Este martes y luego de tres semanas del acuerdo alcanzado entre el ejecutivo y los trabajadores, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley de reajuste del sector público, el que además del reajuste del 3,4% de las remuneraciones, también considera el polémico amarre. El documento que se extiende en 167 páginas, establece el acuerdo alcanzado en la Mesa del Sector Público, que contempla un incremento de remuneraciones del 3,4% nominal que se aplicará en dos etapas: un primer ajuste del 2% con vigencia desde el 1 de diciembre y luego, un segundo incremento del 1,4% a partir del 1 de junio próximo. Además, la propuesta incorpora un reajuste respecto a los aguinaldos para los funcionarios. Para Navidad alcanzaría los $ 71.206 para quienes perciban hasta $ 1.060.493 líquidos mensual; y a $ 37.666 para quienes ganen más de ese monto y que no excedan los $ 3.511.800 mensual. En el caso de Fiestas Patrias, será de $ 91.682 para quienes reciban menos de $ 1.060.493 líquidos y a $ 63.645 para quienes superen dicho umbral y no perciban más de $ 3.511.800. Además, también se reajustan los bono de vacaciones, bonos de escolaridad, el bono de invierno para pensionados, la bonificación de nivelación para alcanzar la remuneración mínima y el aporte para servicios de bienestar. En este escenario, el proyecto implica un costo fiscal de U S$ 1.775 millones para este año y US$ 1.274 millones para el próximo año, así como US$ 1.267 millones en régimen. Además de lo anterior, el proyecto también contempla el ingreso de la polémica norma de amarre, que busca evitar despidos masivos en el sector público, medida que excluye a los cargos de confianza o puestos políticos. Finalmente, la iniciativa incluye otras disposiciones como la postergación del reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027, y la ampliación del giro de empresas estatales, como Correos de Chile, ENAP, entre otras.
El Presidente Gabriel Boric anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional que busca modificar la estructura de Gendarmería de Chile, integrando al organismo al Ministerio de Seguridad Pública, lo que permitiría separarla de las actuales funciones de reinserción social. Esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de la Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública, anunció el Presidente de la República. Esto, luego del operativo denominado Operación Apocalipsis, que permitió desbaratar una red de corrupción que operaba en las cárceles Santiago 1 y San Joaquín, y por la que se investiga a 44 funcionarios de Gendarmería. La investigación se desarrolló en siete regiones del país y además de los gendarmes, dejó a otras personas detenidas. En el caso de los funcionarios, estarían vinculados a una red de venta de favores, cuyo monto superaría los $6.300 millones en un periodo de tres años. El mandatario destacó el procedimiento y remarcó que además del trabajo coordinado, la operación demuestra el compromiso del Estado para perseguir la corrupción aun dentro de las propias instituciones.Este tipo de golpes al narcotráfico y al crimen organizado son de largo aliento, no permiten atajos y requieren un trabajo coordinado, serio y responsable en el tiempo”.
Este martes y luego de tres semanas del acuerdo alcanzado entre el ejecutivo y los trabajadores, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley de reajuste del sector público, el que además del reajuste del 3,4% de las remuneraciones, también considera el polémico amarre. El documento que se extiende en 167 páginas, establece el acuerdo alcanzado en la Mesa del Sector Público, que contempla un incremento de remuneraciones del 3,4% nominal que se aplicará en dos etapas: un primer ajuste del 2% con vigencia desde el 1 de diciembre y luego, un segundo incremento del 1,4% a partir del 1 de junio próximo. Además, la propuesta incorpora un reajuste respecto a los aguinaldos para los funcionarios. Para Navidad alcanzaría los $ 71.206 para quienes perciban hasta $ 1.060.493 líquidos mensual; y a $ 37.666 para quienes ganen más de ese monto y que no excedan los $ 3.511.800 mensual. En el caso de Fiestas Patrias, será de $ 91.682 para quienes reciban menos de $ 1.060.493 líquidos y a $ 63.645 para quienes superen dicho umbral y no perciban más de $ 3.511.800. Además, también se reajustan los bono de vacaciones, bonos de escolaridad, el bono de invierno para pensionados, la bonificación de nivelación para alcanzar la remuneración mínima y el aporte para servicios de bienestar. En este escenario, el proyecto implica un costo fiscal de U S$ 1.775 millones para este año y US$ 1.274 millones para el próximo año, así como US$ 1.267 millones en régimen. Además de lo anterior, el proyecto también contempla el ingreso de la polémica norma de amarre, que busca evitar despidos masivos en el sector público, medida que excluye a los cargos de confianza o puestos políticos. Finalmente, la iniciativa incluye otras disposiciones como la postergación del reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027, y la ampliación del giro de empresas estatales, como Correos de Chile, ENAP, entre otras.
El Presidente Gabriel Boric anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional que busca modificar la estructura de Gendarmería de Chile, integrando al organismo al Ministerio de Seguridad Pública, lo que permitiría separarla de las actuales funciones de reinserción social. Esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de la Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública, anunció el Presidente de la República. Esto, luego del operativo denominado Operación Apocalipsis, que permitió desbaratar una red de corrupción que operaba en las cárceles Santiago 1 y San Joaquín, y por la que se investiga a 44 funcionarios de Gendarmería. La investigación se desarrolló en siete regiones del país y además de los gendarmes, dejó a otras personas detenidas. En el caso de los funcionarios, estarían vinculados a una red de venta de favores, cuyo monto superaría los $6.300 millones en un periodo de tres años. El mandatario destacó el procedimiento y remarcó que además del trabajo coordinado, la operación demuestra el compromiso del Estado para perseguir la corrupción aun dentro de las propias instituciones.Este tipo de golpes al narcotráfico y al crimen organizado son de largo aliento, no permiten atajos y requieren un trabajo coordinado, serio y responsable en el tiempo”.
