados a delitos por tráfico de drogas.
El Gobierno Regional se reunió con cónsules de siete países para abordar la crisis migratoria que se vive en el norte de Chile, instancia que contó con la participación del director regional del Servicio de Migraciones, quien comprometió la generación de capacitaciones a los representantes diplomáticos y sus equipos en torno a la nueva ley de Migración y Extranjería. En este encuentro de trabajo se trataron diversas temáticas enfocadas en la problemática de la migración irregular y la seguridad en la región, por lo cual se acordó llevar a cabo reuniones periódicas con el objetivo de ordenar el proceso migratorio y estrechar el intercambio entre países.
Con 144 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, diputadas y diputados despacharon al Senado el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal, específicamente en el articulo 132, el cual permitirá ampliar los plazos de detención hacia quienes son sorprendidos cometiendo el delito de trata de personas o tráfico de migrantes en nuestro país, iniciativa que surgió en el contexto de la crisis migratoria que enfrenta Chile. El proyecto busca ayudar en la persecución penal, pudiéndose requerir la ampliación de la detención, en los mismos términos que establece el mencionado artículo 132 del Código Penal.
