Desde Antofagasta se observa con preocupación la notificación que el Consejo para la Transparencia (CPLT) cursó este lunes al Gobierno Regional, al abrirle un sumario por presuntas infracciones a la Ley de Transparencia. El organismo detectó falencias en la publicidad, actualización y completitud de la información que el GORE sube a su portal, particularmente en transferencias de fondos, modificaciones presupuestarias y mecanismos de participación ciudadana. La medida forma parte de una fiscalización nacional aplicada en marzo, cuyos resultados dejaron al conjunto de los gobiernos regionales con un promedio de cumplimiento de 76,06 %, el peor índice desde 2010. Antofagasta, junto a Arica, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos, quedó bajo ese umbral, mientras que la Región Metropolitana alcanzó un 99,89 %. La presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “la transparencia no es optativa, es un mandato legal” y anunció el uso de todas las herramientas sancionatorias disponibles. Para Antofagasta, las eventuales multas o medidas correctivas llegan en un momento delicado, marcado por cuestionamientos al uso de recursos del FNDR y a la publicación de convenios con fundaciones. Voces locales de la sociedad civil, insisten en que la falta de datos históricos y la lenta actualización de los registros presupuestarios “limita el control ciudadano” sobre los millonarios proyectos de inversión que se ejecutan en la región. La fiscalización se realizó entre el 3 y el 20 de marzo de este año y combinó análisis semiautomatizados, revisión manual de sitios de transparencia activa y contraste con la información enviada por los propios gobiernos regionales.
Desde Antofagasta se observa con preocupación la notificación que el Consejo para la Transparencia (CPLT) cursó este lunes al Gobierno Regional, al abrirle un sumario por presuntas infracciones a la Ley de Transparencia. El organismo detectó falencias en la publicidad, actualización y completitud de la información que el GORE sube a su portal, particularmente en transferencias de fondos, modificaciones presupuestarias y mecanismos de participación ciudadana. La medida forma parte de una fiscalización nacional aplicada en marzo, cuyos resultados dejaron al conjunto de los gobiernos regionales con un promedio de cumplimiento de 76,06 %, el peor índice desde 2010. Antofagasta, junto a Arica, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos, quedó bajo ese umbral, mientras que la Región Metropolitana alcanzó un 99,89 %. La presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “la transparencia no es optativa, es un mandato legal” y anunció el uso de todas las herramientas sancionatorias disponibles. Para Antofagasta, las eventuales multas o medidas correctivas llegan en un momento delicado, marcado por cuestionamientos al uso de recursos del FNDR y a la publicación de convenios con fundaciones. Voces locales de la sociedad civil, insisten en que la falta de datos históricos y la lenta actualización de los registros presupuestarios “limita el control ciudadano” sobre los millonarios proyectos de inversión que se ejecutan en la región. La fiscalización se realizó entre el 3 y el 20 de marzo de este año y combinó análisis semiautomatizados, revisión manual de sitios de transparencia activa y contraste con la información enviada por los propios gobiernos regionales.
