Durante la tarde de este viernes, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, confirmó que es uno de los tres funcionarios de Gobierno de Chile a los que Estados Unidos les revocó su visa, prohibiendo su entrada al país. Efectivamente he sido informado de que recientemente la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente, confirmó el ministro. Según el Departamento de Estado del país norteamericano, los funcionarios: A sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio. Al respecto, el ministro aseguró que durante los cuatro de años de gobierno han trabajado intensamente desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna Dentro de ese trabajo, destacó un Acuerdo con la empresa Google por cofinanciar un cable submarino que va a ir desde la Región de Valparaíso hasta Sídeney, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur. Finalmente, el titular de Transportes confesó que la prohibición de ingreso le duele especialmente, porque personalmente tengo un vinculo importante con Estados Unidos Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios, primero en California, cuatro años y medio, luego en Boston, un año como parte de un año sabático, cerró. Respecto a los otros dos funcionarios con visa revocada, según consignó La Tercera, se trataría del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete, Guillermo Petersen.
Este viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos resolvió revocar las visas de tres funcionarios del Gobierno de Chile, argumentando intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía. A través de un comunicado, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, acusaron que los funcionarios iniciaron acciones que afectarían la seguridad regional y comprometerían infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Hoy, el Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a tres funcionarios del Gobierno chileno que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio, señalan. De acuerdo a la declaración, además de la revocación de todas las visas vigentes, la medida incluye la prohibición de ingreso al territorio estadounidense, tanto para los funcionarios acusados como para sus familiares directos. Las sanciones fueron tomadas de acuerdo a las disposiciones contempladas en las secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. The Trump Administration continues to protect America’s economic prosperity by ensuring peace and security in our hemisphere. Today @StateDept is taking steps to impose U.S. visa restrictions on Chilean government officials who are working against our interests and harming… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 20, 2026
Este martes y luego de tres semanas del acuerdo alcanzado entre el ejecutivo y los trabajadores, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley de reajuste del sector público, el que además del reajuste del 3,4% de las remuneraciones, también considera el polémico amarre. El documento que se extiende en 167 páginas, establece el acuerdo alcanzado en la Mesa del Sector Público, que contempla un incremento de remuneraciones del 3,4% nominal que se aplicará en dos etapas: un primer ajuste del 2% con vigencia desde el 1 de diciembre y luego, un segundo incremento del 1,4% a partir del 1 de junio próximo. Además, la propuesta incorpora un reajuste respecto a los aguinaldos para los funcionarios. Para Navidad alcanzaría los $ 71.206 para quienes perciban hasta $ 1.060.493 líquidos mensual; y a $ 37.666 para quienes ganen más de ese monto y que no excedan los $ 3.511.800 mensual. En el caso de Fiestas Patrias, será de $ 91.682 para quienes reciban menos de $ 1.060.493 líquidos y a $ 63.645 para quienes superen dicho umbral y no perciban más de $ 3.511.800. Además, también se reajustan los bono de vacaciones, bonos de escolaridad, el bono de invierno para pensionados, la bonificación de nivelación para alcanzar la remuneración mínima y el aporte para servicios de bienestar. En este escenario, el proyecto implica un costo fiscal de U S$ 1.775 millones para este año y US$ 1.274 millones para el próximo año, así como US$ 1.267 millones en régimen. Además de lo anterior, el proyecto también contempla el ingreso de la polémica norma de amarre, que busca evitar despidos masivos en el sector público, medida que excluye a los cargos de confianza o puestos políticos. Finalmente, la iniciativa incluye otras disposiciones como la postergación del reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027, y la ampliación del giro de empresas estatales, como Correos de Chile, ENAP, entre otras.
El Presidente Gabriel Boric anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional que busca modificar la estructura de Gendarmería de Chile, integrando al organismo al Ministerio de Seguridad Pública, lo que permitiría separarla de las actuales funciones de reinserción social. Esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de la Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública, anunció el Presidente de la República. Esto, luego del operativo denominado Operación Apocalipsis, que permitió desbaratar una red de corrupción que operaba en las cárceles Santiago 1 y San Joaquín, y por la que se investiga a 44 funcionarios de Gendarmería. La investigación se desarrolló en siete regiones del país y además de los gendarmes, dejó a otras personas detenidas. En el caso de los funcionarios, estarían vinculados a una red de venta de favores, cuyo monto superaría los $6.300 millones en un periodo de tres años. El mandatario destacó el procedimiento y remarcó que además del trabajo coordinado, la operación demuestra el compromiso del Estado para perseguir la corrupción aun dentro de las propias instituciones.Este tipo de golpes al narcotráfico y al crimen organizado son de largo aliento, no permiten atajos y requieren un trabajo coordinado, serio y responsable en el tiempo”.
Durante la tarde de este viernes, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, confirmó que es uno de los tres funcionarios de Gobierno de Chile a los que Estados Unidos les revocó su visa, prohibiendo su entrada al país. Efectivamente he sido informado de que recientemente la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente, confirmó el ministro. Según el Departamento de Estado del país norteamericano, los funcionarios: A sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio. Al respecto, el ministro aseguró que durante los cuatro de años de gobierno han trabajado intensamente desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna Dentro de ese trabajo, destacó un Acuerdo con la empresa Google por cofinanciar un cable submarino que va a ir desde la Región de Valparaíso hasta Sídeney, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur. Finalmente, el titular de Transportes confesó que la prohibición de ingreso le duele especialmente, porque personalmente tengo un vinculo importante con Estados Unidos Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios, primero en California, cuatro años y medio, luego en Boston, un año como parte de un año sabático, cerró. Respecto a los otros dos funcionarios con visa revocada, según consignó La Tercera, se trataría del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete, Guillermo Petersen.
Este viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos resolvió revocar las visas de tres funcionarios del Gobierno de Chile, argumentando intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía. A través de un comunicado, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, acusaron que los funcionarios iniciaron acciones que afectarían la seguridad regional y comprometerían infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Hoy, el Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a tres funcionarios del Gobierno chileno que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio, señalan. De acuerdo a la declaración, además de la revocación de todas las visas vigentes, la medida incluye la prohibición de ingreso al territorio estadounidense, tanto para los funcionarios acusados como para sus familiares directos. Las sanciones fueron tomadas de acuerdo a las disposiciones contempladas en las secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. The Trump Administration continues to protect America’s economic prosperity by ensuring peace and security in our hemisphere. Today @StateDept is taking steps to impose U.S. visa restrictions on Chilean government officials who are working against our interests and harming… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 20, 2026
Este martes y luego de tres semanas del acuerdo alcanzado entre el ejecutivo y los trabajadores, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley de reajuste del sector público, el que además del reajuste del 3,4% de las remuneraciones, también considera el polémico amarre. El documento que se extiende en 167 páginas, establece el acuerdo alcanzado en la Mesa del Sector Público, que contempla un incremento de remuneraciones del 3,4% nominal que se aplicará en dos etapas: un primer ajuste del 2% con vigencia desde el 1 de diciembre y luego, un segundo incremento del 1,4% a partir del 1 de junio próximo. Además, la propuesta incorpora un reajuste respecto a los aguinaldos para los funcionarios. Para Navidad alcanzaría los $ 71.206 para quienes perciban hasta $ 1.060.493 líquidos mensual; y a $ 37.666 para quienes ganen más de ese monto y que no excedan los $ 3.511.800 mensual. En el caso de Fiestas Patrias, será de $ 91.682 para quienes reciban menos de $ 1.060.493 líquidos y a $ 63.645 para quienes superen dicho umbral y no perciban más de $ 3.511.800. Además, también se reajustan los bono de vacaciones, bonos de escolaridad, el bono de invierno para pensionados, la bonificación de nivelación para alcanzar la remuneración mínima y el aporte para servicios de bienestar. En este escenario, el proyecto implica un costo fiscal de U S$ 1.775 millones para este año y US$ 1.274 millones para el próximo año, así como US$ 1.267 millones en régimen. Además de lo anterior, el proyecto también contempla el ingreso de la polémica norma de amarre, que busca evitar despidos masivos en el sector público, medida que excluye a los cargos de confianza o puestos políticos. Finalmente, la iniciativa incluye otras disposiciones como la postergación del reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027, y la ampliación del giro de empresas estatales, como Correos de Chile, ENAP, entre otras.
El Presidente Gabriel Boric anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional que busca modificar la estructura de Gendarmería de Chile, integrando al organismo al Ministerio de Seguridad Pública, lo que permitiría separarla de las actuales funciones de reinserción social. Esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de la Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública, anunció el Presidente de la República. Esto, luego del operativo denominado Operación Apocalipsis, que permitió desbaratar una red de corrupción que operaba en las cárceles Santiago 1 y San Joaquín, y por la que se investiga a 44 funcionarios de Gendarmería. La investigación se desarrolló en siete regiones del país y además de los gendarmes, dejó a otras personas detenidas. En el caso de los funcionarios, estarían vinculados a una red de venta de favores, cuyo monto superaría los $6.300 millones en un periodo de tres años. El mandatario destacó el procedimiento y remarcó que además del trabajo coordinado, la operación demuestra el compromiso del Estado para perseguir la corrupción aun dentro de las propias instituciones.Este tipo de golpes al narcotráfico y al crimen organizado son de largo aliento, no permiten atajos y requieren un trabajo coordinado, serio y responsable en el tiempo”.
