El Gobierno Regional de Antofagasta reconoció oficialmente la existencia de un sumario administrativo reservado por presuntas irregularidades en el uso del sistema de control de asistencia GeoVictoria, plataforma que permite registrar la jornada laboral mediante dispositivos móviles con geolocalización. La investigación fue activada tras una solicitud ciudadana ingresada el 29 de mayo de 2025 a través de la Ley de Transparencia. En ella, se solicitó información detallada sobre el acto administrativo que dio origen al sumario, los funcionarios involucrados, las ubicaciones de las marcaciones irregulares y las medidas adoptadas hasta ahora. Mediante la Resolución Exenta N°1006, firmada por la gobernadora subrogante Patricia Carolina Lanas Veliz, el GORE confirmó la existencia del proceso disciplinario, pero denegó la entrega de antecedentes aludiendo al artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia N°20.285, que permite mantener reservado un procedimiento disciplinario mientras se encuentre en curso, con el fin de no entorpecer la investigación. Según trascendidos, varios funcionarios públicos habrían registrado su asistencia desde sus hogares u otras ubicaciones fuera de sus lugares de trabajo, aprovechando la flexibilidad del sistema GeoVictoria, lo que podría constituir una infracción al principio de probidad administrativa. En paralelo, denuncias internas bajo anonimato alertaron que habría intentos por silenciar el caso, dado que algunos de los involucrados serían funcionarios de confianza del gobernador regional Ricardo Díaz. Estas versiones aseguran que se buscó evitar la publicidad del sumario para proteger políticamente al círculo cercano de la autoridad. Hasta la fecha, no se ha informado cuántos funcionarios están siendo investigados, ni qué sanciones se han aplicado o se podrían aplicar. Tampoco se han detallado medidas concretas para corregir y reforzar el control del sistema de asistencia. Este nuevo caso se da en un contexto de creciente malestar ciudadano frente a diversos abusos en el aparato estatal, como el uso irregular de licencias médicas, lo que ha reabierto el debate sobre la ética y responsabilidad en el servicio público.
La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la gestión financiera del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta, tras una auditoría que abarcó el periodo entre enero y septiembre de 2024. El informe de fiscalización N°810 de 2024 dio cuenta de múltiples observaciones respecto al uso y destino de los recursos públicos, particularmente en lo referente a transferencias al sector privado. Uno de los focos del análisis fue descartar eventuales conflictos de interés y asegurar que los fondos no fueran destinados a actividades de campaña electoral ni a fines publicitarios o de difusión política. En este sentido, la entidad de control también verificó que los recursos materiales, humanos y tecnológicos del GORE no fueran utilizados para fines distintos a los institucionales. Sin embargo, se detectó un saldo pendiente de rendición por parte de organismos receptores que asciende a $4.202 millones, evidenciando la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno regional para exigir la rendición de cuentas correspondiente, incluso desde el año 2021. Además, al 30 de septiembre de 2024, el GORE mantenía montos observados o solicitados para reintegro por más de $4.856 millones, lo que confirma un deficiente resguardo de los fondos entregados a entidades privadas. Entre otras irregularidades, el informe constató problemas en el registro de uso de vehículos fiscales, utilización indebida de redes institucionales y contratación de personal a honorarios para funciones permanentes, contraviniendo la normativa vigente. Los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, mientras la Contraloría emplazó al GORE a adoptar medidas correctivas urgentes para salvaguardar la correcta administración de los recursos públicos.
El Gobierno Regional de Antofagasta reconoció oficialmente la existencia de un sumario administrativo reservado por presuntas irregularidades en el uso del sistema de control de asistencia GeoVictoria, plataforma que permite registrar la jornada laboral mediante dispositivos móviles con geolocalización. La investigación fue activada tras una solicitud ciudadana ingresada el 29 de mayo de 2025 a través de la Ley de Transparencia. En ella, se solicitó información detallada sobre el acto administrativo que dio origen al sumario, los funcionarios involucrados, las ubicaciones de las marcaciones irregulares y las medidas adoptadas hasta ahora. Mediante la Resolución Exenta N°1006, firmada por la gobernadora subrogante Patricia Carolina Lanas Veliz, el GORE confirmó la existencia del proceso disciplinario, pero denegó la entrega de antecedentes aludiendo al artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia N°20.285, que permite mantener reservado un procedimiento disciplinario mientras se encuentre en curso, con el fin de no entorpecer la investigación. Según trascendidos, varios funcionarios públicos habrían registrado su asistencia desde sus hogares u otras ubicaciones fuera de sus lugares de trabajo, aprovechando la flexibilidad del sistema GeoVictoria, lo que podría constituir una infracción al principio de probidad administrativa. En paralelo, denuncias internas bajo anonimato alertaron que habría intentos por silenciar el caso, dado que algunos de los involucrados serían funcionarios de confianza del gobernador regional Ricardo Díaz. Estas versiones aseguran que se buscó evitar la publicidad del sumario para proteger políticamente al círculo cercano de la autoridad. Hasta la fecha, no se ha informado cuántos funcionarios están siendo investigados, ni qué sanciones se han aplicado o se podrían aplicar. Tampoco se han detallado medidas concretas para corregir y reforzar el control del sistema de asistencia. Este nuevo caso se da en un contexto de creciente malestar ciudadano frente a diversos abusos en el aparato estatal, como el uso irregular de licencias médicas, lo que ha reabierto el debate sobre la ética y responsabilidad en el servicio público.
La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la gestión financiera del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta, tras una auditoría que abarcó el periodo entre enero y septiembre de 2024. El informe de fiscalización N°810 de 2024 dio cuenta de múltiples observaciones respecto al uso y destino de los recursos públicos, particularmente en lo referente a transferencias al sector privado. Uno de los focos del análisis fue descartar eventuales conflictos de interés y asegurar que los fondos no fueran destinados a actividades de campaña electoral ni a fines publicitarios o de difusión política. En este sentido, la entidad de control también verificó que los recursos materiales, humanos y tecnológicos del GORE no fueran utilizados para fines distintos a los institucionales. Sin embargo, se detectó un saldo pendiente de rendición por parte de organismos receptores que asciende a $4.202 millones, evidenciando la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno regional para exigir la rendición de cuentas correspondiente, incluso desde el año 2021. Además, al 30 de septiembre de 2024, el GORE mantenía montos observados o solicitados para reintegro por más de $4.856 millones, lo que confirma un deficiente resguardo de los fondos entregados a entidades privadas. Entre otras irregularidades, el informe constató problemas en el registro de uso de vehículos fiscales, utilización indebida de redes institucionales y contratación de personal a honorarios para funciones permanentes, contraviniendo la normativa vigente. Los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, mientras la Contraloría emplazó al GORE a adoptar medidas correctivas urgentes para salvaguardar la correcta administración de los recursos públicos.
