Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría la Ley Alberto; proyecto de ley que busca modificar la Ley de Tránsito, para establecer la obligación de aplicar de forma periódica, controles de consumo de alcohol y drogas a conductores del transporte público. La normativa establece la obligación de quienes tienen a cargo estos servicios, sean públicos o privados, de practicar cada cuatro meses pruebas respiratorias u otras que permitan detectar la presencia de alcohol, estupefacientes o sustancias sicotrópicas ilícitas a todo el personal de conducción y a su costo. La iniciativa se conoce comoLey Alberto a raíz del caso de Mauro Alberto Gómez, estudiante que murió atropellado por un chofer de microbús, quien conducía bajo la influencia de drogas. El proyecto fue despachado al senado, para cumplir con su segundo trámite legislativo. Además, la norma propone que el Ministerio de Transportes, en conjunto con la cartera de Trabajo, establezcan por reglamento el procedimiento y periodicidad de las pruebas de control de consumo de drogas. Así también, los criterios objetivos, generales y despersonalizados de selección del personal de conducción sujeto a su aplicación, entre otras materias. El proyecto contempla la obligación de los prestadores de los servicios a mantener un registro sobre las pruebas aplicadas, junto a la información del personal que es fiscalizado. Tras ello, los registros deben ser remitidos al Ministerio de Transportes dentro de los sietes días siguientes a la aplicación del test. En caso de que no se cumpla dicha obligación, el incumplimiento será denunciado por la Subsecretaría de Transportes al juzgado de policía local competente, implicará una multa de 2 a 10 UTM ($140.000 a $699.000 app.), por cada incumplimiento verificado. Eso sí, la ley también dispone resguardo de los derechos de las personas a acceso a la atención de salud; los deberes de secreto y confidencialidad del personal calificado encargado de la toma de muestras y la protección de datos personales.
Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría la Ley Alberto; proyecto de ley que busca modificar la Ley de Tránsito, para establecer la obligación de aplicar de forma periódica, controles de consumo de alcohol y drogas a conductores del transporte público. La normativa establece la obligación de quienes tienen a cargo estos servicios, sean públicos o privados, de practicar cada cuatro meses pruebas respiratorias u otras que permitan detectar la presencia de alcohol, estupefacientes o sustancias sicotrópicas ilícitas a todo el personal de conducción y a su costo. La iniciativa se conoce comoLey Alberto a raíz del caso de Mauro Alberto Gómez, estudiante que murió atropellado por un chofer de microbús, quien conducía bajo la influencia de drogas. El proyecto fue despachado al senado, para cumplir con su segundo trámite legislativo. Además, la norma propone que el Ministerio de Transportes, en conjunto con la cartera de Trabajo, establezcan por reglamento el procedimiento y periodicidad de las pruebas de control de consumo de drogas. Así también, los criterios objetivos, generales y despersonalizados de selección del personal de conducción sujeto a su aplicación, entre otras materias. El proyecto contempla la obligación de los prestadores de los servicios a mantener un registro sobre las pruebas aplicadas, junto a la información del personal que es fiscalizado. Tras ello, los registros deben ser remitidos al Ministerio de Transportes dentro de los sietes días siguientes a la aplicación del test. En caso de que no se cumpla dicha obligación, el incumplimiento será denunciado por la Subsecretaría de Transportes al juzgado de policía local competente, implicará una multa de 2 a 10 UTM ($140.000 a $699.000 app.), por cada incumplimiento verificado. Eso sí, la ley también dispone resguardo de los derechos de las personas a acceso a la atención de salud; los deberes de secreto y confidencialidad del personal calificado encargado de la toma de muestras y la protección de datos personales.
