Este martes, el presidente de la República José Antonio Kast, firmó dos proyectos de ley que buscan mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Uno de los proyectos presentados por el Gobierno, propone modificar el Código Penal, para establecer nuevas responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales. Específicamente, tiene como objetivo sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes de la educación, ya sea dentro del recinto o en actividades extracurriculares, así como también los delitos contra la propiedad cometidos en dependencias educativas. En tanto, la segunda iniciativa se denomina “Escuelas Protegidas” está enfocada a prevenir actos delictivos dentro de los establecimientos, mediante la creación de una serie de medidas de seguridad que estarán reguladas en la Ley General de Educación. La iniciativa, plantea las siguientes medidas: Revisión de mochilas: El proyecto permite implementar medidas para evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros, dañar la infraestructura escolar. La medida propuesta consiste en la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales de los estudiantes; lo que debe ser incorporada al reglamento interno del establecimiento. Docentes empoderados: Los docentes tendrán la capacidad de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa; las que serán obligatorias para los estudiantes. Sanciones por interrupción de clases. Inhabilidad para acceder a la gratuidad: El proyecto incorpora entre los requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior en Chile, el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública. Escolares a cara descubierta: Los reglamentos internos deberán contemplar la prohibición del uso de accesorios tales como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro que impida la identificación facial, y que no responda a una necesidad de salud, climática u otra debidamente justificada, tanto al interior del establecimiento como fuera de él. Además, deberán prohibir el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley.
Este miércoles fue publicada en el Diario Oficial la esperada Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, una normativa que busca fortalecer la seguridad, la prevención de la violencia y el bienestar al interior de los establecimientos educacionales del país. Entre sus principales disposiciones, la ley establece que los sostenedores de colegios podrán implementar recursos tecnológicos destinados a detectar armas u objetos peligrosos en el ingreso de los recintos educacionales. Dentro de estas herramientas se encuentran los detectores de metales u otros dispositivos que permitan identificar elementos que puedan poner en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y funcionarios. La medida cobra especial relevancia en el actual contexto, luego del grave ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un alumno de 18 años protagonizó un violento hecho con arma blanca que terminó con la vida de una inspectora y dejó a otras cuatro personas heridas, generando conmoción en la comunidad educativa y a nivel nacional. Tras ese hecho, el Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la necesidad de adoptar medidas más estrictas para resguardar la seguridad en los establecimientos. En esa línea, señaló que será necesario avanzar en mecanismos de mayor control en el acceso a los colegios. “Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, sostuvo el mandatario, agregando que algunas iniciativas se incorporarán en reglamentos y otras serán discutidas como proyectos de ley en el Congreso. Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, indicó que el ministerio ya trabaja en los reglamentos y orientaciones que acompañarán la implementación de la nueva ley, con el objetivo de que los establecimientos puedan avanzar en la aplicación de estas medidas de prevención. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la normativa, los sostenedores de establecimientos educacionales podrán implementar recursos tecnológicos para detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos peligrosos, siempre que exista acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa. No obstante, la ley establece que estas medidas deberán aplicarse solo cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una acción proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos dentro del recinto educacional. La normativa también contempla otras medidas estructurales para mejorar la convivencia escolar. Entre ellas destaca la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con una vigencia de ocho años, que coordinará acciones junto a distintos ministerios, entre ellos Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género. Asimismo, se establece que todos los establecimientos que reciben aportes del Estado deberán contar con un coordinador o coordinadora de convivencia escolar con dedicación exclusiva, con el fin de fortalecer la gestión preventiva y el acompañamiento a las comunidades educativas. La ley también incorpora la creación de un programa de bienestar socioemocional, orientado a apoyar a estudiantes y equipos educativos en materias de salud mental y convivencia. Esta iniciativa ya comenzó a implementarse de manera piloto en 176 establecimientos pertenecientes a los Servicios Locales de Educación Pública de Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur. Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar en una política integral que permita prevenir hechos de violencia, fortalecer la convivencia escolar y garantizar entornos educativos más seguros para estudiantes, docentes y trabajadores de la educación en todo el país.
La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta confirmó este jueves la designación de ocho nuevos Secretarios Regionales Ministeriales (seremis), avanzando así en la conformación del gabinete regional del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. La delegada presidencial, Katherine López Rivera, destacó que los nombramientos responden a perfiles con experiencia tanto en el sector público como privado. “Tenemos buena parte de nuestro gabinete regional confirmado por profesionales de larga trayectoria que trabajarán por la ciudadanía, con foco en recuperar el empleo y la productividad de la industria”, señaló. Entre las designaciones destaca Cristian Bravo Echeverría como seremi de Seguridad Pública, ex prefecto de la PDI con más de 30 años de experiencia, incluyendo labores en inteligencia, homicidios y migración. Su trayectoria en la región lo posiciona como una figura clave para enfrentar desafíos como el crimen organizado. En el ámbito económico, fue nombrado Pablo Pomareda Echeverría como seremi de Economía, reconocido emprendedor local y fundador de Café del Desierto, con amplia experiencia en desarrollo productivo y fortalecimiento de pymes. En salud, asumirá Rodrigo Medina Vera, médico cirujano con trayectoria en atención primaria y urgencias, quien además cuenta con formación en salud pública y gestión. Para Vivienda y Urbanismo fue designado Jorge Olivares Puentes, ingeniero con más de 30 años de experiencia en minería y exconcejal de Calama, con foco en la articulación público-privada. En Justicia y Derechos Humanos, asumirá Karina Trujillo Contreras, abogada con más de dos décadas de experiencia en el ámbito penal y público. En Bienes Nacionales, en tanto, fue nombrada Camila Alonso Klaric, con trayectoria en gestión pública y derecho administrativo. A su vez, José Fuentes Llanquileo liderará Obras Públicas, destacando su experiencia en proyectos industriales en la región, mientras que Lizet Tapia Martin asumirá Desarrollo Social y Familia, con una sólida trayectoria en inclusión y trabajo territorial. Estos nombres se suman a las designaciones previas de Carolina Moscoso en Educación y Verónica Arévalo en Medio Ambiente, completando así una parte importante del equipo regional que tendrá la misión de implementar las políticas del Ejecutivo en la zona. Con estas designaciones, el Gobierno busca consolidar su presencia en la región, priorizando áreas clave como seguridad, desarrollo económico, infraestructura y bienestar social.
Este jueves, el Gobierno de José Antonio Kast confirmó que buscará retirar del Congreso Nacional el proyecto de la nueva Ley de Pesca, impulsada durante 2024 bajo la administración del ex presidente Gabriel Boric. La acción fue anunciada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, asegurando que durante esta misma jornada se tramite el oficio para hacer el retiro de la iniciativa. El proyecto nunca fue votado en sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que al estar en pausa su tramitación, el Ejecutivo pudo hacer uso de su facultad para tramitarlo. La iniciativa, buscaba impulsar la predominancia del pensamiento científico en decisiones de administración y conservación de recursos hidrobiológicos. Eso sí, el aspecto del fraccionamiento pesquero de extracción fue legislado por separado, por lo que alcanzó a despacharse a ley. En este escenario, continuará vigente la normativa actual denominada como Ley Longueira.
El gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, entregó su postura ante el histórico incremento en el precio de los combustibles en Chile, medida que comenzó a regir este jueves. La decisión de quitar el MEPCO y subir el precio de las bencinas, es una decisión que afecta directamente a los sectores medios y más vulnerables de nuestro país, es por eso que creemos que tiene que reconsiderar esta medida. No puede él plantear a priori que en las regiones esto se va a resolver a través de los gobiernos regionales, señaló. En ese sentido, el gobernador remarcó la importancia de que el gobierno central pueda reunirse junto a los gobiernos regionales, especialmente por medio de la Asociación que los agrupa, AGORECHI. Si no hay ningún tipo de comunicación formal con nosotros es muy difícil que nosotros podamos tomar medidas y podamos trabajar en conjunto. Llamo al gobierno a que trabaje en serio, que comunique como corresponde las medidas que se articule con los gobiernos regionales para que podamos enfrentar esta situación, pero reitero que claramente aquí ha habido una decisión política de afectar a los sectores medios y más vulnerables de nuestro país, cerró. Ausencia de Seremis Por otra parte, la autoridad regional aprovechó la instancia para enviar su preocupación por la demora en el nombramiento de los secretarios regionales ministeriales, donde sólo hay tres carteras que tienen a sus seremis confirmados. Acá en esta región aún no tenemos seremis, quien podría revisar que no aumenten artificialmente el valor de los precios es el seremi de economía que acá no tenemos seremi de economía. Claramente el gobierno no está dando el ancho y no tiene autoridades para poder responder a esta situación, sostuvo. Y para finalizar agregó que: Necesitamos en esta región una respuesta, necesitamos que se articulen respuestas con los distintos gobiernos regionales, pero mientras no nombren a las autoridades esa respuesta no va a llegar con la celeridad que se requiere. Llamo a la delegación presidencial a que nombren rápidamente a estas autoridades y de respuestas con soluciones para la región, porque lo que ellos ofrecen en Santiago no se está aplicando en esta región.
Este martes, el presidente de la República José Antonio Kast, firmó dos proyectos de ley que buscan mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Uno de los proyectos presentados por el Gobierno, propone modificar el Código Penal, para establecer nuevas responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales. Específicamente, tiene como objetivo sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes de la educación, ya sea dentro del recinto o en actividades extracurriculares, así como también los delitos contra la propiedad cometidos en dependencias educativas. En tanto, la segunda iniciativa se denomina “Escuelas Protegidas” está enfocada a prevenir actos delictivos dentro de los establecimientos, mediante la creación de una serie de medidas de seguridad que estarán reguladas en la Ley General de Educación. La iniciativa, plantea las siguientes medidas: Revisión de mochilas: El proyecto permite implementar medidas para evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros, dañar la infraestructura escolar. La medida propuesta consiste en la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales de los estudiantes; lo que debe ser incorporada al reglamento interno del establecimiento. Docentes empoderados: Los docentes tendrán la capacidad de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa; las que serán obligatorias para los estudiantes. Sanciones por interrupción de clases. Inhabilidad para acceder a la gratuidad: El proyecto incorpora entre los requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior en Chile, el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública. Escolares a cara descubierta: Los reglamentos internos deberán contemplar la prohibición del uso de accesorios tales como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro que impida la identificación facial, y que no responda a una necesidad de salud, climática u otra debidamente justificada, tanto al interior del establecimiento como fuera de él. Además, deberán prohibir el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley.
Este miércoles fue publicada en el Diario Oficial la esperada Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, una normativa que busca fortalecer la seguridad, la prevención de la violencia y el bienestar al interior de los establecimientos educacionales del país. Entre sus principales disposiciones, la ley establece que los sostenedores de colegios podrán implementar recursos tecnológicos destinados a detectar armas u objetos peligrosos en el ingreso de los recintos educacionales. Dentro de estas herramientas se encuentran los detectores de metales u otros dispositivos que permitan identificar elementos que puedan poner en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y funcionarios. La medida cobra especial relevancia en el actual contexto, luego del grave ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un alumno de 18 años protagonizó un violento hecho con arma blanca que terminó con la vida de una inspectora y dejó a otras cuatro personas heridas, generando conmoción en la comunidad educativa y a nivel nacional. Tras ese hecho, el Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la necesidad de adoptar medidas más estrictas para resguardar la seguridad en los establecimientos. En esa línea, señaló que será necesario avanzar en mecanismos de mayor control en el acceso a los colegios. “Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, sostuvo el mandatario, agregando que algunas iniciativas se incorporarán en reglamentos y otras serán discutidas como proyectos de ley en el Congreso. Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, indicó que el ministerio ya trabaja en los reglamentos y orientaciones que acompañarán la implementación de la nueva ley, con el objetivo de que los establecimientos puedan avanzar en la aplicación de estas medidas de prevención. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la normativa, los sostenedores de establecimientos educacionales podrán implementar recursos tecnológicos para detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos peligrosos, siempre que exista acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa. No obstante, la ley establece que estas medidas deberán aplicarse solo cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una acción proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos dentro del recinto educacional. La normativa también contempla otras medidas estructurales para mejorar la convivencia escolar. Entre ellas destaca la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con una vigencia de ocho años, que coordinará acciones junto a distintos ministerios, entre ellos Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género. Asimismo, se establece que todos los establecimientos que reciben aportes del Estado deberán contar con un coordinador o coordinadora de convivencia escolar con dedicación exclusiva, con el fin de fortalecer la gestión preventiva y el acompañamiento a las comunidades educativas. La ley también incorpora la creación de un programa de bienestar socioemocional, orientado a apoyar a estudiantes y equipos educativos en materias de salud mental y convivencia. Esta iniciativa ya comenzó a implementarse de manera piloto en 176 establecimientos pertenecientes a los Servicios Locales de Educación Pública de Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur. Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar en una política integral que permita prevenir hechos de violencia, fortalecer la convivencia escolar y garantizar entornos educativos más seguros para estudiantes, docentes y trabajadores de la educación en todo el país.
La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta confirmó este jueves la designación de ocho nuevos Secretarios Regionales Ministeriales (seremis), avanzando así en la conformación del gabinete regional del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. La delegada presidencial, Katherine López Rivera, destacó que los nombramientos responden a perfiles con experiencia tanto en el sector público como privado. “Tenemos buena parte de nuestro gabinete regional confirmado por profesionales de larga trayectoria que trabajarán por la ciudadanía, con foco en recuperar el empleo y la productividad de la industria”, señaló. Entre las designaciones destaca Cristian Bravo Echeverría como seremi de Seguridad Pública, ex prefecto de la PDI con más de 30 años de experiencia, incluyendo labores en inteligencia, homicidios y migración. Su trayectoria en la región lo posiciona como una figura clave para enfrentar desafíos como el crimen organizado. En el ámbito económico, fue nombrado Pablo Pomareda Echeverría como seremi de Economía, reconocido emprendedor local y fundador de Café del Desierto, con amplia experiencia en desarrollo productivo y fortalecimiento de pymes. En salud, asumirá Rodrigo Medina Vera, médico cirujano con trayectoria en atención primaria y urgencias, quien además cuenta con formación en salud pública y gestión. Para Vivienda y Urbanismo fue designado Jorge Olivares Puentes, ingeniero con más de 30 años de experiencia en minería y exconcejal de Calama, con foco en la articulación público-privada. En Justicia y Derechos Humanos, asumirá Karina Trujillo Contreras, abogada con más de dos décadas de experiencia en el ámbito penal y público. En Bienes Nacionales, en tanto, fue nombrada Camila Alonso Klaric, con trayectoria en gestión pública y derecho administrativo. A su vez, José Fuentes Llanquileo liderará Obras Públicas, destacando su experiencia en proyectos industriales en la región, mientras que Lizet Tapia Martin asumirá Desarrollo Social y Familia, con una sólida trayectoria en inclusión y trabajo territorial. Estos nombres se suman a las designaciones previas de Carolina Moscoso en Educación y Verónica Arévalo en Medio Ambiente, completando así una parte importante del equipo regional que tendrá la misión de implementar las políticas del Ejecutivo en la zona. Con estas designaciones, el Gobierno busca consolidar su presencia en la región, priorizando áreas clave como seguridad, desarrollo económico, infraestructura y bienestar social.
Este jueves, el Gobierno de José Antonio Kast confirmó que buscará retirar del Congreso Nacional el proyecto de la nueva Ley de Pesca, impulsada durante 2024 bajo la administración del ex presidente Gabriel Boric. La acción fue anunciada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, asegurando que durante esta misma jornada se tramite el oficio para hacer el retiro de la iniciativa. El proyecto nunca fue votado en sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que al estar en pausa su tramitación, el Ejecutivo pudo hacer uso de su facultad para tramitarlo. La iniciativa, buscaba impulsar la predominancia del pensamiento científico en decisiones de administración y conservación de recursos hidrobiológicos. Eso sí, el aspecto del fraccionamiento pesquero de extracción fue legislado por separado, por lo que alcanzó a despacharse a ley. En este escenario, continuará vigente la normativa actual denominada como Ley Longueira.
El gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, entregó su postura ante el histórico incremento en el precio de los combustibles en Chile, medida que comenzó a regir este jueves. La decisión de quitar el MEPCO y subir el precio de las bencinas, es una decisión que afecta directamente a los sectores medios y más vulnerables de nuestro país, es por eso que creemos que tiene que reconsiderar esta medida. No puede él plantear a priori que en las regiones esto se va a resolver a través de los gobiernos regionales, señaló. En ese sentido, el gobernador remarcó la importancia de que el gobierno central pueda reunirse junto a los gobiernos regionales, especialmente por medio de la Asociación que los agrupa, AGORECHI. Si no hay ningún tipo de comunicación formal con nosotros es muy difícil que nosotros podamos tomar medidas y podamos trabajar en conjunto. Llamo al gobierno a que trabaje en serio, que comunique como corresponde las medidas que se articule con los gobiernos regionales para que podamos enfrentar esta situación, pero reitero que claramente aquí ha habido una decisión política de afectar a los sectores medios y más vulnerables de nuestro país, cerró. Ausencia de Seremis Por otra parte, la autoridad regional aprovechó la instancia para enviar su preocupación por la demora en el nombramiento de los secretarios regionales ministeriales, donde sólo hay tres carteras que tienen a sus seremis confirmados. Acá en esta región aún no tenemos seremis, quien podría revisar que no aumenten artificialmente el valor de los precios es el seremi de economía que acá no tenemos seremi de economía. Claramente el gobierno no está dando el ancho y no tiene autoridades para poder responder a esta situación, sostuvo. Y para finalizar agregó que: Necesitamos en esta región una respuesta, necesitamos que se articulen respuestas con los distintos gobiernos regionales, pero mientras no nombren a las autoridades esa respuesta no va a llegar con la celeridad que se requiere. Llamo a la delegación presidencial a que nombren rápidamente a estas autoridades y de respuestas con soluciones para la región, porque lo que ellos ofrecen en Santiago no se está aplicando en esta región.
