El Tercer Juzgado Civil de Calama acogió la demanda interpuesta en contra del Hospital Carlos Cisternas, ordenándoles pagar una indemnización de $110 millones de pesos por concepto de daño moral, a los hijos de una paciente que falleció tras caer de una camilla cuando era trasladada de unidad en el recinto hospitalario. En el fallo, el magistrado Sergio Vargas Palma condenó al centro asistencial por una falta de servicio, al incumplir obligación de seguridad y resguardo de los pacientes. “(…) habiéndose acreditado que en dependencias de la parte demandada Hospital Carlos Cisternas, la paciente sufrió una caída de la camilla, que constituye una circunstancia evidente de falta de servicio en la que incurrió el establecimiento de salud, causando posteriormente su deceso, según se consigna en su certificado de defunción y por la cual, además surge la obligación de reparar daños”, consigna el fallo. La resolución agrega que: “(…) la falla de la camilla que provocó la caída de paciente, junto con el mal manejo de la persona que ejercía la función de camillero, ocurrieron dentro de las dependencias de la demandada, zona dentro de la cual, la seguridad y resguardo de los pacientes corresponde al Hospital Carlos Cisternas de Calama, y que al producirse el lamentable caída, de forma ex post, el Hospital demandado, toma la decisión de cambiar las camillas y remplazarlas por otras nuevas, y en agosto de 2018, precaviendo dicha situación ex ante, se contrata camillero para apoyar la labor del conductor para los traslados”. “(…) en lo que respecta a la causa de muerte que indica a la letra: ‘Tec grave-hematoma subdural-hemorragia sub-arac/ contusión grave en traslado en camilla en HCC/ por caída de altura.’, hecho que da cuenta de forma convincente, al ser instrumento público, dotado de presunción de veracidad, que la causa sine qua non del daño que se solicita sea resarcido, proviene de la caída de la camilla, ocurrido en las dependencias de la demanda”, añade.
El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta acogió la demanda interpuesta y ordenó al fisco pagar una indemnización de $25.000.000 por concepto de daño moral, a una interna que fue violada en el Centro de Detención Preventiva de Calama. Hecho ocurrido en octubre de 2018, cuando se encontraba cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el recinto penal. En el fallo, la magistrada Andrea Przybyszewski Jopia condenó al fisco por falta de servicio, al incumplir obligación de garantizar la seguridad de la víctima que se encontraba bajo la custodia de Gendarmería. “(…) el ataque sexual sufrido por la demandante implica una directa contravención al estándar o principio particular de deber de cuidado o custodia que la obliga, lo que se configura necesariamente en una falta de servicio, bajo su modalidad de funcionamiento tardío o imperfecto. De igual forma, como se expresó previamente, la identidad de él o los agresores en nada altera lo concluido, ya que no resulta relevante para efectos de establecer la falta de servicio incurrida en contra de los principios reseñados supra, y además dicha calidad –ya sea funcionario de Gendarmería o un tercero externo a la repartición– implica de todas formas un mal funcionamiento del servicio, por el incumplimiento subsecuente de la normativa que regula su desenvolvimiento normal”, plantea el fallo. La resolución agrega que: “De la prueba allegada y latamente reseñada en el considerando precedente, es posible colegir y tener por acreditado que: durante la madrugada del día 25 de octubre del año 2018 la demandante, quien se encontraba cumpliendo la medida cautelar personal de prisión preventiva en causa llevada ante el Juzgado de Garantía de Calama, particularmente en las dependencias del CDP Calama, área de lactancia aislada del resto de la población penal, sufrió el ataque de dos individuos no identificados, quienes mediante golpes y valiéndose de esposas, procedieron a violarla, de igual forma le causaron lesiones de diversa índole en sus extremidades y finalmente la dejaron inconsciente a raíz de una fuerte contusión propinada en la cabeza”.
En el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta se tramita la causa de indemnización de perjuicios por daño extracontractual, llevada adelante por una mujer adulta mayor que sufrió un accidente que le ocasionó lesiones, quedando con 50% de discapacidad. Hecho ocurrido el 2018, por el cual la Municipalidad de Antofagasta fue condenada a pagar $46 millones de pesos, debido a su responsabilidad en el cuidado de las aceras, ya que su mal estado habría provocado este accidente. Sentencia que no estarían cumpliendo, por lo que han solicitado una orden de arresto en contra del representante legal del municipio, el alcalde Jonathan Velásquez. Rolando Lorca, abogado demandante que representa a la mujer afectada, explica los detalles. En el marco del cumplimiento de la sentencia que condenó a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta al pago de $46 millones de pesos, debido a un accidente por el mal estado de las aceras que sufrió mi representada y que la dejó con una discapacidad del 50%, imposibilitada de continuar trabajando en sus labores que tenía hasta ese momento. En ese contexto, en la etapa de cumplimiento del fallo, este abogado ha solicitado al Segundo Juzgado de Letras de Antofagasta que se decrete orden de arresto al señor representante legal de la Municipalidad de Antofagasta, con el objeto de que este cumpla lo que ordenó el tribunal y que ellos están conscientes -a lo menos, desde el punto de vista extrictamente jurídico- desde el 14 de septiembre del año en curso, indica Lorca. El abogado demandante añade que es la segunda vez que solicita la orden de arresto en esta causa y el Tribunal no se ha pronunciado. Hasta la fecha, desde septiembre eso no ha ocurrido. Efectivamente solicité esa orden de arresto por segunda vez y hasta el momento el Tribunal no ha respondido tal solicitud, no la ha acogido. Pero tampoco hasta esta hora, la ha rechazado, señala Lorca. De esta manera, solo restaría esperar la respuesta del Tribunal, para hacer o no efectiva la solicitud de orden de arresto en esta causa. Cabe señalar, que en agosto del 2022 el Juzgado de Letras Civil de Antofagasta ordenó a la Municipalidad de Antofagasta a pagar una indemnización de $30 millones por las consecuencias del accidente. Condena a la que la administración actual del municipio apeló, haciendo que el proceso judicial se extendiera. No obstante, el 21 de abril de este año la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia, ratificando la responsabilidad del municipio en el accidente y ordenando un pago de $46 millones a la víctima, según lo solicitado por la parte demandante. LEE TAMBIÉN: Municipio emite decreto tras conocerse solicitud de orden de arresto contra alcalde de Antofagasta
El Tercer Juzgado Civil de Calama acogió la demanda interpuesta en contra del Hospital Carlos Cisternas, ordenándoles pagar una indemnización de $110 millones de pesos por concepto de daño moral, a los hijos de una paciente que falleció tras caer de una camilla cuando era trasladada de unidad en el recinto hospitalario. En el fallo, el magistrado Sergio Vargas Palma condenó al centro asistencial por una falta de servicio, al incumplir obligación de seguridad y resguardo de los pacientes. “(…) habiéndose acreditado que en dependencias de la parte demandada Hospital Carlos Cisternas, la paciente sufrió una caída de la camilla, que constituye una circunstancia evidente de falta de servicio en la que incurrió el establecimiento de salud, causando posteriormente su deceso, según se consigna en su certificado de defunción y por la cual, además surge la obligación de reparar daños”, consigna el fallo. La resolución agrega que: “(…) la falla de la camilla que provocó la caída de paciente, junto con el mal manejo de la persona que ejercía la función de camillero, ocurrieron dentro de las dependencias de la demandada, zona dentro de la cual, la seguridad y resguardo de los pacientes corresponde al Hospital Carlos Cisternas de Calama, y que al producirse el lamentable caída, de forma ex post, el Hospital demandado, toma la decisión de cambiar las camillas y remplazarlas por otras nuevas, y en agosto de 2018, precaviendo dicha situación ex ante, se contrata camillero para apoyar la labor del conductor para los traslados”. “(…) en lo que respecta a la causa de muerte que indica a la letra: ‘Tec grave-hematoma subdural-hemorragia sub-arac/ contusión grave en traslado en camilla en HCC/ por caída de altura.’, hecho que da cuenta de forma convincente, al ser instrumento público, dotado de presunción de veracidad, que la causa sine qua non del daño que se solicita sea resarcido, proviene de la caída de la camilla, ocurrido en las dependencias de la demanda”, añade.
El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta acogió la demanda interpuesta y ordenó al fisco pagar una indemnización de $25.000.000 por concepto de daño moral, a una interna que fue violada en el Centro de Detención Preventiva de Calama. Hecho ocurrido en octubre de 2018, cuando se encontraba cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el recinto penal. En el fallo, la magistrada Andrea Przybyszewski Jopia condenó al fisco por falta de servicio, al incumplir obligación de garantizar la seguridad de la víctima que se encontraba bajo la custodia de Gendarmería. “(…) el ataque sexual sufrido por la demandante implica una directa contravención al estándar o principio particular de deber de cuidado o custodia que la obliga, lo que se configura necesariamente en una falta de servicio, bajo su modalidad de funcionamiento tardío o imperfecto. De igual forma, como se expresó previamente, la identidad de él o los agresores en nada altera lo concluido, ya que no resulta relevante para efectos de establecer la falta de servicio incurrida en contra de los principios reseñados supra, y además dicha calidad –ya sea funcionario de Gendarmería o un tercero externo a la repartición– implica de todas formas un mal funcionamiento del servicio, por el incumplimiento subsecuente de la normativa que regula su desenvolvimiento normal”, plantea el fallo. La resolución agrega que: “De la prueba allegada y latamente reseñada en el considerando precedente, es posible colegir y tener por acreditado que: durante la madrugada del día 25 de octubre del año 2018 la demandante, quien se encontraba cumpliendo la medida cautelar personal de prisión preventiva en causa llevada ante el Juzgado de Garantía de Calama, particularmente en las dependencias del CDP Calama, área de lactancia aislada del resto de la población penal, sufrió el ataque de dos individuos no identificados, quienes mediante golpes y valiéndose de esposas, procedieron a violarla, de igual forma le causaron lesiones de diversa índole en sus extremidades y finalmente la dejaron inconsciente a raíz de una fuerte contusión propinada en la cabeza”.
En el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta se tramita la causa de indemnización de perjuicios por daño extracontractual, llevada adelante por una mujer adulta mayor que sufrió un accidente que le ocasionó lesiones, quedando con 50% de discapacidad. Hecho ocurrido el 2018, por el cual la Municipalidad de Antofagasta fue condenada a pagar $46 millones de pesos, debido a su responsabilidad en el cuidado de las aceras, ya que su mal estado habría provocado este accidente. Sentencia que no estarían cumpliendo, por lo que han solicitado una orden de arresto en contra del representante legal del municipio, el alcalde Jonathan Velásquez. Rolando Lorca, abogado demandante que representa a la mujer afectada, explica los detalles. En el marco del cumplimiento de la sentencia que condenó a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta al pago de $46 millones de pesos, debido a un accidente por el mal estado de las aceras que sufrió mi representada y que la dejó con una discapacidad del 50%, imposibilitada de continuar trabajando en sus labores que tenía hasta ese momento. En ese contexto, en la etapa de cumplimiento del fallo, este abogado ha solicitado al Segundo Juzgado de Letras de Antofagasta que se decrete orden de arresto al señor representante legal de la Municipalidad de Antofagasta, con el objeto de que este cumpla lo que ordenó el tribunal y que ellos están conscientes -a lo menos, desde el punto de vista extrictamente jurídico- desde el 14 de septiembre del año en curso, indica Lorca. El abogado demandante añade que es la segunda vez que solicita la orden de arresto en esta causa y el Tribunal no se ha pronunciado. Hasta la fecha, desde septiembre eso no ha ocurrido. Efectivamente solicité esa orden de arresto por segunda vez y hasta el momento el Tribunal no ha respondido tal solicitud, no la ha acogido. Pero tampoco hasta esta hora, la ha rechazado, señala Lorca. De esta manera, solo restaría esperar la respuesta del Tribunal, para hacer o no efectiva la solicitud de orden de arresto en esta causa. Cabe señalar, que en agosto del 2022 el Juzgado de Letras Civil de Antofagasta ordenó a la Municipalidad de Antofagasta a pagar una indemnización de $30 millones por las consecuencias del accidente. Condena a la que la administración actual del municipio apeló, haciendo que el proceso judicial se extendiera. No obstante, el 21 de abril de este año la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia, ratificando la responsabilidad del municipio en el accidente y ordenando un pago de $46 millones a la víctima, según lo solicitado por la parte demandante. LEE TAMBIÉN: Municipio emite decreto tras conocerse solicitud de orden de arresto contra alcalde de Antofagasta
